AS/0552/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 552/2019

Fecha: 28 de mayo de 2019

Expediente: SC-144-17-S

Partes: César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román c/ Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suarez Orozco, Juan Marcelo Ulunque Anturiano y David Paz Borda.

Proceso: Anulabilidad de contrato y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 893 a 902 vta., interpuesto por Zvonimir Mileta Tarabillo, por sí y en representación de Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, contra el Auto de Vista Nº 16/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 882 a 887 vta., y su Auto Complementario a fs. 891, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso sobre anulabilidad de contrato y otros seguido por César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román contra Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano; el Auto de Concesión de 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 930; Auto Supremo de Admisión Nº 1184/2017-RA de 13 de noviembre, cursante de fs. 936 a 937; Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 de octubre de fs. 951 a 960; resolución del Tribunal de Garantías de 7 de enero de 2019, cursante de fs. 978 a 981, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román, interpusieron demanda de anulabilidad de los contratos, cancelación de registro propietario en Derechos Reales, daños y perjuicios, restitución y entrega de inmuebles, vehículos y dinero de fs. 67 a 73, subsanada de fs. 89 y vta., a su vez fue ampliada de fs. 120 a 122 vta., por determinación del Juez de Instrucción Penal de la detención preventiva de César Rodrigo Pinto Banegas dentro el proceso penal por el delito de estafa agravada y asociación delictuosa bajo presión firmaron ambos esposos los contratos mencionados supra, bajo presión y violencia con la finalidad de procurar la libertad del detenido preventivamente; acción dirigida contra Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, quienes contestaron negativamente a la demanda y opusieron excepciones perentorias de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento del derecho, asimismo, plantearon reconvención por cumplimiento de contrato transaccional, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y perjuicios mediante memorial de fs. 153 a 157 vta., subsanado de fs. 240 a 241 vta., y ampliada de fs. 282 a 287 vta.

2. Tramitado el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se emitió la Sentencia Nº 02 de 3 de enero de 2017, cursante de fs. 813 a 820, Auto Aclaración y Complementaria de fs. 823 y 826, declarando PROBADA en parte la demanda sobre anulabilidad del contrato transaccional y contratos de venta de bien inmueble y vehículos cursantes a fs. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del expediente e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios; IMPROBADAS las excepciones perentorias de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento del derecho y pago de daños y perjuicios; IMPROBADA la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato transaccional, desocupación y entrega de inmueble y acción negatoria.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Cesar Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Roman y por otro lado Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulumque Anturiano, mediante memoriales de fs. 827 a 830 y 837 a 845 vta., respectivamente; la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 016/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 882 a 887 vta., REVOCANDO parcialmente la Sentencia Nº 02/2017 en lo que respecta al dinero demandado de restitución, ordenando a los demandados Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, restituir a favor de los demandantes César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román la suma de $us.20.000, al igual que la vagoneta marca Toyota, tipo RAV4 LIMITED, modelo 2011 y la vagoneta marca NISSAN, tipo ROGUE, modelo 2008 y demás datos insertos en los documentos de propiedad, dentro del tercer día de ejecutoriada, asimismo, las apelaciones en el efecto diferido sobre el recurso de reposición contra el Auto de 15 de mayo de 2015, la impugnación contra el decreto de 7 de septiembre de 2015 y la apelación contra los proveídos de 29 de septiembre de 2015, 2 de octubre de 2015, decreto de 9 de octubre de 2015 y decreto de 16 de octubre de 2015. Bajo la siguiente fundamentación:

- Con relación al recurso de apelación interpuesto por César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román, el Auto de Vista concluyó indicando que siendo el documento transaccional de 12 de abril de 2014, anulable porque fue suscrito con violencia conforme a los arts. 478 y 481 y en relación al 554 núm.4 del Código Civil, ello incumbe a la integralidad del contenido de dicho documento, es decir que si las transferencias de bienes son anulables, de igual modo es anulable la entrega del dinero en efectivo y debe ser restituida a favor de los demandantes. Por lo que deberá modificarse la Sentencia en lo que respecta a la consolidación de esos dineros a favor de los demandados.

- En cuanto al recurso interpuesto por Zvonimir Mileta Tarabillo, el Ad quem ante el agravio de que la Sentencia adolece de vicio de nulidad al no haberse emitido pronunciamiento respecto a la excepción de legitimación activa del demandante señaló que el A quo resolvió la misma por Auto de 30 de octubre de 2014, declarándola improbada, no siendo lógico pretender que nuevamente se considere en Sentencia, ya que las partes no hicieron ninguna impugnación en su oportunidad considerándola como una cuestión ya resuelta.

