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TSJ

AS/0640/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
30 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Suministro

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

AN AA AD f TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera ¡Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0640/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 855/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Erwin Raymando Condo Castro Delito : Suministro, art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008)

l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 23 de agosto de 2024, cursante de fs.

297 a 302, Erwin Raymando Condo Castro impugna el Auto de Vista 494/2024 de 29 de diciembre de fs. 280 a 286 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Suministro, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 11.1. SENTENCIA Por Sentencia 20/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 219 a 228, el Juzgado de Sentencia Penal Décimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Erwin Raymando Condo Castro, autor del delito de Suministro, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio en el Centro penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba y multa de 1000 días, a razón de 0.20 centavos por día, con costas a favor del Estado; al haberse acreditado que:

El 19 de noviembre de 2022, aproximadamente a horas 20:55, en inmediaciones de la avenida Heroínas y plaza Corazonistas, el acusado fue encontrado junto a Juan Carlos Romero Solís y otras personas en un vehículo, en cuyo interior se halló marihuana debajo del asiento del conductor y del acompañante; asimismo, se atribuyó al acusado la posesión de 25 gramos de marihuana dentro de un envase plástico que se hallaba en un bolso azul de su propiedad, y que el hallazgo se produjo a partir de una denuncia a la línea gratuita de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) respecto a un

vehículo cuyos ocupantes se hacían pasar por policías.

La Sentencia tuvo por acreditado que en el vehículo se encontró marihuana debajo del

asiento del conductor y del acompañante, así como que en poder de Erwin Raymando

Condo Castro se halló un bolso azul con logotipo UAB, dentro del cual existía un envase

plástico con 25 gramos de marihuana.

Finalmente, la Sentencia descartó la tesis defensiva relativa al consumo personal, pese a

la existencia de la prueba pericial PPE-1, por considerar que ésta únicamente demostró la

presencia de metabolitos de marihuana en el organismo del acusado dentro de un lapso estimado de tres meses, pero no cumplía los requisitos exigidos por el art. 49 de la Ley

1008 y el art. 26 del Decreto Supremo (DS) 22099, que requieren dictamen pericial

específico de especialistas para establecer la cantidad mínima destinada a consumo

personal inmediato.

Il.2. DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA

Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida de fs.

- 233 a 241 vta., alegando que:

  1. a)Denunció el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, que la condena por el delito de Suministro, previsto en el art. 51 de la Ley 1008, fue dictada sin que se hubieran acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.

La inobservancia del art. 13 del CP, bajo el entendimiento de que no puede imponerse pena sin culpabilidad; si bien, se demostró objetivamente la posesión de 25 gramos de marihuana, no se acreditó que hubiese desplegado una conducta de traspaso, provisión o entrega a terceras personas, ni existiera en su accionar un compromiso subjetivo que permitiera atribuirle penalmente el delito de Suministro. En esa línea, la sustancia hallada en su poder estaba destinada a su consumo personal, extremo que se desprendía de la declaración de Danitza Arce Quiroz, quien indicó que ambos eran consumidores, así como de la prueba pericial PPE-1 que acredita que dio positivo para el consumo de marihuana y de la documental MPD-15, que evidenciaba que no mantenía vinculación con el coacusado Juan Carlos Romero Soliz, a quien se atribuirían actividades ilícitas.

En el mismo agravio, denunció la errónea aplicación del art. 20 del CP, referido a la -

autoría, que en ningún momento realizó una conducta antijurídica de suministro y la Sentencia basó indebidamente su participación en la sola declaración del testigo Santiago Cori Cori, quien afirmó que la marihuana encontrada en su poder estaba en bolsitas ziplot listas para la venta, versión que según su persona, resultaba falsa y contradictoria con las documentales del caso, particularmente con el muestrario fotográfico MPD-13, del que se advertiría que la sustancia estaba dentro de un táper transparente. Añadió que la juzgadora confundió la sustancia controlada hallada en

O AO AAA su poder con la encontrada en el vehículo del coacusado, y ante la falta de certeza sobre su autoría en el hecho ilícito, debió aplicarse el principio in dubio pro reo.

