AS/0562/2019

1. Planteada la demanda ordinaria con pretensión múltiple de fs. 1639 a 1656, subsanada a fs. 1664 a 1665, y modificada a fs. 1667 a 1668 en la que los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, demandaron la ineficacia y/o inoponibilidad, acción negatoria, nulidad de documento privado, reivindicación y anulación o modificación de resolución de tercería de derecho excluyente en relación al inmueble objeto de la litis, lote de terreno con una superficie de 1015 m2 sito al frente de la avenida Simón López, entre avenida La Paz y avenida Segunda, Zona Cruce Taquiña, Barrio Sarcobamba, manzana 24-29, Distrito 3, sub distrito 21, lote N° 3 de la ciudad de Cochabamba, que sirvió de garantía hipotecaria sobre un préstamo de dinero de $us. 25.000 que efectuaron los demandantes a favor de las codemandadas Doris Torrico Camacho e Isabel Camacho de Torrico (garante); dirigiendo su acción contra las nombradas y Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, citados que fueron los demandados con la demanda y decreto de admisión, respondieron negativamente de fs. 1702 a 1713 y 1762 a 1763, continuando así la tramitación de la causa hasta el pronunciamiento de la Sentencia Nº 22/2017 de 17 de octubre de fs. 2012 a 2033, en la que la Juez Púbico Civil y Comercial N° 22 de la ciudad de Cochabamba, declaró:

1. a)PROBADA parcialmente la demanda de reivindicación y acción negatoria, e IMPROBADAS las demandas de ineficacia y/o inoponibilidad de sentencia de resolución de contrato, nulidad de documento privado de aclaración de precio y anulación o modificación de resolución de tercería de derecho excluyente.
2. b)En consecuencia, se ordenó que los demandados Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, entreguen la bien inmueble materia de autos, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.02.0020831 a favor de los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal a tercero día de que la sentencia cause ejecutoria, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento. Sin costas por no encontrarse la demanda probada en todas sus partes.

2. El fallo de primera instancia mereció el recurso de apelación deducido por los demandados Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo de fs. 2035 a 2037 vta., y la adhesión a la apelación por parte de los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal de fs. 2040 a 2046 vta., mereciendo el Auto de Vista Nº 113/2018 de 14 de agosto que cursa de fs. 2066 a 2073, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 22/2017 de 17 de octubre, sin costos ni costas por ser ambas partes las que recurrieron de apelación, expresando en lo principal de su fundamento que: I. En relación a la apelación formulada por los demandados:

