Texto del fallo
NA A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0583/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Oruro 133/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y Comunidad de Sora Parte acusada : Hilaria Vacaflor Taraña y Favian Alex Flores Lucas Delito : Avasallamiento, art. 351 del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 26 de junio de 2024, cursante de fs. 291 a 303, José Quispe Condori, Hugo Quispe Condo y Aurelio Quispe Choque, como Autoridades de la Comunidad Originaria de Sora impugnan el Auto de Vista 42/2024 de 13 de junio de fs. 263 a 270, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal que siguen junto al Ministerio Público en contra de Hilaria Vacaflor Taraña y Fabian Alex Flores Lucas, por la presunta comisión del delito de Avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 Bis. del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 29/2023 de 3 de octubre de fs. 160 a 194 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Hilaria Vacaflor Taraña y Fabian Alex Flores Lucas, absueltos de la comisión del delito de Avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 Bis. del CP sin costas; bajo los siguientes razonamientos:
La Sentencia concluyó que no se acreditó el delito de Avasallamiento ni la participación de Hilaria Vacaflor Taraña y Fabián Alex Flores Lucas, al establecer que los hechos no respondían a un ingreso reciente, violento y arbitrario a predios ajenos, sino a un conflicto previo y prolongado de posesión de tierras. Señaló que
la acusación situó el hecho de avasallamiento el 7 de marzo de 2015; sin embargo, de los antecedentes y declaraciones producidas en juicio estableció que los asentamientos en el sector eran muy anteriores, remontándose al menos a la gestión 2008, cuando varias personas, entre ellas, los ahora acusados, ya habían adquirido lotes y ocupado el lugar. Asimismo, observó que varios testigos refirieron conflictos producidos en fechas distintas, especialmente en julio de 2015, lo que restaba precisión a la hipótesis acusatoria. Además, la Sentencia determinó que el Conflicto se desarrolló en el sector conocido inicialmente como Urbanización Entre Ríos y posteriormente como Urbanización 29 de Junio Sora, advirtiendo que se trataba de un espacio con viviendas ya construidas y habitadas, cuya situación jurídica y posesoria era controvertida, al existir disputa entre la Comunidad de Sora, particulares asentados y referencias incluso a posibles tierras fiscales. El Tribunal estableció que no se demostró un ingreso inicial y violento de los acusados para despojar a un propietario o poseedor legítimo, sino que, por el contrario, al momento del conflicto los acusados y otros ocupantes ya se encontraban puentdo en el lugar. Lo que se evidenció fue un enfrentamiento entre dos sectores que reclamaban derechos sobre los predios, donde miembros de la Comunidad de Sora intentaron ingresar o tomar posesión y encontraron resistencia de quienes ya habitaban en el sector. En ese contexto, la Sentencia concluyó que los hechos revelaban un conflicto de posesión y titularidad, susceptible de ser us en otra vía, pero no la configuración del delito penal de Avasallamiento.
l.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia absolutoria, los acusadores Jose Quispe Condori y pues Quispe Condo, formularon recurso de apelación restringida de fs. 206 a 219, legando:
El recurso denunció los defectos de sentencia previstos en el art. 370 inc. 1), 5) y 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), sosteniendo, en lo principal, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, vinculada a una fundamentación contradictoria y a contradicción entre la parte considerativa y dispositiva del fallo. Alegó que la Sentencia incurrió en error al interpretar y aplicar el tipo penal de Avasallamiento previsto en el art. 351 Bis del CP, pues partió de un entendimiento equivocado al asumir que no podía existir avasallamiento porque los acusados ya se encontrarían ocupando los terrenos -. desde antes de la gestión 2015, al haberlos adquirido supuestamente de una tercera persona, Deysi Lucha Ayma Andrade, desde la gestión 2008, esa conclusión sería jurídicamente errónea, porque el tipo penal no exige que la ocupación sea necesariamente reciente o violenta, sino que también comprende incursiones pacíficas o continuas, siempre que quien invade u ocupa no acredite derecho de propiedad, posesión legal, derecho o i _
EZAZA autorización sobre el bien; además, se confundió los elementos del tipo penal, al centrar su razonamiento en la supuesta antiguedad de la ocupación y en el hecho de que la Comunidad de Sora hubiera registrado determinadas actuaciones en Derechos Reales (DDRR) recién en las gestiones 2013 y 2014, sin analizar si los acusados contaban o no con título legítimo, posesión legítima o autorización para ocupar los terrenos. En esa línea, denunció que el fallo tampoco examinó adecuadamente que la Comunidad de Sora contaba con antecedentes de derecho propietario mucho más antiguos, derivados de la Resolución Suprema 163857 de 22 de septiembre de 1972, ni consideró que el registro en DDRR tiene efectos publicitarios y no constitutivos, por lo que el derecho de la Comunidad no podía ser desconocido por el solo hecho de haberse consolidado registralmente en fecha posterior a la ocupación de los acusados. Asimismo, cuestionó que la Sentencia hubiera dado relevancia exculpatoria a la supuesta compra de lotes efectuada por los acusados a Deysi Lucha Ayma Andrade, sosteniendo que tal razonamiento carecía de respaldo jurídico, puesto que dicha persona no demostró tener facultad de disposición sobre los predios de la Comunidad de Sora, ni existiría mandato, autorización o representación válida que permitiera considerar legítima la transferencia.
