AS/0599/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0599/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: CH-35-25-S

Partes: Luis Alejandro Puente Abuawad c/ Luis Eduardo Corral Cardozo y Ximena Alejandra Montes Pareja.

Proceso: Resolución de contrato por excesiva onerosidad.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 596 a 612 vta., interpuesto por Luis Alejandro Puente Abuawad, contra el Auto de Vista Nº 78/2025, de 19 de febrero, corriente de fs. 587 a 592, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato por excesiva onerosidad, seguido por el recurrente, contra Luis Eduardo Corral Cardozo y Ximena Alejandra Montes Pareja, el Auto de concesión de 26 de marzo de 2025, visible a fs. 625, el Auto Supremo de admisión N° 0317/2025-RA de 08 de abril, saliente de fs. 643 a 644 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Luis Alejandro Puente Abuawad, por memorial de demanda que discurre de fs. 18 a 27 y subsanado de fs. 29 a 31, promovió el proceso ordinario de resolución de contrato por excesiva onerosidad, contra Luis Eduardo Corral Cardozo y Ximena Alejandra Montes Pareja, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 90 a 96 vta. y de fs. 135 a 141 vta., contestaron de manera negativa, la última se apersonó mediante su representante Janisse Peralta Velasco; mediante Auto Definitivo Nº 158/2023, de 31 de marzo, obrante a fs. 186 y vta., se determinó el desistimiento de la demanda, resolución que fue revocada por Auto de Vista Nº 161/2023 de 02 de junio, que cursa de fs. 210 a 215 vta., disponiendo la prosecución del proceso; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 157/2024 de 14 de octubre, que cursa de fs. 509 vta. a 512, en la que la Juez Público, Civil y Comercial N° 5 de la ciudad de Sucre, declaró IMPROBADA la demanda, además de condenar en costas y costos a la parte demandante.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Luis Alejandro Puente Abuawad, según escrito de fs. 524 a 537, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 78/2025, de 19 de febrero, corriente de fs. 587 a 592, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

- La demanda ha sido articulada en función al art. 581 del Código Civil, es decir resolución de contrato por excesiva onerosidad, en este caso del compromiso de compraventa de bien inmueble bajo la modalidad de arras de 08 de junio de 2020; de la lectura de la demanda y del agravio propuesto se advierte que el contrato privado no ingresa dentro de la previsión legal de resolución, establecida en la norma legal citada, que exige que la prestación se haya tornado onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles de manera posterior a la celebración del contrato, que no sea coetánea al momento de formación del contrato sino posterior y debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, razonamiento conforme a la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo N° 782/2021 de 06 de septiembre.

- La Pandemia Covid – 19, como acontecimiento extraordinario e imprevisible, aconteció mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo, tres meses después de que a nivel mundial se haya conocido y declarado el virus como pandemia mundial; en ese sentido, el contrato ha sido suscrito cuando la situación de fluctuación o déficit económico era previsible; teniendo –además- el demandante experticia en el tema inmobiliario, haber previsto cualquier situación atingente a su prestación; por lo tanto la Pandemia Covid – 19, no resulta un acontecimiento extraordinario, porque ya estaba presente a momento de la formación del contrato y tampoco imprevisible porque las consecuencias económicas pudieron haber sido previstas.

- El demandante no ha señalado si el error de valoración de la confesión judicial, es de hecho o derecho; sin embargo, en la referida confesión el demandante ratifica que se dedica al rubro del negocio de bienes inmuebles, sin haber aportado ningún argumento que justifique el art. 581 del Código Civil.

