AS/0585/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0585/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: LP-74-25-A

Partes: Alexander Calancha Llanos, Jakeline Milagros Calancha Chura, Claudia Liz Calancha Chura y Marco Antonio Calancha Chura c/ Isabel Torrez Mamani de Daza y José Antonio Maldonado Luna.

Proceso: Nulidad de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1075 a 1081 vta., interpuesto por José Antonio Maldonado Luna representado por María Magdalena Guarachi Mamani, contra el Auto de Vista N° 677/2024 de 30 de octubre, corriente de fs. 1048 a 1051 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Alexander Calancha Llanos, Jakeline Milagros Calancha Chura, Claudia Liz Calancha Chura y Marco Antonio Calancha Chura contra el recurrente e Isabel Torrez Mamani de Daza; la contestación de fs. 1092 a 1099; el Auto de concesión de 19 de marzo de 2025, visible a fs. 1100; el Auto Supremo de admisión N° 337/2025-RA, de 11 de abril, visible de fs. 1106 a 1107 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Alexander Calancha Llanos, Jakeline Milagros Calancha Chura, Claudia Liz Calancha Chura y Marco Antonio Calancha Chura, por memorial de demanda que discurre de fs. 141 a 149 vta., ratificada por memorial cursante a fs. 272, promovieron el proceso ordinario de nulidad de contrato; contra Isabel Torrez Mamani de Daza y José Antonio Maldonado Luna quienes una vez citados, se apersona y contesta de forma negativa por memorial de fs. 291 a 295 vta., José Antonio Maldonado Luna, y declaró rebelde a Isabel Torrez Mamani de Daza por Auto de 29 de enero de 2019, cursante a fs. 307, tramitándose la causa se interpone incidente de improponibilidad de la demanda interpuesta por José Antonio Maldonado Luna por memorial de fs. 986 a 988, pretensión que mereció el Auto Definitivo N° 589/2023-1, de 24 de agosto, cursante de fs. 1001 a 1008, en la que el Juez Público Civil y Comercial N° 12 de la ciudad de El Alto, declaró la IMPROPONIBILIDAD de la demanda de nulidad de contrato interpuesto por memorial de fs. 141 a 149 vta., ratificado a fs. 272 de obrados con costas y costos.

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2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrido de apelación por Alexander Calancha Llanos, Jakeline Milagros Calancha Chura, Claudia Liz Calancha Chura y Marco Antonio Calancha Chura a través de su representante legal Vilma Fabiana Pacheco Mamani, según escrito de fs. 1013 a 1019 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita Auto de Vista N° 677/2024, de 30 de octubre, corriente de fs. 1048 a 1051 que ANULÓ la resolución impugnada, disponiendo se emita un nuevo pronunciamiento, en base a los siguientes argumentos:

- El A quo, a través de la resolución impugnada, después de realizar un resumen de lo manifestado en la demanda, habría hecho referencia a las limitaciones que tendría la partida N° 1415 y el posible interés que podría existir en terceras personas (litisconsorcio pasivo); sin embargo, dicho razonamiento no respondería a ninguno de los fundamentos expuestos por el incidentista.

- La resolución recurrida carecería de una adecuada fundamentación y motivación respecto a los antecedentes procesales, dado que el A quo habría omitido considerar la excepción previa de emplazamiento de terceros interpuesta por el codemandado, el cual se hallaría pendiente de resolución; además de no haber respondido a los argumentos planteados por el incidentista y establecer si la improponibilidad declarada es objetiva o subjetiva.

Contra dicha determinación, José Antonio Maldonado Luna solicitó complementación y enmienda a través del escrito visible de fs. 1054 a 1056 vta., que mereció el Auto de 27 de noviembre de 2024 de fs. 1058 que declaró NO HA LUGAR a tal solicitud.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por José Antonio Maldonado Luna representado por María Magdalena Guarachi Mamani, según escrito visible de fs. 1075 a 1081 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada habría vulnerado lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil; toda vez que, omitió examinar los argumentos del recurso de apelación, anulando la decisión de primera instancia de forma ultra petita, sin establecer la forma en que se habría transgredido el derecho a la defensa.

b) Al anular la decisión recurrida, el Ad quem habría desconocido el principio de conservación de los actos y trascendencia, además de la naturaleza excepcional de la nulidad procesal (ultima ratio), omitiendo indebidamente analizar el fondo de la controversia.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó se anule la resolución recurrida y se dicte una nueva resolución confirmando la “Sentencia”.

