AS/0653/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0653/2025

Fecha: 27 de junio de 2025

Expediente: SC-26-25-S

Partes: Ingrid Banegas de Hilburn representado por Harry Amelunge Banegas c/ Jahel Stephani Banegas Núñez representado por Camilo Francisco López Maldonado.

Proceso: Nulidad de contrato, cancelación de derecho propietario en la matrícula de Derechos Reales, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 295 a 296 vta., interpuesto por Ingrid Banegas de Hilburn representada por Harry Amelunge Banegas contra el Auto de Vista N° 181/2024 de 05 de diciembre, cursante de fs. 286 a 292, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, cancelación de derecho propietario en la matrícula de Derechos Reales, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble seguido por la recurrente contra Jahel Stephani Banegas Núñez representado por Camilo Francisco López Maldonado, la respuesta visible a fs. 300 a 301; el Auto de concesión de 13 de febrero de 2025, visible a fs. 302 y vta.; el Auto Supremo de admisión 0285/2025-RA de 26 de marzo, cursante de fs. 309 a 310 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ingrid Banegas de Hilburn representada por Harry Amelunge Banegas, mediante escrito que cursa de fs. 107 a 110 vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de contrato, cancelación de derecho propietario en la Matricula de Derechos Reales, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble contra Jahel Stephani Banegas Núñez, quien una vez citada y al no responder en el plazo oportuno por ley fue declarada rebelde por Auto de 19 de abril de 2023 que cursa a fs. 126, empero la demandada se apersonó por memorial visible de fs. 134 a 136, contestó de manera negativa e interpuso incidente de nulidad de citación y nulidad de obrados, misma fue resuelto por Auto de 24 de julio de 2023 que cursa de fs. 157 a 158, por memorial de fs. 185 a 187 Jahel Sthepani Banegas Núñez interpuso excepción de impersonería, absuelto por memorial de fs. 220 a 221, lo que produjo que se emita el Auto de 27 de noviembre de 2023 visible a fs. 222; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 05/2024 de 16 de abril, cursante a fs. 261 a 265, donde el Juez Público Civil y Comercial 13° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda, declarando nulo y sin valor legal el documento privado de compra venta del terreno de fecha 24 de enero de 2022, con tramite notarial N° 069/2022 suscrito por Gaby Núñez Soliz en representación de Ingrid Banegas de Hilburn como vendedora y Jahel Stephani Banegas Núñez como compradora, por la suma de Bs. 139.200, ordenando a la oficina de Derechos Reales proceda a la cancelación del Asiento A-2 de fecha 28/09/2022 de la Matricula N° 7.01.1.99.0075251, a nombre de Jahel Stephani Banegas Núñez la restitución del terreno a la demandante Ingrid Banegas de Hilburn ubicado en la zona Noreste, U.V.1, manzano 17, sobre la calle Yacuma, con una superficie de 132,59 mts2, sea bajo prevención de librarse mandamiento de desapoderamiento con orden de allanamiento y ayuda de la fuerza pública en caso sea necesario, más costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jahel Stephani Banegas Núñez representada por Camilo Francisco López Maldonado por memorial de fs. 268 a 271 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 181/2024 de 05 de diciembre, cursante de fs. 286 a 292, donde se REVOCÓ totalmente la Sentencia, disponiendo se declare improbada la demanda, bajo los siguientes argumentos.

- En base a la cláusula quinta del contrato de 24 de enero de 2022 demandado de nulidad, se demuestra que la compradora canceló el precio establecido y que la apoderada vendedora recibió el pago por la venta, no siendo aplicable los arts. 549.1 y 452.2 del Código Civil, concluyendo que el contrato es legal y el mismo no adolece de ningún vicio de nulidad.

- En ninguna parte del contrato, se establece que la compradora debe realizar el pago a la propietaria, menos mediante pagos por intermedio de entidades financieras del país o del extranjero, en todo caso si la demandante no recibió el dinero de la venta, debió demandar a su apoderada para que esta le entregue la suma de dinero recibida por la venta o en su caso objetar la resolución realizada por el A quo, por la cual dispone la exclusión de la apoderada Gaby Núñez Soliz quien suscribió el contrato como vendedora apoderada.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Ingrid Banegas de Hilburn representada por Harry Amelunge Banegas, según escrito de fs. 295 a 296 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Incorrecta aplicación del art. 549 num. 1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de alzada, al indicar que en la cláusula quinta del documento privado de compra y venta del terreno de fecha 24 de enero de 2022, establece que el precio convenido es Bs. 139.200 y que la vendedora los recibe a su entera satisfacción, por lo que se desvirtúa la falta del objeto del contrato relativo al pago de la venta, ya que en el transcurso del proceso se demostró que no existió el pago de la venta conforme las pruebas presentadas por la recurrente de los extractos bancarios de la demandada de las gestiones 2021 a 2022, lo que implica que el derecho propietario de la demandada ha sido obtenido de un acto nulo por no haberse cancelado el valor de la venta del inmueble.