Finalmente, la errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, que la Sentencia no demostró el elemento central del tipo penal de suministro, esto es, la acción de suministrar, entendida como provisión o traspaso de sustancias controladas a terceras personas. En esa lógica, el fallo se apoyó únicamente en la declaración testifical de Santiago Cori Cori, sin valorar de manera integral y coherente la declaración de Danitza Arce Quiroz ni la prueba documental contenida en la MPD-15, que según insistió descartaban cualquier participación suya en actos de comercialización o provisión. Sobre esa base, su conducta probada no se adecuaba al delito de Suministro, sino en todo caso, a una situación de Tenencia para Consumo, por lo que correspondía la aplicación del régimen previsto en el art. 49 de la Ley 1008, con medidas de seguridad y rehabilitación, y no una condena por el tipo penal más grave.

  1. b)Denunció el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por considerar que el fallo contenía fundamentación insuficiente, tanto en su vertiente descriptiva como intelectiva, vulnerando el art. 124 del CPP. En el Considerando I relativo a la valoración de la prueba, la juzgadora realizó una descripción incompleta y parcializada de las pruebas de cargo y descargo, consignando únicamente aquellos elementos que favorecían la condena e ignorando otros que, a su criterio, lo eximían de responsabilidad. En particular, cuestionó la falta de adecuada descripción de la prueba de descargo PD.E-20, consistente en un informe policial de 23 de noviembre de 2022, elaborado por el investigador asignado al caso, en el que se concluía que no tenía vínculo alguno con el coacusado Juan Carlos Romero Soliz, persona que sería quien se dedicaba a actividades ilícitas; documento que pese a haber sido judicializado, no fue consignado íntegramente ni tomado en cuenta en la fundamentación descriptiva de la Sentencia.

En segundo lugar, la Sentencia también incurría en insuficiente fundamentación intelectiva, porque, aunque asignó a varias pruebas el valor de relevante, no explicó por qué les otorgaba ese mérito probatorio ni desarrolló una justificación lógica, clara y completa de tal conclusión. También observó de manera específica la valoración de la declaración testifical de Santiago Cori Cori, a la que se le otorgó valor relevante, pese a que su contenido resultaba ilógico y contradictorio con otras pruebas documentales, especialmente con el muestrario fotográfico MPD-13, del que se advertiría que la sustancia encontrada en su poder no estaba en bolsitas ziplot listas para la venta, como sostuvo el testigo, sino dentro de un táper transparente. Del mismo modo, cuestionó la valoración de la prueba MPD-15, que la juzgadora le otorgó también valor relevante sobre la base de una motivación errónea, porque confundió su conducta con la del coacusado Juan Carlos Romero Soliz, atribuyéndole a su persona las conversaciones y actividades ilícitas extraídas del teléfono celular de aquel, sin considerar que el mismo informe concluía que no existía vinculación entre ambos respecto a la comercialización de marihuana.

Asimismo, objetó la valoración de la prueba pericial de descargo PPE-1, siendo que la juzgadora la consideró relevante solo para acreditar la presencia de metabolitos de marihuana en su organismo, pero sin desarrollar una fundamentación suficiente respecto a su verdadero alcance, pues, a su juicio, esa pericia demostraba que era consumidor activo de marihuana, extremo favorable a su tesis defensiva.

Finalmente, la Sentencia omitió analizar en igualdad de condiciones la tesis de la defensa, limitándose a desarrollar y reforzar la hipótesis acusatoria, sin contrastar sus argumentos ni explicar por qué la versión exculpatoria no resultaba creíble o lógica.

Esa omisión convertía a la resolución en arbitraria, vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, así como los principios de imparcialidad e igualdad procesal.

  1. c)Denunció el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, que el fallo incurrió en defectuosa valoración de la prueba, al haberse apartado de las reglas de la sana crítica y de las exigencias de fundamentación previstas en los arts. 124 y 173 del CPP.

Afirmó que existía defectuosa valoración de la declaración testifical de Santiago Cori Cori, por cuanto la juzgadora la consideró relevante pese a las contradicciones que presentaba respecto a otras pruebas documentales, en especial el muestrario fotográfico MPD-13. En esa línea, el testigo afirmó que la marihuana hallada en su poder estaba en bolsitas ziplot listas para la venta, cuando del muestrario fotográfico se advertiría que la sustancia se encontraba en un táper transparente, sin división en pequeñas porciones. Añadió que la Sentencia omitió considerar esas contradicciones, otorgando indebidamente credibilidad a esa declaración y confundiendo incluso su situación con la del coacusado Juan Carlos Romero Soliz, lo que a su juicio, vulneraba las reglas de la lógica y tornaba arbitraria la valoración de dicha testifical.

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Erwin Raymando Condo Castro
Proceso
Suministro
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia30 de julio de 2026AS/0640/2026-FFuente oficial