Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0559/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Oruro 171/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y José Ignacio Rosales Santos Parte imputada: Ruperto Mendoza Mamani Delito: Estafa, art. 335 del Código Penal (CP) - Sucre, 10 de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 29 de agosto de 2024, cursante de fs. 200 a 266 vta., Ruperto Mendoza Mamani impugna el Auto de Vista 52/2024 de 31 de julio de fs. 218 a 223 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y José Ignacio Rosales Santos, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Por Sentencia 69/2023 de 14 de noviembre de fs. 102 a 114 vta, el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Ruperto Mendoza Mamani, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas, responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima, más el pago de sesenta días de multa, a razón de Bs. 3 por día.
La Sentencia, tiene como probados los siguientes hechos:
José Ignacio Rosales Santos, al buscar un vehículo para uso personal, llegó al taller de Ruperto Mendoza Mamani en la Zona Franca de Oruro, donde el acusado le ofreció importar un motorizado desde Japón, Chile o Estados Unidos, mostrándole fotografías de vehículos
y generando confianza sobre su capacidad de cumplir la entrega. Esta circunstancia fue asumida por la Juez como parte del mecanismo utilizado para convencer a la víctima de realizar la operación económica.
El 18 de marzo de 2015, en el domicilio del acusado ubicado en la calle B. Guzmán N 8 entre Tejerina y Olguín de la ciudad de Oruro, José Ignacio Rosales Santos entregó a Ruperto Mendoza Mamani la suma de us 8.300, por concepto de compra de un vehículo Toyota Succed Van, operación que fue respaldada por el recibo de compromiso privado MP-2. La Sentencia otorgó a ese documento valor relevante, debido a que acreditaba de forma directa el desplazamiento patrimonial realizado por la víctima a favor del acusado.
El vehículo comprometido debía ser entregado en el plazo de dos meses; sin embargo, vencido dicho término, el acusado no entregó el motorizado ni restituyó el dinero recibido. La Juez consideró que este incumplimiento no fue un simple desacuerdo civil, sino un hecho penalmente relevante, porque la entrega del dinero fue precedida por ofrecimientos, promesas y representaciones realizadas por el acusado, que provocaron en la víctima una creencia equivocada sobre la futura entrega del vehículo.
La Sentencia valoró la declaración de la víctima, quien relató de forma cronológica cómo conoció al acusado, cómo fue convencido para adquirir el vehículo, cómo entregó el dinero y cómo, después del plazo acordado, el acusado fue dando diferentes excusas sin entregar el motorizado. Del mismo modo, valoró las declaraciones de Maribel Kathya Aguilar Apaza y Gregoria Apaza Miranda, quienes confirmaron la entrega del dinero, la suscripción del documento, el compromiso de entrega y la falta de devolución del monto recibido. Por ello, la Juez consideró dichos testimonios creíbles, confiables y relevantes.
Respecto a la prueba documental, la Sentencia relacionó el memorial de denuncia MP-1, el recibo de compromiso privado MP-2, el acta de registro del lugar del hecho MP-5, el informe preliminar MP-7 y el informe en conclusiones MP-8, concluyendo que estos elementos, apreciados de manera conjunta, demostraban la existencia del hecho, la entrega del dinero el lugar donde se produjo el desplazamiento patrimonial y la participación del acusado en la operación cuestionada.
Sobre el argumento de la defensa, referido a la existencia de otro vehículo registrado a nombre de Maribel Kathya Aguilar Apaza, la Juez señaló que esa circunstancia no desvirtuaba la acusación, porque el propio acusado manifestó que existieron otras transacciones y que habría entregado otros vehículos. Por ello, razonó que la prueba
A (PA relativa a una vagoneta Nissan Wingroad no demostraba que se hubiera cumplido el compromiso concreto de entregar el vehículo Toyota Succed Van por el cual se recibió la suma de us 8.300.
En la fundamentación jurídica, la Sentencia desarrolló los elementos del delito de Estafa previsto en el art. 335 del CP, identificando el engaño o artificio, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio económico y el beneficio indebido. A partir de esos elementos, concluyó que el acusado generó una representación falsa o engañosa sobre la importación y entrega del vehículo, provocando que la víctima entregue su dinero, sin que posteriormente se hubiera acreditado la entrega del bien prometido o la devolución del monto recibido.
.2.
DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, José Ignacio Rosales Santos y el imputado, formularon los recursos de apelación restringida de fs. 132 a 134 y de 177 a 188,
1.2.1.
