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TSJ

AS/0568/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
30 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl gasolina y gas licuado de petróleo

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0568/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Cochabamba 733/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Luís Romero Pérez y otros Delito: Transporte, art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controlada (Ley 1008) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 2 de julio de 2024, cursante de fs. 2064 a27?, el Ministerio Público impugna el Auto de Vista 276 /2023RAR de 7 de noviembre de fs. 247 a 252, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal que sigue en contra de Luís Romero Pérez, Yosimar Jiménez Inocente, Ramiro Condori Paniagua, Elias Colque León y Elizabeth Huaylla Colque, por la presunta comisión del delito de Transporte, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.

DE LA SENTENCIA Por Sentencia 08/2020 de 30 de septiembre de fs. 162 a 170, el Juzgado de Sentencia Primero de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en aplicación del principio iura novit curia (El Juez conoce el derecho), declaró a Luís Romero Pérez, Yosimar Jiménez Inocente, Ramiro Condori Paniagua, Elías Colque León y Elizabeth Huaylla Colque, autores de la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra llegal de Diesel Oil, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis.

del CP, imponiendo la pena de tres años de presidio, con costas.

La Sentencia, tiene como probados los siguientes hechos:

El 9 de abril de 2020, personal de UMOPAR y FELCN, en cumplimiento del operativo Vías Seguras, instaló un dispositivo

estacionario de control en inmediaciones de Colomi, interceptando dos vehiculos que transportaban grandes cantidades de gasolina en bidones de distintas capacidades, siendo el primero un vehículo tipo Noah color perla conducido por Luis Romero Pérez acompañado de Yosimar Jiménez Inocente, en cuyo interior se encontraron 375 litros de gasolina, y el segundo un vehículo Toyota color plateado conducido por Ramiro Condori Paniagua acompañado de Elías Colque León y Elizabeth Huaylla Colque, donde se encontraron 1200 litros de gasolina, haciendo un total de 1575 litros de combustible.

Asimismo, la autoridad judicial tuvo por acreditado que la sustancia secuestrada fue sometida a análisis pericial por el IDIF, concluyendo el perito en química forense que correspondía a gasolina, considerada sustancia controlada conforme la normativa aplicable, además de establecerse mediante actas de secuestro, requisa, cuantificación y declaraciones testificales que los acusados no contaban con autorización legal para el transporte y comercialización de dicho combustible.

También se tuvo probado, que los propios acusados admitieron haber adquirido la gasolina en el surtidor de Colomi para trasladarla al Trópico de Cochabamba y comercializarla en bolsa negra, concluyendo que la conducta desplegada se adecuaba al delito de Almacenaje, Comercialización y Compra llegal de Diesel Oil, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo previsto en el art. 226 Bis. del CP y no al delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto en el art. 55 de la Ley 1008, estableciendo además que los vehículos fueron acondicionados para el transporte de combustible y que los acusados actuaron de manera coordinada para la comercialización ilegal de gasolina. Por otra parte, la Sentencia tuvo por no probadas las alegaciones defensivas referidas a que los acusados desconocían la prohibición de transportar y comercializar gasolina en grandes cantidades, debido a que la Juzgadora concluyó que, por las circunstancias del hecho, la cantidad transportada, el acondicionamiento de los vehiculos y el destino final del combustible, existía pleno conocimiento sobre la actividad ilícita desarrollada.

Igualmente, no tuvo por acreditada la tesis defensiva relativa a que el hecho no constituía delito por no encontrarse la gasolina comprendida en los anexos de la Ley 1008 o porque únicamente correspondería una infracción administrativa, toda vez que la autoridad judicial recondujo jurídicamente los hechos al tipo penal previsto en el art. 226 Bis. del CP, estableciendo que sí existía relevancia penal en la conducta atribuida a los acusados.

