AS/0551/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 551/2019

Fecha: 28 de mayo de 2019

Expediente: CH-80-17-S

Partes: María Paulina Córdova Rojas c/ Pedro Padilla Bellido y

otros.

Proceso: Nulidad de documentos y otros. Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 3808 a 3813, 3816 a 3818, 3821 a 3823, 3829 a 3843, interpuestos por Pedro Padilla Bellido, Victoria Serrudo Gonzales por sí y en representación de Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Davalos Serrudo, Ruth Saravia Puma por sí y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres; y, Beatriz Mamani Vedia, Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera, respectivamente contra el Auto de Vista N° SCCI Nº 0274/2017 de 14 de septiembre, cursante de fs. 3797 a 3803, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso de Nulidad de documento y otros, seguido por Maria Paulina Cordova Rojas contra Pedro padilla Bellido, Victor Hugo Fuertes Enriquez, Graciela Lopez Vela, Ruth Jacinta Saravia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrera, Agustina Mamani Salguero, Serafina Oropeza Porcel y otros, la concesión de fs. 3854, el Auto Supremo de Admisión N° 1094/2017-RA de fs. 3881 a 3882, la Resolución de Amparo No. 24/2019 de 29 de marzo, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Publico Civil y Comercial Nº 6 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia N° 134/2016 de 10 de noviembre, cursante de fs. 2812 a 2818, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 93 a 112, subsanada de fs. 121 a 127, en consecuencia probada la nulidad de la Escritura Pública Nº 642/“2008” (sic.) de 9 de octubre suscrita entre Gloria Mercedes Gallardo a favor de Pedro Padilla Bellido, nula la Escritura Pública No. 10/2008 de 25 de noviembre, ordenando la cancelación de las inscripciones de Derechos Reales de los folios Nros. 1011140000137 y 1011140000195 y asientos posteriores derivados de las matriculas, asimismo declaro PROBADA EN PARTE la acción reivindicatoria, disponiendo la restitución de los terrenos señalados a fs. 2771, excluyendo a Agustina Mamani Salguero, Graciela Lopez, Reme Pandal, los herederos de Eugenio Pandal y Hugo Canaza Chambi, PROBADA la acción negatoria declarando la inexistencia de derechos de los demandados con relación al inmueble, PROBADOS los daños y perjuicios que serán cuantificados en ejecución de sentencia e IMPROBADA la acción de mejor derecho propietario, interpuesto por Maria Paulina Cordova Rojas.

Contra la referida Resolución, Maria Paulina Cordova Rojas, Pedro Padilla Bellido, adhesión de Maria Paulina Cordova Rojas, Beatriz Mamani Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrera, Eusebio Jucumari Limachi y Serafina Oropeza Porcel, Ruth Jacinta Saravia Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes, Rosario Dávalos Serrudo y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, interpusieron recursos de apelaciones por memoriales cursantes de fs. 2998 a 2990, de fs. 2991 a 2997, de fs. 3074 a 3079 vta., de fs. 3005 a 3014, de fs. 2998 a 3003 vta., de fs. 3016 a 3021 vta. y de fs. 3022 a 3027 vta. respectivamente, resueltos por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien pronunció el Auto de Vista N° SCCI 0274/2017 de 14 de septiembre, cursante de fs. 3797 a 3803, por el cual CONFIRMÓ la sentencia impugnada asimismo declaro INADMISIBLES las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth Jacinta Saravia Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes, Rosario Dávalos Serrudo, Serafina Oropeza porcel de Jucumari, y de Beatriz Mamani Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrrera, Eusebio Jucumari Limachi y Serafina Oropeza Porcel, de fs. 2991 a 2997, 2998 a 3003 vta., de fs. 3016 a 3021 vta., de fs. 3022 a 3027 vta. y de fs. 3005 a 3014, bajo los siguientes argumentos:

Los memoriales de apelación, no contienen la técnica recursiva de impugnación, ya que no cumplirían las previsiones de los arts. 256 y 261 del Código Procesal Civil, observando que no contienen el fundamento necesario de cómo les causo agravios la sentencia, señalando que la sola invocación de normas infringidas, no es suficiente, pues debe existir la expresión la interpretación y aplicación correcta como remedio procesal, sin embargo al amparo de los arts. 24 y 180 de la Constitución Política del Estado, se pronunció sobre el recurso planteado sin ingresar en una incongruencia, es así que procedió referirse sobre las apelaciones:

Acerca de la apelación de María Paulina Córdova Rojas, y su adhesión, indica que el art. 213 de la Ley Nº 439, dispone que la sentencia pone fin al proceso, conforme a las pretensiones demandadas, por lo que el A quo se habría pronunciado de acuerdo a los extremos demandados, sin salir de las pretensiones de la actora, de acuerdo al principio de verdad procesal de acuerdo a lo alegado y probado.