2. Contestación al recurso de casación:

Alexander Calancha Llanos, Jakeline Milagros Calancha Chura, Claudia Liz Calancha Chura y Marco Antonio Calancha Chura, contestaron al recurso de casación mediante memorial de fs. 1092 a 1099, alegando en lo principal que:

- El recurrente habría incurrido en un error sustancial al impugnar como Sentencia un Auto, lo cual evidenciaría un comportamiento contrario a la buena fe procesal y a los principios ético-morales establecidos en el art. 8 de la Constitución Política del Estado.

- El recurso interpuesto no se ajustaría a los requisitos de los arts. 271, 272 y 274 del Código Procesal Civil, pues desconoce que la casación constituye un juicio de puro derecho –no una tercera instancia–, motivo por el cual debió fundamentarse señalando expresamente la norma conculcada, vulnerada o lesionada; exigencia que el recurrente no habría cumplido.

Fundamentos por los cuales solicitó se declare improcedente el recurso de casación interpuesto.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la pertinencia de las resoluciones judiciales.

En aplicación del principio de pertinencia, la competencia del Tribunal de alzada se delimita por el alcance del recurso de apelación interpuesto, por lo que solo debe pronunciarse sobre los puntos expresamente impugnados; fundamento que se sustenta en el art. 265 del Código Procesal Civil, el cual recoge el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum" (locución latina que significa: "solo se devuelve cuanto se apela").

Sobre este aspecto en particular, la jurisprudencia ha sido uniforme en su razonamiento; en ese sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1072/2013 de 16 de julio, ha establecido lo siguiente: “El principio de pertinencia determina que la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que al momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales.”

La pertinencia entre el recurso de apelación, la resolución impugnada y el Auto de Vista constituye un requisito esencial para la seguridad jurídica, pues garantiza a las partes que el Tribunal de alzada actuó dentro de los estrictos márgenes competenciales definidos por los agravios expuestos en el recurso y el contenido de la resolución apelada. Esta delimitación funcional -expresamente consagrada en el art. 265 del Código Procesal Civil- opera, además, como una garantía en contra de las decisiones incongruentes.

III.2. Con relación a la obligación del Tribunal de alzada de fallar en el fondo.

Sobre este tópico, el Auto Supremo N° 595/2022, de 17 de agosto, razonó: “…si la resolución de primera instancia adolece de ser incongruente y falta de fundamentación, corresponderá a los Vocales, como administradores de justicia, subsanar esas deficiencias e ingresar al fondo de la litis a efectos de esclarecer el conflicto, para de esa manera otorgar tutela judicial efectiva a los litigantes que acuden al proceso a fin de encontrar una solución a sus problemas jurídicos, y no, como en el caso de autos, anular la [resolución], ya que nuestro sistema recursivo adoptado en el Código Procesal Civil, no es un sistema de reenvío que establezca la nulidad de la [resolución] por las falencias incurridas, sino está orientado a que sea el Tribunal de apelación quien corrija aquellas carencias o incongruencias de contenido, y en el fondo emita un propio juicio en función de los agravios establecidos, salvo la trasgresión del derecho fundamental a la defensa reclamado oportunamente.” (El resaltado nos corresponde).

Por su parte, el Auto Supremo N° 685/2019, de16 de julio, orientó que: “En el sistema recursivo, la apelación constituye una garantía procesal porque posibilita que la decisión de instancia sea revisada por jueces de mayor jerarquía que, por la composición colegiada, otorga certeza decisoria por el criterio compartido de su determinación. En esa medida, el Tribunal de segunda instancia no constituye solo un revisor del obrar del proceso que se limita a identificar afectaciones al debido proceso o, en su caso, contrastar las decisiones que resolvieron la controversia y derivarla luego al mismo juez para su reparación; es un colegiado que debe otorgar la celeridad necesaria y que sus determinaciones derivadas de su juicio sean soluciones jurídicas de resolución de la problemática.

En tal caso, el sistema recursivo civil no adopta un procedimiento de reenvío, por el que, por los errores de fondo o forma advertidos en segunda instancia, se reenvíe la causa al Juez A quo y se dicte nuevo fallo, situación inadecuada que no era aceptada en el anterior régimen procesal y, lógicamente, es ausente en el actual. Así el art. 218.III del Código Procesal Civil, establece que: ´Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo´, percepción concreta de la norma que determina la labor del Tribunal de apelación de fallar en el fondo de la causa, es decir, otorgar una solución jurídica, aun la sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas, ya que, como se dijo, la labor del Ad quem no se puede limitar a identificar defectos de la sentencia sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia para el beneficio de los usuarios del sistema de justicia`.”. (El resaltado nos corresponde).

