Texto del fallo
AD TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 648/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 742/2024 Parte acusadora : Ministerio Público, Elsy Ruiz Vda. de Salazar, Aurora Quete Vda. de Andia y Ana Teresa Villarroel Uria Parte acusada : María Antonieta Pardo Fuentes y Alicia Fuentes de Pardo Delito : Estelionato Agravado, arts. 337 y 346 Bis del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memorial de recurso de casación presentado el 16 de mayo de 2024 de fs. 523 a 532, María Antonieta Pardo Fuentes y Alicia Fuentes de Pardo, impugnan el Auto de Vista 95/2023 de 2 de agosto, de fs. 501 a 508, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Elsy Ruiz Vda. de Salazar, Aurora Quete Vda. de Andia y Ana Teresa Villarroel Uria, por la presunta comisión del delito de Estelionato Agravado, previsto y sancionado por los arts. 337 y 346 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 11.1. SENTENCIA Por Sentencia 7/2015 de 19 de abril de fs. 389 a 405 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a: María Antonieta Pardo Fuentes, autora y culpable de la comisión del delito de Estelionato Agravado, previsto y sancionado por los arts. 337 y 346 Bis. del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión, y quinientos días multa a razón de Bs48 por día; y, Alicia Fuentes de Pardo, responsable del delito de Estelionato, sancionado por el art. 337 del CP, fijando la pena de tres años de reclusión; asimismo, ambas fueron sancionadas también con el pago de costas y el resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado y las víctimas; fallo basado en los siguientes HECHOS PROBADOS:
12 La imputada María Antonieta Pardo Fuentes el dos de julio del año 2010 en su condición de propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Juan de la Cruz Torrez N 748, mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N 3011020019250, otorgó en contrato de anticresis el departamento del tercer piso en favor de Ana Teresa Villarroel Uria por la suma de Sus. 23.000, conforme se tiene de la escritura pública N2 532/2010 expedida ante Notaria de Fe Pública N 51, a cargo de Miguel Felipez Merubia. En dicho documento se hizo constar la existencia de un crédito hipotecario a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
(Ver MP-21 y 22) 22 Sobre el bien inmueble de referencia en la fecha que se suscribió dicho contrato o sea el dos de julio de 2010 tenía registrados los siguientes gravámenes, a saber;
- Asiento B-4, constituido por un gravamen hipotecario por la suma de Sus. 73.500 a favor del Banco Mercantil - Santa Cruz S.A. Se aclara el asiento B-5 corresponde a una aclaración y modificación de la misma obligación y no se advierte sea otra deuda independiente, así como que tales gravámenes tienen su origen en las escrituras públicas N 1231 y 1285 del 16 y el 26 de octubre del año 2007, respectivamente.
- Asiento B-8, constituido por una sustitución de garantía por la suma de Sus. 35.000 a favor de René Fanor Lozano Siles y su esposa, a mérito de lo establecido en la escritura pública N 706 de nueve de julio de 2009.
- Asiento B-9, constituido por una anticresis por la suma de Sus. 15.000 a favor de Lilia Soto de Rivas, a mérito de lo establecido en la escritura pública N? 63 de 11 de enero de 2008.
- Asiento B-10, constituido por una anticresis por la suma de Sus. 20.000 a favor de María Magdalena Valdez Gutiérrez de Añez y esposo, a mérito de lo establecido en la escritura pública N2 619 de cinco de septiembre de 2009. (Ver MP-3 y MP-18) Se aclara que existen más gravámenes sin embargo los mismos tienen registro posterior al dos de julio de 2010.