En cuanto a que se declaró improbado el reconocimiento del mejor derecho propietario, manifiesta que en el caso de autos no se acreditó que las partes hayan adquirido los terrenos del mismo propietario, el cual emergería de diferentes actos jurídicos, resultando inviable esa acción.

Sobre las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth Jacinta Saravia Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes, Rosario Davalos Serrudo, y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, advierte que la sentencia se pronunció de acuerdo a lo alegado en calidad de defensa a momento de responder a la demanda, sin que en audiencia preliminar se haya alegado nuevos hechos, tampoco se habría producido pruebas sobre las excepciones menos resolverse las mismas por no estar opuestas, en consecuencia la excepción perentoria de falta de acción y derecho no existiría de acuerdo al art. 128 in fine del Código Procesal Civil, y que solo prevé las previas y a resolverse en audiencia preliminar.

Con relación a las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth Jacinta Saravia Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos Serrudo y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, no tendrían asidero legal, resulta inviable reclamar en grado de apelación extremos que indica no fueron fundados a momento de responder a la demanda ni acudiendo a la vía de la reconvención, concluyendo que no existirá una fundamentación del agravio sufrido por los apelantes con la sentencia, en virtud del art. 213 de la ley Nº 439, asimismo señala que la sentencia se pronunció sobre las causales de nulidad invocadas por la demandante previstas en el art. 549 del Código Civil, y el fundamento de la impugnación debe recaer sobre los hechos, reivindicación, daños y perjuicios omisión que provoco su inadmisibilidad.

Refiere que los apelantes Ruth Jacinta Saravia Puma, Ana Juana Saravia Puma y Carlos Alberto Saravia, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Davalos Serrudo, a momento de apersonarse pidieron que se cite a Pedro Padilla, en su calidad de vendedor, sin referirse a los puntos apelados por lo que el A quo no pudo resolver puntos no invocados al responder la demanda deviniendo también en inadmisible dicha apelación.

Con relación a las apelaciones de Beatriz Mamani Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrera, Eusebio Jucumari Limachi y Serafina Oropeza Porcel, advierte que Beatriz Mamani Vedia opuso citación previa al garante de evicción Víctor Eddy Fuertes Enriquez, Teresa Herrera Mancilla pidió se le excluya del proceso. Y posteriormente pidió se le excluya del proceso a María Fanny Cesgo Herrera por consiguiente las apelaciones contra la sentencia no tendrían asidero legal ya que no respondieron a la demanda ni han reconvenido por otro hecho jurídico e defensa de sus pretensiones, por lo que resultaría ilógico que en apelación invoquen hechos no sustentados al momento de responder, a sabiendas que la sentencia puso fin al litigio de acuerdo a las pretensiones de la demanda y las pretensiones de la respuesta o reconvención de acuerdo al principio de verdad procesal siendo obligación del juez el fallar de acuerdo a lo alegado y probado ya que el juzgador no tenía conocimiento de los hechos que se alegan en juicio por lo no se pronunció en sentencia.

Respecto a los alegatos de las apelantes, indica que tampoco tendrían asidero legal sobre los hechos expuestos, además de no referirse a las causales de nulidad declaras como probadas, reivindicación, de acuerdo a los arts. 256, 261 de la Ley Nº 439, resultando inadmisible.

En cuanto a la citación al garante de evicción, se tiene que fue citado y notificado con la sentencia por edictos. Y después de la readecuación a la demanda, no opusieron la excepción previa establecía en el art. 128.I num. 8) de la Ley Nº 439, por lo que la sentencia se emitido de acuerdo a los datos del proceso, no obstante las obligaciones del vendedor y su responsabilidad fue prevista en los arts. 624 y 627 del Código Civil a efectos del art. 630 del mismo cuerpo legal.

Sobre la apelación de efecto diferido, observa que no se cumplió con el art. 259 num. 3) de la Ley Nº 439, al no haber fundamentado la impugnación en forma conjunta con el recurso de apelación en contra de la sentencia, por la que se tuvo por retirada.

Auto de vista, contra el que Pedro Padilla Bellido, Victoria Serrudo Gonzales por sí y en representación de Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos Serrudo, Ruth Saravia Puma por sí y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres; y, Beatriz Mamani Vedia, Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera, interpusieron recursos de casación por memoriales de fs. 3808 a 3813, 3816 a 3818, 3821 a 3823, 3829 a 3843, que ahora son objeto del presente análisis.