AS/0637/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0637/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: LP-75-25-S

Partes: Lucy Camacho c/ Fernando Arratia Villca.

Proceso: División y partición de bienes gananciales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 448 a 456, interpuesto por Lucy Camacho, contra el Auto de Vista N° S-788/2024 15 de noviembre, corriente de fs. 442 a 446, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, seguido por la recurrente contra Fernando Arratia Villca; el Auto de concesión de 19 de marzo de 2025, visible a fs. 460; el Auto Supremo de admisión N° 0340/2025 de 11 de abril, visible de fs. 469 a 470 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lucy Camacho por memorial de demanda que discurre de fs. 15 a 17 vta., reiterada por memorial de fs. 32 a 35, subsanado de fs. 39 a 40 vta., modificada a fs. 66 a 68 vta., subsanada de fs. 73 a 75 promovió el proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales contra Fernando Arratia Villca, quien una vez citado según escrito visible de fs. 102 a 110, subsanado de fs. 113 a 117 vta., contestó de forma negativa e interpone acción reconvencional de declaración de ganancialidad; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 323/2024, de 31 de mayo, cursante de fs. 402 a 411 en la que la Juez Público de Familia 6° de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda de división y partición y la acción reconvencional, declarando como bienes gananciales los siguientes: 1. El bien inmueble ubicado en la zona Villa La Merced; 2 Una parcela de terreno en la comunidad Murarata con una superficie de 1.4024; Una parcela de terreno agrícola en la comunidad Murarata con una superficie de 18292; deuda contraída en la suma de Bs. 28.000; deuda contraída del Banco PRODEM S.A.; deuda contraída del Banco Unión; el pago de $us. 1800 por servidumbre; deuda contraída de Fernando Arratia Villca; bienes descritos en el informe elaborado por el oficial de diligencias; camión marca Nissan, placa 1060-UIA; toda vez, que la parte demandante en el acta de audiencia de fs. 352 a 356 de obrados, admite haber transferido a una tercera persona el mismo que siempre y cuando no admita cómoda división deberá ser subastado públicamente previo avaluó y la consiguiente distribución en partes iguales del producto, una vez regularizado el derecho propietario; con relación a los otros bienes inmuebles y muebles declarados como gananciales que no admitan cómoda división deberán ser subastados. Asimismo, declara IMPROBADA la demanda de fs. 15 a 17, reiterado de fs. 32 a 35, subsanado de fs. 39 a 40, 66 a 68, 73 a 75, así como la acción reconvencional de fs. 102 a 110 subsanada de fs. 113 a 117 seguida por Lucy Camacho y Fernando Arratia.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Lucy Camacho mediante memorial de fs. 417 a 418 vta., y por Fernando Arratia Villca a través de memorial cursante de fs. 427 a 428 originó que la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita Auto de Vista Nº S-788/2024, 15 de noviembre, corriente de fs. 442 a 446 donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con la modificación que al haber sido transferido el camión marca Nissan, con placa de circulación N° 1060-UIA a una tercera persona, corresponde que la demandante devuelva al demandado Sr. Fernando Arratia el 50% del precio de la venta del citado camión, a ser cuantificado en ejecución de fallos, en el estado en que fue transferido, bajo los siguientes argumentos:

- En el caso de autos de acuerdo a los datos del proceso se tiene que, ambas partes reconocen que dentro del matrimonio se ha llegado adquirir el camión marca Nissan tipo Condor, color verde, año 1998, con placa de circulación 1060 UIA, es así que Lucy Camacho a momento de responder a la demanda reconvencional señaló que los vehículos motorizados que refiere el demandado, éstos fueron vendidos por él.

- En la audiencia complementaria, del 03 de noviembre de 2023, la abogada de la parte demandante señaló: “ese Nissan ella era apoderada simplemente entonces ella lo hace la transferencia en su total legalidad ya está a nombre de otra persona”

- La demandante en la misma audiencia a la pregunta de la Juez de cuando lo habría vendido, respondió “no recuerdo, debe ser hace 4 o 3 años del garaje también me dijo que lo saque estaba 5 años ahí parado estaba todo destartalado toda la foto de la carrocería, yo me he quedado con tantas deudas”, quedando claro que por el principio de verdad material y por la confesión efectuada por Lucy Camacho, SOAT de fs. 90 y por los datos del proceso se tiene que el camión habría sido adquirido dentro del matrimonio Camacho-Arratia con poder y el 2019-2020, habría sido transferido por la demandante a una tercera persona tal cual la misma demandante admite.

- Del certificado emitido por la División de Registro de Vehículos de Transito de fecha 31 de enero de 2023, se tiene que el camión marca Nissan con placa de circulación N° 1060-UIA se halla registrado a nombre de Casimiro Sejas Jaldín tercera persona ajena al proceso; consiguientemente, la Juez A quo no podría ordenar el remate de un vehículo registrado a nombre de un tercero, más aún cuando se admite que el mismo ya fue transferido por la demandante; por lo que, corresponde corregir el fallo.

- Sobre el segundo agravio se debe considerar lo determinado por el art. 306. num.2 de la Ley N° 439; toda vez que, en el caso de autos Lucy Camacho demandó que dentro el matrimonio se obtuvo una deuda por Bs. 41.800.- adjuntando el documento de fs. 29 el cual se trata de un documento privado, sin el correspondiente reconocimiento de firmas; por lo que, no tendría ningún valor legal a no haber sido elevado a instrumento público.

