Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 560/2019
Fecha: 06 de junio de 2019.
Expediente: O-2-19-S.
Partes: Wilfredo Terrazas Calderón c/Liborio Alcocer Fernández y otros.
Proceso: Nulidad de contrato.
Distrito: Oruro.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 499 a 511, interpuesto por Liborio Alcocer Fernández, Alfio Acencio Villca Gonzales y Marlit Mónica Alcocer Calle contra el Auto de Vista Nº 287/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 489 a 495 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Wilfredo Terrazas Calderón contra los recurrentes; la concesión cursante a fs. 520, el Auto Supremo de admisión Nº 23/2019 – RA de 28 de enero, saliente de fs. 526 a 527 vta., y todo lo inherente;
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Wilfredo Terrazas Calderón mediante memorial cursante de fs. 31 a 34 vta., subsanada de fs. 107 a 109 vta., y 112, demandó nulidad de contrato, acción dirigida contra Liborio Alcocer Fernández, Marlit Mónica Alcocer Calle, Alfio Acencio Villca Gonzales y la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social Ex FONVIS arguyendo que su padre Juan Terrazas Melean como legítimo propietario del Lote Nº 87, otorgó en contrato de anticrético su bien inmueble a Liborio Alcocer Fernández; renovando el contrato como hijo decidió ofertar la compra venta del Lote Nº 87, empero apareció la Escritura Pública Nº 186/2006 de 30 de mayo, cedido por el Fondo Nacional de Vivienda en Liquidación que transfirió el Lote de terreno Nº 87, manzana H de la Urbanización Chiripujio de la ciudad de Oruro, tratándose del mismo inmueble de propiedad de su padre. Ante dicha situación instauró proceso penal contra Liborio Alcocer Fernández donde se evidenció la falsedad de la transferencia de la Escritura Pública Nº 186/2006 de 30 de mayo y como consecuencia también la segunda transferencia realizada a través de la Escritura Pública Nº 291/2008 de 18 de noviembre a Marlit Mónica Alcocer Calle y Alfio Acencio Villca Gonzales.
Admitida la demanda, los demandados Liborio Alcocer Fernández, Alfio Acencio Villca Gonzales y Marlit Mónica Alcocer Calle plantearon excepciones de incapacidad de la parte demandante, falta de legitimación e interés legítimo, prescripción, cosa juzgada, además interpusieron demanda reconvencional de reposición en la Partida Nº 526 del libro de propiedades de la capital del año 1976 al verdadero propietario del inmueble ubicado en la Avenida Argentina Nº 87 entre Venezuela y Colombia, Manzana H, Urbanización Villa Chiripujio de la ciudad de Oruro, que corresponde al que en vida fue Pascual Gabriel Choque y la nulidad de la Matrícula Computarizada Nº 4.01.1.01.0026862 registrada en Derechos Reales. Por su parte, la Unidad de Ejecutora de Titulación dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda contestó a la demanda principal adhiriéndose a la misma mediante escrito cursante a fs. 260 a 261 vta.
2. El 20 de marzo de2018, se emitió la Sentencia N° 32 cursante de fs. 397 a 403 vta., que declaró PROBADA la pretensión de la nulidad incoada por Wilfredo Terrazas Calderón a través del memorial de fs. 31 a 34 del cuaderno procesal, a cuyo efecto se asumieron las siguientes determinaciones:
- a)Se declaró la nulidad de la Escritura Pública N° 186/2006 de 30 de mayo, correspondiente a la relación contractual suscrita por Liborio Alcocer Fernández;
- b)Por extensión, se declaró la nulidad de la Escritura Pública N° 291/2008 de 18 de noviembre correspondiente a la relación contractual realizada entre Liborio Alcocer Fernández con Marlit Mónica Alcocer Calle y Alfio Acencio Villca Gonzales;
- c)La cancelación de los protocolos de dichas escrituras públicas, a cuyo efecto se dispone la emisión de la provisión ejecutoria para la notificación del tenedor y custodio actual Notario de Fe Pública de Primera Clase N° 4 de la ciudad de Oruro;
- d)Cancelación de los asientos 1 y 2 de la columna A) de titularidad sobre dominio de la Matrícula Computarizada N° 4.01.1.01.0020418. A este efecto se dispone la notificación de registro de Derechos Reales a través de provisión ejecutoria; con costas y costos a la parte demandada.
3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida por los demandados de fs. 409 a 422, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 287/2018 de 18 de octubre de fs. 489 a 495 vta., por el que CONFIRMÓ los autos pronunciados en audiencia preliminar de 1 y 20 de marzo de 2018, visibles de fs. 375 a 396 de obrados, asimismo CONFIRMÓ la Sentencia N° 32/2018 de 20 de marzo cursante de fs. 397 a 403 vta., del proceso. Condenando en costas y costos a favor del demandante.
El Tribunal de Alzada con relación al recurso de apelación interpuesto por los demandados planteado en el Otrosí Nº 1 del memorial de fs. 409 a 422, sobre la denuncia de falsedad material o ideológica, el Juez de A quo en función a la competencia que emana de la ley misma que es de orden público no se halla vinculado al petitorio expuesto por lo que encuentra asidero en la improponibilidad objetiva de dicha pretensión incidental.
En relación a la segunda apelación formulada por los demandados en el memorial cursante de fs. 409 a 422 contra el Auto pronunciado en audiencia preliminar de 20 de marzo de 2018, que rechazó el diligenciamiento de otros medios de prueba no vinculados a la contestación de la demanda, por lo que al rechazar ha obrado con sindéresis jurídica, sin haber vulnerado los principios de fundamentación. No obstante los demandados solicitaron el diligenciamiento en segunda instancia, pero no explicaron la concurrencia de los presupuestos del art. 261 del Código Procesal Civil, por lo que no se puede ingresar a valorar la prueba en segunda instancia al no haber sido incorporada legalmente al proceso.
Con referencia a la apelación de la sentencia, el Tribunal Ad quem señaló que en la audiencia preliminar de 20 de marzo de 2018 cursante de fs. 395 a 396, la parte demandada no tenía en su haber prueba documental, testifical, pericial u otros a producir. Por otro lado, se coincide con el criterio jurídico, sobre la supuesta falsedad de aquel instrumento jurídico, que debe ser tramitado por cuerda separada sea en la vía civil o penal, de acuerdo a los intereses–derechos que la parte demandada como titular de derechos (legitimidad activa) y ejercicio del derecho de acción considere pertinentes.
La sentencia ha sido fundamentada, pues no se halla mérito para acusar de carencia en motivos o razonamientos de hecho o jurídicos, menos de incompleta, por cuanto no expresa en sus apartados incurrir en dicha falencia, por lo que no se ha vulnerado el debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación o congruencia interna.
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