3 El proceso coactivo iniciado por el Banco Mercantil - Santa Cruz S.A. contra la imputada María Pardo fue incoado el 17 de octubre de 2009 y como emergencia del mismo se declaró en sentencia dictada el 19 de octubre del mismo año, probada la demanda y se ordenó el pago de la suma Sus. 71.899,90 dentro de tercero día de su legal notificación, misma que se verifico el 30 de octubre de 2009. Previo tramite de ley, se dictó EL AUTO DE 16 DE ABRIL DE 2010 DONDE SE DISPONE LA SUBASTA Y REMATE DEL BIEN INMUEBLE REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJO LA MATRICULA COMPUTARIZADA N 3011020019250 A NOMBRE DE LA IMPUTADA, ijándose fecha a tal fin para el día lunes 10 de mayo del 2010; tal resolución le fue notificada a la aludida imputada el cinco de mayo de 2010, quien interpuso por primera vez un incidente de nulidad el 10 de ese mes y año, mismo que al igual que muchos otros que interpuso después fueron rechazados, hasta que en definitiva se remató su casa el 30 de septiembre de 2010 y por resolución de 19 de febrero de 2011,
la autoridad jurisdiccional aprobó el remate y dispuso el bien sea adjudicado a favor del Banco Mercantil-Santa Cruz S.A. por la suma de Sus. 62.861,10, a tiempo de ordenarle a la propietaria que en tercero día otorgue la escritura traslativa de dominio bajo conminatoria, siendo notificada dicha imputada con esta decisión el 14 de marzo de 2011. Al no haber cumplido la orden judicial de marras, el Juez de Partido N 8 de la capital en suplencia de su homólogo del séptimo y rebeldía de María Antonieta Pardo Fuentes, otorgo la escritura de venta judicial el 13 de abril de 2011, misma que fue protocolizada por la Notaria de Fe pública N? 18, Julieta Larrain de Jiménez EL PRIMERO DE JUNIO DE 2011 Y REGISTRADA EN DERECHOS REALES EL TRES DEL MISMO MES Y AÑO. (Ver MP-19, 20, 29, 31, 32, 33 y 34) 4 La imputada María Antonieta Pardo Fuentes y la ciudadana Aurora Quete Vda. de Andia, EL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SUSCRIBIERON UN CONTRATO DE ANTICRESIS, donde aquella en la cláusula primera declara ser poseedora y propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Juan de la Cruz Torrez N 748, mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales el nueve de julio de 2003, bajo la matricula computarizada N 3011020019250, en el asiento A-2. En las cláusulas segunda y tercera se da en anticresis un departamento que se encuentra dentro de tal inmueble por la suma de Sus. 27.000, conforme se tiene de la escritura pública N? 313/2011 expedida ante Notaria de Fe Pública N 2. (Ver MP-25 y 26, asi como la declaración de la testigo Aurora Quete viuda de Andia).
5 El mes de febrero de 2012 la co-imputada Alicia Fuentes de Pardo y la ciudadana Elsy Ruiz viuda de Salazar SUSCRIBIERON UN CONTRATO DE ANTICRESIS, donde la primera de las prenombradas Ten la cláusula primera declara ser poseedora y propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Juan de la Cruz Torrez N 748, mismo C que se encuentra registrado en Derechos Reales el nueve de julio de N 2003, bajo la matricula computarizada N 3011020019250, en el asiento A-2. En las cláusulas segunda y tercera se da en anticresis un departamento que se encuentra dentro de tal inmueble por la suma de Sus. 27.000, conforme se tiene de la escritura pública N 313/2011 expedida ante Notaria de Fe Pública N 2. (Ver MP-2, 4, 6, 25 y 26).
6 Que la imputada María Pardo tiene antecedentes judiciales, pues registra al menos siete procesos además del que motiva esta causa por delitos patrimoniales. La coimputada Alicia Fuentes no tendría más que el presente proceso en su contra. (Ver MP-7) 7 Dichas imputadas tenían patrimonio constituido al registrar hasta el año 2013 un bien inmueble además a su nombre, diferente al que motiva este caso; a su vez se observa no tienen dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias, salvo María Pardo, quien tiene como saldo una suma exigua. (Ver MP-9, 10, 11, 15, 16 y 23).
A 8 La imputada María Pardo se asume realizo estudios superiores y mostro ser una persona emprendedora y era una buena persona conforme lo asevero el testigo Wilson Osvaldo Gonzales (sic).
ll.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DEL ACUSADO
Contra la referida Sentencia, las recurrentes formularon el recurso de apelación restringida de fs. 429 a 435 vta., reclamando:
Errónea aplicación de la ley sustantiva en la fijación de la pena conforme el art. 370 inc. 1) del Código Procedimiento Penal (CPP), porque el Tribunal de Sentencia hubiera incurrido en manifiesta inobservancia de la ley sustantiva al imponer las penas, disgregando los agravios como sigue:
Con relación a María Antonieta Pardo Fuentes:
1. Incorrecta aplicación de la agravante de víctimas múltiples, ya que existiría errónea subsunción al aplicar la agravante del art. 346 Bis, del CP, sin que concurran los presupuestos de más de tres víctimas para constituirse víctimas múltiples, razón por la cual se habría incurrido en una imposición indebida de la pena máxima de 10 años de reclusión.
2. Indebida consideración de la falta de arrepentimiento como agravante que no puede justificar el aumento de la pena y la ausencia de la reparación del daño no agrava la pena, además la Sentencia habría incurrido en una incorrecta valoración de la actitud dilatoria, considerando que las suspensiones de audiencias no fueron atribuibles a la imputada, tampoco puede considerarse como elemento agravante;
por lo que se vulneró los arts. 37, 38 y 39 del CP al no haber fundamentado adecuadamente los agravantes, atenuantes y la justificación de la pena máxima.
Respecto a Alicia Fuentes de Pardo:
1. Errónea aplicación de la falta de arrepentimiento que no constituye agravante, más aún si el Tribunal se contradice, cuando por una parte reconoce circunstancias favorables (edad y falta de antecedentes), pero igual agrava la pena, incurriendo en errónea aplicación de la ley sustantiva en el quantum de la pena impuesta.