- En cuanto a la dación de arras, no se apertura la competencia del Tribunal de alzada para considerar este reclamo de fondo, al no haber sido ese punto motivo de controversia y menos de pronunciamiento en Sentencia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Luis Alejandro Puente Abuawad, según escrito visible de fs. 596 a 612 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, el recurrente acusó:

a) La resolución de segunda instancia incurrió en error de hecho y de derecho en la ponderación y valoración de las pruebas y de los hechos que se han dado en la vigencia del nexo, debió considerarse la prueba pericial respecto al valor real del inmueble, la confesión judicial provocada y la prueba consolidada en la litis conforme mandan los arts. 136 y 193 del Código Procesal Civil; no se consideró los extremos de haberse vivido en tiempos de pandemia y de crisis generalizada a nivel mundial, latente a la fecha por las políticas económicas del gobierno de turno, que vuelven incierto lo que ha de venir; estando su conducta, orientada a consolidar un remedio jurídico antes de que decaiga el negocio, empero, en condiciones de equidad en cuanto al precio.

b) El Tribunal de alzada no consideró la petición del cese de los efectos jurídicos de la cláusula séptima, sobre arras penitenciales, el recurrente alega que no puede ser sometido al pago de arras, habiendo cumplido sus deberes de pago de la obligación principal; además, el monto de las arras de $us. 100.000 se halla determinado en exceso, por lo que considera que deben ser eliminadas de la relación jurídica o modulada y disminuida equitativamente; máxima cuando aquella pretensión no ha sido cuestionada u objetada en la vía reconvencional por la parte adversa.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicita se case de forma total el Auto de Vista impugnado.

De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación precedentemente descrito, ha sido respondido por los demandados Luis Eduardo Corral Cardozo por memorial visible de fs. 617 a 624 y Ximena Alejandra Montes Pareja representada por Janisse Peralta Velasco por escrito saliente de fs. 633 a 638, bajo los siguientes argumentos:

1. Luis Eduardo Corral Cardozo, refiere que: el recuro de casación es inadmisible por incumplir los requisitos constitutivos establecidos en los arts. 271 y 274 del Código Procesal Civil, pues constituye una copia del memorial de demanda y de apelación, sin especificar la norma que fue indebidamente acatada por la autoridad de segunda instancia o el error en que se hubiera incurrido.

Incumple con la obligación de dotar al recurso de la carga argumentativa obligatoria que aperture la competencia del Tribunal, de acuerdo a los principios de congruencia e imparcialidad.

No existe la debida identificación de violación o agravio alguno causado por la resolución recurrida. Solicitando, en consecuencia, se declare improcedente o infundado el recurso, con expresa condenación en costas y costos procesales.

2. Ximena Alejandra Montes Pareja representada por Janisse Peralta Velasco, de forma extemporánea, solicita se declare inadmisible o en su defecto infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las resoluciones.

Conforme refiere la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0235/2015-S1, de 26 de febrero, el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como: “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aun cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos, por ende son autónomos en su ejercicio, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata, así, la Sentencia Constitucional Nº 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos manifestando que el debido proceso está compuesto por el: “…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.

En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantías del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídicos legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SSCC 1369/2001-R).

Con respecto a la congruencia de las resoluciones, la Sentencia Constitucional Nº 2218/2012, de 08 de noviembre, remitiéndose a la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, manifestó lo siguiente: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe

tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que, además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

Estos entendimientos, fueron reforzados en el Auto Supremo Nº 651/2014, de 06 de noviembre, que al respecto señaló; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Lo que motiva a concluir que la congruencia marca el ámbito del contenido de la resolución judicial, orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación; así como con los recursos planteados por las partes, velando que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí.

III.2. De la Resolución del contrato por incumplimiento.

Sobre la acción de resolución por incumplimiento, el Auto Supremo N° 1179/2017, de 1 de noviembre, señaló: “…Que, conforme prevé el art. 568 del Código Civil, el contrato con prestaciones recíprocas puede resolverse cuando una de las partes incumple con la obligación, pudiendo la parte que cumplió con su parte pedir la resolución del mismo … ´Por otra parte, con respecto a la Resolución del contrato y sus efectos, la extinta Corte Suprema con la cual este Tribunal comparte criterio en el Auto Supremo Nº 61/2010, de manera amplia y completa ha orientado que: ´Celebrado el contrato, es lógico suponer que el mismo se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes al momento de su celebración, por ello el cumplimiento constituye el modo normal en que concluye un contrato. Empero, es posible que determinadas situaciones, pongan fin al contrato cuando aún no se han satisfecho las prestaciones acordadas.

