AS/0556/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

Auto Supremo Nº 556/2020

Sucre, 5 de noviembre de 2020

Expediente: SC-CA.SAII-CH. 425/2018

Distrito: Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Ricardo Torres Echalar

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 1.362 a 1.371, interpuesto por Ricardo Morales Aguilar, Wilson Barrientos Daza y Yenny Yaqueline Montero Arismendy, en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, impugnando la Sentencia N° 499/2018 de 20 de agosto (fojas 1.336 a 1.358 y vuelta), pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso contencioso de cumplimiento de cierre de contrato emergente de resolución unilateral de contrato atribuible a la entidad contratante, más pago de saldos adeudados, daños, perjuicios y lucro cesante, seguido por Ronald Bejarano Ramírez en representación legal de la Asociación Accidental Empresa Constructora B&B Ltda. y Asociados, el memorial de contestación presentado por la empresa demandante de fojas 1.374 a 1.377 y vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 1.378, el Auto N° 440/2018-A de 15 de octubre que admitió el recurso (fojas 1.385 y vuelta), los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I

I.1. Antecedentes del proceso. Sentencia.

Que, tramitado el proceso contencioso, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia N° 499/2018 de 20 de agosto (fojas 1.336 a 1.358 y vuelta), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fojas 94 a 99; PROBADA EN PARTE y la reconvención de fojas 180 a 183; es decir:

“1. Se declara ilegal la Resolución Unilateral del Contrato de Obra Proyecto: ‘Construcción Sistema de Riego Pedernal’, suscrito entre el GADCH y la Asociación B&B Asociados, por no haberse demostrado que la causal invocada en la carta de notificación de resolución de contrato CITE: GADCH/SDPyEP N° 100/2016 de 26 de abril de 2016 sea causa de fuerza mayor o caso fortuito.”

“2. Estando probada en parte la demanda reconvencional, se declara haber lugar a la compensación de obligaciones recíprocas establecidas en el informe pericial, sin tomar en cuenta el rediseño que no corresponde.”

“3. Por consiguiente se declara el cierre del contrato y el pago de las diferencias existentes, más el pago que debe efectuar la Entidad Contratante, por concepto de daños y perjuicios, en la suma de Bs. 4.396.843,86 (cuatro millones trescientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y tres 86/100 bolivianos), hecha la compensación de obligaciones recíprocas tal cual consta en el cuadro que precede, sea en el plazo de 10 días hábiles de ejecutoriada esta sentencia.”

“4. Se ordena también, la liberación y cancelación de las garantías ofrecidas, para lo cual se librará provisiones ejecutorias respectivas a las entidades correspondientes, una vez ejecutoriada la misma.”

I.2. Motivos del recurso de casación.

Que, contra la referida sentencia, Ricardo Morales Aguilar, Wilson Barrientos Daza y Yenny Yaqueline Montero Arismendy, en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, interpusieron el recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 1.362 a 1.371, en el que expresaron lo siguiente:

1.2.1. EN LA FORMA

1.2.1.1. Desarrollaron una serie de consideraciones acerca de las reglas para la determinación del daño causado, para luego hacer referencia a una supuesta utilización indistinta de los términos “obligación”, “deber” y “responsabilidad” por la Constitución Política del Estado, además del diverso, indefinido y disperso régimen de responsabilidades estatales reconocidas en la Constitución, alegando que no define ni ofrece pautas sobre lo que debe entenderse por responsabilidad, citando al respecto el artículo 8 de la Carta Política del Estado.

1.2.1.2. Agregaron que no hay un fundamento específico “…para la responsabilidad del Estado Administrador, del Estado Legislador o del Estado Juez…”; que el fundamento esencial es siempre el mismo, para concluir refiriéndose al Estado de Derecho.

1.2.1.3. Indicaron que la responsabilidad del Estado constituye una categoría del derecho público “…que amerita un tratamiento diferenciado respecto de la regulación de la responsabilidad patrimonial civil…” que proteja de forma equilibrada y ponderada el interés público y privado, a efecto de evitar la presentación temeraria de demandas contra el Estado.

1.2.1.4. Citaron el artículo 32 de la Ley N° 1178 y sosteniendo que se trata de una innovación, lo dispuesto por el artículo 113 de la Norma Fundamental del Estado, siendo que a partir de esta disposición se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, desarrollando a continuación una serie de consideraciones acerca del derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento, además de la existencia efectiva de un perjuicio o daño y el derecho a la repetición.

1.2.1.5. Sostuvieron “…que el lucro cesante no debe ser excluido de la reparación cuando el Estado ocasiona perjuicios por actuaciones ilícitas…”, que sin embargo, su estimación deberá ser hecha de manera científica y puntual mediante pericia, “…sin que ello signifique enriquecerse a costa del Estado y del bienestar social en general…”; que en el caso presente, no existe en antecedentes el trabajo que determine el quantum efectivo a reparar, motivo por el que corresponde la nulidad de obrados en aplicación del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil.

1.2.1.6. Expresaron que no se debe “…otorgar valor absoluto a la prueba pericial de cargo, al tener ésta índices de parcialización como es de esperar…”

Que, por lo expuesto, de acuerdo con lo que determina el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, solicitan se dicte resolución disponiendo la nulidad de la sentencia impugnada, con reposición de obrados únicamente a efecto de realizar “…una nueva pericia conforme se halla extrañada, en cuanto se debió obrar conforme se alega por el tribunal Aquo tal cual dispone el Art. 378 del C.P.C., toda vez que el G.A.D.CH., debe retribuir si en caso corresponde lo estrictamente necesario…” (Sic).

1.2.2. EN EL FONDO

1.2.2.1. Acusaron la violación e interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, además de error de derecho en la apreciación de la prueba, con relación a la declaratoria ilegal de la resolución unilateral del contrato de obra para el desarrollo del proyecto “Construcción Sistema de Riesgo Pedernal”, por no haberse demostrado la causal invocada de caso fortuito.

Haciendo mención al numeral 4 de la cláusula vigésima primera del contrato, manifestaron que la causa mayor o caso fortuito en el presente caso, fue determinada a partir de la baja del precio de los hidrocarburos por variación del precio internacional del petróleo, cuyas regalías constituyen fuente de ingresos para el Gobierno Departamental de Chuquisaca.

Acerca del fundamento transcrito y citado de parte de la sentencia impugnada, indicaron que se constituyen “…en falacias jurídicas sin una interpretación adecuada de la normativa actual vigente…”

Que existe una contradicción en cuanto se señala en la sentencia que las pruebas producidas por la gobernación, POA 2016 y Certificación DPO 023/2016, son prueba de respaldo, pero por otra que constituyen respaldos internos, que no justifican la fuerza mayor y caso fortuito; que este hecho es contrario a lo que establece el Decreto Supremo N° 0181 (SISPLAN) y a la Ley de Procedimiento Administrativo, N° 2341, vulnerando los principios de autotutela y de verdad material.

1.2.2.2. Señalaron haber ofrecido como prueba documental, el contrato de fojas 243, su protocolización, que corre a fojas 12 y siguientes, carta notarial de resolución de contrato y su notificación de fojas 63 a 65, que son documentos que prueban que se ha seguido el procedimiento de resolución de contrato, haciendo mención además a la pregunta 11 del Acta de Audiencia de Confesión Provocada de fojas 930, así como de las declaraciones testificales de fojas 1.027 y siguientes.

A continuación, en referencia al concepto de caso fortuito, desarrollaron una extensa argumentación redundante y reiterativa acerca del financiamiento del proyecto, que era considerado plurianual, por lo que según afirman, el Gobierno Autónomo Departamental, “…no estaba obligado a presupuestar el total de los recursos para el proyecto; sino solamente el monto que iba a ser utilizado en la gestión 2015 y las subsiguientes gestión…” (Sic).

Que, con esta explicación “…es evidencia que ha existido un obstáculo atribuible interno al hombre, imprevisto e inevitable; toda vez que siendo interno y atribuible al hombre, porque la economía y las crisis económicas, son resultados de las diferentes facetas por las que atraviese los diferentes mercados mundiales…” (Sic).

Que, “…se debe tener muy en cuenta que si el pago a la empresa ahora demandante debían ser con los recursos que por concepto de regalías; que según presupuesto, iba a recibir GADCH, y al haber bajado de manera abrupta esos recursos, no lo iba a ser efectivas y por ende las condiciones eran insostenibles si no se procedía a la resolución del contrato por caso fortuito, situación que a pesar de los argumentos esgrimidos ante el Tribunal A quo, quien no valoró de manera cabal pruebas evidentes de una causal legal y legítima.”

1.2.2.3. Con relación a la obligación de pago de los saldos adeudados, daños, perjuicios y lucro cesante, expresaron que la aplicación de los artículos 339 y 347 del Código Civil, es ajena al objeto del contrato administrativo, lo que constituye un error de derecho.

Que, La solicitud de pago de Bs. 7.341.105,48 por daños y perjuicios y lucro cesante, no tiene fundamento y que no se indicó de qué manera se llegó a esa suma; además que nuevamente se refirieron al informe pericial practicado, sobre el que afirmaron que no puede ser tenido como absoluto.