Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 561/2021
Fecha: 30 de junio de 2021
Expediente: O-15-21-S
Partes: Samuel Salomón Copa Tapia c/ Cristóbal Quispe Rodríguez.
Proceso: Cumplimiento de promesa de venta.
Distrito: Oruro.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 1312 a 1315 vta., interpuesto por Samuel Salomón Copa Tapia contra el Auto de Vista N° 100/2021 de 30 de marzo, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro cursante de fs. 1303 a 1308, en el proceso ordinario de cumplimiento de promesa de venta, interpuesto por el recurrente contra Cristóbal Quispe Rodríguez, la contestación de fs. 1336 a 1337 vta., el Auto de concesión de 4 de mayo de 2021 cursante a fs. 1339, Auto Supremo de Admisión N° 423/2021-RA de 14 de mayo cursante de fs. 1346 a 1347 vta., todo lo inherente; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Mediante memorial de demanda cursante de fs. 283 a 287 vta., subsanado de fs. 306 a 309 vta., modificado de fs. 326 a 328, Samuel Salomón Copa Tapia, inició proceso ordinario de cumplimiento de promesa de venta, acción dirigida contra Cristóbal Quispe Rodríguez, quien una vez citado, contestó negativamente a la demanda, interpuso excepción de demanda defectuosa y reconvino por reivindicación más pago de daños y perjuicios, retiro de obras de construcción. Por Auto de 18 de abril de 2019 cursante de fs. 523 a 532 se rechazó la pretensión de cumplimiento de promesa de venta. Tramitada así la causa solamente con la demanda reconvencional de reivindicación, el Juez Público Civil y Comercial N° 10 de Oruro emitió la Sentencia N° 17/2020 de 14 de diciembre de fs. 1232 a 1246, declarando PROBADA la demanda reconvencional de reivindicación de inmueble incoada por Cristóbal Quispe Rodríguez e IMPROBADAS las pretensiones de retiro de obras de construcción más pago de daños y perjuicios. Determinando:
- 1)Que el demandado Samuel Salomón Copa Tapia y los terceros interesados restituyan y devuelvan el inmueble ubicado en la calle América N° 585 entre Circunvalación y calle A con una superficie de 300 m2 registrado en la Matrícula N° 4011010008624 a su propietario Cristóbal Quispe Rodríguez.
- 2)Se reconoce las construcciones realizadas por Samuel Salomón Copa Tapia cuantificadas en $us. 13.818,58, debiendo deducirse $us.1.381,56 por concepto de multas por haberse realizado sin autorización del GAM Oruro. Debiendo Cristóbal Quispe Rodríguez previamente a la restitución del inmueble pagar $us.12.434,02 por concepto de reconocimiento de mejoras y construcciones útiles a favor de Samuel Salomón Copa Tapia.
- 3)Sin lugar al retiro de obras de construcción, por haberse demostrado su utilidad.
- 4)Sin lugar al pago de daños y perjuicios.
2. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Samuel Salomón Copa Tapia por intermedio de su representante Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda por escrito de fs. 1255 a 1260, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 100/2021 de 30 de marzo cursante de fs. 1303 a 1308 CONFIRMANDO la sentencia apelada.
El Tribunal de alzada refirió que cuando el apelante supone que no perdió la posesión porque de por medio existe el documento de 17 de mayo de 2008 consistente a un contrato de anticresis. El Ad quem respaldó el razonamiento del Juez desde dos perspectivas, la primera con relación a que el documento en cuestión por su forma no tiene validez conforme a la exigencia legal del art. 491 del Código Civil, que entre los contratos que deben celebrarse por documento público está el de anticresis, y en el caso de autos ese requisito no se cumplió; la segunda, por previsión del art. 1453 del Código Civil, ya que en el hipotético de que se diera valor al referido contrato y que existió no obstante esa anomalía en la forma de contratar, y dieron cumplimiento al mismo, debe entenderse que no es posible ignorar la previsión legal y suponer que la voluntad de las partes pudiera modificar lo mandado por la norma legal. Quedando establecido que no podía ser pactado por un plazo mayor a 5 años y que al estar evidenciado que se fijó como duración del contrato de anticresis 8 años, este por mandato de la ley quedó reducido a 5 años, y esos 5 años se cumplieron el 17 de mayo de 2013, no siendo posible alegar una renovación tácita en este tipo de contratos. Que, si bien con la devolución del dinero entregado tenía el derecho de retención, la posesión ya no podía estar respaldada por aquel contrato, implicando esto que el ahora apelante, se constituyó a partir de ese momento en un simple detentador del bien inmueble y al no haber hecho la devolución del predio cabe la certeza que el propietario perdió la posesión, y efecto de ello la posibilidad de accionar reivindicación de manera válida.
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