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TSJ

AS/0540/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
10 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Estelionato

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0540/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 313/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y Denis Rodrigo Daza Torrico Parte acusada : Loriana Jelem Vega Nogales Delito : Estelionato, art. 337 del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 13 de marzo de 2024, cursante de fs. 161 a 166 Loriana Jelem Vega Nogales, por intermedio de su defensor de oficio, impugna el Auto de Vista 45/2023 de 26 de junio, de fs. 141 a 145, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art.

337 del CP.

II. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 4/2021 de 10 de febrero de fs. 94 a 98 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Décimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Loriana Jelem Vega Nogales autora y culpable de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de tres años y dos meses de reclusión, a cumplir en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba., con costas y responsabilidad civil a favor de la víctima, fallo basado en los siguientes hechos probados:

(...) de las premisas ya señaladas se establece claramente que las ahora

procesada Loriana Jelem Vega Nogales, ha realizado actos de disposición de una propiedad que no era suya, tal es así que ha suscrito un documento de préstamo habiendo hecho constar expresamente que garantizaba el préstamo de Sus 10.000 (diez mil 00/100 dólares americanos) recibidos a su conformidad con un bien inmueble de un costo de Sus 12.000.-, esto de manera simulada y engañosa, por cuanto si bien no está especificado el bien en dicho contrato, posteriormente entrega una fotocopia del inmueble a la víctima por el que se revela que es un bien inmueble de 298.58 Mts2 que habría sido transferido a su nombre por un precio convenido de Sus. 12.000 (el mismo precio que consignó en el documento de préstamo que nos ocupa) que está registrado en Derechos Reales de Cercado de este Departamento de Cochabamba, según dotación de tierras por Título Ejecutorial por el Presidente Constitucional de la República Hernán Siles Zuazo;

estos extremos fueron ratificados por las declaraciones testificales de la víctima y Jhon Carlos Rojas Flores. El referido inmueble según la prueba MP6 no le corresponde por cuanto la certificación de DD.RR. señala que no tiene registrado propiedad alguna en el Cercado-Cochabamba, que es lugar donde refiere esta registrado en lote en cuestión. Consecuentemente, teniendo conocimiento de esa situación, es decir sabiendo que no era propietaria, ha otorgado en gravamen o garantía para obtener un préstamo de dinero a su favor. Con el advertido que es suficiente la certificación solamente del DD.RR del Cercado pues es en esta ciudad que tal inmueble está registrado y una eventual trasferencia y perfeccionamiento de la misma hubiera estado necesariamente registrado en DD.RR: del Cercado, cosa que no ocurre; así también, es indistinto que el documento en cuestión tenga el reconocimiento de firmas ante autoridad competente, pues ello no desvirtúa el ardid de la procesada para conseguir la ventaja económica.

Decimos que tenía conocimiento de que no era propietaria del bien inmueble dado en garantía, pues el documento de transferencia de lote data del 28 de septiembre de 2018 y la certificación de NO propiedad emitida por la oficia de DD.RR. data del 22 de julio de 2019, por el que se deduce que hasta esa fecha no había derecho propietario en el Cercado registrado a su favor, siendo que el documento de préstamo suscrito con la víctima es del 27 de octubre de 2018, es decir, que al momento de la suscripción del documento de préstamo donde se consignó la garantía del inmueble referido, la acusada no tenía registrado su Derecho propietario sobre el inmueble referido ni ninguno otro, empero no obstante de estas circunstancias, ha otorgado engañosamente en garantía ese bien como si fuera suyo, concurriendo de esa manera el elemento dolo.

Por otra parte, respecto del perjuicio patrimonial, en el caso de Autos se verifica que el constituido en victima como es DENIS RODRIGO DAZA TORRICO es quien ha

sufrido y sufre un perjuicio patrimonial, ya que no ha recibido el capital ni intereses de lo adeudado y tampoco tiene posibilidad de recuperar lo adeudado sobre el inmueble dado en garantía, por las razones expuestas precedentemente.

Consecuentemente, luego de valorarse las pruebas en su conjunto, aplicándose las reglas de la sana critica, la lógica y principio de contradicción además de los principios generales de la experiencia, se ha establecido que la prueba desfilada es insuficiente para afirmar que el hecho acusado, ciertamente se subsume en la previsión contenida en el Art. 337 del Código Penal y no la señalada por la víctima en el delito de estafa previsto y sancionado por el Art. 335 del CP pues tiene diferentes connotaciones en su tipología y que, por lo mismo, corresponde aplicarse lo dispuesto por el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal (sic).