Añadió que, si la propia Sentencia reconoció que dicha tercera persona fue condenada por Estelionato precisamente por vender esos lotes sin ser propietaria, resultaba contradictorio que al mismo tiempo se utilice ese antecedente para justificar una supuesta ocupación de buena fe de los acusados. Del mismo modo, objetó que se hubiera introducido como elemento exculpatorio el supuesto de que los terrenos correspondían a tierras fiscales o revertidas al Estado, sin efectuar una explicación clara y coherente sobre ese extremo, confundiendo expedientes agrarios, comunidades y certificaciones administrativas. A criterio del apelante, aun en el supuesto de que los predios fueran fiscales, ello no excluía el delito, porque el propio art. 351 bis del CP comprende la ocupación o invasión de tierras fiscales como una de las modalidades del Avasallamiento.
- b)Denunció la errónea aplicación de la ley adjetiva respecto a los motivos de absolución, sosteniendo que la Sentencia incurrió en una fundamentación contradictoria e incoherente al momento de justificar por qué absolvía a Hilaria Vacaflor Taraña y Fabián Alex Flores Lucas; aunque en la parte considerativa del fallo el Tribunal sostuvo, por un lado, que no se demostró la participación de los acusados en el delito de Avasallamiento y que no concurrían los elementos constitutivos del tipo penal, en la parte dispositiva terminó absolviendo con base en el art. 363 num. 2) del CPP, es decir, bajo el entendido de que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción plena sobre la
responsabilidad penal, esa decisoria resultaría contradictoria, porque mezclaba distintos supuestos absolutorios que no significan lo mismo: una cosa es afirmar que el hecho o el delito no existió o que no concurren los elementos del tipo;
otra distinta, sostener que el hecho existió pero no se probó la participación de los acusados; y otra, finalmente, absolver por insuficiencia probatoria. Sobre esa base, la Sentencia confundió indebidamente las causales de absolución, generando incertidumbre sobre la verdadera razón jurídica del fallo, pues no precisó si la absolución obedecía a la inexistencia del delito, a la falta de participación de los acusados o, simplemente, a una insuficiencia de prueba.
Contradicciones que vulneran el debido proceso y la tutela judicial efectiva, porque impedía conocer con claridad cuál era el fundamento real de la decisión y terminaba generando inseguridad jurídica para la parte acusadora y la Comunidad de Sora, en tanto no se definía si los hechos acusados no constituían delito, si existiendo delito no se probó la participación o si simplemente la prueba fue insuficiente.
- c)Denunció el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a valoración defectuosa de la prueba; que el Tribunal de mérito incurrió en una apreciación ilógica, sesgada e insuficiente del acervo probatorio al momento de analizar la existencia del hecho y la participación de los acusados. Cuestionó, en primer lugar, la valoración efectuada respecto a los antecedentes del derecho propietario de la Comunidad de Sora, señalando que la Sentencia manejó de manera confusa y contradictoria los datos relativos al registro en DDRR, al no explicar adecuadamente la relación entre las distintas matrículas mencionadas
ni el valor jurídico de los títulos anteriores provenientes del proceso agrario y de la Resolución Suprema 163857 de 22 de septiembre de 1972, con registro desde 1983. A su criterio, el fallo redujo indebidamente el análisis al momento de inscripción registral de las gestiones 2013 y 2014, sin valorar integralmente que el derecho de la Comunidad era mucho más antiguo y el elemento central del avasallamiento no era la fecha del registro, sino la ocupación de predios ajenos por personas que carecían de título legítimo. En segundo término, objetó la valoración otorgada a la supuesta transferencia de lotes por parte de Deysi Lucha Ayma Andrade a favor de Hilaria Vacaflor Taraña y otros ocupantes, alegando que la Sentencia le reconoció una eficacia jurídica y exculpatoria que no correspondía, sin analizar que se trataba de actos de terceros ajenos a la Comunidad de Sora, que no podían justificar la ocupación de terrenos comunitarios. Sostuvo que el fallo no explicó de qué manera un documento privado suscrito por personas que no representaban a la Comunidad podía servir para excluir el delito de Avasallamiento, menos aún cuando la propia Sentencia reconocía que la mencionada Deysi Lucha Ayma Andrade había sido
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condenada por Estelionato por la venta de esos mismos lotes.
