Texto del fallo
O A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos paro Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0569/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: La Paz 343/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Beatriz Aspiazu Angles Parte imputada: Víctor Hugo Aspiazu Angles Delito: Engaño a Personas Incapaces, art. 342 del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memoriales de casación presentados el 27 y 28 de junio de 2024, cursante de fs. 1867 y 1876 vta., y 1930 a 1938 vta., Beatriz Aspiazu Angles y el Ministerio Público, impugnan el Auto de Vista 132/2022 de 30 de noviembre de fs. 1804 a 1817 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido contra Victor Hugo Aspiazu Angles, por la presunta comisión del delito de Engaño a Personas Incapaces, previsto y sancionado por el art. 342 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA
Por Sentencia 20/2021 de 12 de abril de fs. 1683 a 1694 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Victor Hugo Aspiazu Angles, absuelto de la comisión del delito de Engaño a Personas Incapaces, previsto y sancionado por el art. 342 del CP, sin costas y dejando sin efecto las medidas cautelares que pesaban en su contra, bajo los siguientes argumentos:
Amanda Beatriz Angles Vda. de Aspiazu, en agosto de 2010, tenía 84 años de edad; que desde el fallecimiento de su esposo quedó viviendo sola en su domicilio, bajo el cuidado de dos enfermeras y una trabajadora del hogar, debido a que sus hijos residían fuera del país, entre ellos Víctor Hugo Aspiazu Angles en México. Asimismo, tuvo por acreditado que la víctima sufrió una caida accidental el 8 de octubre de 2009, siendo internada en la Clinica del Sur, donde se
diagnosticaron signos de involución cerebral, microinfartos periventriculares, hematoma intraventricular, estado confusional y desorientación; sin embargo, el Tribunal precisó que fue dada de alta en condiciones estables para control domiciliario, concluyendo que ese diagnóstico no demostraba por sí mismo una deficiencia psiquica.
Luego del alta médica, la víctima fue internada en el hogar geriátrico Los Manantiales desde el 22 de octubre de 2009 hasta el 20 de junio de 2010, no porque se hubiera acreditado una incapacidad mental, sino por necesidad de atención permanente y compañía. De igual manera, se acreditó que en agosto de 2010, el acusado Víctor Hugo Aspiazu Angles llegó de México a La Paz y que el 17 de agosto de 2010 salió con su madre y la enfermera Mónica Lourdes Apaza Choque hacia entidades financieras.
La Sentencia consideró demostrado que ese 17 de agosto de 2010, en la Mutual La Paz, la víctima firmó la redención anticipada del depósito a plazo fijo N 200030242600036 por us. 30.099,22, monto que fue traspasado a la cuenta personal del acusado N 2062-292609, abierta un día antes. Asimismo, tuvo por probado que ese mismo día ambos acudieron al BNB SAFI, donde la víctima solicitó la inclusión de firma del acusado como cotitular de la cuenta N 184807-1, y que el 19 de agosto de 2010 se emitió un cheque de gerencia a favor de Victor Hugo Aspiazu Angles por us. 20.000. En suma, el Tribunal estableció que el acusado retiró de las cuentas de su madre aproximadamente us.
50.000, concluyendo que sí se demostró una disposición patrimonial en favor del acusado, como primer elemento del delito de Engaño a Personas Incapaces previsto por el art. 342 del CP.
La Sentencia tuvo por no probado que las acusaciones fiscal y particular hubieran demostrado el segundo elemento tipico del art.
342 del CP, consistente en abusar del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona. El Tribunal sostuvo que no se acreditó que Amanda Beatriz Angles Vda. de Aspiazu, al momento de realizar los actos bancarios del 17 de agosto de 2010, se encontrara mentalmente incapacitada o con deficiencia psíquica suficiente para impedirle comprender los efectos jurídicos de sus actos.
Asimismo, se tuvo por no probado que la caida sufrida por la victima hubiera generado la incapacidad mental afirmada por la acusación, debido a que el Tribunal interpretó que la involución cerebral descrita en los certificados médicos era propia de su edad avanzada y no consecuencia directa de la caida. Según la Sentencia, el golpe produjo edema y equimosis, pero esos datos no fueron suficientes para establecer deficiencia psíquica ni incapacidad para celebrar actos jurídicos.
También se tuvo por no probado que los informes médicos,
certificados, cartas y demás elementos de cargo permitieran afirmar, con certeza, que la víctima fue inducida mediante abuso de su estado mental. El Tribunal observó que incluso existían actos patrimoniales posteriores y antecedentes testamentarios que generaban duda sobre la supuesta incapacidad de la víctima para disponer de sus bienes. En consecuencia, concluyó que la parte acusadora no cumplió con la carga probatoria prevista por el art. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no haber demostrado plenamente la incapacidad o deficiencia psíquica exigida por el tipo penal.