Apelación Restringida de José Ignacio Rosales Santos El acusador particular interpone apelación restringida contra la Sentencia, denunciando el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) Código de Procedimiento Penal (CPP), por fundamentación insuficiente y contradictoria en la fijación de la pena. Sostiene que, pese a reconocerse la actuación dolosa del acusado, la gravedad del hecho, el perjuicio económico de us. 8.300, la falta de arrepentimiento y la inexistencia de atenuantes acreditadas, se impuso únicamente tres años de reclusión por el delito de Estafa, cuya pena prevista en el art.
335 del CP, oscila entre uno y cinco años. Alega que la Sentencia no aplicó ni fundamentó adecuadamente os parámetros de individualización establecidos en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, vulnerando la proporcionalidad y la tutela judicial efectiva prevista en el art. 115.1 de la Constitución Política del Estado (CPE). En aplicación de los arts. 397 y 413 del CPP.
1.2.2.
Apelación Restringida de Ruperto Mendoza Mamani En la apelación restringida, Ruperto Mendoza Mamani cuestionó la Sentencia, alegando que la condena por el delito de Estafa fue pronunciada con valoración defectuosa de la prueba, falta de fundamentación y ausencia de motivación suficiente, aspectos que vinculó con los arts. 169 inc. 3), 173, 370 incs. 5) y 6), 124, 360 inc.
- 3)y 413 del CPP, además del art. 115.11 de la CPE.
En cuanto a la valoración probatoria, denunció que la Sentencia incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque no aplicó las reglas de la sana crítica previstas en el art. 173 de la misma norma, particularmente en sus componentes de lógica, experiencia común y conocimiento científico. Sostuvo que la Juez otorgó valor relevante o altamente relevante a la denuncia, al recibo de compromiso privado, al acta de registro del lugar del hecho, al informe preliminar y al informe conclusivo, sin explicar de forma concreta cómo esos elementos acreditaban el engaño, artificio, error, dolo, desplazamiento patrimonial, perjuicio económico y participación en el delito de Estafa previsto en el art. 335 del CP.
Respecto a la prueba testifical, observó que la Sentencia calificó como creíbles y confiables las declaraciones de José Ignacio Rosales Santos, Maribel Kathy Aguilar Apaza, Gregoria Apaza Miranda y Manuel Jofre Saavedra, sin desarrcilar una fundamentación probatoria intelectiva que justifique esa credibilidad. Señaló que dichas declaraciones no habrían sido contrastadas con los aspectos alegados por la defensa, referidos a la existencia de relaciones contractuales previas, otras transacciones voluntarias, devolución de dineros y entrega de otro vehículo a favor de la esposa del denunciante.
También cuestionó que la Sentencia hubiese asumido como demostrado que el acusado mostró fotografías de vehículos en un celular para convencer a la víctima, sin existir prueba específica sobre ese extremo. Bajo esa línea, afirmó que no se identificó con precisión cuál fue el engaño o artificio empleado, ni cómo se produjo el error de la víctima, sosteniendo que la decisión condenatoria se habría apoyado en apreciaciones subjetivas y no en una valoración racional de la prueba.
En relación con la fundamentación y motivación, denunció la inobservancia de los arts. 124, 360 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP, alegando que la Sentencia no expuso de manera clara los motivos de hecho y de derecho que sustentaron la condena. Señaló que la Juez se limitó a transcribir el tipo penal de Estafa y la relación fáctica acusatoria, sin efectuar una subsunción precisa de la conducta atribuida al acusado en el art. 335 del CP, especialmente respecto a los elementos de engaño, error, dolo y perjuicio.
Finalmente, sostuvo que tales deficiencias vulneraron el debido proceso reconocido por el art. 115.11 de la CPE y configuraron defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, porque la Sentencia no habría explicado la ponderación individual y conjunta de la prueba ni el razonamiento que permitió arribar a una condena.
I.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista 52/2024 de 31 de julio de fojas 218 a 223 vta., resolvió los recursos de apelación restringida interpuestos contra la Sentencia, que declaró procedente en parte el recurso José Ignacio Rosales, modificando el quantum de la pena a tres años y seis meses de privación de libertad; e, improcedente la apelación del imputado Ruperto Mendoza Mamani, manteniendo en lo demás la Sentencia apelada, con base a los siguientes argumentos, respecto a los agravios vinculados al motivo casacional.
1.3.1.
Con relación al recurso de José Ignacio Rosales Santos La víctima, denunció el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, referido a la falta de fundamentación en la determinación de la pena.
Alegó que la Sentencia no tomó en cuenta los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, relativos a la personalidad del acusado, la gravedad del hecho, la extensión del daño, la falta de arrepentimiento y los fines de la sanción, solicitando que la pena fuera incrementada de tres a cinco años de reclusión.
