Texto del fallo
O AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0646/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : La Paz 405/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS) Parte acusada : Giovana Maribel De La Cruz Huanca Delitos : Incumplimiento de Deberes y Peculado, arts. 154 y 142 del Código Penal (CP)
I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 1336 a 1342, EPSAS impugna el Auto de Vista 472/2023 de 28 de diciembre, de fs. 1307 a 1314 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Giovana Maribel De La Cruz Huanca, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Peculado, previstos y sancionados por los arts. 154 y 142 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 11.1. SENTENCIA Por Sentencia 07/2022 de 24 de marzo, de fs. 1210 a 1218, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Giovana Maribel De La Cruz Huanca, absuelta de culpa y pena por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Peculado, previstos y sancionados por los arts. 154 y 142 del CP; fallo basado en los siguientes fundamentos:
Quedó probada la querella efectuada por Marcel Humberto Claure Quezada, en su calidad de Interventor de EPSAS S.A. INTER VEN., y que en los hechos reflejan los mismos argumentos en relación a la acusación del Ministerio Publico contra
Giovana Maribel De La Cruz Huanca por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Peculado. Y que al consistir un documento con criterios de la parte querellante, y siendo que, los argumentos fueron tomados en cuenta por el Ministerio Público, esta prueba solo es considerada por el Tribunal para establecer qué institución realizó la querella.
Se probó que la imputada Giovana De La Cruz Huanca, fue designada como Oficial de Comunicación del Departamento de Comunicación de EPSAS, suscitando dos contratos de trabajo a plazo fijo y un tercer contrato indefinido, conforme se tiene de la literal PD-8, y teniendo vinculación laboral de acuerdo a la PD5 y PD7; PD9 (papeletas de pago) y PD10 (informe legal de 11 de julio de 2018 de José Luis Mariaca K-Asesor Legal), de acuerdo a la Ley General del Trabajo (LGT), bajo ese entendido, la acusada fungió como funcionaria pública dentro de la Empresa.
Hechos no probados.
El Ministerio Público no logró probar de manera suficiente y contundente la responsabilidad de la acusada en los hechos imputados. En síntesis:
No se acreditó la apropiación de bienes (megáfonos), ya que no existe documentación que demuestre su entrega, recepción o custodia por parte de la acusada.
Respecto a los anticipos económicos, faltan documentos clave (descargos, hojas de ruta y respaldos contables), lo que impide verificar irregularidades o responsabilidad.
No se probó Incumplimiento de Deberes, pues no se adjuntaron documentos que establezcan claramente sus funciones, obligaciones ni la norma específica vulnerada.
El Manual de Procedimientos de EPSAS no atribuye a la unidad solicitante (cargo de la acusada) responsabilidad directa sobre manejo de dinero o pagos.
Sobre los gastos comprometidos y pendientes, no se demostró daño económico ni se presentaron informes financieros, auditorías o respaldos que acrediten la existencia de deuda o perjuicio.
Varias pruebas del Ministerio Público están incompletas o carecen de respaldo documental esencial, lo que genera incertidumbre.
En conclusión, el Tribunal determina que no existe prueba suficiente ni fehaciente para establecer que la acusada incumplió funciones, causó daño económico o se apropió de bienes, generando duda razonable sobre los hechos imputados, por lo que, ante las varias incógnitas sobre la relación histórica de los hechos, no existe certeza plena y categórica sobre la verdad histórica y material de los hechos.
AO AA El Ministerio Público no puede suplir su incapacidad y negligencia con especulaciones y suposiciones que no tienen ningún sustento probatorio, y pedir una condena con tantas omisiones que solo son su responsabilidad, dejando la realidad de lo acontecido en total incertidumbre, ameritando tener que resolver las dudas a favor de la acusada.
Ii.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, la entidad recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 1226 a 1237 vta., reclamando lo siguiente:
El Tribunal de Sentencia al emitir la Sentencia, incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), al haber realizado una defectuosa valoración de la prueba, vulnerando derechos y garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que hace insostenible la decisión absolutoria asumida, al inobservase el art. 173 del mismo cuerpo legal, ya que el Tribunal no efectuó una valoración individual ni conjunta de los elementos probatorios, limitándose a descripciones superficiales. Así, la prueba MP2 acredita la existencia de activos fijos faltantes asignados a la acusada, lo cual fue corroborado mediante informe de verificación; sin embargo, el Tribunal desestima su valor probatorio exigiendo documentación adicional, sin considerar que la propia prueba demuestra la asignación y ausencia de los bienes.
De igual manera, las pruebas MP3, MP4, MP6 y MP7, evidencian la existencia de contrataciones verbales irregulares realizadas por la acusada, al margen de los procedimientos establecidos en la entidad, generando solicitudes de pago sin respaldo, lo cual constituye incumplimiento de funciones; no obstante, el Tribunal omitió valorar su relevancia.
Asimismo, las pruebas MP5 y MP8, demuestran incumplimiento en la rendición de descargos de recursos asignados, evidenciando observaciones como presentación fuera de plazo, falta de autorización y ausencia de respaldo documental; aspectos que no fueron debidamente considerados. En cuanto a la prueba MP9, el Tribunal la descartó indebidamente pese a su incorporación legal como prueba documental, vulnerando el principio de valoración integral de la prueba. En este contexto, la Sentencia genera una duda artificial que deriva en una incorrecta aplicación del principio in dubio pro reo, basada en una valoración incompleta y sesgada del acervo probatorio.
Por otro lado, se evidencia la existencia de defectos absolutos conforme al art.
169 inc. 3) del CPP, al haberse vulnerado los derechos a la defensa y al debido proceso, toda vez que el Tribunal declaró el abandono de querella de manera inmediata, sin otorgar un plazo razonable para justificar la inasistencia, en contravención a la jurisprudencia constitucional reiterada, que establece que
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