I.2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, Beatriz Aspiazu Angles y el Ministerio Público, formularon recursos de apelación restringida de fs. 1744 a 1756 vta. y 1758 a 1762 vta., resueltos por Auto de Vista 132/2022 de 30 de noviembre de fs. 1804 a 1817 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los recursos, confirmando la Sentencia apelada, con base a los siguientes argumentos vinculados a los motivos casacionales:
- 1)Recurso de apelación restringida de Beatriz Aspiazu Angles En la apelación restringida, la acusación particular denunció que la Sentencia incurrió en defectuosa valoración probatoria respecto a las pruebas materiales MPM-2 y MPM-3, consistentes en videos remitidos por la Mutual La Paz y el Banco Nacional de Bolivia-SAFI mediante requerimiento fiscal, porque dichos elementos mostraban los momentos en que ocurrieron los hechos y podían aportar mayores elementos de convicción para determinar si la víctima Amanda Beatriz Angles de Aspiazu fue inducida o no por el acusado Víctor Hugo Aspiazu Angles en las transacciones financieras cuestionadas.
Sostuvo que esos videos no fueron reproducidos ni exhibidos en audiencia, pese a su relevancia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia los valoró de oficio, concluyendo que la víctima ingresó a las entidades financieras en condiciones normales, que no se advertía que estuviera obligada por el acusado y que se desplazaba normalmente con ayuda de su enfermera de cabecera. Para la parte apelante, esa conclusión constituyó una apreciación subjetiva, porque el Tribunal habría extraido inferencias de un elemento que no fue incorporado materialmente al debate mediante reproducción pública, afectando el control de las partes sobre la prueba.
Asimismo, la apelación alegó vulneración al debido proceso, al justo proceso y a la igualdad procesal, debido a que el Tribunal y la 2
defensa habrían tenido acceso o habrían fundado argumentos enel contenido de los videos, mientras que la acusación particular no pudo ejercer contradicción efectiva sobre su reproducción y valoración. En ese marco, vinculó el agravio con el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, al considerar que la Sentencia asignó valor probatorio a los videos de forma arbitraria, insuficiente y contraria a las reglas de la sana crítica.
- 2)Recurso de apelación restringida del Ministerio Público El Ministerio Público, denunció como agravio central el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que la resolución se basó en hechos inexistentes o no acreditados y en una valoración defectuosa de la prueba.
Sostuvo que la Sentencia afirmó indebidamente que los videos remitidos por la Mutual La Paz y el Banco Nacional de Bolivia fueron producidos y observados en juicio, cuando en realidad nunca fueron reproducidos, pese a que su producción fue solicitada; no obstante, el Tribunal de Sentencia utilizó ese supuesto contenido para concluir que la víctima habría ingresado a las entidades financieras con desplazamiento normal y sin advertirse coacción del acusado, generando un hecho inexistente incorporado en la fundamentación absolutoria.
Asimismo, reclamó que no se valoraron de manera integral las pruebas documentales AP-6 y MP-7, vinculadas al estado de salud de la víctima, que acreditarían signos de involución cerebral, desorientación, confusión mental, avanzada edad, imposibilidad de desplazamiento y deterioro físico, elementos que, según la acusación, demostraban su estado de vulnerabilidad e incapacidad al momento de las transacciones bancarias.
En ese sentido, el Ministerio Público alegó que la Sentencia omitió aplicar las reglas de la sana crítica, la valoración integral de la prueba y el principio de verdad material, vulnerando el debido proceso, la igualdad procesal y la exigencia de fundamentación prevista por los art. 12 y 124 del CPP, además del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). Finalmente, invocó como respaldo los Autos Supremos (AASS) 200/2012-RRC de 24 de agosto y 14/2013-RRC de 6 de febrero, vinculados al control de la valoración probatoria, la imposibilidad de revalorizar prueba en alzada y la obligación de motivar racionalmente la decisión judicial.
1.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 132/2022 de 30 de noviembre de fs. 1804 a 1817 vta., declaró improcedentes los recursos de Beatriz Aspiazu Angles y el Ministerio Público, confirmando la Sentencia apelada, con base a los siguientes argumentos, vinculados a los motivos casacionales.
El Auto de Vista impugnado, identificó que ambos reclamos tenían como eje común la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, prevista en el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a que las pruebas MPM- 1, MPM-2 y MPM-3, consistentes en videos remitidos por la Mutual La Paz y Banco Nacional de Bolivia, no habrian sido reproducidas en audiencia de juicia; sin embargo, la Sentencia habría utilizado su contenido para concluir que la víctima Amanda Beatriz Angles de Aspiazu ingresó a las entidades financieras en condiciones normales, con ayuda de su enfermera, sin advertirse que estuviera obligada, amenazada o presionada por el acusado Victor Hugo Aspiazu Angles.
Sobre esa base, la acusación particular sostuvo que existió vulneración al debido proceso, igualdad de condiciones, arts. 167 y 169 del CPP, ademas del art. 370 inc. 6) del CPP, por haberse asignado valor a videos cuya reproducción fue solicitada en audiencia.
Respecto al motivo del Ministerio Público, el Auto de Vista señaló que su único agravio también se fundó en el art. 370 inc. 6) del CPP, bajo el argumento de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, porque los videos bancarios MPM-1, MPM-2 y MPM-3 no fueron producidos en juicio oral, pero aparecieron valorados en la Sentencia. Además, el Ministerio Público reclamó que no se consideraron debidamente las pruebas AP6 y MP-7, vinculadas al estado de salud de la víctima, sosteniendo que, con aplicación de la sana critica y objetividad, esas pruebas debieron conducir a establecer la participación del acusado en el ilícito; por ello, alegó vulneración al principio de igualdad jurídica, debido proceso, art. 12 del CPP y art.
115 de la CPE, invocando además los y como sustento sobre valoración probatoria objetiva.
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