AS/0574/2009

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 574 Sucre, 25 de noviembre de 2009

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público a querella de Elvira Terrazas Arcec/ Jorge Armando Méndez Quispe y Aleja Chávez Boyan de Mariaca

Estafa, Estelionato y Falsedad Material (Anula Obrados)

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Sucre, 25 de noviembre de 2009

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jorge Armando Méndez Quispe a fs. 1491 a 1492 y Aleja Chávez Boyan a fs. 1495 a 1498, de obrados, contra el Auto de Vista de 27 de mayo de 2005, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Elvira Terrazas Arce contra Jorge Armando Méndez Quispe y Aleja Chávez Boyan de Mariaca, por los delitos de estafa, estelionato y falsedad material, previstos y sancionados por los arts. 335, 337 y 198 del Código Penal, los antecedentes de la materia, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso de referencia, el Juzgado Segundo de Partido en lo Penal, pronunció la sentencia de fs. 1430 a 1440, declarando a Aleja Chávez Boyan de Mariaca autora y culpable de los delitos de estafa y estelionato previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 y cómplice por el delito de falsedad material previsto y sancionado por el art. 198 con relación al 23 todos del Código Penal, condenándola a cumplir la pena de tres años de reclusión, a cumplir en el centro de orientación femenina de "Obrajes" de la ciudad de La Paz. A Jorge Armando Méndez Quispe, autor de los delitos de falsedad material, estafa y estelionato previsto y sancionados por los arts. 198, 335 y 337 del Código Penal condenándolo a la pena de seis años de reclusión a cumplir en la cárcel pública de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, condenándose a ambos procesados al pago de daños civiles y costas al Estado, averiguables en ejecución de sentencia, de conformidad al art. 349 y 351 del Código de Procedimiento Penal.

Deducida la apelación por el procesado, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó parcialmente la sentencia, con la modificación de que la condena para los procesados Jorge Armando Méndez Quispe y Aleja Chávez Boyan de Mariaca, será de nueve años de reclusión a cumplir en la cárcel pública de "San Pedro" y centro de orientación femenina de "Obrajes" de la ciudad de La Paz, respectivamente, con costas a favor del Estado, costas y daños a la parte civil a calificarse en ejecución de sentencia. Todo de conformidad a lo dispuesto por los arts. 20, 37, 45, 198, 335, 337 del Código Penal y arts. 290 y 243 del Código de Procedimiento Penal y art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión del contenido de los recursos de casación interpuesto por Jorge Armando Méndez Quispe a fs. 1491 a 1492 y Aleja Chávez Boyan a fs. 1495 a 1498, se asume los términos que se expone a continuación:

I.- El procesado Jorge Armando Méndez Quispe en amparo de los arts. 296.2) y 298. 4) del Código de Procedimiento Penal acusa la infracción de la ley sustantiva penal, toda vez que no existe una sola prueba que acredite que su persona haya participado en los delitos de estafa y estelionato, por el contrario jamás ha negado que habría participado en estampar su firma en un papel en blanco para la obtención de un préstamo. Por otro lado, con relación a la venta del inmueble refiere que no tenía conocimiento del mismo, porque no intervino ni estuvo presente en los acuerdos previos ni en la concretización de la venta de la propiedad de los esposos Mariaca, más aun si su persona jamás vendió, gravó ni arrendó como propio bien ajeno alguno. Por último, denuncia que si bien ha asumido y admitido la comisión del delito de falsedad material, no ha cometido los delitos de estafa y estelionato, habiendo por lo tanto el tribunal a quo y ad quem incurrido en infracción del art. 37 del Código Penal, al no haber tomado en cuentas sus antecedentes, que han acreditado una vida digna y honrosa.

Con estos fundamentos, recurre de casación contra el auto de vista solicitando se case el mismo y deliberando en el fondo se dicte nuevo fallo acorde al hecho del cual fue partícipe.

II.- La encausada Aleja Chávez Boyan, denuncia la nulidad por vulneración del art. 297.8) del Código de Procedimiento Penal, al haber actuado el juez del plenario sin jurisdicción ni competencia, toda vez que al haber interpuesto e iniciado con anterioridad al presente juicio, un proceso penal contra Jorge Armando Méndez Quispe y Miriam Brida vda. de Montes, por la falsificación de la cedula de identidad de su esposo, cuyo proceso era de conocimiento de la querellante pues de este sumario precisamente extrajo los elementos probatorios parcializados para determinar la culpabilidad de ambos procesados y la cual ha omitido pedir la acumulación de ambos procesos de conformidad al art. 36 del Código de Procedimiento Penal, cuando no pueden existir dos procesos penales conexos por los mismos delitos, debiendo en todo caso haber conocido ambos procesos el juez sexto de partido y no el juez segundo de partido, que al haber dictado la presente sentencia lo hizo sin tener competencia, debiendo en todo caso el tribunal de casación disponer la nulidad de obrados hasta el auto inicial de la instrucción de conformidad al art. 297.8) del Código de Procedimiento Penal, no habiéndose pronunciado sobre estos aspectos se ha obviado lo establecido por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

Por otro lado, acusa la inexistencia de fundamento en el incidente de extinción de la acción penal, al haberse mencionado dicho incidente únicamente en dos párrafos del auto de vista a fs. 1487 última parte y 1488 última parte, cuando de su parte fundamentó debidamente el incidente de extinción de la acción penal impetrado señalando las fojas, en que constan las dilaciones atribuibles al órgano jurisdiccional, Ministerio Público y parte querellante en todo el desarrollo del proceso, por lo que pide se anule obrados hasta que el auto de vista recurrido resuelva de forma separada y fundamentada el incidente planteado, de conformidad al art. 124 del Nuevo Código de Procedimiento Penal.

Finalmente, acusa la interpretación errónea e infracción de la ley sustantiva de los arts. 198, 335 y 337 del Código Penal, que constituyen causales de casación de conformidad al art. 298.3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, al haber revalorizado el tribunal ad quem la prueba como si se tratara de la fase del plenario, sin tomar en cuenta que los documentos base del presente proceso han sido fraccionados en la máquina de escribir del Sr. Minor Bustillos, que resulta ser empleado de la querellante, quién en el desarrollo del proceso no compareció ante el juez de partido porque su declaración no le convenía a la demandante. De igual manera denuncia que el auto de vista no ha compulsado de manera equitativa las pruebas de cargo y descargo simplemente se ha avocado a justificar la agravación de la pena, deviniendo en consecuencia en la errónea interpretación e infracción de la ley sustantiva de las normas penales precedentemente citadas y con la violación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, toda vez que esta norma no le facultaba para valorar nuevamente la prueba lo que también implicaría una infracción a la aplicación de la ley.