Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
AUTO SUPREMO Nº 612
Sucre, 22 de octubre de 2019
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES.
Expediente : 012/2019
Demandante : Empresa unipersonal Centro de Mecánica
Especializada “RDR SERVICE”.
Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.
Materia : Contencioso
Distrito : Tarija
Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo interpuestos, el primero por Ramiro Vallejos Villalba en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, cursante a fs. 398 a 402 vta. de obrados y el segundo por Roberto Daniel Roldan y Roberto Daniel Roldan Ferrari en representación legal de la Empresa Unipersonal Centro de Mecánica Especializada “RDR SERVICE”, cursante a fs. a fs. 419 a 423 vta., contra la Sentencia Nº 16/2018 de 26 de septiembre, pronunciado por la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija de fs. 389 a 395 de obrados; el Auto Supremo de 21 de enero de 2019 cursante a fs. 441 a 441 vta., que admitió los recursos, lo obrado en el proceso, y;
I. ANTECEDENTES PROCESALES:
Sentencia.
Tramitado el proceso contencioso por el pago de obligaciones emergentes de trabajos realizados y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Roberto Daniel Roldan en representación legal de la Empresa Unipersonal Centro de Mecánica Especializada “RDR SERVICE”, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba; la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió la Sentencia N° 16/2018 de 26 de septiembre, cursante a fs. 389 a 395, declarando probada en parte la demanda interpuesta, ordenando a la entidad municipal demandada cancele a favor del actor la suma de Bs1.271.362,50.-, (Un millón, doscientos setenta y un mil trescientos sesenta y dos 50/100 Bolivianos) en improbada la demanda en cuanto al pago de daños, perjuicios e intereses.
Ante la determinación de la Sentencia, Ramiro Vallejos Villalba en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y Roberto Daniel Roldán y Roberto Daniel Roldán Ferrari en representación legal de la Empresa Unipersonal Centro de Mecánica Especializada “RDR SERVICE”, interponen recursos de casación en el fondo, con las contestación de contrario respectivamente, el Tribunal de instancia emite el Auto Interlocutorio N° 137-C/2018 de 26 de noviembre, concediendo los recursos interpuestos.
II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:
Interpuestos los recursos de casación en el fondo, se tienen los siguientes argumentos:
Recurso de casación interpuesto por Ramiro Vallejos Villalba en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba:
- 1.-Se acusa que la sentencia de instancia realiza una apreciación inadecuada, en sentido que el incorrecto cumplimiento de la normativa estatal, es responsabilidad única de los servidores públicos municipales, liberando de tal responsabilidad al contratista; al efecto precisa que el concepto PRO-FORMA utilizado en el presente proceso, ha sido apreciado inadecuadamente, lo cual constituye un error de derecho, fuera del alcance que establece el art. 5 incs. j) y cc) del DS N° 0181 (NB-SABS), pues las pro-formas constituyen un borrador de factura que no significan compromiso y menos obligación de compra o venta, por lo cual no pueden ser asimiladas a órdenes de compra o a órdenes de servicio, menos remplazarlas o que tenga calidad de orden de pago, por cuanto las pro-formas, tienen una única finalidad que es tener parámetros de medición que permita identificar la mejor oferta de potenciales proveedores de un servicio o de un bien.
Agrega que la empresa demandante, efectivamente emitía pro-formas por los trabajos que se le requerían realizar por el GAMY, pero estas pro-formas debían convertirse en ordenes de servicios y estar debidamente suscritas por el RPC o el RPA, según los montos del servicio que se requería y solo con ese documento se establecía la relación de trabajo, de donde emergían las obligaciones y derechos para las partes, este procedimiento no se cumplió conforme establece la norma, procediendo la empresa demandante a realizar trabajos incluso a solicitud verbal de cualquier empleado municipal, y a través de las pro-formas pretendía justificar un pago por un trabajo realizado sin contar con un documento idóneo legalmente.
Indica que si bien la responsabilidad principal de hacer cumplir la normativa estatal de contrataciones, es de los servidores públicos, también dicha responsabilidad es compartida con particulares conforme dispone los arts. 31 y 36 de la Ley N° 1178, no pudiendo el particular alegar desconocimiento de la Ley, no siendo suficiente la buena fe con la que actuó el actor, lo contario implicaría incurrir en una práctica indebida, un antecedente negativo e inclusive un incentivo para que personas particulares amparados en la errónea interpretación de la buena fe con la que se debe actuar con el Estado, hagan incumplimiento de la normativa de contratación .