DETERMINACIÓN DE LA PENA ... se llegó a la convicción de que LORIANA JELEM VEGA NOGALES es autora y culpable del delito de estelionato, se tiene que corresponder imponérsele necesariamente una pena privativa de libertad, de manera que genere en la autora del hecho un riguroso examen de conciencia que conlleve a un arrepentimiento eficaz respecto del hecho cometido, esto en resguardo colectivo.

En razón a ello a objeto de la fijación de la pena, se tiene que el delito tipificado por el Art. 337 del Código Penal tiene una pena determinativa que oscila entre los años; por lo que a mérito de lo cual el Juzgador debe imponer la sanción bajo los principios de proporcionalidad de la pena y culpabilidad.

En ese orden se ha examinado cuidadosamente que la acusada, LORIANA JELEM VEGA NOGALES goza a plenitud de sus facultades mentales y dentro el proceso penal en etapa de juicio ha expresado arrepentimiento alguno respecto del hecho cometido y no ha existido animosidad de reparar el daño económico, pese a las oportunidades que se le otorgó para ese fin dentro el proceso; además que mediante la atestación de la testigo María Luz Vía Orellana, se hizo saber que esa conducta de la acusada de lograr ventaja económica también lo habría realizado con ella. Dentro las atenuantes, se tiene que no obstaculizó el normal desenvolvimiento del proceso, sometiéndose al juicio. No obstante, de esta situación, concurren más circunstancias agravantes que atenuantes.

Por las circunstancias anotadas anteriormente, corresponde imponer, una pena privativa de libertad mayor a la media establecida para el delito de ESTELIONATO, esto también teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y las circunstancias especiales que lo rodean. (sic).

l.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

Contra la referida Sentencia, la recurrente formuló recurso de apelación restringida, de fs. 108 a 113 vta., alegando lo siguiente:

Primer agravio, cuestionó la subsunción de su conducta al delito de Estelionato, previsto por el art. 337 del CP, que no concurrían los elementos constitutivos del tipo penal; que el documento privado de préstamo de dinero de 27 de octubre de 2018, no contaba con reconocimiento de firmas, por lo que, a su criterio, no podía producir los efectos jurídicos previstos por los arts. 1297 y 1298 del Código Civil (CC). Asimismo, la cláusula quinta del referido documento no identificaba con precisión el bien otorgado en garantía, pues únicamente hacía referencia a un lote por el monto de us12.000 (doce mil 00/100 dólares estado unidenses), sin consignar ubicación, matrícula computarizada ni datos suficientes para establecer su existencia o situación jurídica. Bajo esa línea, no se demostró que la acusada hubiese gravado como libre un bien litigioso, gravado o embargado, por ello la tipificación realizada por el Juez de Sentencia resultaba errónea e incompleta.

En el mismo agravio, también observó que el Juez de mérito habría suplido indebidamente la falta de precisión del documento de préstamo con la prueba MP2, consistente en una fotocopia que según la declaración de Jhon Carlos Rojas Flores, habría sido entregada con posterioridad a la suscripción del contrato. Que dicho documental no formaba parte del documento de préstamo y por tanto, no podía ser utilizada para completar o reforzar la garantía supuestamente otorgada.

Además, el documento de 27 de octubre de 2018 no contaba con intimación de mora, extremo que hacía inviable trasladar la controversia al ámbito penal.

Segundo agravio, denunció que la Sentencia se basó en una valoración defectuosa de la prueba, especialmente respecto de las documentales MP1, MP2, MP3 y MP6, así como de las declaraciones testificales producidas en juicio. En cuanto a la prueba MP1, cuestionó que el Juez le hubiese otorgado valor relevante sin explicar suficientemente por qué dicho documento privado, carente de reconocimiento de firmas, podía generar convicción sobre la existencia del préstamo y de la garantía. También que la Sentencia no respondió los cuestionamientos efectuados por la defensa respecto a la falta de especificación de la garantía y a la ausencia de intimación de mora. Con relación a la prueba MP2, señalo que el Juez de Sentencia le asignó relevancia sin explicar concretamente cuál era su valor probatorio, pese a que dicho documental no formaba parte del contrato de préstamo y habría sido entregada después de su suscripción.

Respecto a la prueba MP6, consistente en un certificado de Derechos Reales (DDRR), cuestionó que el Juez la hubiese utilizado para concluir que no contaba con bienes registrados en la ciudad de Cochabamba, señalando que esa valoración

era sesgada, porque en ningún momento se habría establecido que el lote ofrecido en garantía se encontrara necesariamente en dicha ciudad, ni que no pudiera existir en otra oficina de DDRR del país.

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Datos del proceso

Demandante
Denis Rodrigo Daza Torrico y Ministerio Público
Demandado
Loriana Jelem Vega Nogales
Proceso
Estelionato
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia10 de julio de 2026AS/0540/2026-FFuente oficial