El Tribunal de alzada señaló que el acusado recibió de la víctima la suma de us 8.300 para la adquisición de un vehículo motorizado, sin entregar el vehículo comprometido ni devolver el dinero. Indicó que la Sentencia no había desarrollado suficientemente la fundamentación relativa a la imposición del mínimo legal de tres años, pese al perjuicio económico ocasionado y a las circunstancias del hecho.
Con base en el , referido a la facultad del Tribunal de apelación para corregir directamente los errores u omisiones relacionados con la imposición o el cómputo de la pena, aplicó el art. 414 del CPP y declaró procedente en parte el recurso de la víctima, modificando la sanción a tres años y seis meses de reclusión. Asimismo, señaló que el no era aplicable, al corresponder a un proceso por difamación y a circunstancias distintas.
1.3.2.
Respecto al recurso de Ruperto Mendoza Mamani El Auto de Vista impugnado, señaló que el Tribunal de apelación no podía revalorizar la prueba producida en juicio, sino controlar si la valoración realizada en Sentencia respetaba las reglas de la sana crítica previstas por el art. 173 del CPP. Indicó, con referencia al AS
99/2019-RA de 20 de febrero, que la denuncia debía identificar concretamente la prueba cuestionada, la regla de la lógica, la experiencia o la psicología supuestamente vulnerada, la forma en que se produjo la infracción y su incidencia en la decisión.
Al examinar la prueba, señaló que la MP-1 contenía la denuncia y la individualización del acusado; que la MP-2, consistente en el compromiso privado, acreditaba la recepción de us 8.300 para la compra o importación de un vehículo; que la supuesta entrega de otro motorizado no estaba respaldada por documentos, fotografías, constancias de transferencia u otro elemento objetivo; y que la falta de fotografías en la MP-5 no desvirtuaba el resto de la prueba. Respecto a las pruebas MP-7 y MP-8, correspondientes a los informes preliminar y conclusivo, indicó que estaban relacionadas con la existencia del hecho y la participación del acusado.
En cuanto a las declaraciones testificales, el Tribunal de alzada señaló que no se demostraron contradicciones sustanciales que permitieran desconocer la entrega del dinero, el compromiso de adquisición del vehículo y la falta de devolución. También indicó que la declaración de Maribel Kathy Aguilar Apaza no acreditaba la entrega de otro vehículo en sustitución del inicialmente comprometido.
Sobre el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, el Auto de Vista impugnado, señaló que la Sentencia describió los hechos probados, identificó la prueba producida, desarrolló su valoración y relacionó los elementos probatorios con el delito de Estafa. Expresó que el acusado generó confianza en la víctima mediante la promesa de conseguir un vehículo, recibió us 8.300 y posteriormente no entregó el motorizado ni restituyó el dinero, identificando la concurrencia del engaño, el error, la disposición patrimonial, el beneficio indebido y el perjuicio económico.
El Tribunal, descartá que el hecho constituyera únicamente un incumplimiento civil. Citó el , referido a la diferenciación entre una relación civil y una conducta sustentada en maniobras fraudulentas para obtener dinero, y el , relativo a la utilización de un contrato o compromiso civil como instrumento para desarrollar una conducta delictiva. En cambio, señaló que el correspondía a hechos distintos, relacionados con contratos preliminares de transferencia de departamentos.
II DEL RECURSO DE CASACIÓN
II.l.
MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN El imputado, formula recurso de casación conforme las previsiones del art. 418 del CPP, siendo admitido mediante de fs. 379 a 283 vta., en la vía de la flexibilización para el análisis del siguiente motivo:
El recurrente, denuncia existir defectos absolutos en la Sentencia, relacionados a: 1. valoración defectuosa de la prueba, en cuanto a la no aplicación de la sana crítica; y, 2. Falta de fundamentación (analítica e intelectiva) y motivación. Que, el Auto de Vista carece de una fundamentación y motivación para modificar el quantum de la pena.
Sobre la valoración defectuosa, señala que no pidió al Tribunal de apelación la revalorización de la prueba, lo que denunció es que la Juez, realizó una defectuosa valoración de la prueba lesionando las reglas de la sana crítica en su componente lógica y experiencia, por no tomar en cuenta que se devolvió otro vehículo con características similares a la esposa del denunciante, que no existe elementos para determinar la credibilidad y el daño sufrido; por ello, expresa que el Auto de Vista es incongruente y contradictorio, que viola el debido proceso en su componente garantía a la presunción de inocencia, incurriendo en un defecto absoluto.
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