1.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

El Ministerio Público, - la Sentencia por memorial con cargo de recepción de 28 de febrero de 2020 de fs. 228 a 235, a través de recurso de apelación restringida, con base a los siguientes argumentos relacionados al motivo casacional:

Se fundó centralmente en la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva conforme al art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que el Tribunal de Sentencia modificó indebidamente la calificación jurídica del hecho acusado, pues pese a que la acusación fiscal atribuyó a los acusados el delito de Transporte previsto en el art. 55 de la Ley 1008, al haberse demostrado en juicio oral que se encontraban trasladando gasolina sin autorización legal, el Tribunal de mérito subsumió la conducta en el delito de Almacenaje, Comercialización y Compra llegal de Hidrocarburos previsto por el art. 226 Bis. del CP, sin efectuar una fundamentación jurídica suficiente que explique la concurrencia de los verbos rectores de almacenar, comercializar o comprar ilegalmente hidrocarburos. En ese sentido, sostuvo que la conducta acreditada correspondía al traslado o transporte de gasolina, sustancia quimica controlada conforme a la normativa aplicable, por cuanto el tipo penal de Transporte es una norma especial, de carácter formal, que se consuma con el simple traslado ilícito de la sustancia controlada, siendo innecesario acreditar un resultado posterior. Asimismo, denunció que la Sentencia carecia de fundamentación probatoria intelectiva y jurídica, en vulneración de los arts. 124, 173 y 365 del CPP, debido a que se habria limitado a describir prueba documental, testifical y pericial, sin explicar de manera clara qué elementos permitían concluir la existencia de almacenaje, comercialización o compra ilegal de gasolina, ni por qué se descartaba la subsunción en el art. 55 de la Ley 1008. También acusó valoración defectuosa de la prueba conforme al art. 370 inc. 6) del CPP, señalando que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, al afirmar la concurrencia del art. 226 Bis. del CP, sin respaldo probatorio suficiente, cuando de los propios hechos probados emergía únicamente la actividad de transporte. Finalmente, invocó defectos absolutos conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración al debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y fundamentación. 1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 2760/2023-RAR de 7 de noviembre, declara improcedente el recurso de apelación restringida y en su mérito confirma la Sentencia, con base a los siguientes argumentos,

respecto a los agravios vinculados al motivo casacional.

Sostuvo que la Sentencia contenía una adecuada fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, señalando que la Juez de mérito describió de manera circunstanciada los hechos acreditados en juicio, identificando las pruebas documentales y testificales incorporadas, así como su valoración individual y conjunta. En ese entendido, razonó que la fundamentación descriptiva e intelectiva sí fue desarrollada conforme a los arts. 124, 173 y 360 del CPP, debido a que la resolución explicó las razones que llevaron a considerar acreditada la conducta atribuida a los acusados y la adecuación típica asumida en Sentencia. Asimismo, destacó que la valoración efectuada permitió sustentar la modificación de la calificación jurídica inicialmente acusada, aplicando el principio ¡ura novit curia, concluyendo que la Sentencia era expresa, clara, completa y lógica, descartando la existencia de insuficiente fundamentación o contradicción.

Por otra parte, respecto al cuestionamiento sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada sostuvo que el análisis del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, debía efectuarse respetando la intangibilidad de los hechos probados establecidos en Sentencia, sin posibilidad de revalorizar la prueba producida en juicio. Bajo ese razonamiento, concluyo que el cuestionamiento formulado por el Ministerio Público se sustentaba en una apreciación distinta de la prueba judicializada y pretendia modificar la subsunción realizada por la Juez de mérito a partir de una mnueva interpretación de los hechos acreditados. En consecuencia, consideró correcta la adecuación tipica efectuada en Sentencia al delito previsto en el art. 226 Bis. del CP, descartando que exista errónea aplicación de la ley sustantiva o vulneración al debido proceso.

II DEL RECURSO DE CASACIÓN H.1.

MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN

El ministerio Publico, formuló recurso de casación conforme las previsiones del art. 418 del CPP, siendo admitido el primero en la via de la flexibilización y el segundo mediante precedentes, mediante de fs. 287 a 293 vta., para el análisis de los siguientes motivos:

  1. 1)El Ministerio Público bajo el epígrafe de Errónea aplicación de la

ley sustantiva Art. 370 Núm. 1 del CPP (sic), solicita que se

declare errónea la calificación jurídica realizada por el Tribunal de

AA Sentencia y confirmada por el Tribunal de alzada, al subsumir los

hechos probados en el tipo penal de Almacenaje, Comercialización

y Compra llegal de Hidrocarburos previsto por el art. 226 Bis. del CP, en lugar del delito de Transporte tipificado en el art. 55 de la

Ley 1008, argumentando que, durante el juicio oral, se demostró con prueba documental, testifical y pericial, que los acusados se encontraban en plena actividad de traslado de gasolina, una sustancia química controlada conforme la Resolución Ministerial 0223/92, sin la autorización correspondiente. Esta conducta encuadra claramente en el tipo penal específico de Transporte, que es de carácter formal y se consuma con el simple hecho del traslado; sin embargo, sostiene que el Tribunal de Sentencia, sin justificación razonada ni motivación suficiente, modificó la calificación jurídica de los hechos acusados, infringiendo el principio de legalidad penal, especificidad y tipicidad, al aplicar una norma más general previsto en el art. 226 Bis. del CP, omitiendo la aplicación de la norma especial prevista en el art. 55 de la Ley 1008.

  1. 2)Bajo el rótulo de Falta de fundamentación descriptiva e intelectiva art. 370 núm. 5 del CPP (sic), denuncia que la Sentencia carece de una fundamentación adecuada, tanto en su dimensión descriptiva como intelectiva, al momento de valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral. Esta deficiencia fue mantenida por el Auto de Vista impugnado, porque la Sala de apelación no ejerció el debido control de logicidad ni analizó los argumentos centrales planteados en la apelación restringida. Alega que la Sentencia se limitó a enumerar o mencionar las pruebas codificadas (documentales y testificales), sin explicar cuáles fueron relevantes, por qué lo fueron, ni cómo se vinculan con los elementos objetivos del tipo penal aplicado. Tampoco se desarrolló razonamiento alguno respecto a la credibilidad o suficiencia de las pruebas de cargo en contraste con las de descargo, omisión que vulnera los arts. 124 del CPP y 115 de la Constitución Política del estado (CPE), que consagran el derecho a una resolución motivada, como parte del debido proceso.

Sobre el punto, invoca como precedentes contradictorios los Auto Supremo (AASS), 065/2012-RA de 19 de abril, 183 de 6 de febrero de 2007, 017/2014-RRC de 24 de marzo, 297 /2012-RRC de 20 de noviembre, 6 de 26 de enero de 2007 y 192/2016-RRC de 14 de marzo.

II.2.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

Con base en los antecedentes procesales descritos en el acápite

anterior, corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de

Justicia, resolver las problemáticas planteadas por la entidad

recurrente referentes a la alegada errónea subsunción del tipo penal

y falta de fundamentación descriptiva e intelectiva en la valoración de

la prueba efectuada por la Sentencia y confirmada por el Auto de

Vista. f II.2.1.

El debido proceso

La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia

respecto al debido proceso ha señalado a través del de

11 de julio, lo siguiente: El debido proceso, es un principio legal por el

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes

a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir

la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas

frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos

fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles

dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos

subjetwwos; la Constitución Política del Estado (CPE), en sus art. 115 y

117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al

constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene

entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en

ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se

encuentran: aj el derecho a la defensa, b)el derecho al juez natural, c)

la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Luis Romero Perez, Elias Colque Leon, Yosimar Jimenez Inocente y Elizabeth Huaylla Colque
Proceso
Almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl gasolina y gas licuado de petróleo
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia30 de julio de 2026AS/0568/2026-FFuente oficial