- Por otro lado, de fs. 30 a 31 se evidencia el documento de reconocimiento de deuda, suscrito por la demandante Lucy Camacho y Winder Adalid Incapoma Choque y Jhovana Arratia Camacho, de la valoración de la misma se evidencia que este documento no fue suscrito por el demandado; en ese sentido, se debe considerar lo determinado en el art. 191.III de la Ley N° 603; en consecuencia, en el presente caso no se justificó que este préstamo haya ido en beneficio de la comunidad de gananciales, tal cual lo señala la norma; más aún, cuando Fernando Arratia no dio su consentimiento para que su esposa reconozca la deuda que consigna el documento.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Lucy Camacho, según escrito visible de fs. 448 a 456, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La recurrente en el recurso de casación alegó:

a) Violación, interpretación errónea o aplicación indebida del art. 386 de la Ley N° 603; toda vez que, el Auto de Vista N° S-788/2024 de 15 de noviembre, en su parte dispositiva confirmó la Sentencia de primera instancia de 30 de mayo de 2024, con inserción de oficio de la terminología de modificación plasmada en la parte dispositiva, existiendo una contradicción de que al confirmarse la sentencia no correspondía la modificación de la Sentencia.

b) El Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho, al señalar que la movilidad marca Nissan modelo Condor con placa de circulación N° 1060-UIA fuera trasferido a un tercero (Casimiro Sejas Jaldin), cuando no existe constancia documentada de dicha transferencia, siendo más al contrario que conforme Escritura Pública N° 502/2012 fuera Casimiro Sejas Jaldin quien hubiera otorgado el poder a su persona para la transferencia del motorizado, no siendo un comprador, sino su mandante; por lo que, se conculcaría el art. 393 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar respecto al error de hecho y de derecho sobre la prueba.

c) Que, existe una contradicción en el Auto de Vista en la valoración de la prueba; puesto que, establece que el propietario del camión Nissan con placa N° 1060-UIA según certificado de la División de Registro de Vehículos de Transito de 31 de enero de 2023 seria Casimiro Sejas Jaldin; empero, la referida resolución también refiere que Casimiro Sejas Jaldin es el comprador del señalado camión siendo la vendedora Lucy Camacho, afirmación generada sin contemplar la confesión que realiza el demandado por memorial de fs. 427 quien afirma que por Poder Especial N° 502/2012 es Casimiro Sejas Jaldín quien más bien otorga poder especial a su persona en la gestión 2012 para transferir el referido motorizado, vulnerándose en consecuencia el art. 220 inc. c) respecto al principio de verdad material, art. 326 respecto a la exención de la prueba y el art. 393 inc. a) respecto al error de hecho y de derecho respecto a la valoración de la prueba todos del Código de las Familias.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se declare fundado y case el recurso interpuesto, sea con costas y costos a su favor.

2. De la contestación al recurso de casación.

La parte demandada, debidamente notificada con el recurso de casación en análisis, no contestó al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 1174/2017, de 01 de noviembre, en su doctrina legal estableció que: “…La interpretación errónea y aplicación indebida, no pueden proponerse simultáneamente respecto de una misma norma, porque cada uno de ellos tiene legalmente un significado propio y un alcance distinto. Debiendo entenderse que mientras la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador aplica la norma pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde; la aplicación indebida ocurre cuando, sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma, se aplica a un hecho o situación no previsto en el supuesto fáctico de la disposición, o se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal, aspecto que resulta elemental para comprender la presunta violación que se pretende. Siguiendo el criterio del Prof. Lothar Hauser, podemos indicar que, en la Violación de Ley, el juez tiene que afirmar ante todo la existencia de la norma, determinar si está vigente o si se ha extinguido, y es necesario que precise su ámbito en el tiempo y espacio. Además, debe decidir si la norma es eficaz para regir una situación de hecho. En ocasiones la violación de ley puede darse por desconocimiento del rango y preferencia que una norma tiene en relación con las demás, o por ignorancia acerca de su naturaleza propia. Interpretación Errónea: no se trata de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino de un error acerca de su contenido. Se debe decidir cuál es el pensamiento latente en la norma, como forma única de poder aplicarla con rectitud, y ha de inquirirse su sentido sin desviaciones ni errores. Aplicación Indebida: el error in iudicando no se contiene en la premisa mayor del silogismo, sino en la menor, porque al subsumir los hechos establecidos en la norma es cuando el error puede cometerse, puede errarse al precisarse las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre en juego; o darse la equivocación al establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Como corolario de lo anterior, podemos delimitar los tres casos objeto de estudio del siguiente modo: La Violación de la Ley consiste en no aplicar a un hecho la regla que le corresponde, el vicio se produce en la premisa mayor, y se puede cometer de dos maneras: en sentido positivo, vulnerando el alcance del precepto; y en sentido negativo, por desconocimiento o inaplicación del mismo. La Interpretación Errónea se lleva a cabo cuando no se da a la disposición su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido, por equivocación en la indagación de su acepción. Es decir, se elige bien la norma aplicable, pero se le asigna un significado distinto al que realmente tiene. Estamos en presencia de un error en la premisa mayor o base jurídica…”

III.2. Del principio de razonabilidad.

En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP 0617/2015-S1, de fecha 15 de junio de 2015 ha señalado: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: ‘Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales’ De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo constitucional, el principio de razonabilidad está orientado a que toda autoridad que ha de asumir una decisión, la haga de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante, acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esenciales, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad”

Mostrando 38 de 76 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso