Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 605/2019-RRC
Sucre, 20 de agosto de 2019
Expediente : La Paz 158/2018
Parte Acusadora : Eustaquio Huarca Huayhua y otra
Parte Imputada : Raúl Vertiz Blanco y otra
Delitos : Despojo y otros
Magistrado Relator : Dr. Olvis Egüez Oliva
RESULTANDO
Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2018, cursante de fs. 394 a 413, Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 48/2018 de 28 de agosto, de fs. 332 a 342, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Eustaquio Huarca Huayhua y Hercilia Ramos de Huarca contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:
Por Sentencia 40/2015 de 18 de diciembre (fs. 137 a 149), el Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, autores y responsables de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión a cada uno, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, siendo absueltos de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple.
Contra la mencionada Sentencia, los imputados Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, formularon recurso de apelación restringida (fs. 156 a 164), que fue resuelto por Auto de Vista 95/2016 de 14 de julio (fs. 182 a 185 vta.), que fue dejado sin efecto por (fs. 321 a 136 vta.); en cuyo efecto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 48/2018 de 28 de agosto, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en la apelación y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del respectivo recurso de casación.
I.1.1. Motivos del Recurso de Casación.
Del memorial de recurso de casación interpuesto por Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, se extraen los siguientes motivos, de acuerdo al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):
Los recurrentes aducen que el Auto de Vista impugnado no cumple con lo dispuesto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el mismo carece de fundamentación, situación que vulnera su derecho al debido proceso, siendo que incurre en incongruencia omisiva la cual genera la infracción de la referida norma, además de los arts. 169 inc. 3) y 398 del CPP y 180 II de la Constitución Política del Estado (CPE); porque en su primer motivo hubiera planteado que la Sentencia no cumple con lo previsto por el art. 124 del CPP, al no haber valorado cada uno de los medios de prueba en vulneración del art. 173 del CPP; por lo que el Tribunal de alzada vulneró el derecho a recurrir previsto por el art. 180 de la CPE; asimismo, refiere que se emitió una Sentencia injusta que afectó su derecho a la libertad, a la petición y a la propiedad privada; porque la resolución de primera instancia les dejó sin su bien inmueble.
Refieren que en el recurso de apelación restringida denunciaron la errónea aplicación del art. 20 del CP, porque en la Sentencia no se demostró cómo y cuándo se realizó el delito, a lo cual el Auto de Vista no observó ni fundamentó este agravio, incurriendo en incongruencia omisiva, vulnerando su derecho a la defensa e impugnación.
Señalan que el Tribunal de alzada no dio cumplimiento al que dejó sin efecto Auto de Vista 95/2016 de 14 de julio. No consideró que los Autos Supremos son de cumplimiento obligatorio en su aplicación por los Tribunales y no puede estar sujetos a la voluntad de las autoridades del Tribunal de apelación por lo que resulta evidente el incumplimiento del art. 419.II parte final del CPP, porque no se cumplió con el razonamiento jurídico de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia tal como establece el .
Aducen que en el Auto de Vista recurrido la fundamentación es insuficiente e incongruente, debido a que el Tribunal de alzada, en su tercer considerando repite la inobservancia de la Ley sustantiva realizada por la Sentencia, siendo que en su recurso de apelación restringida hubiera denunciado la errónea aplicación del art. 351 del CP; sin embargo, los argumentos de la resolución de alzada a esta denuncia son insuficientes y omisivas, porque sólo se limitaron a revisar la Sentencia, otorgando valor a un testimonio que establecería la superficie de terreno en forma global así como también a la tarjeta de propiedad que también se refiere a la superficie del terreno en cuestión; así como a los pagos de impuestos de la gestión 2014 sobre un terreno que no corresponde al de los imputados; y por otro lado, no revisaron que el poder otorgado por el otro co-propietario Gregorio Navia es un poder para sanear los lotes que se vendieron y lo utilizaron para realizar un juicio penal en nuestra contra y lo principal no revisan ni fundamentan (el punto IV.2. Pruebas de descargo) que claramente establecía en lo principal las pruebas signadas como PT-1 Nota de comisión de adjudicatarios, dirigida al Señor Eustaquio Huarca de abril de 2011 de parte de María Esther García Ramos, esposa y madre respectivamente, PT-2 solicitud de plan de pagos de inmueble dirigida a recaudaciones del GMEA de 16 de noviembre de 2009 y lo principal las pruebas signadas como PT-7 minuta de compra venta de un lote de terreno entre los señores Eustaquio Huarca Hercilia R. de Huarca R. Gregorio Navia como vendedores y María Esther García como compradora y la PT-19 impuestos del inmueble pagados desde la gestión 1999 hasta la gestión 2014l Al respecto en alzada, sólo repite que estas pruebas serían insuficientes; en consecuencia, los argumentos del Auto de Vista no tendrían razón ni argumentos sólidos y son contradictorios al .
