Texto del fallo
Egano urear TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0535/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Santa Cruz 197/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) Parte imputada: Cristhian Félix Quirós Aguirre Delito: Feminicidio, art. 252 Bis. incs. 1), 5) y 6) del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 19 de agosto de 2024, de fs.
585 a 665, Cristhian Félix Quirós Aguirre, impugna el Auto de Vista 62 de 18 de abril de 2024, de fs. 524 a 533 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y el SEPDAVI, por la presunta comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado en el art. 252 Bis. incs. 1), 5) y 6) del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Se tiene ala vista la Sentencia 32/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 390 a 441, por la que el Tribunal de Sentencia Décimo Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cristhian Félix Quirós Aguirre, culpable de la comisión del delito de Feminicidio, previsto por el art. 252 Bis. incs. 1), 5) y 6) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto Dicha decisión se sustenta en los siguientes hechos probados:
Primero, la víctima y el acusado mantenían una relación de convivencia y que existían antecedentes de violencia previa. Ello
emergió de la declaración de la madre de la víctima, Adelaida Vázquez Colque, quien refirió discusiones frecuentes y un episodio anterior en que el acusado casi la golpea, así como del desdoblamiento del celular del acusado (PP6), donde la propia cuñada le reprocha que la golpeaba y que la víctima nunca dijo nada, con la frase de que se le pasó la mano.
Segundo, quedó probado que el día de los hechos la víctima ingresó al domicilio en avanzado estado de ebriedad, con un grado alcohólico que la pericia toxicológica del IDIF fijó en 2.90 gramos por litro, cayó al suelo y quedó en situación de total vulnerabilidad, postrada e imposibilitada de incorporarse por sí misma de inmediato.
Tercero, el Tribunal tuvo por acreditado, sobre la base de la propia solicitud de procedimiento abreviado del acusado incorporada como prueba de cargo PD30, que éste, en lugar de auxiliarla, le propinó una patada en zona aledaña al estómago o tórax anterior mientras ella se encontraba en el piso. Este reconocimiento fue valorado como confesión del acto de violencia suscitado ese dia.
Cuarto, la causa de la muerte quedó establecida mediante la autopsia médico legal practicada por el Dr. Edwin Orlando Lino Orellana (PD8, PD9 y PP1) como shock hipovolémico por laceración hepática y traumatismo abdominal cerrado, con data de muerte de 8 a 12 horas.
El forense sostuvo en juicio que la laceración afectó no solo la cápsula sino el parénquima del lóbulo derecho del hígado, que ese tipo de lesión provoca hemorragia masiva y muerte en un lapso corto de 2 a 30 minutos, que la equimosis violácea del tórax lateral derecho de 6x2 era reciente con data menor a un día, que la lesión pudo ser producida por un golpe de objeto sin filo como una patada, rodillazo o palo, que la fractura costal no tuvo incidencia en la laceración hepática por la magnitud de ésta, y que la lesión craneana guarda relación con un golpe directo y no con una caida.
Quinto, se tuvo por probado que tras la agresión la víctima agonizó sin recibir auxilio oportuno. Los inquilinos de la casa de la tía del acusado, Ruth Cajarico Melgar y Miguel Cuellar Arredondo, refirieron haber escuchado durante 20 a 30 minutos una quejadera horrible de dolor, al punto que subieron el volumen del televisor para no escucharla. El Tribunal concluyó que si la víctima hubiera sido auxiliada de forma oportuna el desenlace no habría sido su muerte, y que el acusado dejó que sufra de dolor y termine muriendo.
Sexto, quedó acreditado que la víctima llegó a la Clínica San Isidro ya sin signos vitales, conforme las declaraciones coincidentes del personal de salud (Sindy Yovana Romero Gutiérrez, Erlan Nolvani
Mora, Alicia Muñoz Urquieta y Mauricio Amado Mendoza Kramer,
PD22 a PD25), quienes además refirieron que el acusado presentaba
aliento etílico y se mostraba muy nervioso y exaltado, y que el cadáver
exhibía lesiones externas, arañones y hematomas en cuello, tórax, espalda y parte costal derecha.
