Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0651/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 969/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y AAA!
Parte acusada : Alfredo Vargas Arandia y Boris Jorge Vargas Arandia Delito : Abuso Deshonesto, art. 312 del Código de Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 20 de septiembre de 2024, cursante de fs. 659 a 667, AAA impugna el Auto de Vista 424/2023 de 21 de diciembre de fs. 641 a 646, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en contra de Alfredo Vargas Arandia y Boris Jorge Vargas Arandia, por la presunta comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 11.1. SENTENCIA Por Sentencia 52/2022 de 1 de septiembre de fs. 549 a 561 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que declaró a Alfredo Vargas Arandia y Boris Jorge Vargas Arandia culpables por la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo al primero la pena de doce años y seis meses de privación de libertad; y al segundo la pena de cinco años; con costas a favor del Estado y de la víctima; fallo basado en los siguientes hechos probados:
1 Art. 89 de la Ley 348. El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.
1. La familia de la víctima vivía junto a la familia del acusado en la casa de la avenida Independencia, además vivían tíos, tías, primos, abuelo y dos familias de inguilinos.
2. Baños y lavandería compartían en la casa de la Independencia, asimismo, esta casa tenía dos patios.
3. La familia de la víctima vivió en la casa de la avenida Independencia aproximadamente desde el 2006 hasta mediados del 2010; los acusados vivieron en la casa desde el 2000 aproximadamente hasta el 2012.
4. Los hechos de agresiones sexuales hubieran ocurrido desde el 2007 aproximadamente hasta el 2010; en ese sentido, la víctima tenía entre 8 años y 11 años de edad.
5. En esos tiempos de convivencia entre las familias de los acusados y de la víctima, la víctima se quedaba sola por las tardes de lunes a viernes.
6. Alfredo agredió sexualmente a la víctima durante varias oportunidades entre el 2007 hasta el 2010, una vez cada dos semanas aproximadamente, y Boris agredió sexualmente a la víctima en una oportunidad.
7. Alfredo amenazaba a la víctima para que no avise del hecho de agresión sexual, indicándole que haría lo mismo con sus hermanos y su mama o los mataría, además, que su papá no le creería, debido a que cree más en la familia de sus sobrinos que en su propia familia.
8. La agresión sexual contó la víctima a su mamá y hermana por primera vez en medio de una discusión y en pleno almuerzo.
9. La víctima presentaba problemas psicológicos, psiquiátricos y nutricionales a consecuencia de la agresión.
HECHOS NO PROBADOS
Los acusados no han agredido sexualmente a la víctima mientras vivían en la casa de la avenida Independencia.
IMPOSICIÓN DE LA PENA
El Art. 118-111 de la Constitución Política del Estado establece: (...); concordante con esta norma el A.S. N? 38 de 18 de febrero de 2013 establece: (...) la ejecución de la pena está encaminada a lograr la reinserción social del delincuente, directriz constitucional que ya fue desarrollada por el legislador ordinario, al propugnar la enmienda y readaptación social del delincuente y dentro de ello, la reinserción social, como uno de los fines centrales de la pena, conforme se tiene de la
disposición contenida en el Art. 25 del Código Penal (...). La Ley Penal ha previsto en el Título III Las Penas, capítulo II Aplicación de las Penas circunstancias que deben ser analizadas por el Tribunal al momento de fijar la pena, según establece el Art. 37 de dicha ley, por un lado y por otro, para apreciar la personalidad del autor es preciso tomar en cuenta los indicadores descritos en los Arts. 38 y 39 de similar cuerpo punitivo.
El Tribunal concluye que los acusados ALFREDO VARGAS ARANDIA y BORIS JORGE VARGAS ARANDIA, Son autores del delito de abuso deshonesto, y la sanción que se tiene en el Art. 312 del Código Penal vigente el año 2010 es de 5 a 20 años de privación de libertad, en ese sentido, debe partirse de la media respecto de la privación de libertad, por ende, se tiene que son 12 años y seis meses la privación, ahora bien, considerando que el acusado Alfredo ha cometido este ilícito en reiteradas oportunidades y no presenta prueba de descargo para evaluar su comportamiento anterior y si tiene familia, en consecuencia, debe comprenderse que la pena debe ser cumplida en la media identificada, es decir, 12 años y 6 meses, por el contrario, habiendo concluido que el acusado Boris hubiera cometido una sola acción de abuso deshonesto, se entiende que el mismo debe cumplir la mínima condena, es decir, cinco años de privación de libertad (sic).
I1.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, Alfredo Vargas Arandia y Boris Jorge Vargas Arandia formularon el recurso de apelación restringida de fs. 592 a 612 vta., reclamando lo siguiente:
1. Defecto de Sentencia por insuficiente y contradictoria fundamentación establecida en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la Sentencia presenta una fundamentación probatoria insuficiente, arbitraria y contradictoria, pues contiene conclusiones que no se encuentran respaldadas con la prueba producida en juicio y omite una valoración integral de los elementos de descargo.
El Tribunal de Sentencia incumplió con los deberes de fundamentación descriptiva e intelectiva previstos en los arts. 124, 173 y 360 del CPP, al no explicar adecuadamente el valor otorgado a cada prueba ni las razones que sustentan sus conclusiones fácticas y jurídicas, toda vez que, los Jueces concluyeron que la víctima y los imputados convivieron entre 2007 y 2010, pese a que la propia prueba producida demostraría que la familia de los imputados dejó el inmueble durante 2007 y 2008 donde Boris Jorge Vargas Arandia se independizó desde 2008, incurriendo en contradicción al sostener simultáneamente que los imputados tenían otro domicilio y que continuaban viviendo en la casa del abuelo materno.
Asimismo, existió defectuosa valoración de la prueba de descargo, especialmente de la certificación emitida por el Presidente de la OTB (DBV-7), que acreditaría que la familia de la víctima habitó el inmueble únicamente hasta principios de 2009, elemento que fue ignorado o insuficientemente valorado.
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