Señalan la existencia de un defecto procesal absoluto debido a la inobservancia del Tribunal de alzada en relación a que en la Sentencia falta la enunciación y la determinación circunstanciada del hecho, denunciado en su recurso de apelación restringida, no resuelto por el Auto de Vista; siendo que el Tribunal de alzada no cumplió con su actuar previsto en el , porque no precisa la fecha, el año o cuando se habría producido el Despojo; aspecto que no fue considerado ni respondido por la resolución impugnada.
Con relación a la denuncia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia; el Auto de Vista en el cuarto punto de su resolución realizó una fundamentación no coherente con lo solicitado, porque lo peticionado fue respecto a las afirmaciones contrarias a las leyes y la lógica: “… el hecho de sostener en una aparte de la Sentencia que tenga un documento de venta por los querellantes a favor de María Esther García y luego se diga que hemos ingresado al bien de forma ilegal, por lo que corresponde dictar Sentencia absolutoria a nuestro favor…”; siendo que lo fundamentado en el cuarto punto del Auto de Vista refirió: “…finalmente en lo concerniente a su observación de que existiera afirmaciones contrarias a las Leyes de la lógica, respecto a que existiría un documento de venta a favor de María Esther García y que luego se afirme que hubiesen ingresado de forma ilegal; ya se analizó y se llegó a la conclusión de que el Juez de origen en ningún momento tuvo como hecho acreditado la existencia de una supuesta transferencia a favor de la señora María Esther García, esa afirmación fue realizada por la defensa y no demostró su hipótesis en juicio oral y tampoco en fase recursiva, no advirtiendo la existencia de duda razonable…”; existiendo vulneración de su derecho a la impugnación establecida en el art. 180.II de la CPE.
I.2. Admisión del recurso.
Mediante , este Tribunal admitió el recurso de casación de Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García por flexibilización y para contrastación de los motivos primero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo, circunscribiéndose el análisis de fondo a los alcances establecidos en el contenido de la resolución.
II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:
II.1. De la Sentencia.
Por Sentencia 40/2015 de 18 de diciembre, el Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, autores del delito de Despojo, imponiendo la pena de tres años de reclusión, bajo los siguientes argumentos:
Como se tiene demostrado en los puntos V.2 y V.3 de la Sentencia, los querellantes sobre el bien inmueble motivo del litigio ubicado en el lote N° 11, ahora lote N° 13, macana “F”, de la urbanización Calama de El Alto con una superficie de 390 m2, desde el año 1995 tienen su derecho real constituido, debidamente inscrito en Derechos Reales, habiendo con ese derecho a construir en el inmueble una muralla de adobe, sin embargo los acusados Raúl Vertiz Blanco Guzmán y Fabiola Gretel Vertiz Blanco García, desconociendo el derecho real constituido y la legitima posesión de los querellantes, procedieron a ingresar al inmueble y realizaron otras construcciones nuevas, destruyendo lógicamente y violentamente la pared de adobe construido, tal como se evidenció de la prueba PDC-8 y sus fotografías, así como de la Inspección Ocular, por la que se evidenció que no existe la muralla de adobe, encontrándose dividido el inmueble en dos partes, donde se colocaron puertas de garaje nuevos de color rojizo y amarillo, como una tipo cortina de color plomo, existiendo habitaciones nuevas donde habitan los acusados, con sus respectivos baños y otras habitaciones ladrillo en construcción, manteniéndose los acusados al interior del inmueble, no permitiendo que los querellantes ingresen al inmueble, pese a que tiene su derecho real constituido en el inmueble.
La parte querellante conforme las pruebas PDC-5, PDC-6 y la testifical de José Carrasco Machicado, acreditó que hizo su reclamo para solucionar el problema, haciéndose conocer inclusive a la alcaldía de la situación al ser la construcción ilegal, refrendado por la testifical de Gastón Omonte Caqui, por cuya prueba se refrenda que los acusados no tenía la posesión ni propiedad sobre el bien inmueble para poder realizar construcciones, que edificaron haciendo caso omiso a las autoridades municipales, lo que fue de cierta manera verificado por las propias declaraciones de los acusados.
Por la testifical de descargo de Elisa Escobar Mendoza, Dagoberto Condori Quispe, no se acreditó que la posesión sea antigua a la de los querellantes, señalando que, a la fecha, los acusados viven en la zona, pero no determinan antigüedad.
Respecto a las pruebas PT-1, PT-5, PT-8, PT-18, PT-3, PT-4, PT-2, PT-7, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19, PT-20, PT-21, PT-22 y PT-23, se las declaró impertinente al no demostrar la posesión que refirieron los acusados poseer sobre el inmueble, que como bien se apreció de las pruebas PDC-9, PT-6, PT-9 y PT-10, no tenían residencia anterior en el lugar del litigio, careciendo además de un derecho real propietario.
II.2. Del Recurso de Apelación Restringida.
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