III.3. Con relación a la nulidad de obrados.

Respecto a la nulidad procesal el Auto Supremo Nº 581/2013, de 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II”. (El resaltado nos corresponde).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación.

En relación a los argumentos expresados como agravios en los incisos a) y b), por los cuales se cuestiona principalmente que, el Tribunal de alzada habría emitido una decisión anulatoria en contravención del art. 265 del Código Procesal Civil y los principios que rige el instituto de la nulidad procesal.

Al respecto, corresponde puntualizar que el Auto de Vista a tiempo de adoptar una decisión anulatoria, principalmente, indicó que: la resolución recurrida “…dentro de su fundamentación y motivación no establece una correspondencia conforme a los datos del proceso…”; toda vez que, conforme asegura el Ad quem, la Autoridad judicial de primera instancia, no habría considerado que existe una excepción previa de emplazamiento de terceros que se encuentra pendiente de pronunciamiento, la cual habría sido presentada por el propio incidentista, además de no haber establecido si la improponibilidad declarada es objetiva o subjetiva; asimismo, se habría emitido un criterio -referente al litisconsorcio pasivo- que no respondería a ningún fundamento o argumento expuesto por el incidentista.

En tal sentido, resulta evidente que el argumento medular del Tribunal de alzada circunda alrededor de una presunta incongruencia en la resolución recurrida, conforme se precisó precedentemente.

En ese antecedente, conforme lo razonado en el aparatado III.1 y III.2 de la presente resolución, si el Tribunal de alzada identificó la existencia de una deficiencia en la estructura argumentativa de la resolución recurrida, referente a una discordancia entre la fundamentación y los antecedentes procesales. Dicha situación activa el imperativo dispuesto en los arts. 218.III y 265 de la norma adjetiva civil, los cuales exigen al Ad quem verificar, como presupuesto ineludible, si la omisión advertida fue debidamente planteada como agravio en el recurso de apelación, y solo después de verificarse aquello, el Tribunal de alzada adquiere la legitimidad funcional para profundizar en el análisis de fondo.

Una vez constatada la procedencia del agravio -es decir, la acusación específica de la incongruencia omisiva en el recurso-, el Ad quem está obligado a suplir la deficiencia argumentativa mediante un examen exhaustivo de los puntos omitidos. Esta labor integradora no se constituye en una facultad discrecional o arbitraria, sino en un deber jurisdiccional orientado a resolver la controversia, garantizando la aplicación del principio de seguridad jurídica, además del derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal de alzada debe partir del principio rector de que los litigantes acuden al sistema de justicia buscando una solución definitiva a sus conflictos jurídicos. Esta expectativa legítima se intensifica en sede de apelación, donde el justiciable confía (seguridad jurídica) en que se corrijan las deficiencias argumentales y omisiones sustanciales denunciadas en el recurso de apelación, aspirando a una decisión que resuelva integralmente el fondo de la controversia, salvo si se advierte la trasgresión del derecho fundamental a la defensa, reclamado oportunamente.

Consiguientemente, tal como se desarrolló en el apartado III.3 de la presente resolución, la nulidad procesal en segunda instancia es de última ratio; en ese comprendido, el Ad quem aplicando las prerrogativas que le otorga la ley, debió enmendar la incongruencia advertida, así como la falta de fundamentación y motivación, si lo consideraba evidente, no correspondiendo en este caso disponer la nulidad por ser excesiva, ocasionando un perjuicio a las partes y vulnerando el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme lo prevé el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Por consiguiente, corresponde a este Tribunal enmendar el yerro del Ad quem, debiéndose anular el Auto de Vista, para que se dicte nueva resolución ingresando a resolver los agravios planteados en el recurso de apelación de fs. 1013 a 1019 vta., de acuerdo al art. 265.I del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 220. III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220. III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 677/2024, de 30 de octubre, corriente de fs. 1048 a 1051, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que se emita una nueva resolución, en consecuencia, se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, se emita nuevo Auto de Vista conforme a lo desarrollado en la presente resolución y dentro el marco de lo establecido en los arts. 218.III y 265.I, II y III del Código Procesal Civil.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Fanny Coaquira Rodríguez.

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Texto del fallo

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