AS/0632/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0632/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: O-14-25-S

Partes: Gonzalo Javier Lima Velasco y Celia Esther Molina Flores de Lima c/ Francisco Cristóbal Lima Velasco y Celia Marina Quispe Miranda.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 579 a 582 vta., formulado por Celia Marina Quispe Miranda, contra el Auto de Vista N° 54/2025 de 17 de febrero, corriente de fs. 565 a 576, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria promovido por Gonzalo Javier Lima Velasco y Celia Esther Molina Flores de Lima contra la recurrente y Francisco Cristóbal Lima Velasco, la contestación visible de fs. 587 a 588, el Auto de concesión de 18 de marzo de 2025 visible a fs. 589, el Auto Supremo de admisión N° 0309/2025-RA de 04 de abril, saliente de fs. 596 a 597 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Gonzalo Javier Lima Velasco y Celia Esther Molina Flores de Lima, por memorial de demanda de fs. 96 a 101, promovieron demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria contra Francisco Cristóbal Lima Velasco y Celia Marina Quispe Miranda, quienes una vez citados, el primero al no contestar la demanda en el plazo previsto por ley, fue declarado rebelde por Auto de 13 de marzo de 2024 a fs. 270, quien posteriormente se apersonó al proceso por memorial de fs. 294 y vta., purgando su rebeldía, contestando la demanda de forma positiva y allanándose a la demanda principal, la segunda por memorial de fs. 233 a 239 contestó negativamente a la demanda y formuló demanda reconvencional de acción negatoria que fue admitida por Auto de 08 de febrero de 2024 visible a fs. 240, que corrido en traslado a la parte demandante, contestó negativamente por escrito de fs. 268 a 269 vta., asimismo por memorial de fs. 241 a 242, Celia Marina Quispe Miranda formuló incidente de nulidad que fue resuelto por Auto de 28 de febrero de 2024 de fs. 261 a 262 vta., por el que se declaró improbado dicho incidente; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 130/2024 de 18 de noviembre, que discurre de fs. 519 a 526 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Oruro declaró PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, e IMPROBADA la demanda reconvencional de acción negatoria, disponiendo la francatura de la minuta de propiedad de usucapión en favor de los demandantes y su correspondiente registro, así como la cancelación del derecho de propiedad de los demandados, sin costas ni costos por ser juicio doble.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Celia Marina Quispe Miranda por memorial de fs. 532 a 535, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emita el Auto de Vista N° 54/2025, de 17 de febrero, que cursa de fs. 565 a 576, que CONFIRMÓ la sentencia apelada, con condenación de costas y costos a la apelante, bajo los siguientes argumentos:

- La Sentencia apelada estableció que los demandantes ingresaron en posesión del inmueble desde el año 1997 hasta la actualidad, la demandada confesó espontáneamente que demostró titularidad del inmueble recién desde el 21 de julio de 2021, por lo que habría permanecido durante el lapso de la usucapión sin reclamar el inmueble.

- El codemandado Francisco Cristóbal Lima Velasco suscribió el memorial de fs. 294 contestando a los términos de la demanda de forma afirmativa y confesa, por lo que no es cierto que no se hubo probado la posesión del bien inmueble por el lapso de 10 años que prevé el art. 138 del Código Civil.

- Si bien se suscitó la interrupción civil de la prescripción, esta fue efectiva después de haberse operado el plazo de 10 años de la posesión; interrupción demostrada a través de una notificación con un decreto de fecha 16 de agosto de 2013 librado por un Juez Familiar de la localidad de Quillacollo dentro el proceso de división y partición del bien inmueble, actuado que fue acompañado en la contestación, hecho desestimado por la autoridad de primera instancia, en los términos establecidos en el art. 1503.I y II del Código Civil, por lo que dicha notificación no interrumpió la prescripción ya operada.

- En relación a la prescripción extintiva, señala que cuando la apelante registra su derecho propietario el 21 de julio de 2021, ya se hubo cumplido el plazo de los diez años de la prescripción adquisitiva a favor de los actores produciéndose la prescripción extintiva de su derecho de propiedad.

- Sobre el hecho de no haberse percatado que el inmueble objeto de usucapión es de dominio estatal o privado emitiéndose resolución sin este convencimiento, dicha aseveración carece de asidero legal pues de la prueba cursante en obrados, se evidencia sin lugar a dudas que el inmueble se encuentra debidamente identificado y es de orden privado, siendo de conocimiento de la misma recurrente ya que aquella habría registrado el bien inmueble a su nombre, encontrándose el mismo ubicado en el área urbana de la ciudad de Oruro y no en el área rural.