- En cuanto al segundo agravio sobre la anulabilidad del contrato de transacción indico el Tribunal Ad quem que la mercadería no desapareció o fue sacada de la Aduana como sugiere la denuncia penal sino que fue decomisada por la Aduana Nacional de Bolivia, y por ende se está frente a un negocio o contrato incumplido por una de las partes y en todo caso si habría pedido dinero para cubrir aranceles de importación con engaños, sabiendo que la mercadería fue decomisada por el Estado, el monto de la estafa sería precisamente el monto de dinero para aranceles, sabiendo que no los destinó al fin solicitado a las víctimas, ascendiendo a la suma de $us.14.000, siendo está precisamente la realidad que no puede ser soslayada por los jueces ni fiscales, lo cual sin duda es muestra clara de que la voluntad del entonces imputado penalmente, es obligada por estar amenazada su libertad con una orden de detención preventiva en la vía penal, por lo expuesto se evidencia que al momento de la firma del contrato de 12 de abril de 2014 y del documento transaccional a favor de los demandados fue a consecuencia del estado de privación de libertad inminente en el que se encontraba el demandante.

- En lo que respecta a las excepciones de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento, el Tribunal Ad quem afirma que la juez A quo ha fundamentado adecuadamente toda y cada una de las excepciones planteadas debido a que la transacción para que ésta sea válida, debe cumplir con lo establecido en el art. 945 del Código Civil, pues el solo hecho que la libertad del actor estuviere en riesgo, ya constituye un hecho que vicia el consentimiento, por lo tanto, no es procedente considerar la transacción como válida, así como todas las excepciones. Finalmente a la acción negatoria que por un error humano la juez A quo la habría consignado tanto que la misma fue retirada de los demandantes.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrida en casación por Zvonimir Mileta Tarabillo en representación del mismo y Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda, Juan Marcelo Ulunque Anturiano, mediante memorial de fs. 893 a 902 vta.; emitiéndose el Auto Supremo Nº 993/2018² de 5 octubre, cursante de fs. 951 a 960, CASANDO el Auto de Vista deliberando en el fondo improbada la demanda de anulabilidad.

5. Contra la referida Resolución suprema, la parte demandante interpuso acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta mediante el Auto Constitucional de 7 de enero de 2019, cursante de fs. 978 a 981, donde el Tribunal de garantías concedió en parte la tutela solicitada y en ese marco dispuso que este Tribunal ingrese a considerar nuevamente el referido recurso de casación (únicamente en cuanto a uno de sus reclamos), impugnación que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación se observa que Zvonimir Mileta Tarabillo por sí y en representación de Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda, Juan Marcelo Ulunque Anturiano, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa en la forma y el fondo.

FORMA.

La existencia de prueba de descargo ofrecida y producida enerva la pretensión de anulabilidad de la transacción de 12 de abril de 2014, y las transferencias de vehículos e inmueble, arguyendo que el Auto de Vista vulneró los derechos de defensa, tutela judicial efectiva y del debido proceso debido a que no se tomó en cuenta que el 16 de abril de 2014, el demandante solicitó la extinción penal por reparación integral del daño económico dentro del proceso penal Nº 2236/2013 y que por Auto de Vista de 20 de marzo de 2015 dictado por la Sala Penal Primera se confirmo la resolución de extinción de la acción penal por reparación del daño económico a favor del demandante, literal adjunta en copia legalizada con la que demuestra que no concurren los llamados vicios de consentimiento.

2. Alegaron que el Auto de Vista es una resolución citra petita (silencio omisivo), vulnera los arts. 213 núm. 3, 4 y 218.I del Código Procesal Civil. El Tribunal Ad quem omitió pronunciarse sobre el agravio de la falta de valoración de todos los medios probatorios, es decir, de manera individualizada tal cual exige el art. 145 de la Ley Nº 439. También se omitió absolver la denuncia de existencia de una Sentencia contradictoria haciendo referencia a lo señalado por la juez A quo, para determinar la anulación del Acuerdo Transaccional de fs. 14, 15, 16 y 17.

Extremos que dan origen a una Resolución citrapetita e impertinente omitiendo dar cumplimiento de los arts. 213 núm. 3 y 4 y 218.I de la Ley Nº 439. Por otra parte, sostuvo que en toda resolución debe existir congruencia entre lo pedido y lo resuelto efectuando la cita del A.S. Nº 367/2014 de 5 de septiembre. Además indica que el razonamiento del Auto de Vista lesiona el derecho al debido proceso y el deber de motivación plasmado en los arts. 1 núm. 16, 4, 213 núm. 3 y 4 y 218.I del Código Procesal Civil, que debió pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre aspectos reclamados. El Ad quem se pronunció sobre la existencia de contrato de transporte verbal entre otros extremos, que no fueron objeto de la pretensión principal ni de la reconvención, tornando una resolución lesiva al debido proceso, a la defensa, principio de certeza y seguridad jurídica.