Como se ha señalado, el contrato puede sufrir la influencia de circunstancias o de hechos sobrevivientes o de un comportamiento de la contraparte posterior a la formación del mismo, que alteren la relación entre los contratantes, o bien perturben el normal desenvolvimiento del contrato, de modo que éste no puede continuar vinculando a las partes en el modo originario en que lo pactaron. Por ello como señala Messineo, se ha preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la contraparte o por otra razón objetiva- viene a ser un motivo de sacrificio patrimonial soportarlo sin retribución o bien sin retribución adecuada en lugar de ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto.

La resolución de contrato, puede tener lugar como consecuencia de: 1) el incumplimiento voluntario (en las modalidades de la resolución judicial o extrajudicial); 2) el incumplimiento involuntario por imposibilidad sobreviviente de la prestación; 3) el incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad de la prestación. Cada una de esas causales de resolución, tiene su propia concepción, causas y sus propios efectos, por ello su regulación también es distinta.

La resolución de contrato por incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad, procede tanto en los contratos con prestaciones recíprocas como en aquellos con prestación unilateral. El fundamento radica en la desproporción de las prestaciones que se origina a raíz de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que alteran las condiciones contractuales y tornan excesivamente onerosa la prestación pendiente a cargo de la parte perjudicada por el acontecimiento sobreviviente. En este caso, la demanda de resolución no se admite si la prestación excesivamente onerosa ha sido ya ejecutada, o si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa era ya voluntariamente incumplida o si las circunstancias o los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después de cumplirse la obligación. Esta causal de resolución se encuentra prevista en el artículo 581 del Código sustantivo Civil.

Del análisis expuesto precedentemente se concluye que, las distintas causales de resolución, tienen su propia concepción, sus propias causas y efectos, razón por la cual, su regulación también es distinta. En la resolución por incumplimiento, la resolución actúa como una sanción al incumplimiento de una de las partes, a fin de liberar a la parte que ha cumplido con la suya, razón por la cual es procedente la reparación del daño que el incumplimiento hubiera generado…”.

III.3. Sobre el error de hecho y derecho.

El Auto Supremo N° 1018/2019, de 30 de septiembre, respecto al error de hecho y error de derecho señaló que: “se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado por ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le asignó a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

a) El argumento, que en vía de recurso de casación en el fondo propone la parte recurrente y que muy difícilmente ha podido ser identificado, debido a la excesiva retórica que contiene y –además- por tratarse de una copia fiel del recurso de apelación, está dirigido a cuestionar la actividad valorativa de las autoridades inferiores, acusando con evidente imprecisión, error de hecho y derecho en la valoración de la prueba y el hecho de no haberse considerado los efectos de la pandemia y la crisis generalizada a nivel mundial, que a criterio del recurrente activaron la causal de resolución del contrato de fs. 3 a 4 vta.

Sobre estos tópicos en particular, el Tribunal de alzada, en el Considerando IV num. 5 del Auto de Vista recurrido, estableció que la demanda se sustentó en función al art. 581 del Código Civil; es decir, pretendiendo la resolución del contrato de compromiso de venta de bien inmueble bajo la modalidad de arras de 08 de junio de 2020, por excesiva onerosidad y que dicho contrato no se subsume en esta previsión legal de resolución, pues la norma sustantiva en la que se sostiene la demanda exige que la prestación se haya tornado onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles de manera posterior a la celebración del contrato y que no sea coetánea al momento de formación del contrato sino posterior. Señaló también, que la Pandemia Covid – 19 aconteció mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo, inclusive tres meses después de que a nivel mundial se haya conocido y declarado la referida pandemia mundial; lo cierto es que el contrato fue suscrito cuando la situación de fluctuación o déficit económico era previsible; teniendo el demandante experticia en el tema inmobiliario y bien pudo haber previsto cualquier situación atingente al negocio jurídico; en consecuencia los efectos de la Pandemia Covid – 19, no pueden considerarse como un acontecimiento extraordinario, porque ya estaba presente a momento de la formación del contrato y tampoco imprevisible porque las consecuencias económicas pudieron haber sido previstas por el comprador, ahora recurrente; razonamiento expuesto por el Ad quem que guarda coherencia con el razonamiento expuesto por este Tribunal en la doctrina legal citada en el acápite III.2 del presente fallo.

