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TSJ

AS/0637/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
31 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Incumplimiento de deberes

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

O A AAA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0637/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Tarija 225/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Adel Ruiz Contreras, Jorge Hilton Palavecino Villa, Liliana Ysidora Tárraga Torrez y Roberth Henry Camacho Valdez Delitos: Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado, arts. 154, 224 y 221 del Código Penal (CP) Sucre, 10 de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación de 14 de junio de 2024, de fs. 1501 a 1531 vta., Adel Ruiz Contreras impugna el Auto de Vista 627 /2023-SP1 de 8 de diciembre de fs. 1476 a 1489, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra y de Jorge Hilton Palavecino Villa, Liliana Ysidora Tárraga Torrez y Roberth Henry Camacho Valdez por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado, previstos en los arts. 154, 224 y 221 del CP.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

DE LA SENTENCIA

Se tiene a la vista la Sentencia 1/2022 de 18 de enero, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villamontes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cursante de fs. 1356 a 1372, que declaró a Adel Ruiz Contreras, autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, teniendo como probados los siguientes hechos:

En la gestión 2009, el Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes suscribió con la empresa constructora y servicios generales LUGA un

contrato para la ejecución del proyecto Construcción Centro de Capacitación Técnico Humanístico Comunidad de Capirendita, cuyo plazo de ejecución fue fijado en 300 días calendario, habiéndose entregado un anticipo del 20 y constituido pólizas de garantía de correcta inversión de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Durante la ejecución del contrato, se emitieron informes técnicos y legales que dieron cuenta del incumplimiento de la empresa contratista LUGA, evidenciándose que la obra no alcanzó el avance físico previsto, que existían retrasos relevantes en su ejecución y que correspondía asumir acciones administrativas para resguardar los intereses económicos del Gobierno Municipal de Villamontes.

Adel Ruiz Contreras ejercía funciones como Oficial Mayor Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes, extremo acreditado a partir de la documentación introducida a juicio, particularmente por las literales en las que aparece suscribiendo actuaciones administrativas con sello y cargo institucional, relacionadas con las solicitudes vinculadas a las pólizas de garantía de la empresa contratista LUGA.

Adel Ruiz Contreras, en su condición de Oficial Mayor Administrativo, conocía la existencia de los informes técnicos y legales que advertían el incumplimiento de la empresa contratista, así como la necesidad de precautelar los intereses del Estado mediante la ejecución oportuna de las pólizas de garantía constituidas a favor del Gobierno Municipal de Villamontes.

Asimismo, se estableció que, pese a tener conocimiento del estado de incumplimiento contractual y de la vigencia temporal de las pólizas, Adel Ruiz Contreras participó en actuaciones administrativas mediante las cuales no se impulsó de manera efectiva la ejecución de las garantías, permitiendo que transcurra el tiempo sin que se consolide oportunamente el cobro de las pólizas de correcta inversión de anticipo y cumplimiento de contrato.

Por razón del cargo que desempeñaba como Oficial Mayor Administrativo, tenía el deber funcional de realizar los actos propios de su competencia destinados a ejecutar, activar o requerir oportunamente la ejecución de las pólizas de garantía, conforme a las normas administrativas aplicables y a la obligación institucional de resguardar los recursos públicos comprometidos en el contrato.

Adel Ruiz Contreras omitió cumplir actos propios de sus funciones, al no ejecutar ni promover oportunamente la ejecución de las garantías constituidas por la empresa LUGA, pese a conocer el incumplimiento contractual y la necesidad de proteger los intereses económicos del Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes.

A A L.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

El imputado impugnó la Sentencia por memorial con cargo de

recepción de 9 de febrero de 2022, de fs. 1399 a 1418 vta., a través

del recurso de apelación restringida, expresando los siguientes agravios:

  1. 1)Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que fue condenado por el delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, en su texto modificado por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010; sin embargo, la prueba en la que se sustentó su condena particularmente en la MP-7, ubicaría el supuesto hecho el 15 de enero de 2010, es decir, en un tiempo anterior a la vigencia de la referida Ley 004. Por ello, sostuvo que la norma sustantiva aplicable era el art. 154 del CP en su redacción anterior, denunciando que el Tribunal de mérito aplicó retroactivamente una norma penal desfavorable.
  1. 2)Falta de fundamentación de la Sentencia o fundamentación insuficiente o contradictoria, defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, señalando que el Tribunal de Sentencia no fundamentó ni motivó debidamente su resolución, pues no habría asignado un valor determinado a cada uno de los elementos de prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Agregó que la Sentencia no explicó de manera clara y suficiente cómo las pruebas producidas en juicio demostraban su responsabilidad penal, ni justificó adecuadamente la relación entre la prueba MP-7, la temporalidad del hecho y la aplicación del delito de Incumplimiento de Deberes bajo la Ley 004.
  1. 3)Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, manifestando que el juicio oral no demostró su culpabilidad dentro del hecho acusado por ningún elemento de prueba introducido a juicio, ni por las pruebas testificales producidas. Sostuvo que no se acreditó de manera suficiente que hubiera incumplido dolosamente un deber propio de sus funciones, denunciando además vulneración del debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, al no haberse dado respuesta adecuada a cada uno de los agravios demandados.

