Texto del fallo
gano JUnaa TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0614/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: La Paz 344/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Ariel Klider Limachi López Delito: Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis. del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 1436 a 1440, Ariel Klider Limachi Flores (sic), impugna el Auto de Vista 65/2022 de 17 de junio de fs. 1400 a 1403, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. del CP.
ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Por Sentencia 20/2020 de 13 de febrero de fs. 1249 a 1254, el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ariel Klider Limachi López, autor de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. del CP, imponiendo la pena de tres años de privación de libertad, al haberse acreditado los siguientes hechos probados:
1. La víctima, era esposa del acusado Ariel Klider Limachi López con quien tiene tres hijos procreados, aspecto demostrado por la prueba documental del Ministerio Público signada como prueba MP-9
certificado de matrimonio de Ariel Klider Limachi López y AAA!, así como la prueba de cargo del Ministerio Público, prueba MP-10 certificado de nacimiento de BBB?, prueba MP-11 certificado de nacimiento de CCC prueba MP-12 certificado de nacimiento de DDD, en los cuales en los casilleros correspondientes a los padres figuran el nombre del acusado Ariel Klider Limachi López y de la víctima aspecto corroborado por la prueba documental MP-6 informe social, literales al ser documentos extendidos por funcionarios públicos tienen plena validez y no pueden ser refutados; en consecuencia, se tiene suficiente elemento de convicción que acredita fehacientemente que el acusado Ariel Klider Limachi López era el esposo y es el padre de los hijos de la víctima.
2. La víctima, el 4 de septiembre de 2017, a horas. 13:30 aproximadamente, se encontraba con el acusado Ariel Klider Limachi López afuera del Colegio Don Bosco, ubicado en la zona San Martín, tal como se evidencia de la prueba MP-7 Informe Técnico Circunstancial de Intervención de 8 de octubre del 2017, con su toma fotográficas que señala, el 20 de septiembre de 2017, a las 09:15 am. a solicitud del Pol. Rubén Sanga Valencia, Investigador asignado al caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de El Alto, y en cumplimiento a requerimiento Fiscal, se constituyeron a la calle Ricardo Bustamante y av. Raúl Salmon frontis de la U.E. San Martin de Porres, a objeto de realizar el registro del lugar del hecho, dentro de la denuncia interpuesta por la víctima en contra de Ariel Klider Limachi, por el presunto delito de Violencia Familiar o Doméstica, señaló que, cuando se encontraba con su hijo menor de edad a momento de dejarle en su unidad educativa el menor se adelantó y cuando la madre le dio alcance le encontró hablando con su padre, interrumpiendo el ingreso del menor, la madre al reclamarle que el menor iba a llegar tarde a su unidad educativa, el sindicado reaccionó de manera violenta agarrándola de las manos y pateándole al mismo tiempo insultándole y empujándola pocos metros más allá para seguir la agresión mencionando que era militar y que no le importaba que denuncie. Sin embargo, de la intervención se tomaron placas fotográficas para su mejor referencia que se adjuntaron al informe teniendo el valor legal correspondiente al amparo de los arts. 92 y 1 ART. 89. (RESERVA). El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima ? Esta Sala considera la : En razón a lo cual, los jueces y tribunales, deberán suprimir toda referencia que pueda conducir a la identificación del menor involucrado y el de su familia; debiendo consecuentemente, reemplazar el nombre de éste no con las iniciales de sus nombres y apellidos, porque de todos modos serían pasibles de identificación al señalar que su familiar (nombre completo) lo representa, quebrantando así la reserva y resguardo de su identidad; entonces deberá identificársele con letras repetitivas, tales como CC o XX, por ejemplo, lo mismo que a sus familiares cuando éstos actúen en su representación, esto con el único y exclusivo afán de guardar estricta reserva de los datos de identidad del menor y dar cabal cumplimiento a la norma; la inobservancia de la norma por parte del Tribunal Constitucional cohonestaría la obediencia parcial de la ley o su total infracción
CAZA 95 inc. 6) de la Ley 348, que conlleva a plena convicción y demuestra que la víctima y el acusado en dicha fecha se encontraban en el lugar de los hechos.
I.2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 1340 a 1354 vta., alegando como agravios, los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
1.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Por Auto de Vista 65/2022 de 17 de junio de fs. 1400 a 1403, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso con base a los siguientes argumentos:
La vigencia plena del principio de legalidad prevista por el art. 180.1 de la CPE y el art. 30 numeral 6) de la Ley del Órgano Judicial, lo cual obliga a toda Autoridad Judicial aplicar de manera estricta los mandatos legales y vigentes, en virtud a ello es menester invocar la Sentencia Constitucional Plurinacional N 770/2012-R de 13 de agosto de 2012 en cuanto al principio de legalidad de conformidad a lo previsto, por el art. 180-1 de la CPE, mismo que señala Es un principio de la jurisdicción ordinaria, al respecto la Sentencia Constitucional 091 , que a su vez citó a la , estableció que el principio de legalidad esencial del Estado de Derecho (...) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional) no garantiza que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por Ley, en consecuencia es deber y obligación de la Autoridad Jurisdiccional velar el cumplimiento de este principio, pues la omisión del mismo llegaría a quebrantar el ordenamiento jurídico procesal penal y ello acarrearía un caos jurídico procesal el cual de manera paralela quebrantaría el principio de la segundad jurídica.
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