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TSJ

AS/0595/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
5 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0595/2026-F ANALISIS DE FONDO Proceso: Oruro 155/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Lydia Mamani Alvarez y Humberto Montaño Bustamante Delito: Tráfico, arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memoriales de casación de 16 de agosto de 2024, Lydia Mamani Alvarez de fs. 469 a 474 vta., y Humberto Montaño Bustamante de fs. 512 a 523, impugnan el Auto de Vista 61/2024 de 7 de agosto de fs. 442 a 452 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tráfico, previsto y sancionado por el arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

DE LA SENTENCIA Se tiene a la vista la Sentencia 10/2024 de 26 de febrero de fs. 255 a 262 vta., dictada por el Juzgado de Sentencia Penal Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró a Lydia Mamani Alvarez y Humberto Montaño Bustamante, autores del delito de Tráfico, previsto y sancionado por el arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, disponiendo la pena de once años de presidio, con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia con base a la siguiente argumentación:

El 25 de abril de 2023, personal policial del Grupo Especial de Control de Coca (GECC) en el peaje de Vila Vila, interceptó a un motorizado conducido por Humberto Montaño Bustamante, quien se encontraba acompañada de Lydia Mamani Álvarez, que a versión propia se identificó como propietaria de los productos de coca, legía y bicarbonato de sodio, que se transportaban en dicho motorizado.

Sobre el contenido, la referida alegó y presentó hoja de ruta y respectiva autorización de traslado de la hoja de Coca, manifestando tener un negocio lícito de expendio de dichos productos en Yapacani.

Sin embargo, no tenía ninguna autorización ni hoja de ruta del bicarbonato de sodio, que fue encontrado en sachets (5 javas o cajas) pero embolsados en yute teniendo un peso total de 94 kilos. En ese entendido, al ser encontrados en posesión de una cantidad de una sustancia considerada como controlada que en el marco de la prueba introducida de forma extraordinaria (Resolución Administrativa 005/2001 de 14 de agosto cursante a fs. 121 y 122), sólo está permitiría la tenencia de dicho producto en un máximo de 5 kilogramos al mes. En ese entendido, la conducta de ambos imputados, se subsumiría al delito de Tráfico, en razón que la acusada conocía que dicha sustancia era ilícita esto a partir de entrar en contradicción con su esposo (Ronald Blanco Garcia) quien refirió que anteriormente ya les advirtieron que la sustancia debería ser autorizada, como asi también el conductor, que manifestó de forma ambigua, que en varias ocasiones hubiera prestado el servicio de chofer a la coimputada, trasladando dicha sustancia, empero que no fueron observados, para luego manifestar que desconocía como chofer que contenían dichas cajas en las que se encontró el bicarbonato de sodio, dando entender que conocía su ilicitud.

1.2.

DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN RESTRINGIDA Los imputados Lydia Mamani Álvarez y Humberto Montaño Bustamante, impugnaron la Sentencia por memoriales con cargo de recepción de 20 de marzo de 2024 de fs. 354 a 362 y 411 a 417 vta., a través de recurso de apelación restringida, expresaron los siguientes agravios:

1.2.1 Del recurso de apelación de Lydia Mamani Álvarez

  1. 1)Denuncia vulneración al debido proceso señalando que la

Sentencia se basó en elementos probatorios que no fueron

incorporados legalmente al juicio oral, especificamente, la

Resolución Administrativa 5/2001 de 14 de agosto (emitida por la

Dirección General de Sustancias Controladas dependiente del

Ministerio de Gobierno) que fue introducida erróneamente bajo el rótulo de prueba extraordinaria, resultando inadmisible que el Ministerio Público alegara el desconocimiento de dicha resolución, que fundamenta la cantidad máxima permitida de bicarbonato de sodio (5 kg), para justificar su omisión. Por otra parte, la referida prueba no cumplió con el procedimiento legal de requerimiento judicial para la obtención de copias legalizadas ante la entidad emisora, para que luego la defensa ejerciera su derecho a la contradicción, imposibilitándola de observarla o plantear una exclusión probatoria, antes de su definitiva e indebida incorporación al proceso.

