AS/0654/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0654/2025

Fecha: 27 de junio de 2025

Expediente: SC-30-25-S

Partes: Wilfredo Rojas Veizaga y Lily Magdalena Ustariz de Rojas c/ Oscar Armando Berazain Mamani.

Proceso: Cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 376 a 378, interpuesto por Oscar Armando Berazain Mamani, contra el Auto de Vista N°171/2024, de 15 de noviembre, corriente de fs. 366 a 373, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Wilfredo Rojas Veizaga y Lily Magdalena Ustariz de Rojas contra el recurrente; el Auto de concesión de 23 de enero de 2025, visible a fs. 384; el Auto Supremo de Admisión N° 298/2025-RA, de fs. 391 a 395, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Wilfredo Rojas Veizaga y Lily Magdalena Ustariz de Rojas, por memorial de demanda que discurre de fs. 20 a 22 vta., subsanado de fs. 34 a 35, y a fs. 45 y vta., promovió el proceso ordinario de cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios, contra Oscar Armando Berazain Mamani, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 76 a 79, se apersonó, contestó de forma negativa, opuso la excepción de incumplimiento de la condición y reconvino por cumplimiento de contrato; pretensiones que merecieron el Auto Interlocutorio N° 302/2022, de 14 de abril, obrante de fs. 143 vta. a 144, a través del cual se desestimó la reconvención de cumplimiento de contrato ante la incomparecencia injustificada del demandado en audiencia preliminar, mediante Auto interlocutorio N° 303/2022, de 14 de abril, visible de fs. 146 a 147; que se declaró improbada la excepción interpuesta, desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 196/2023, de 06 de diciembre, corriente de fs. 298 a 302 vta., por el cual el Juez Público Civil y Comercial 17° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda y PROBADA la excepción de prescripción que cursa de fs. 250 a 253 vta., disponiendo que el demandado realice el pago de $us. 10,500, más intereses legales conforme al art. 414 del Código Civil, así como el pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 5000, al tercer día de ejecutoriada la Sentencia, con costos y costas.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Oscar Armando Berazain Mamani, según escrito de fs. 309 a 313 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 50/2024, de 07 de mayo, corriente de fs. 332 a 334 vta., el cual ANULÓ obrados hasta el Auto de concesión de la apelación de 26 de febrero de 2024, a fs. 320, disponiendo que el Juez conceda todos los recursos de apelación de manera conjunta; mereciendo posteriormente el recurso de casación interpuesto por Oscar Armando Berazain Mamani, según escrito visible a fs. 337 y vta., dando lugar a la emisión del Auto Supremo N°1056/2024, de 16 de septiembre, obrante de fs. 353 a 357 vta., que ANULÓ el Auto de Vista 50/2024, de 07 de mayo, disponiendo que el Tribunal de alzada emita nueva resolución; pronunciándose así el Auto de Vista N°171/2024, de 15 de noviembre, corriente de fs. 366 a 373, que CONFIRMÓ el Auto Interlocutorio de 19 de julio de 2023 corriente de fs. 261 a 268 vta., y REVOCÓ parcialmente la Sentencia N° 196/2023, de 06 de diciembre, disponiendo dejar sin efecto lo resuelto en cuanto a la excepción de prescripción de fs. 250 a 253 vta.; bajo los siguientes argumentos:

- Es evidente lo argumentado por el demandado, en el sentido que al declarar probada la excepción de prescripción opuesta por los demandantes de fs. 250 a 253; toda vez que, se ha incurrido en un error de conceptualización y apreciación de los datos del proceso por la Juez, como también una mala interpretación a lo establecido por las disposiciones legales relativas al planteamiento de excepciones, porque la referida excepción a la demanda reconvencional del demandado, fue opuesta después de más de tres años de haberse presentado la demanda reconvencional sobre cumplimiento de contrato.

- La demanda reconvencional sobre el cumplimento de contrato fue desestimada, mediante el Auto de fecha 14 de abril del 2022, emitido al momento de realizarse la audiencia preliminar de fs.143 a 149 y vta.; consecuentemente, la referida demanda reconvencional quedó como inexistente, lo que originaba que la excepción tampoco podía considerarse; es decir, que a momento de emitirse la Sentencia definitiva ya no existía una pretensión en contra de la cual se pueda admitir una acción o medio de defensa como es la excepción de prescripción, resolución que no cumple con lo dispuesto por el art. 213 del Código Procesal Civil.