b) El Tribunal de alzada no tomó en cuenta las pruebas de los extractos bancarios presentados por la recurrente, con lo que se demuestra que el contrato impugnado es nulo de fecha 24/01/2022, cumpliendo con lo establecido en el art. 136.I del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó casar el Auto de Vista.

De la contestación al recurso de casación.

Jahel Stephani Banegas Núñez representada por Camilo Francisco López Maldonado, contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 300 a 301, señalando que:

a) No fundamenta ni menciona la incongruencia y contradictoria demanda, pretendiendo que los Tribunales de segunda instancia o de casación subsanen estos defectos ya que ningún Juez, Tribunal puede modificar o dar más de lo pedido en lo principal, esta inconsistencia en la demanda como en la Sentencia fue observado por el Tribunal de apelación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 37/2017 de 4 de enero, se ha desarrollado la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señaló lo siguiente: “José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia expresó: “…producida la prueba, el Juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental -Couture- llama ‘la prueba como convicción’…”. (Las negrillas nos pertenecen).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021 de 14 de junio, refirió que: “…nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución…”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Nulidad por falta de objeto.

Sobre el tema el Tribunal Supremo de Justicia emitió criterio a través del Auto Supremo Nº 47/2021 de fecha 26 de enero, que estableció: “Ahora el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien’.

Walter Kaune Arteaga indica: ‘La persona que transmite el derecho debe ser su titular. Esto significa que la parte contratante que transfiere el derecho debe tener el poder de disposición sobre el mismo.’, María Pizza Bilbao mantiene: ‘La persona que transmite un derecho real debe ser titular del bien, solo se puede transferir lo que está dentro de su patrimonio, en contra sensu las cosas ajenas no pueden transferirse’.

Todo contrato, debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable, el Tribunal Supremo de Justicia, prescribió que el objeto del contrato para ser posible debe encontrarse dentro de la propiedad del transferente o vendedor, es decir que el objeto indefectiblemente tiene que pertenecer a la persona que transmite el derecho propietario a favor de otra persona, ello responde, a que la ley manda a los contratantes actuar de buena fe, sin que situaciones sesgadas u oscuras sorprendan posteriormente a la persona que adquiere la cosa, más si la transferencia es patrimonial.

(…).

La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC, acción que procede cuando en el contrato u acto jurídico del cual emergen obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, de tal manera que impiden que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica; pues la nulidad reviste en ser una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación, de ahí que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente; característica esencial para diferenciar la nulidad de otras acciones como la resolución.

Ahora bien, del análisis del referido art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por las cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico; causales que resultan necesarias analizar, en sentido de comprender la manera en la que estas deben adecuarse a los hechos que sustentan una acción de nulidad; en ese entendido diremos que la nulidad procede:

Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez (num. 1), supuesto aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto; debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, y el objeto de la obligación es la prestación debida de dar, hacer o no hacer, en cuyo entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. (…)

Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley (num. 2); esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: ‘Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.’, sobre el cual el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: ‘…el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”. (Las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud del principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los hechos acusados en el recurso de casación.

En cuanto a los incisos a) y b); la recurrente señaló que el, Tribunal de alzada generó una incorrecta aplicación del art. 549 num. 1 del Código Civil, respecto a la valoración de la cláusula quinta del documento privado de compraventa del terreno de fecha 24 de enero de 2022, por el cual manifestó que canceló el precio de la venta de Bs. 139.200, sin considerar que a partir de los extractos bancarios de las gestiones 2021 y 2022 no recibió monto alguno; por lo que el contrato no tendría objeto conculcándose la regulación contenida en el art. 136.I del Código Procesal Civil.

Al respecto y conforme a los lineamientos desarrollados en el Considerando III.1 de la presente resolución, la valoración de la prueba es una tarea mediante la cual, a través de los medios probatorios aportados por las partes, el Juez emitirá criterio sobre el conflicto planteado; examen que se encuentra sometido a la tasa legal establecida por ley o caso contrario a la sana critica, debiendo establecer en los fundamentos del fallo qué pruebas fueron determinantes y generaron convicción sobre la decisión asumida.