2. Incorrecta valoración de la conducta procesal actitud dilatoria, considerando que las suspensiones de audiencias no fueron atribuibles a la imputada y por ello se incurrió en incorrecta individualización de la pena que debió ser menor a 2 años, en razón a que, el daño civil se encuentra asegurada su devolución a favor de la querellante Elsy Ruiz Salazar, por haberse dispuesto el embargo del remanente económico del bien inmueble de su propiedad ubicado en la zona Muyurina.
11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 95/2023 de 2 de agosto de fs. 501 a 508, declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, conforme al siguiente fundamento:
A A En cuanto al primer y único motivo sobre la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva en fijación de la pena quantum de la pena art. 370 inc. 1) del CPP, después de analizar y fundamentar sobre la fijación de la pena, atenuantes generales aplicables al caso concreto, señaló lo siguiente:
En base a las precisiones establecidas anteriormente en el delito de Estelionato y los hechos que arroja la causa, evidentemente se aplica las reglas de los Art. 37 y ss., del CP, al tratarse de una pena indeterminada y que corresponde graduarla de acuerdo a las regulaciones establecidas por los Art. 37, 38,40 del Código Penal, lo que conlleva a asumir que el Tribunal A quo, considero las previsiones legales referidas, por ser una pena indeterminada para el delito de Estelionato, donde determino su incidencia en la fijación de la sanción ya que estableció fundadamente las circunstancias consideradas para atenuar la responsabilidad de las acusadas:
En ese marco con referencia a la denuncia de la acusada María Antonieta Pardo Fuentes, respecto a la Agravación de la Pena, por la supuesta existencia de Victimas Múltiples debemos considerar que el tribunal inferior considero que en el caso existían victimas múltiples entendiéndose ésta cuando existan dos (2) o más víctimas, conforme establece el Art. 45 del CP y así lo reconoce esta parte recurrente cuando establece que: ...que su conducta no se subsumía a la agravante del referido ilícito de Estelionato previsto en el Art. 346 bis. del Cód. Penal, por tanto era inviable la imposición de la pena de diez años de reclusión porque la existencia de víctimas múltiples tiene lugar cuando las víctimas son más de tres personas lo que no acontece en el caso de autos, porque tal como sus autoridades han señalado a lo largo de la sentencia las víctimas de los ilícitos acusados son tres :1) Ana Teresa Villarroel Uría;
- 2)Aurora Quete Vda. De Andia y
- 3)Elsy Ruiz Salazar. Empero su persona sólo suscribió dos contratos de anticresis con dos víctimas:1) Contrato de anticresis suscrito en fecha 29 de julio de 2010 protocolizado en la Escritura Pública N 532/2010 entre mi persona María Antonieta Pardo Fuentes Con Ana Teresa Villarroel Uria, sobre el departamento ubicado en el tercer piso del bien inmueble ubicado en calle Juan de la Cruz Torrez N 742 por el monto de Veintitrés mil 00/100 Dólares americanos, y 2) Contrato de anticresis suscrito en fecha 3 de diciembre de 2011 protocolizado en la Escritura Pública No 313/2011 entre mi persona María Antonieta Pardo Fuentes Con Aurora Quete Vda. De Andia, sobre el departamento ubicado en el segundo piso del bien inmueble ubicado en calle Juan de la Cruz Torrez N 742 por el monto de Veintisiete americanos mil 00/100 dólares. Porque la Tercera Víctima Elsy Ruiz Salazar suscribió el contrato de anticresis en el mes de febrero del año 2012 registrado en Derechos Reales a fs. 951, partida N 2701 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Cercado de Cochabamba con la imputada Alicia Fuentes De Pardo sobre el departamento ubicado en la planta baja del bien inmueble ubicado en calle Juan de la Cruz Torrez N 742 por el monto de Diecinueve mil 00/100 Dólares americanos,
donde su persona María Antonieta Pardo Fuentes no tuvo ninguna participación tal como la propia querellante Elsy Ruiz Salazar refirió en el juicio oral.
Como vemos la propia recurrente reconoce la existencia de dos víctimas y este hechos fue demostrado en la sentencia cuando se establece por el tribunal inferior que: En cuanto a la co-imputada María Pardo se considera el hecho punible es más grave todavía, pues existen dos víctimas que se encuentran en situación similar a la previamente referida, coligiéndose por ende las mismas sufrieron serios daños en su patrimonio al entregar el fruto de su trabajo a una persona que se aprovechó de su confianza sin mostrar nunca piedad alguna por su precaria situación, como es evidente el Tribunal A quo tomo en cuenta las circunstancias agravantes fundadas en el existencia de víctimas múltiples de manera correcta no teniendo merito las denuncias.
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