Texto del fallo
A (A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0572/2026-F ANALISIS DE FONDO Proceso: Oruro 180/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y AAA!
Parte imputada: Ricardo Sáenz Fernández Delito: Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis. del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 17 de septiembre de 2024, cursante de fs. 149 a 155, el Ministerio Público, impugna el Auto de Vista 62/2024 de 6 de septiembre de fs. 143 a 146 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal que sigue en contra de Ricardo Sáenz Fernández, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 Bis. del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Lil.
DE LA SENTENCIA Por Sentencia 28/2024 de 10 de mayo de fs. 57 a 86, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Ricardo Sáenz Fernández, autor del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por art. 271 Bis. inc. 1) J (sic) del CP, imponiendo la reclusión de tres años y seis meses, más la reparación del daño civil y costas a favor del Estado y la víctima, con base a los siguientes hechos probados:
1 ARTÍCULO 89. (RESERVA). El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.
Se tiene que se dieron por probados los hechos vinculados a la existencia de violencia psicológica ejercida por Ricardo Sáenz Fernández contra AAA, en el marco de una relación familiar o de pareja anterior, conducta subsumida en el art. 272 Bis. inc. 1) del CP, con relación al art. 7 inc. 3) de la Ley 348. La Juez tuvo por acreditado que el acusado, en estado de ebriedad, se presentó en el domicilio de la víctima, portando un hacha, generando temor, amedrentamiento y afectación emocional; asimismo, que intentó ingresar de forma agresiva al inmueble, produjo daños en bienes del domicilio y generó un contexto de intimidación contra la víctima, extremo corroborado por la denuncia, informe psicológico, entrevista de la víctima, acta de registro del lugar del hecho, reproducción del CD, declaraciones testificales e informes policiales. También se consideró probado que la víctima presentó afectación psicológica, reflejada en ansiedad moderada, angustia, miedo, sensación de inseguridad y malestar emocional, derivado de actos de descalificación, amenazas, intimidación y agresiones psicológicas atribuidas al acusado.
Asimismo, la Sentencia tuvo por demostrado que el hecho del 3 de julio de 2019 fue real y no una mera invención de la victima, debido a que funcionarios policiales acudieron al lugar, el acusado fue encontrado en estado de ebriedad, fue conducido a dependencias de la FELCV y el CD reproducido en juicio permitió observar su ingreso o presencia agresiva con un hacha, además de su actitud intimidatoria frente a la víctima. También se valoró el relato del hijo menor, quien refirió gritos, malos tratos, destrozos de muebles y afectación emocional dentro del entorno familiar, reforzando la existencia de un contexto de violencia psicológica.
En cuanto a los hechos no probados, la Sentencia no tuvo por acreditada la teoría defensiva orientada a sostener que la denuncia respondía únicamente a intereses patrimoniales o conflictos derivados del divorcio y bienes familiares; tampoco se probó que las publicaciones, amenazas o actos de intimidación atribuidos al acusado fueran inexistentes o ajenos a él. Del mismo modo, no se otorgó fuerza suficiente a la prueba de descargo que pretendía desvirtuar los elementos constitutivos del tipo penal, pues varias documentales fueron consideradas poco relevantes o no fueron valoradas por no haber sido ofrecidas correctamente, y otras incluso terminaron corroborando la existencia del hecho denunciado, especialmente la presencia policial, el estado de ebriedad del acusado, el uso del hacha y el temor generado en la victima.
1.2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, Ricardo Sáenz Fernández de fs. 106 al
A A l 16, formuló recurso de apelación restringida, denunciando que:
La Sentencia incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, defectos de fundamentación y valoración defectuosa de la prueba, conforme a los arts. 370 incs. 1), 5) y 6), 124, 173 y 169 inc.
- 3)del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En lo esencial, denuncia que no se probó la afectación psicológica exigida para la configuración del delito, debido a que la Sentencia habría sustentado ese extremo únicamente en el informe psicológico MP-D2, pese a que dicho documento, según el recurrente, solo refiere ansiedad reactiva por publicaciones en redes sociales y angustia por la pérdida del padre de la víctima, sin acreditar daño psicológico derivado directamente de su conducta. Añade que tampoco se probaron las publicaciones en redes sociales ni la sistematicidad de actos de desvalorización, intimidación o control exigida por el art. 7 inc. 3) de la Ley 348.
Asimismo, alega falta de fundamentación de la Sentencia, afirmando que el Juez se habría limitado a transcribir la acusación y la declaración de la víctima, sin explicar de manera clara cómo su conducta se adecuó al tipo penal acusado ni otorgar valor razonado a cada medio probatorio. Cuestiona especialmente la valoración de la prueba MP-D2 y MP-D4, señalando que fueron sobrevaloradas, mientras que sus pruebas de descargo, entre ellas el requerimiento conclusivo de rechazo PDD-6, habrían sido desestimadas con argumentos genéricos.
También reclama que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados; porque, a su criterio, no se demostró en juicio la afectación psicológica, la existencia de publicaciones ofensivas en redes sociales, ni una conducta continua de violencia psicológica. De igual forma, denuncia vulneración a la sana crítica, al principio de objetividad y a la presunción de inocencia, por haberse dado valor pleno a declaraciones que considera contradictorias y a un informe que no constituiría pericia suficiente.
Finalmente, cuestiona la imposición de la pena de tres años y seis meses, alegando que el Juez aplicó erróneamente los arts. 37 y 38 del CP, sin considerar que no tendría antecedentes penales ni de violencia de género, que no se habría probado daño emocional o psicológico y que la sanción resultaría desproporcionada.
1.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista 62/2024 de 6 de septiembre de fs. 143 a 146
a., declaró procedente el recurso de apelación restringida, anuló totalmente la Sentencia y dispuso el reenvío para la reposición del juicio oral ante otro Juzgado de Sentencia Penal, conforme al art. 413 del CPP, bajo los siguientes argumentos:
El recurrente, denunció principalmente que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, al sostener que no se probó de manera idónea la afectación psicológica de la víctima, que se otorgó valor excesivo al informe psicológico MPD2, que no se acreditaron las publicaciones en redes sociales mencionadas en dicho informe, que existió una defectuosa valoración probatoria y que la pena impuesta no fue proporcional, al no considerarse adecuadamente los arts. 37 y 38 del CP. También alegó que la resolución carecía de fundamentación lógica y que no se valoró suficientemente la prueba de descargo.
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