Asimismo, reclamó que el Tribunal de mérito no valoró lógicamente las declaraciones testificales que daban cuenta de los hechos ocurridos en la gestión 2015, cuando autoridades y comunarios de Sora ingresaron o intentaron ingresar al predio y fueron repelidos por los ocupantes, entre ellos los acusados, con actos de resistencia, amenazas y violencia. En esa línea, sostuvo que la Sentencia se limitó a describir esas declaraciones, pero no explicó su verdadero alcance dentro de un delito que tenía carácter continuado, ni cómo podía descartarse el avasallamiento si precisamente en esa gestión se produjeron actos de oposición al ejercicio de los derechos de la Comunidad.
También denunció que el fallo manejó de manera indistinta y sin debida explicación conceptos como ocupación, posesión, Urbanización Entre Ríos y Urbanización 29 de Junio Sora, así como referencias a la Comunidad Quitaya, sin precisar si se trataba del mismo predio, de distintos sectores o de diferentes comunidades, ni cómo esos antecedentes incidían realmente en la responsabilidad penal de los acusados. En particular, la Sentencia incurrió en una valoración defectuosa al asumir como relevantes informes y certificaciones que aludían a tierras revertidas al Estado o a expedientes agrarios ajenos, como el expediente 2053 de Chiripujio Alamasi, sin contrastarlos correctamente con la documentación correspondiente a la Comunidad de Sora, especialmente con la certificación del INRA que aclaraba que el expediente de consolidación de Sora era distinto y que en él no constaba reversión alguna.
Sobre esa base, la absolución se apoyó en elementos extraños al objeto del proceso, en valoraciones automáticas y en inferencias carentes de logicidad, al justificar la ocupación de los acusados ya sea por una supuesta adquisición previa, por la tesis de tierras fiscales o referencias a otra comunidad distinta.
Invocó como sustento jurisprudencial los Autos Supremos (AASS) 810/2020RRC y 189/2022-RRC, para señalar que el Tribunal de mérito estaba obligado a desarrollar una labor intelectiva integral y lógica sobre cada medio de prueba, sin asignar valor automático ni fundar su decisión en apreciaciones retóricas o arbitrarias.
ll.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
Por Auto de Vista 042/2024 de 13 de junio de fs. 263 a 270, la Sala Penal Segunda
del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso
planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con los siguientes
argumentos:
Sostuvo como razón central de su decisión, que del examen de legalidad, especificidad y logicidad de la causa, particularmente de la acusación base del juicio oral, no se acreditó de manera suficiente la tesis fáctica planteada por la parte acusadora. En ese entendido, la acusación situó el hecho el 7 de marzo de 2015, atribuyendo a Hilaria Vacaflor Taraña de Choque, Fabián Alex Flores Lucas y otras personas, el ingreso masivo, violento e intimidatorio a predios de la Urbanización 29 de Junio; sin embargo, esa versión no fue demostrada con prueba objetiva e idónea que permitiera reconstruir la verdad histórica de los hechos en los términos acusados; siendo que no se probó suficientemente quiénes intervinieron, cómo ocurrieron los hechos, cuándo sucedieron exactamente ni dónde se produjeron, incluso no se habría precisado con claridad ni la hora tampoco el día del suceso. A partir de ello, el Tribunal de Alzada concluyó que no existía base suficiente para sostener una condena penal conforme a la relación circunstanciada de los hechos contenida en la acusación, y tampoco el recurso de apelación restringida cuestionaba de manera eficaz esos aspectos sustanciales del proceso. El Auto de Vista entendió que al no haberse acreditado suficientemente la acción de invadir u ocupar de hecho, esto es, el verbo rector del delito de avasallamiento previsto en el art. 351 Bis del CP, no resultaba posible revertir la absolución dispuesta en Sentencia, pues no existía prueba bastante que respalde el contexto fáctico descrito en la acusación.
En el punto tercero, refirió que la controversia entre las partes giraba principalmente en torno al derecho propietario sobre los terrenos en conflicto, aspecto que no se encontraba suficientemente esclarecido en sede penal, pues tanto la Comunidad de Sora como los acusados alegaban tener algún sustento para ocupar o reclamar los predios. En ese marco, los acusados habrían adquirido lotes de terreno de Deysi Lucha Ayma Andrade, a quien el propio Auto de Vista vincula con la representación de la Comunidad de Sora, de manera que esa circunstancia ponía en duda la concurrencia del dolo requerido para el delito de Avasallamiento, aun cuando dicha persona posteriormente hubiera sido condenada por Estelionato. En esa lógica, el acto de compra efectuado por los acusados impedía afirmar, sin más, que hubieran actuado con voluntad criminal. Asimismo, durante el juicio oral se estableció la existencia de construcciones y viviendas precarias en el lugar, así como la ocupación de lotes por distintas personas, pero en un contexto donde la situación jurídica de los terrenos y el derecho propietario de las partes permanecía en litigio. Concluyendo que esa problemática debía ser dilucidada en la vía llamada por ley, que la absolución penal no definía ni prejuzgaba el derecho propietario de las partes.