1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 627 /2023-SP1 de 8 de diciembre de fs. 1476

al 189, declaró Sin lugar el recurso de apelación restringida de Adel Ruiz Contreras, confirmando la Sentencia, conforme a los siguientes argumentos:

Con relación al primer agravio, referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación al delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del CP, el Tribunal de alzada señaló que la apelante cuestionó que la Sentencia se hubiera basado en la prueba MP-7 para sustentar su responsabilidad, alegando que dicha prueba no sería suficiente para demostrar su culpabilidad ni que hubiera tenido obligación directa de ejecutar las pólizas de garantía sin una resolución previa de la Máxima Autoridad Ejecutiva, es así que el Auto de Vista, al resolver dicho reclamo, sostuvo que la Sentencia, en el acápite relativo a la subsunción de los hechos probados al derecho aplicable o juicio de tipicidad, estableció que Adel Ruiz Contreras, en su condición de Oficial Mayor Administrativo del Gobierno Municipal de Villamontes, incurrió en el delito de Incumplimiento de Deberes por omisión, al tener entre sus funciones administrar, custodiar y ejecutar las garantías, conforme al art. 36 del DS 0181, referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. En ese sentido, la Sala de apelación afirmó que el recurrente tenía el deber de ejecutar las pólizas de garantía y que, al dejar de hacerlo, omitió un acto propio de sus funciones.

Asimismo, el Tribunal de alzada hizo referencia a la declaración testifical de Carola Lea Plaza Coronado, Directora de Finanzas del Gobierno Municipal de Villamontes, señalando que de dicha declaración se extraía que el Oficial Mayor Administrativo era el encargado de las pólizas. Sobre esa base, concluyó que hasta el día de su renuncia, el 28 de abril de 2010, Adel Ruiz Contreras tenía el deber de administrar o custodiar las garantías, por lo que su conducta se adecuaba al delito de Incumplimiento de Deberes. En consecuencia, consideró que el Tribunal de Sentencia efectuó una correcta aplicación del DS 0181 y una adecuada subsunción al tipo penal acusado, declarando sin lugar este agravio.

En cuanto al segundo agravio, referido a que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de alzada señaló que el recurrente denunció que no existían pruebas documentales ni testificales que acrediten que Adel Ruiz Contreras hubiera omitido cumplir un deber propio de su función, cuestionando además que el Tribunal de Sentencia hubiera asumido que la Oficialia Mayor Administrativa tenía responsabilidad en el trámite de resolución contractual y ejecución de garantías, por lo que sostuvo que, conforme a los fundamentos ya desarrollados en su -

propia resolución, la Sentencia evidenció que el Tribunal de mérito, al momento de realizar la subsunción de la ceaducta de Adel Ruiz Contreras al delito de Incumplimiento de Deberes, estableció que el acusado, en su condición de Oficial Mayor Administrativo, tuvo tiempo suficiente desde el 4 de febrero de 2010, cuando solicitó junto a la Alcaldesa que no se ejecuten las pólizas hasta el cambio de autoridad ejecutiva del 30 de mayo de 2010, para cumplir con el deber de ejecutar las pólizas de garantía del Gobierno Municipal de Villamontes. Por lo que el Tribunal de alzada concluyó que la Sentencia se encontraba debidamente fundamentada y motivada, pues habría explicado que el recurrente, conociendo las solicitudes, informes técnicos y legales sobre la resolución del contrato, no ejecutó las boletas de garantía. Por ello, consideró que no era evidente que la Sentencia adoleciera de falta de fundamentación o motivación, ni que fuera contradictoria, al estimar que era clara y cumplía con la fundamentación intelectiva, jurídica, descriptiva, fáctica y analítica, conforme a su lectura del tipo penal acusado y de los hechos tenidos como probados.