En relación a la denuncia de haber incurrido en error de hecho y derecho, el recurrente, en su ampulosa pero deficiente construcción argumentativa, no logró acreditar que los juzgadores de instancia hayan apreciado erróneamente los hechos con prueba que no cursa en el proceso, tampoco que la resolución recurrida haya dado por demostrado un hecho que no se encuentra sustentado por medio de prueba objetivamente existente o que el Ad quem, hubo alterado, modificado cercenado o incrementado el contenido de la prueba existente o que se haya otorgado al acervo probatorio un valor diverso al determinado por ley. Por el contrario; la resolución recurrida, en estricto ejercicio de la facultad valorativa prevista en el art. 145 del Código Procesal Civil, concluyó que la prueba de confesión judicial provocada refutó los argumentos de la demanda, cuando el propio actor ratificó el hecho de dedicarse al rubro del negocio de bienes inmuebles y que no aportó ningún otro argumento que percute la causal de resolución del contrato prevista en el art. 581 del Código Civil. Análisis efectuado por el que se concluye que el motivo acusado deviene en infundado.

b) Acerca de que el Tribunal de alzada no consideró la petición del cese de los efectos jurídicos de la cláusula séptima, sobre arras penitenciales, pues considera el recurrente que no puede ser sometido a tal condenación, habiendo cumplido sus deberes de pago de la obligación principal y que el monto de las arras que asciende a la suma de $us. 100.000, constituye un exceso y –además- no hubo sido cuestionado por vía de demanda reconvencional; el Tribunal de alzada, adecuadamente consideró en el punto 5.4 del Considerando IV del Auto de Vista impugnado; que, al respecto la competencia del Tribunal de alzada no se aperturó en función a lo previsto en el art. 265 del Código Procesal Civil, pues dicha postulación, no fue objeto de controversia en la tramitación del proceso y menos de pronunciamiento en la Sentencia de primer grado; dicha conclusión resulta conforme al lineamiento jurisprudencial citado en el Considerando III.1 de la presente resolución, pues si bien es cierto ha sido incorporada dicha pretensión accesoria en la demanda principal, la misma no fue parte de la determinación del objeto del proceso y de la prueba de acuerdo al Acta de Audiencia Preliminar de fs. 239 a 245 del expediente, circunscribiéndose el proceso únicamente a demostrar la onerosidad del contrato de 08 de junio de 2020, sin que dicha determinación haya sido objeto de cuestionamiento o impugnación; por lo que en efecto, no fue parte de la controversia, ni de la decisión asumida en la Sentencia N° 157/2024 visible de fs. 509 a 512 vta., que declaró improbada la demanda.

Contenido del Auto de Vista, que constituye respuesta debidamente motivada, fundamentada y congruente en relación a los agravios formulados en el recurso de apelación y que de forma alguna acreditan infracción al debido proceso u otro derecho o garantía constitucional, como erróneamente sugiere el recurrente, deviniendo tales cuestionamientos en infundados.

De las conclusiones anteriormente descritas, se advierte que el Tribunal de alzada efectuó un correcto análisis de los antecedentes del proceso, consiguientemente, toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 596 a 612 vta., interpuesto por Luis Alejandro Puente Abuawad, contra el Auto de Vista Nº 78/2025, de 19 de febrero, corriente de fs. 587 a 592, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con costas y costos únicamente en favor de Luis Eduardo Corral Cardozo y no así de Ximena Alejandra Montes Pareja por haber respondido al recurso de forma extemporánea.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso oportunamente en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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