Del mismo modo, el Auto de Vista reiteró que los hechos atribuidos específicamente a los acusados para el 7 de marzo de 2015, no fueron probados
A A en juicio, pues ningún testigo los incriminó directamente en la forma descrita por la acusación. En esa línea, la absolución era correcta porque la conducta concreta atribuida a los acusados no fue acreditada de manera suficiente. También razonó que sí existían elementos que vinculaban a Deysi Lucha Ayma Andrade con la Comunidad de Sora y con la venta de terrenos a los hoy acusados, por lo que no era correcto afirmar, como sostenía la parte apelante, que la Comunidad no tenía relación alguna con esas transferencias. Añadió que mientras los documentos privados de transferencia no fueran declarados nulos, producían efectos legales, reforzando así la idea de que el conflicto subyacente era esencialmente de propiedad y validez de actos de disposición, más que de responsabilidad penal por Avasallamiento. Finalmente, el Tribunal de Alzada señaló que durante el juicio oral surgieron aspectos relativos a asentamientos previos, construcciones existentes y hasta la posible existencia de tierras revertidas al Estado, extremos que no formaban parte precisa de la acusación original. En ese entendido, el Tribunal de mérito no podía condenar por hechos no descritos en la acusación ni por asentamientos anteriores al 7 de marzo de 2015 no individualizados respecto de los acusados. Además, ni siquiera la parte apelante precisó de modo concreto cuál habría sido el sector exacto avasallado, limitándose a expresar su desacuerdo con la Sentencia, razón por la cual no existía base suficiente para tutelar la apelación interpuesta.
En el punto tercero, respecto al agravio referido a la errónea aplicación de la ley adjetiva en relación con las causales de absolución, el Auto de Vista sostuvo que, del control de logicidad de la Sentencia, se advertía que la absolución fue dictada con base en la causal prevista por el art. 363 inc. 2) del CPP, esto es, por insuficiencia de prueba para generar convicción plena sobre la responsabilidad penal de los acusados. Que, aunque en la fundamentación del fallo se hubieran mencionado otros aspectos relacionados con la ausencia de dolo o con la falta de acreditación suficiente de ciertos elementos del delito, ello no significaba que la Sentencia hubiera absuelto por otras causales distintas, ni invalidaba la decisión absolutoria.
En esa línea, la referencia a la falta de dolo o a la inexistencia de prueba directa sobre la participación de los acusados debía entenderse dentro del contexto de la insuficiencia probatoria, y no como una contradicción invalidante entre distintas causales de absolución. Añadió que, aunque existían declaraciones testificales de carácter referencial, ningún testigo incriminó de forma directa a los acusados en la comisión del delito, lo que reforzaba la conclusión de que no existía certeza suficiente para condenar. Concluyendo que, aunsi se advirtieran defectos formales en la redacción de la Sentencia, ellos no tenían la relevancia suficiente para justificar su nulidad, pues no concurrían los presupuestos de trascendencia ni de
perjuicio. Precisó que no se estaba ante una absolución fundada en la causal del art. 363 inc. 3) del CPP, que hubiera podido generar consecuencias como la imposición de costas al acusador; por ello, no existía afectación concreta a la parte apelante ni razón bastante para anular el fallo, por lo que ese agravio tampoco tenía mérito.
Finalmente, en el punto quinto señaló que en la lógica propia de la apelación restringida, no era posible atender los dos petitorios formulados por la parte apelante, esto es, dictar directamente Sentencia condenatoria o, alternativamente, anular la Sentencia absolutoria y disponer el reenvío, porque la competencia del Tribunal de Alzada se encuentra delimitada por los agravios efectivamente fundamentados en el recurso. En ese entendido, la apelación restringida no habilita, por sí misma, la emisión de una condena penalsi el apelante no fundamenta de manera concreta qué elementos de prueba harían viable esa condena, ni resulta posible fundar una condena únicamente sobre la base de supuestos defectos absolutos. Asimismo, tampoco correspondía pronunciarse sobre aspectos no invocados con precisión en el recurso de apelación, pues la competencia del Tribunal de Alzada se abre únicamente respecto de los agravios concretamente planteados.
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