Texto del fallo
A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0556/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Tarija 283/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y otros Parte acusada : Jaime Castillo Vargas Delito : Estafa Agravada, art. 335 con relación al art. 346 Bis. del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 6132 a 6139, Jaime Castillo Vargas, impugna el Auto de Vista 142/2024-SP1 de 5 de julio de fs. 6052 a 6057, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al 346 Bis. del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN l.1. SENTENCIA Por Sentencia 59/2023 de 17 de octubre de fs. 5890 vta., a 5913, el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jaime Castillo Vargas, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al art. 346 Bis.
del CP, imponiendo pena de diez años de reclusión y quinientos días multa, a razón de Bs.50 por día; y pago de costas y reparación de daños en favor de las víctimas;
fallo basado en los siguientes hechos probados:
Para demostrar la comisión del hecho y la conducta del imputado se presentó las pruebas documentales MP 10, MP 117, MP 132, MP 155, MP 156 y MP 157, donfle
se demuestra que las víctimas realizaron diferentes depósitos y montos a cuenta de Jaime Castillo Vargas y Eustaquio Choque.
Conforme el cúmulo de pruebas debidamente valoradas consistentes en: MP 138, MP 139, MP 140, MP 141, MP 142, MP 143, MP 144, MP 145, MP 146, MP 147, MP 148, MP 149, MP150, MP 153, MP 154, MP 155, MP 156 y MP 157; toda esta prueba expone el proyecto a diseño final elaborado por la empresa CASTLE de Jaime Castillo Vargas que demuestra el engaño, ardid generado a las víctimas y la ilusión de contar con una vivienda.
Mediante las documentales MP 142, MP 143, MP 144, MP 145, MP 146, MP 147, MP 148, MP 149, MP 150, MP 151, MP 152, MP 153, MP 155 y E-16 se demuestra la forma en que Jaime Castillo Vargas realiza un proyecto a diseño final sobre las viviendas; por lo que las víctimas al ver dicho proyecto con el sueño de contar con una vivienda deciden al mismo y realizar el acto de disposición.
Corroborado con las testificales de Alcira Becerra Terán de Vides, Eufren Martín Andia Herbas, Francisca Barbarita Delgado Martínez de Cruz, Emma Margarita Doria Medina Chavarría, Diego Manolo Choque Zapata, Teresa Alejandra Canchari Ortega, Ernesto Cayo Diaz, Jeizon Sanguino Albina, José Luis Mancilla Torrez y Sonia Susana Tantani Huaynoca, todas las declaraciones fueron claras y concretas, sin advertirse contradicción en la forma en que entregaron dineros en efectivo en manos de Jaime Castillo Vargas y mediante depósito a Eustaquio Choque Cuenca, con la finalidad de tener una vivienda para sus familias.
Con las pruebas MP 103 y AP 22, se demuestra la personalidad de Jaime Castillo Vargas que dan cuenta que el mismo cuenta con procesos por similares delitos.
Considerando la acusación fiscal y particular de los hechos expuestos, existen elementos suficientes para demostrar que Jaime Castillo Vargas, José Luis Oroza y Luis Gerardo Aparicio, adecuaron su accionar al delito de Estafa Agravada con víctimas múltiples, demostrando el dolo con la que han actuado y fortalecido para que las víctimas realicen el acto de disposición de sus patrimonios, realizando que las víctimas asistan a las reuniones, creando falsas expectativas, de un proyecto a diseño final sobre un terreno inexistente.
Hechos no probados.
El Juez de Sentencia considera que todos los hechos acusados por el Ministerio Público, fueron probados.
Determinación de la pena.- En atención a todo lo argumentado y fundamentado, corresponde en consecuencia determinar la pena para el acusado, en observancia de los arts. 37 y sgtes, del Código Penal, Se considera la MP24 que demuestra tener
AD varias denuncias y también considera las circunstancias del hecho, las cuales resultan graves por las connotaciones de disminución patrimonial de las víctimas que además entre ellos existen personas adultas mayores. Respecto a la personalidad del acusado el mismo tienen la suficiente formación y capacidad para saber que sus actos iban a dañar económicamente a personas vulnerables e igualmente tienen la suficiente formación para tener pleno conocimiento de que su actuar es ilícito, a lo largo del juicio no demostró el menor arrepentimiento, ni empatía con el perjuicio producido en las víctimas y pretendiendo eludir su responsabilidad (sic).