- Los gravámenes y restricciones vigentes sobre la matrícula de registro del bien inmueble, no tienen ninguna incidencia en la presente causa al no enervar ni desvirtuar la pretensión ordinaria de usucapión, que se encuentra fundada en la ocupación física del inmueble por más de diez años, correspondiéndole a la parte demandada desvirtuar esos extremos.

- Por último, en relación a la demanda reconvencional establece que de acuerdo al espíritu de la norma que describe la acción negatoria y de la jurisprudencia invocada, se tiene que esta acción puede ser ejercitada por el propietario de una cosa contra otra que afirma tener derecho sobre la misma cosa, pidiendo se reconozca o declare la inexistencia de tal derecho; en el caso, los actores no afirman tener derecho sobre el bien inmueble demandado, sino que precisamente, mediante la interposición de la acción de usucapión buscan la adquisición del derecho propietario sobre el mismo; por lo que la pretensión reconvencional resulta antitética a la demanda de usucapión.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Celia Marina Quispe Miranda por escrito de fs. 579 a 582 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, la recurrente acusó:

En la forma.

a) La resolución recurrida no tomó en cuenta el art. 1487 del Código Civil respecto al cómputo de plazos, por cuanto no se ha consignado el año que da inicio a la posesión y hasta que año tuvo su duración.

b) El Tribunal de alzada consideró innecesaria la notificación al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por lo que no se contó con una certificación que avale que el bien inmueble es susceptible de ser usucapido, disposición que incidió en la sustanciación de su parte resolutiva.

En el fondo:

a) El Auto de Vista no resuelve fundadamente sobre la prescripción extintiva limitándose a replicar el texto de la Sentencia, por cuanto da a entender que no es necesario que transcurran 10 años de inacción para que opere la prescripción extintiva.

b) En cuanto a la pretensión reconvencional, el Tribunal de alzada consideró que los demandantes no cuentan con derecho alguno sobre el inmueble y que al ser inexistente este derecho no se encuentra en el precepto del art. 1455 del Código Civil, que deviene en una errónea interpretación que es aplicada como base para negar la apelación.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se case el Auto de Vista impugnado y se falle en lo principal aplicando las leyes conculcadas.

2. De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación precedentemente descrito, ha sido respondido por los demandantes Gonzalo Javier Lima Velasco y Celia Esther Molina Flores de Lima, por memorial visible de fs. 587 a 588, bajo los siguientes argumentos:

- En obrados cursa el plano demostrativo de ubicación debidamente legalizado y el Certificado Catastral, donde se advierte que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro describe técnicamente el bien inmueble, documentación que sirve para individualizarlo convenientemente, además de ser coincidente con el registro en Derechos Reales y otras pruebas del proceso, por lo que los argumentos de la recurrente carecen de asidero legal.

- En cuanto al recurso de casación en el fondo refieren que la recurrente nunca estuvo en posesión del inmueble objeto de la demanda, que su propia posesión data del año 1997 y no ha sido interrumpida sino hasta el 11 de septiembre del año 2023, habiendo ya transcurrido el plazo establecido por el art. 138 del Código Civil; en relación a la acción negatoria aquella es inviable contra sus personas debido a que su derecho de propiedad aún no se encuentra registrado en Derechos Reales.

Argumentos por los cuales solicitó se declare improcedente e infundado el recurso, con costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las resoluciones.

Conforme refiere la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0235/2015-S1, de 26 de febrero, el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como: “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aun cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos, por ende son autónomos en su ejercicio, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata, así, la Sentencia Constitucional Nº 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos manifestando que el debido proceso está compuesto por el: …derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.

En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantías del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídicos legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SSCC 1369/2001-R).

En respecto a la congruencia de las resoluciones, la Sentencia Constitucional Nº 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó lo siguiente: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que, además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

Estos entendimientos, fueron reforzados en el Auto Supremo Nº 651/2014, de 06 de noviembre, que al respecto señaló; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Lo que motiva a concluir que la congruencia marca el ámbito del contenido de la resolución judicial, orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación; así como con los recursos planteados por las partes, velando que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí.

III.2. De la acción negatoria.