  1. 2)lInexistencia de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, toda vez que en cuanto a la acreditación del elemento fáctico, la autoridad judicial recurrida se limitó a transcribir lo detallado en informe policial de intervención, para luego también transcribir las literales testificales; vale decir, se debió utilizar los elementos probatorios para construir el relato fáctico de cómo, cuándo, dónde y otras circunstancias, que denoten lo que en realidad pasó en los hechos. Por otro lado, también se incurre en carencia descriptiva e intelectiva de la prueba, limitándose a su mera transcripción sin otorgarles valía vinculadas a procurar la verdad material. Por último, también carece de fundamentación jurídica, al no haberse considerado los elementos constitutivos del tipo penal y las circunstancias de comportamiento que se adecuen al delito de Tráfico.
  1. 3)La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Sobre el tema, refiere que se sesgó la atestación de su esposo, para utilizarla como un elemento condenatorio, sin valorarla de forma integral, descartando la parte que decía: ...que su esposa hace unos 40 años que se dedica a la venta de coca en Yapacaní, siempre lleva coca y bicarbonoto de sodio de La Paz a Yapacaní, nunca ha tenido problemas, alguna vez yo también realizaba viajes para ayudarle a mi esposa traía coca y bicarbonato de sodio para el machucado de coca... (sic). Por otra parte, en dicha atestación se vulneró el art. 196 del CPP, que le impedía a su esposo testificar contra su cónyugue.
I.2.2 Del recurso de apelación de Humberto Montaño Bustamante
  1. 1)Inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, refiriendo que, a partir del informe de acción directa, se acreditó que su participación en el hecho era en calidad de chofer,

. añadiendo que el delito de Tráfico requiere una actividad de comercialización, aspecto que no se le acreditó ya que el -.. bicarbonato de sodio no era de su propiedad, ni tampoco su estuviera vendiendo dicha sustancia; por ende, se le hubiera aplicado erróneamente la norma sustantiva.

  1. 2)El imputado no estuviera correctamente individualizado; al respecto, señala que la Sentencia versa sus argumentos principalmente sobre la coimputada, limitándose a señalar Eescuetamente que su persona fue sorprendida en flagrancia en .. posesión y dominio de la sustancia controlada, sin la autorización respectiva, descartando ilegalmente que los delitos son de orden personalísimo, no pudiendo sancionarse por un delito que él no cometió.

L No existe fundamentación de la Sentencia o que ésta fue ... insuficiente o contradictoria, refiriendo que no se consideró que .. de la propia atestación del efectivo policial que intervino en la acción directa, refirió que la conducta de la coimputada fue de algo prepotente y que de él fue de tranquilidad. Por otra parte, tampoco se consideró la declaración de la coprocesada cuando señaló que su chofer, sólo paraba el vehículo y ella se bajaba a comprar y a la pregunta que si los bicos, también los compra el imputado, ella contestó que no y que él es sólo su chofer; vale decir, no se realizó una valoración integral de la prueba, careciendo de valor intelectivo y jurídico al no haberse acreditado cómo su conducta de sólo conducir un vehículo, se adecue al tipo penal de Tráfico por el cual fue condenado.

u Denuncia que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o en errónea valoración probatoria, toda vez que el Juzgador de Sentencia, no vincula cómo es que con las mismas pruebas que utilizó para condenar a la coimputada, las mismas sean vinculantes a su persona en calidad de simple chofer, destacando la mencionada resolución administrativa que fue incorporada ilegalmente vulnerando los arts. 13 y 71 del CPP. En este acápite destaca el imputado su rol donde él solo presta un servicio, no siendo ni siquiera propietario del motorizado, ni tampoco de la mercadería encontrada en él, ambos acreditados de propiedad de la imputada Lydia Mamani Álvarez, como ella expresamente lo manifiesta.

  1. 5)Vulneración al derecho a la defensa, toda vez que en el presente proceso la etapa preparatoria duró menos de veinticuatro horas, directamente presentada la acusación, limitando su derecho en etapa investigativa de defenderse con pruebas de descargo. Al respecto, indica que si bien el presente proceso se aplicó la :

flagrancia se debió dar cumplimiento al art. 393 Ter. del CPP.

Asimismo, también se limitó el señalado derecho al permitirse la incorporación tardía e ilegal de una Resolución Administrativa, sin considerar los presupuestos legales de una prueba extraordinaria.