Ahora; en el caso de autos, el Tribunal de alzada; generó una reanálisis de los elementos de prueba aportados en la causa; sustentado su decisión principalmente en la documental de fs. 142 a 143 de obrados; consistente en el documento privado de compra venta reconocido en sus firmas y rubricas vía notarial el 24 de enero de 2022; por el cual Gaby Núñez Soliz (vendedora apoderada), transfiere el bien inmueble de propiedad de Ingrid Benegas de Hilburn (mandante hoy recurrente) ubicado en la zona noreste, zona 1 calle Yacuma N° 68 en la UV. 1, mza. 17, sobre la calle Yacuiba de 132.59 m2., registrado bajo la Matricula N° 7.01.1.99.0075251 a favor de Jahel Stephani Benegas Núñez (demandada); documental que en su cláusula quinta expresa: “El precio libremente convenido entre ambas partes es de POR EL MONTO Y SUMA DE CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS BOLIVIANOS 00/100 (BS.-139.200.-) LOS CUALES LA VENDEDORA RECIBE EN SU ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN” (Las negrillas nos corresponden). Documental que goza de todo el valor probatorio que establecido en el art. 1297 del Código Civil que establece: “El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa-habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones.” (Las negrillas nos corresponden); Consecuentemente la afirmación generada por la referida documental hace fe, no solamente en contra de sus suscribientes, sino también en relación a sus causahabientes, aspecto que se tiene por acreditado a través de la confesión generada por la misma recurrente en su demanda principal cursante de fs. 107 a 110 vta., sobre el poder que hubiera otorgado a Gaby Núñez Soliz, a través de la Escritura Pública N° 346/2021 de 21 de diciembre, autorizando la venta del inmueble de su propiedad.

Por cuanto, no existe una incorrecta valoración por parte del Tribunal de alzada sobre los elementos aportados en la causa; más aún, cuando los extractos bancarios de las gestiones 2021 y 2022, presentados por la demandante; pretendiendo acreditar que no se pagó el precio de la venta, no desvirtúan la documental de fs. 142 a 143 de obrados, por el cual se acredita que el mismo fuera realizado a su mandataria desvirtuando la vulneración del art. 136.I del Código Procesal Civil, proclamado por la recurrente.

Por otro lado, conforme a lo desarrollado en el considerando III.2 de la presente resolución; este Tribunal, en distintos fallos ha señalado que la falta de objeto en el contrato recae, en sentido que el bien transferido a momento de la venta debe pertenecer al patrimonio del vendedor; por cuanto, de no ser así el contrato carecería de objeto, al ser este imposible e ilícito; ahora en el caso de autos, de la revisión de las documentales aportadas a la causa; puede acreditarse que si bien, el inmueble fue transferido por un tercero en este caso Gaby Núñez Soliz (apoderada), lo realizó bajo autorización de la propietaria ahora demandante; siendo permisible dicha operación a través de la regulación contenida en el art. 595 del Código Civil, que prescribe la posibilidad de la venta de cosa ajena; siendo en consecuencia posible, licito y determinada la operación generada en el documento privado reconocido de fecha de fecha 24 de enero de 2022 cursante de fs. 142 a 143 de obrados; no resultando evidente que éste carezca de objeto al tenor del art. 549 num. 1 del sustantivo civil como lo denuncia la hoy recurrente.

Aspecto que debió ser considerado por la recurrente a momento de la interposición de su demanda de nulidad; toda vez que, los argumentos de la falta de pago de la venta generada devienen de la regulación de otro instituto como lo es, la resolución del contrato, establecido en el art. 568 del Código Civil y no así a la erróneamente invocada en el art. 549 num. 1 de la misma norma; en el mismo sentido, los reclamos del pago de la referida venta deben ser generados por la demandante en contra de su mandataria conforme correctamente lo determinó el Tribunal de alzada, en debida aplicación de los arts. 814, 815.I, 817 y 820 todos del Código Civil, o en su caso observar las facultades y formalidades con las que se generó la Escritura Pública N° 346/2021 de 21 de diciembre, a efectos de su nulidad; aspecto que como se señaló, no puede ser objeto de análisis en la presente causa; librando los derechos de la recurrente a que los pueda ejercer por cuerda separada.

Consecuentemente, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada; por lo que, no corresponde acoger la pretensión de la recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010, en relación al art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 295 a 296 vta., interpuesto por Ingrid Banegas de Hilburn representada por Harry Amelunge Banegas contra el Auto de Vista N° 181/2024 de 05 de diciembre, cursante de fs. 286 a 292, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario del abogado de la parte que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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