II.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación
restringida de fs. 5943 a 5988 vta., reclamando lo siguiente:
- a)Señala defecto de sentencia plasmada en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que incurre en errores de hecho y de derecho, vulnerando garantías fundamentales, especialmente por la errónea aplicación del delito de Estafa Agravada y la inobservancia del principio de tipicidad; ya que no se demostró en juicio la concurrencia de los elementos del delito de Estafa (engaño, dolo, beneficio económico indebido y perjuicio patrimonial), su actuación se limitó a la elaboración de proyectos técnicos de vivienda, conforme a contratos suscritos con la Asociación CADELTA/ARCO IRIS.
Los montos depositados en su cuenta corresponderían únicamente a honorarios profesionales, no a actos fraudulentos.
Señala que la Juez de Instancia realizó una valoración arbitraria e insuficiente de la prueba, contradiciendo tanto la prueba documental como la testifical, que acreditan que cumplió con su trabajo y nunca tuvo responsabilidad en la compra de terrenos, aspecto que correspondía a la empresa IMER. La no ejecución del proyecto se debió a factores ajenos, como la inexistencia de terrenos con documentación legal.
Asimismo, denuncia falta de fundamentación, pues la Sentencia no explica cómo su conducta se adecua al tipo penal ni desarrolla el ¡ter criminis, tampoco los elementos del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).
En conclusión, sostiene que no existe dolo ni tipicidad, que su conducta fue indebidamente criminalizada y la condena se basa en una interpretación forzada de los hechos; por lo que solicita al Tribunal de Alzada ejercer control sobre la valoración probatoria y corregir dichos errores.
- b)Defecto de sentencia establecida en el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que presenta una clara ausencia de fundamentación jurídica, en el entendido de que la Juez
de Instancia habría realizado una valoración superficial de la prueba y una incorrecta aplicación del principio de tipicidad, condenando sin demostrar los beneficios económicos ilícitos obtenidos, tampoco que existiera el delito atribuido, habida cuenta que los pagos recibidos correspondían a trabajos efectivamente realizados y aceptados por las supuestas víctimas, sin existir promesa de entrega de terrenos, sino únicamente la elaboración de proyectos que no se ejecutaron por causas ajenas al acusado.
Asimismo, la Sentencia vulnera derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la debida fundamentación, al basarse en una apreciación subjetiva de los hechos y carecer de valoración integral de la prueba, invocando normas constitucionales y legales, así como doctrina y jurisprudencia, para sostener que la falta de motivación constituye un defecto absoluto.
Finalmente, la Juez no realizó una adecuada relación ni valoración del acervo probatorio, omitiendo un análisis completo, legítimo y coherente, lo que derivó en una decisión arbitraria y carente de sustento jurídico.
- c)LaJuez de Sentencia incurrió en defecto de sentencia inmerso en el art. 370 inc.
- 6)del CPP, pues vulneró el art. 173 del CPP al realizar una valoración defectuosa y arbitraria de la prueba, apartándose de las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia y psicología), lo que afecta el debido proceso y la correcta fundamentación de la Sentencia, ya que se basa en hechos inexistentes o no acreditados, toda vez que, durante el juicio no se demostró la comisión del delito ni su participación; en consecuencia, la condena se habría sustentado en elementos subjetivos, como la simple presencia en reuniones o la elaboración de proyectos futuros, sin prueba objetiva que demuestre conducta delictiva, siendo los ingresos económicos percibidos producto de trabajo legítimo.
Sobre la valoración defectuosa de la prueba, la Juez no realizó una apreciación conjunta, armónica y debidamente fundamentada de los elementos probatorios, omitiendo justificar por qué les otorgó determinado valor a la prueba de cargo como de descargo, cuando estas evidencian la inexistencia del hecho delictivo, por lo que correspondía una sentencia absolutoria.
Asimismo, la prueba en materia penal debe ser objetiva y provenir de hechos verificables, no de apreciaciones subjetivas del juzgador. Sin embargo, en el caso concreto, la Sentencia se basó en conclusiones personales sin respaldo probatorio suficiente exigiendo al Tribunal de Alzada que ejerza el control de la valoración de la prueba, verificando si se ajusta a la sana crítica y si la sentencia
A (A
está debidamente fundamentada; sin que ello implique una nueva valoración
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