1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de

Oruro, por Auto de Vista 61/2024 de 7 de agosto de fs. 442 a 452 vta.,

resolvió los recursos de apelación restringida de Lydia Mamani

Álvarez y Humberto Montaño Bustamante, declarándolos

improcedentes, confirmando la Sentencia, de acuerdo a los

argumentos siguientes:

1.3.1 Resolución al recurso de apelación de Lydia Mamani Álvarez

  1. a)En cuanto a la reserva de apelación, presentada en contra de la incorporación de la Resolución Administrativa 2/2001, la autoridad judicial determinó una suspensión, sin que el recurrente manifieste oposición alguna. Asimismo, en cuanto a que no se le hubiera corrido en traslado, de igual manera el recurrente no rebatió la citada prueba, por lo que no se vulneró su derecho a la defensa.
  1. b)Respecto a que la Sentencia se basó en prueba ilegalmente incorporada al juicio (Resolución Administrativa 2/2001), reitera que el recurrente no utilizó oportunamente su reclamación, no pudiendo el Juez considerar argumentos no debatidos, pudiendo alegar alguna refutación en el desfile probatorio de cargo.
  1. c)Sobre la falta de fundamentación, señala que el recurrente se hubiera limitado a esgrimir simplemente que supuestamente una ausencia de apreciación conjunta de la prueba, como así también ausencia de su valor asumido en juicio, pero de forma genérica, señalando textualmente que el defecto aducido en Sentencia no encuentra mérito en la forma.
  1. d)Sobre el error de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o errónea valoración probatoria, identificando la razón de su condena al establecerse que su cónyugue hubiera indicado que anteriormente ya hubieran tenido un incidente al trasladar bicarbonato de sodio como sustancia prohibida y que había una resolución administrativa que determina la cantidad máxima, que pudiera ser manipulada, destacando que las probanzas de

descargo, no tiene como fin necesariamente beneficiar a la parte imputada, sino dilucidar la problemática del juicio, por lo que la potestad de declarar en contra de un familiar, es un privilegio de elección, que al haber aceptado el declarante testifical no hubiera óbice para su consideración.

1.3.2.

Resolución al recurso de apelación de Humberto Montaño Bustamante

  1. a)Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, la misma debe ser razonada en cuanto a los hechos probados de la Sentencia, no advirtiéndose argumento del recurrente cómo su conducta no se hubiera subsumido al delito de Tráfico, debiendo resaltar que de acuerdo a la Ley 1008, dicho tipo penal está constituido también por el verbo rector de tenencia y transporte.
  1. b)Respecto a que la Sentencia se basó en prueba ilegalmente incorporada al juicio (Resolución Administrativa 2/2001), reitera que el recurrente no utilizó oportunamente su reclamación, no pudiendo el Juez considerar argumentos no debatidos, pudiendo alegar alguna refutación en el desfile probatorio de cargo.

) En cuanto ala observancia de falta de fundamentación analítica o intelectiva de la prueba, ya que supuestamente no se hubiera considerado la propia atestación de la propietaria del vehiculo y de la mercadería, en la que indicó que el bicarbonato de sodio, le pertenecería, denotar que el recurrente no precisa cuál sería el efecto nocivo para la constitucionalidad o legalidad de la Sentencia, no pudiendo incurrir en doble juzgamiento, no pudiendo dar curso a su alegato sesgado y solo desde su perspectiva.

  1. d)Asimismo, en cuanto a la falta de fundamentación fáctica, indicando que solamente se hubieran transcrito los hechos descritos en la acusación, su impugnación más parece una queja que un agravio, resaltando que el hecho de el testigo policial, indicó que el imputado que conducía el vehiculo se encontraba tranquilo, no resulta un parámetro valedero.
  1. f)En cuanto a la denuncia de la falta de fundamentación juridica, en razón a que en el plazo de 24 horas por procedimiento de flagrancia se le habría acusado, sin tiempo para demostrar su inocencia, dicho argumento no puede ser considerado en razón que el recurrente pudo haber interpuesto los mecanismos previstos de saneamiento procesal (excepciones e incidentes), que por preclusión ya no pueden ser considerados en instancia de

AA alzada.

II DEL RECURSO DE CASACIÓN IL.l.

MEMORIALES DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN Los imputados formulan recursos de casación, que sujetos a análisis conforme las previsiones del art. 418 del CPP, fueron admitidos mediante de fs. 377 a 379 vta., para el análisis de los siguientes motivos:

IL.1.1.

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Humberto Montano Bustamante
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia5 de agosto de 2026AS/0595/2026-FFuente oficial