En el Auto Supremo Nº 666/2014, de 11 de noviembre, en la parte de los fundamentos de la resolución se ha desarrollado el concepto y los presupuestos sustanciales de la acción negatoria, conforme a lo siguiente: “Corresponde reiterar que el art. 1455 del Código Civil, la norma precitada cuando refiere que el propietario puede demandar a un tercero que afirme tener derechos sobre la cosa, incide sobre aquellos derechos que perturben la libertad del bien real, es decir, el propietario puede demandar contra aquel que afirme tener el derecho de propiedad o un derecho de aprovechamiento (servidumbre, usufructo, uso, habitación) sobre la propiedad del actor y mediante la acción negatoria lo que se pretende es oponerse a esos alegatos y lograr que se niegue la existencia de esos derechos alegados por el tercero, del ahí el nombre de -acción negatoria servitutis-, de dicha acción negatoria pueden presentarse los siguientes hipotéticos: 1) si en el curso del proceso el demandado demuestra la existencia de ese derecho real alegado, la acción negatoria será desestimada, 2) si en el curso del proceso no se acredita la existencia de esos derechos reales alegados por el demandado, la acción negatoria será procedente, y 3) si en el curso del proceso el demandado alega y acredita tener derecho de propiedad sobre el mismo bien debatido, el desarrollo del proceso deberá estar orientado a la verificación del mejor derecho de propiedad, esto en procura de satisfacer el reclamo de los contendientes sobre el derecho de propiedad y de evitar la multiplicidad de los procesos, para conseguir y otorgar la paz social a los litigantes”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los hechos acusados en el recurso de casación en la forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la forma.

a) Sobre la acusación de que el Auto de Vista recurrido no tomó en cuenta el art. 1487 del Código Civil, respecto al cómputo de plazos, al no haber consignado el año que dio inicio a la posesión y hasta que año tuvo su duración.

Dicha aseveración carece del menor sustento fáctico o jurídico; pues, de la revisión exhaustiva de la resolución impugnada, se advierte que en el Considerando III.5 del fallo, el Tribunal de alzada respondió a la recurrente sobre el agravio formulado por aquella, manifestando que: el ciudadano Gonzalo Javier Lima Velasco desde el año 1997 hubo ingresado junto a su esposa en posesión del bien inmueble hasta la actualidad, argumento con el cual fundamentó su pretensión de adquisición de la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria, que no fue negada ni enervada por la demandada; por el contrario, la misma confesó espontáneamente demostró la titularidad sobre el bien inmueble el 21 de julio de 202, hecho demostrado con el folio real en cumplimiento a lo previsto en el art. 1538 del Código Civil, no habiendo durante todo este tiempo efectuado reclamo alguno sobre el inmueble.

Con respecto a la interrupción civil que alega, el Ad quem, concluyó que conforme establece el art. 1503.I y II del Código Civil, la prescripción se interrumpe –entre otros- con un acto de embargo, decreto o demanda judicial notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. Aclarando que con el decreto de 16 de agosto de 2013 (2023 de acuerdo a la literal de fs. 218) pronunciado por el Juez Familiar de la localidad de Quillacollo, la demandada Celia Mariana Quispe Miranda fue notificada el 21 de agosto de 2023 y teniendo en cuenta que el cómputo de la prescripción empezó a computarse desde el año 1997, se cumplió con el plazo de la prescripción adquisitiva el año 2007, por lo que dicha notificación no interrumpió el plazo referido, ya que para tal fecha el término de la prescripción de diez años ya se hubo operado en favor de los demandantes.

b) Sobre la falta de notificación al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con la demanda de usucapión decenal, que la recurrente considera necesaria debido a la posibilidad de que el predio fuera de dominio público o que no corresponda al área urbana; la resolución recurrida fue enfática al referir en el acápite III.8 que: del análisis del documento público de adjudicación, de la matrícula de registro del inmueble, del plano demostrativo, instalación de servicios básicos, pagos de impuestos anuales y otros; se evidencia, sin lugar a dudas que el inmueble objeto de la demanda se encuentra ubicado en la ciudad de Oruro, estación Norte, lote (vivienda) N° 13, manzana D, con una superficie de 205,50 m2, y sus colindancias son calles y lotes urbanos, teniendo conocimiento de éste hecho los propios demandados, pues fue la propia recurrente quien adjuntó el folio real del inmueble, encontrándose el mismo en área urbana y no en área rural.