Séptimo, el Tribunal desestimó la prueba pericial de descargo. Al
perito psicóloga Melina Villegas Zamorano, le restó objetividad por
negarse a identificar características negativas del evaluado; al perito criminalista Ivonne Zárate Céspedes, le observó que basó su reconstrucción únicamente en la caída del pretil sin considerar los demás hematomas; y respecto de la médico forense Rafaela Viera
Mota, sus propias afirmaciones sobre la coloración violácea de las
lesiones terminaron siendo compatibles con lesiones recientes.
También restó credibilidad al testigo José Andrés Chávez Rojas, por
su vínculo de amistad con el acusado y las contradicciones en que
incurrió.
I2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DE LA IMPUTADA
El imputado Cristhian Félix Quirós Aguirre, interpuso recurso de
apelación restringida mediante el memorial de 24 de noviembre de
2023, cursante de fs. 452 a 497, en el que formuló los siguientes
agravios:
1. Denuncia la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP, por indebida subsunción de la conducta al tipo penal de Feminicidio. Alega que no se acreditó el cómo, cuándo, dónde y mediante qué medio habría causado la muerte de la víctima; que no existe iter criminis ni dolo demostrado; que la carga probatoria del Ministerio Público fue insuficiente; y que la prueba de descargo demostró que la causa de muerte fue una caída contra un pretil.
Invoca el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y tipicidad.
2. Denuncia la falta de determinación circunstanciada del hecho art.
370 inc. 3) del CPP, en transgresión del principio de congruencia (art. 362 del CPP). Alega que la Sentencia no establece con claridad el momento, lugar y forma del supuesto hecho, se apoya en la transcripción de un audio de celular (PP6) de persona no identificada que no declaró en juicio, y contiene aseveraciones incongruentes y ajenas a la acusación, como la referencia a una menor violada por sus tíos maternos, texto evidentemente extraño
a la base fáctica del juicio.
3. Ausencia de debida fundamentación y motivación de la Sentencia
art. 370 inc. 2) del CPP.
Refiere, que la resolución carece de fundamentación fáctica, pues tras una valoración individual parcial de las pruebas pasa directamente a la fundamentación jurídica sin valoración conjunta e integral, sin precisar cuáles hechos fueron probados y cuáles no, reduciendo todo a un párrafo en la página 102, en infracción de los arts. 124 y 360 del CPP y del debido proceso.
4. La Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados art.
370 inc. 6) del CPP), por el que sostiene que ningún medio probatorio acreditó que ejerciera violencia contra la víctima; que las cámaras de seguridad, las declaraciones testificales (Andrés Chávez Rojas, Ruthly Cajareico Melgar, Miguel Ángel Cuellar Arredondo) y las pericias demostraron que la víctima resbaló y cayó contra un pretil, fracturándose el noveno arco costal con laceración hepática y shock hipovolémico, y que el acusado más bien la auxilió y la llevó a la clínica.
Para sustentar su agravio, invocó la vulneración del art. 173 del CPP y del principio de razón suficiente.
5. Valoración defectuosa de la prueba y carencia de fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva art. 370 inc. 6) segunda vertiente, vinculado al 370 inc. 5) del CPP, por la que cuestiona una por una las conclusiones 1 a 12 del acápite VII de la Sentencia:
la transcripción irrelevante de doctrina sobre feminicidio; la descalificación de testigos por vínculos de amistad o parentesco sin razonabilidad; la conclusión del forense sobre la no incidencia de la fractura costal en la laceración hepática, contradicha por las pericias de descargo (Dra. Viera Motta, perito Zárate Céspedes, perito psicóloga Villegas Zamorano); la valoración del audio del celular introducido ilegalmente; y la omisión total de valorar la
prueba PMD-1 (videos de cámaras de seguridad), la PP-5 (uñas con resultados negativos) y el acta de levantamiento de cadáver que consigna que no se evidenciaron lesiones a simple vista.
A tal efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 214/2007, 111/2007, 184/2012, 171/2012RRC, 418/2019-RRC, 354/2014-RRC, 479/2005, 509/2006,
Mostrando 45 de 224 parrafos.