- 2.-Por otra parte se acusa que la Sentencia de instancia, de manera errónea da valor al acta suscrita en fecha 31 de enero de 2017 entre el representante de la Empresa Unipersonal Centro de Mecánica Especializada “RDR SERVICE” y el Secretario Municipal de Administración y Finanzas, Secretario de Obras Publicas y Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, como fuente generadora de obligación a cancelar; puesto que el documento solo es un acuerdo de intenciones respecto a los servicios prestados por la empresa demandante, pues lo único que reconoce que dicha empresa ha prestado servicios de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias pesadas del GAMY durante la gestión 2015 y 2016, hecho que no se ha negado en ninguna de las actuaciones procesales, además de tratarse de un hecho objetivamente demostrable, por lo cual, lo que el acuerdo buscaba era previamente verificar los servicios efectivamente prestados, cuantificar el valor de los mismos, y en base a esa cuantificación establecer las cantidades o montos pendientes de pago.
- 3.-Por último, acusa error de hecho y derecho en la valoración de las declaraciones de los testigos de cargo, pues considera que dicha valoración fue parcial, ya que solo se valoró los aspectos que interesa a la parte actora, soslayando el sentido integral de cada declaración; en ese sentido, indica que el testigo Ivar Demóstenes Castillo Ibáñez, establece que existía una procedimiento para la contratación de servicios, precisando que la solicitud de la unidad requirente del servicio era derivada al taller mecánico, para que este a su vez haga una cotización, ahí aparece la figura de las pro-formas y que estas era puestas en conocimiento de un funcionario de jerárquica de la GAMY, para luego emitir las ordenes de servicios, puntualizando el testigo de referencia que era el único procedimiento utilizado; no obstante de ello, en el caso de autos el proceso de contratación se detuvo en la emisión de las pro-formas, existiendo responsabilidad de la empresa demandante. Por otra parte, observa la declaración del testigo de cargo René Ludwin Angulo Mendoza, quien señala que no existía documentación que respalde las solicitudes de cancelación y en la administración pública no se puede realizar ninguna cancelación, sin la correspondiente documentación idónea, aspecto que tampoco valoró el Tribunal de instancia. Por ultimo precisa que el testigo de cargo Luis Miguel Martínez Rengifo, en su atestación estableció que la empresa demandante utilizaba pro-formas como órdenes de pago, ya que emitían las mismas y luego facturaban, lo que demuestra el uso incorrecto que se dio a las pro-formas en el contexto del proceso, extremo de igual manera no valorado.
En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, CASE la Sentencia recurrida y deliberando en el fondo declara improbada la demanda contenciosa.
El recurso de casación interpuesto por Ramiro Vallejos Villalba en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, fue contestado por la parte demandante, conforme cursa a fs. 414 a 416 vta. de obrados.
Recurso de casación interpuesto por Roberto Daniel Roldán y Roberto Daniel Roldán Ferrari en representación legal de la Empresa Unipersonal Centro de Mecánica Especializada “RDR SERVICE”:
- 1.-Se acusa violación e incumplimiento al art. 213.II Numeral 3) del Código Procesal Civil, vinculada a error de hecho en la apreciación de la prueba, puesto que la sentencia de instancia ordena el pago únicamente de las pro-formas que adjuntan las planillas de reparación firmadas por algún funcionario público y por la parte actora, y no así de aquellas que no se encuentren firmadas y no cuente con la planilla de reparación respectiva, conforme al cuadro que se detalla en sentencia (fs. 420 a 420 vta.); no obstante de ello, el error de hecho en la valoración de la prueba en la que incurre el Tribunal de instancia, a criterio de los recurrentes, pasa por la abundante prueba documental incorporada por su parte al proceso, la cual no ha sido debidamente valorada e identificada a momento de emisión de la sentencia; sin embargo, las pro-formas observadas y no consideradas por falta de planilla de reparación y las firmas correspondientes, se encuentran debidamente respaldas, conforme al siguiente detalle:
- 1.-La pro-forma N° 816 de fs. 896, se encuentra respaldada a fs. 893.
- 2.-La pro-forma N° 820 de fs. 310, se encuentra respaldada a fs. 310.
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