1. a)Conforme a los antecedentes de la causa, se evidenció que los demandados, mediante documento de 16 de enero de 2016 (debió decir 2003), transfirieron a favor de la codemandada Doris Torrico Camacho la propiedad motivo del proceso, suscribiéndose también entre las mismas partes y en la misma fecha otro documento aclaratorio del precio, mismo que sirvió de base para el proceso de resolución de contrato en el que se dictó sentencia favorable a los vendedores (demandados en el caso de autos), que la compradora, inscribió aquella venta en Derechos Reales bajo Matrícula Computarizada N° 3011020020831-A-1 de 23 de enero de 2004, contrayendo en base a tal registro una obligación pecuniaria con garantía hipotecaria con los actuales demandantes, quienes inscriben en el Asiento N° 2 de la misma matrícula el título traslativo de propiedad obtenida por venta judicial;
2. b)Que si bien existe una sentencia que resuelve el contrato de compra venta, indicado en el inciso anterior así como el documento aclaratorio del precio y que ordenó la cancelación del registro en Derechos Reales de fecha 23 de enero de 2004, sentencia que fue confirmada por un Auto de Vista y refrendada por Auto Supremo, no consta que aquella sentencia fuera inscrita en Derechos Reales, por lo que la anotación preventiva dispuesta en el proceso ordinario de resolución para ser convertida en inscripción, requiere la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada conforme prevé el art. 1553.II del Código Civil, por lo que, mientras no exista esta inscripción, la adjudicación judicial efectuada a favor de los demandantes en la presente causa surte sus efectos legales, sin que por ello pueda declararse la inoponibilidad del fallo de resolución de contrato;
3. c)En relación a la acción de reivindicación debe darse el hecho que el supuesto propietario se encuentra privado o destituido de la propiedad, en autos los demandados se encuentran en poder del inmueble materia de autos, en virtud de un mandamiento de desapoderamiento librado por el Juez que conoció el proceso de resolución de contrato; empero, no puede ser desconocido el derecho de propiedad que ostentan los demandantes adquirido por venta judicial y debidamente inscrito en Derechos Reales el 7 de diciembre de 2006, más aún, si conforme al art. 1485 del Código Civil, no es oponible al adjudicatario la nulidad de los actos ejecutivos (coactivos) que hayan precedido a la adjudicación, extremo que importa que una adjudicación judicial no puede ser dejada sin efecto en tanto no se demande la nulidad de esa venta judicial;
4. d)En cuanto a la acción negatoria, se señaló que el art. 1455 del Código Civil, establece que el propietario puede demandar a quien afirme tener derecho sobre la cosa y pedir se declare suya , empero, en autos, no consta que los demandantes, señores Mardesich, fueren incluidos en la demanda de resolución de contrato de venta, por lo que el derecho adquirido por venta judicial permanece incólume, no obstante de que la sentencia pronunciada en el proceso de resolución del contrato alcanzó la calidad de cosa juzgada formal y material, así también la sentencia pronunciada el proceso coactivo no puede ser alterada, sin embargo ello no implica que la venta judicial pudo haber sido observada si concurriesen las causales de nulidad o recisión, sin que la cancelación el documento de venta efectuada a la codemandada Doris Torrico Camacho pueda afectar la validez de la venta judicial. II. En relación a la apelación de los demandantes vía adhesión: a) Acerca de la declaratoria de ineficacia o inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, a decir de los demandantes apelantes, deben ser considerados los arts. 574.I y II y 559 del Código Civil, que señalan que los alcances de la sentencia pronunciada en procesos de resolución y anulación de contrato, no afectan a adquirientes de buena fe a título oneroso, sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión del art. 523 del Código nombrado, que establece que los contratos solo tienen efecto entre las partes contratantes, y no dañan ni aprovechan a un tercero, y también el art. 543.II del mismo cuerpo normativo, establece que en la simulación relativa el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley, ni intenta perjudicar a terceros, por ello no puede pretenderse se declare como acto ilegal el primer contrato máxime si sobre este existe un contrato aclaratorio; b) La sentencia emitida en proceso judicial que haya causado ejecutoria no puede ser revisada, ni declarada su inoponibilidad o inefectividad con relación a una adjudicación judicial de inmueble, considerando que los adjudicatarios (demandantes) inscribieron en Derechos Reales la venta judicial efectivizada a su favor, mucho antes de la fecha de pronunciamiento de la sentencia que resuelve el contrato de compra venta suscrito entre la familia Sotelo a favor de Doris Torrico Camacho, c) Ni el A quo, ni el Tribunal de Alzada tiene atribuciones para declarar la no vigencia (sic) de una sentencia, empero tomando en cuenta la previsión de los arts. 559 y 574.II del Código Civil se salvan los efectos de la inscripción de la demanda, considerando si se procedió a la anotación preventiva de la misma en el registro público, quedando expedita la vía para el reclamo por parte de la familia Sotelo por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento en el pago total de venta de inmueble por parte de la compradora Doris Torrico, d) El consignar en un contradocumento el precio real del bien inmueble menor al establecido en la minuta de venta, para efectos de pago de las obligaciones tributarias, no constituye causal de nulidad del contrato, más aún si tal venta fue resuelta en el proceso de resolución de contrato; además que los aspectos tributarios pueden ser resueltos vía administrativa tributaria,
5. e)Sobre la resolución de rechazo de la tercería de dominio excluyente deducida por los señores Mardesich, se concluyó que cuando fue rechazada por el A quo, se pidió se declare la ejecutoria de aquella resolución y que, desde ese momento hasta la interposición de la presente demanda transcurrieron 60 días, habiendo vencido el plazo establecido por el art. 366.II del Código de Procedimiento Civil, ley para ordinarizar la resolución de rechazo, sin que el argumento de que se hubiese presentado conciliación previa pueda prorrogar el plazo fatal de 30 días.

1. a)Que el Tribunal de Alzada ignoró las resoluciones judiciales que ampararon su derecho, tales como la sentencia pronunciada en el proceso ordinario de resolución de contrato que reconoció el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis y ordenó la cancelación de la venta efectuada a favor de Doris Torrico, extremos sobre los que no se ha pronunciado el Auto de Vista, que se circunscribe al hecho de una publicidad lograda por la venta judicial y al hecho que no se inscribió o registró en Derechos Reales la sentencia pronunciada en el proceso ordinario de resolución de contrato, haciendo notar que los demandantes no acreditan la pertinencia de su derecho propietario al estar sustentado en un contrato que fue declarado nulo de pleno derecho.

1. b)Que no fue acreditado el presupuesto de la reivindicación establecido por el art. 1453 del Código Civil, que quién demanda haya sido desposeído sin su voluntad, teniendo en cuenta que, existió una orden de desapoderamiento contra los demandantes librada en el proceso de resolución de contrato, no existiendo pronunciamiento por el Tribunal sobre la validez o invalidez de aquella orden en virtud de la cual la familia Sotelo ingresó al inmueble, mismo que, conforme consta en el acta de inspección in situ, no cuenta con agua potable, luz eléctrica y por las condiciones de precariedad no resulta habitable.

1. c)Finalmente, indicaron que el Auto de Vista señaló que mientras no se incluya a la familia Mardesich en un proceso formal de nulidad u otro, según el caso, no puede pretenderse que el registro de la venta judicial deje de tener vigencia. En suma, reitera que no fueron cumplidos los requisitos del art. 1445 del Código Civil, como erróneamente consideraron lo jueces de instancia.