Contenido del Auto de Vista que constituye respuesta motivada, fundamentada y congruente en relación a los agravios formulados en el recurso de apelación y que de forma alguna acreditan infracción a los principios de verdad material o legalidad, como erróneamente sugiere la recurrente, deviniendo los cuestionamientos sobre la forma de la resolución recurrida en infundados.

En el fondo.

a) Aduce la recurrente que el Auto de Vista no resolvió fundadamente sobre la prescripción extintiva, por cuanto da a entender que no es necesario que transcurran 10 años de inacción para que opere la prescripción extintiva.

Al respecto, pese a la excesivamente retórica relación de hechos propuesta por la recurrente a título de agravio de fondo; se advierte que su grado de confusión proviene de su particular interpretación del art. 1492 del código Civil, que refiere: “cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece”, en alusión al efecto extintivo de la prescripción, argumentación desfasada por la que considera no haber permanecido diez años sin reclamar su bien inmueble, por lo que correspondía declarar improbada la demanda de usucapión.

El Tribunal Ad quem, atendió este cuestionamiento de forma adecuada, explicando a la apelante que: los gravámenes y restricciones vigentes sobre la matrícula de registro del bien inmueble, no tienen ninguna incidencia en la presente causa al no enervar ni desvirtuar la pretensión ordinaria de usucapión, que se encuentra fundada en la ocupación física del inmueble por más de diez años, correspondiéndole a la parte demandada desvirtuar esos extremos, lo que de obrados se advierte no aconteció. Además; que ante la constatación de la procedencia de la demanda de usucapión, el título de propiedad de los demandados se torna en ineficaz; pues su efecto es declarar a la vez, la adquisición del inmueble en favor de los demandantes por prescripción adquisitiva, produciéndose –simultáneamente- la prescripción extintiva del derecho de los demandados; pues una parte adquiere la propiedad y la otra pierde la titularidad por efecto de la prescripción extintiva o liberatoria; por lo que esta acusación resulta notoriamente inatendible en casación.

b) Sobre el segundo cuestionamiento de fondo propuesto en el recurso, se debe considerar que el art. 1455 del Código Civil, refiere que el propietario puede demandar a un tercero que afirme tener derechos sobre la cosa, postulación que incide sobre aquellos derechos que perturben la libertad del bien real; es decir, el propietario puede demandar contra aquel que afirme tener el derecho de propiedad o un derecho de aprovechamiento, pero debe acreditarse de acuerdo a la carga probatoria que le corresponde a quien la formula, que estos supuestos derechos provengan de derechos de servidumbre, usufructo, uso, habitación u otros de naturaleza real, y que tengan afectación directa sobre la propiedad del actor, siendo la finalidad de la acción negatoria oponerse a esos alegatos y lograr que se niegue la existencia de esos derechos alegados por el tercero; siendo aquella la explicación precisa de su naturaleza jurídica.

En el caso en análisis, acerca de la acción negatoria que la recurrente demandó en vía de reconvención; el razonamiento explanado por el Tribunal de alzada en el Considerando III.11 del Auto de Vista impugnado, es absolutamente coherente y congruente con la doctrina legal desarrollada al respecto por este Tribunal en el Considerando III.2 del presente fallo; pues esta acción de protección a la propiedad, está exclusivamente destinada para ser ejercitada por el propietario de una cosa contra otra que afirma tener derecho sobre la misma cosa, pidiendo se reconozca o declare la inexistencia de tal derecho.

Es así; que como adecuadamente razonaron los de alzada, en el presente caso los actores en ningún momento del proceso afirmaron tener derecho real alguno sobre el bien inmueble demandado; sino que precisamente, mediante la interposición de la acción de usucapión decenal o extraordinaria, pretenden la adquisición del derecho propietario sobre el mismo en su favor y que como lógica consecuencia el derecho propietario de los demandados se extinga por prescripción liberatoria o extintiva; por lo que la pretensión reconvencional resulta antitética a la demanda de usucapión.

De las conclusiones anteriormente descritas, se advierte que el Tribunal de alzada efectuó un correcto análisis de los antecedentes del proceso, consiguientemente, toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación –en el fondo y en la forma- no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 579 a 582 vta., formulado por Celia Marina Quispe Miranda, contra el Auto de Vista N° 54/2025 de 17 de febrero, corriente de fs. 565 a 576, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

</div>

Texto del fallo

Consulta el PDF original con Pixi

Datos del proceso