Respecto al tercer agravio, referido a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, el Tribunal de alzada señaló que el recurrente cuestionó que no se hubiera establecido cuándo exactamente cometió el delito, cuándo dejó de cumplir su deber, en qué periodo posterior a febrero habría incumplido la ejecución de las boletas de garantía y que la única prueba producida en juicio fue la MP-7, a partir de la cual según la apelante no podía establecerse su responsabilidad penal.

El Auto de Vista, al resolver este reclamo, desarrolló criterios generales sobre la valoración probatoria, señalando que ésta no constituye un acto final de los alegatos o del debate, sino un proceso que se inicia desde la producción o incorporación de la prueba, debiendo ponderarse los elementos útiles para formar convicción positiva o negativa sobre el hecho y la responsabilidad del imputado. Asimismo, sostuvo que el Tribunal de alzada no puede revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho, sino únicamente verificar si el Tribunal de mérito efectuó un razonamiento intelectivo apegado a la lógica, la experiencia y la sana crítica.

Bajo ese entendimiento, la Sala Penal Primera concluyó que el Tribunal de Sentencia cumplió con la fundamentación descriptiva e intelectiva, dejando constancia de la valoración de la prueba producida en juicio, así como de la subsunción de los hechos probados al derecho aplicable. Añadió que el Tribunal de mérito valoró tanto las pruebas documentales como testificales respecto a cada extremo considerado probado, indicando el valor asignado a cada elemento

conforme la sana crítica. Por ello, determinó que existió una correcta e integral valoración de la prueba, concluyendo que el agravio denunciado por Adel Ruiz Contreras no resultaba evidente.

II DEL RECURSO DE CASACIÓN IIL.1.

MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN El imputado formuló el recurso de casación de fs. 1501 a 1531 vta., conforme las previsiones del art. 418 del CPP, siendo admitido mediante de fs. 1561 a 1566 vta., para el análisis de los siguientes motivos:

  1. 1)Alega, que concurre el defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, puesto que no existe temporalidad especifica de fecha que se hubiese cometido el supuesto delito pues la prueba por la que se le condena MP-7 ubica a tiempos del 15 de enero de 2010, y se le condena por el delito de Incumplimiento de Deberes, enmarcado en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004, cuando la citada prueba sitúa en un tiempo y espacio distinto, cuando no existía el delito modificado. La norma sustantiva correcta en el art.

154 del CP, anterior a la Ley 004. Invoca precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 138/2013 de 27 de . mayo y 431 de 11 de octubre de 2006.

  1. 2)Con base al inc. 5) del art. 370 del CPP, manifiesta que el Juez no fundamentó ni motivo su resolución, no asigno un valor - determinado a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, sin que su situación haya sido modificada por el Tribunal de alzada. En calidad de precedentes contradictorio invoco los , , , , y - 170/2013 -RRC de 19 de junio.
  2. 3)Respecto al defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, expresa que los ahora recurridos nuevamente incurren en flagrante vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación en el entendido que no dio respuesta a cada uno de los agravios demandados. Que el juicio oral - sustanciado no ha demostrado la culpabilidad del recurrente dentro de hecho acusado, por ningún elemento de prueba - introducido a juicio, ni mucho menos las pruebas testificales producidas, invoca los , f

55/2012-RRC de 4 de abril y 106/2013 de 19 de abril.

II.2.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN Con base a los antecedentes procesales descritos en el acápite anterior, corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, resolver las problemáticas planteadas por la parte recurrente sujeto a análisis de fondo, que alega la falta de control efectivo del Tribunal de alzada sobre los defectos de Sentencia previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, vinculados a la errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia y defectuosa valoración probatoria.

IL.2.1.

El debido proceso y el deber de fundamentación y motivación sobre todos los motivos de alzada El debido proceso reconocido por el art. 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), como uno de los prircipios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, es el conjunto de formalidades esenciales determinadas por la ley y que deben ser observadas, tanto por las autoridades jurisdiccionales como por los justiciables; tiene como finalidad, asegurar y defender los derechos y libertades de toda persona que sea parte de un proceso judicial.

Uno de los componentes del debido proceso, es el deber que tienen los administradores de justicia de emitir pronunciamientos motivados y fundamentados, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé; por lo mismo, las autoridades que ejercen Jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO y Gobierno Autonomo Municipal de Villa Montes
Demandado
Adel Ruiz Contreras, Jorge Hilton Palavecino Villa y Liliana Ysidora Tarraga Torrez
Proceso
Incumplimiento de deberes
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia31 de agosto de 2026AS/0637/2026-FFuente oficial