- Se evidencia que la Juez A quo, al haber condenado al demandado al pago de intereses y además al pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 5.000.-, lo dispuso de forma correcta en aplicación a lo establecido por el art. 347 con relación al art. 414 del Código Civil, respecto al resarcimiento de las obligaciones pecuniarias, también tomando en cuenta que el incumplimiento del contrato conlleva el pago de los daños y perjuicios, incumplimiento que ha sido confesado por el propio demandado.

- De los datos del proceso se establece que la prueba estaba destinada a demostrar los argumentos expuestos por el demandado en su pretensión reconvencional, respecto a la capacidad real que tienen los tanques cisternas objetos de la venta, la misma que no es la que se habría establecido en el contrato; sin embargo, al haberse desestimado la demanda reconvencional tampoco correspondía que sea producida y menos considerada en Sentencia.

- Respecto al trámite procesal, con relación a la negativa de señalar audiencia complementaria y atender favorablemente la solicitud de la parte demandante ante la misma solicitud, este aspecto no fue causal de nulidad y menos motivo para revocar la Sentencia, porque el trámite procesal establecido para los procesos ordinarios fue cumplido por la Juez A quo, conforme al procedimiento dispuesto por los arts. 263 y siguientes del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Oscar Armando Berazain Mamani, según escrito visible de fs. 376 a 378, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION Y SU CONTESTACION

1. Del contenido del recurso de casación.

En la forma.

a) Falta de producción de la prueba ordenada de oficio, en razón a que la Juez A quo, sin razón o fundamento legal la desestimó, misma que en virtud al principio de verdad material, correspondía materializarse y valorarse en la resolución final; el Auto de Vista pretende suplir la negligencia de la Juez de primera instancia al indicar que, la prueba de oficio tenía relación directa con la demanda reconvencional ya desestimada y no tenía razón de producirse.

b) Ilegal procedimiento materializado por la Juez A quo durante la tramitación del proceso; en razón a que, mediante resolución de 12 de septiembre de 2023, dispuso que la causa debía estar sin cuestiones accesorias pendientes, ordenando diligenciar las pruebas de oficio; empero, dos días después, ante el memorial de contrario, sin fundamento alguno revocó de oficio dicho diligenciamiento y señaló audiencia complementaria, causando un estado de indefensión.

En el fondo.

a) Desconocimiento de lo previsto por el art. 347 del Código Civil, ante la ilegal determinación de daños y perjuicios a ser cancelados por el demandando en la suma de $us. 5,000, por incumplimiento de pago, cuando la normativa señalada establece que el resarcimiento por el retraso de incumplimiento, sólo consiste en el pago de intereses legales desde el día de la mora.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicita se case el Auto de Vista y revoque la Sentencia con relación al pago de daños y perjuicios, alternativamente se anule obrados hasta la producción de toda la prueba.

2. De la contestación al recurso de casación:

Wilfredo Rojas Veizaga y Lily Magdalena Ustariz de Rojas, mediante memorial de fs. 382 a 383 vta., en cuanto al recurso de casación de Oscar Armando Berazain Mamani, refiere en lo principal que:

- Solicita se declare improcedente el recurso de casación por ser extemporáneo y ser presentado fuera del plazo del art. 273 del Código Procesal Civil, siendo que fue presentado el 10 de enero de 2025 a hrs. 16:04:54 y considerando que el horario hábil de trabajo en el órgano judicial concluye a las 16:00 pm., y en aplicación del art. 271 del Código Procesal Civil corresponde a la Sala del Tribunal Supremo de Justicia declare su improcedencia.

- Respecto a lo alegado por el recurrente respecto al pago de daños y perjuicios a lo cual hace cita de los arts. 347 y 414 del Código Civil y en razón de ello, solamente corresponde el interés legal, a este agravio, el demandado de manera espontánea, lo que implica una confesión judicial de aceptación, mediante memorial de fs. 76 a 79 textualmente dice “Es por tal razón que de parte mía se incumplió en el pago del restante del contrato hacia los vendedores que debió realizarse en fecha 15 de noviembre de 2016”, en el mismo memorial reconoce de que trasladó los dos tanques cisternas para el transporte de GLP objeto del contrato de fecha 12 de agosto de 2016.

En consecuencia, la Sentencia con respecto al pago de intereses legales se ajusta a la norma contenida en el art. 414 del Código Civil y con relación al pago de daños y perjuicios han sido apreciados por la Juez de primera instancia de acuerdo a la pretensión de la demanda y conforme la normativa contenida en los arts. 339 y 344 del citado código, por lo que no existe vulneración a ninguna norma legal y tanto la Sentencia como el Auto de Vista se encuentran dictados de manera congruente con la pretensión de la demanda.

En cuanto al agravio, expuesto por el recurrente en la forma respecto a la falta de producción de prueba ordenada de oficio, al respecto contestar que el recurrente vulnera el principio de buena fe y lealtad procesal, en sentido, que el demandado tenía la obligación de producir en su condición de demandante reconvencional todas las pruebas pertinentes a sus pretensiones, precisamente por cuanto quien demanda tiene la obligación de probar los extremos de su demanda, en el caso de Autos, lo que siempre buscó el recurrente fue dilatar el proceso con la finalidad de evadir el pago por más de siete años.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del art. 568 del Código Civil y análisis del sinalagma funcional.

El art. 568 refiere que: “(Resolución por incumplimiento). I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda”.

Al respecto el Auto Supremo Nº 453/2015, de 19 de junio, emitido por la Sala Civil, ha orientado que: “…se dirá que el art. 568 del Código Civil, hace referencia a la posibilidad de que, en los contratos con prestaciones reciprocas, la parte que ha cumplido con su prestación puede exigir a la otra cumpla con la prestación debida o en su defecto puede solicitar la resolución del contrato, sin embargo esta norma se aplica a los contratos con prestaciones recíprocas, en las que se debe analizar el ‘sinalagma funcional’, para determinar si concurre la pretensión del actor…”; de dicho entendimiento se tiene que en los contratos con prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes que ha cumplido con su obligación podrá exigir a la otra que cumpla con la misma, este aspecto es conocido como la reciprocidad en el cumplimiento y la evolución doctrinal lo ha calificado como el “sinalagma funcional”, en virtud de la cual como se ha expresado comprende el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en la medida cronológica o secuencial que ellas así lo han acordado.

Ahora bien, ahondando en el sinalagma funcional, el autor Carlos Miguel Ibáñez en su obra intitulada “La Resolución del Contrato” pág. 39, señala: “Una variedad de la teoría de la causa recíproca es la teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina ‘sinalagma funcional’, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento”.

III. 2. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y ideológica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece. En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica ‘la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley’ que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados.

En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad. Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico…”.

III. 3. Del interés legal y convencional.

En ese entendido, el Auto Supremo N° 361/2017 de 11 de abril refirió: “El interés, en su acepción general, es la ventaja pecuniaria o moral que importa para una persona el ejercicio de un derecho o acción. Puede ser eventual, material o moral. En sentido estricto se le considera como la renta que produce el capital dado en préstamo o que se debe (Capitant).

Al respecto Carlos Morales Guillen en su obra Código Civil concordado y Anotado, tomo I, señala que; los intereses se distinguen en: convencionales y legales. El convencional es el que estipulan por las partes y el legal es el fijado por la ley’. Es así que nuestra norma Sustantiva Civil, si bien no realiza una definición separada del interés convencional y legal, efectúa sin embargo las diferencias entre ambos estableciendo en el art. 411 que: ‘El interés convencional se estipula por escrito, cualquiera sea la cantidad principal sobre la que deba aplicarse. En caso diverso y siempre que no fuere de otra manera reconocido, se aplicará el interés legal’, y conforme lo establece el art. 414 de la misma norma el interés legal resulta ser del 6% anual, mismo que rige a falta del interés convencional y cuyo cómputo empieza desde el día de la mora.

Ahora bien, en las obligaciones que tienen por objeto sumas de dinero, nuestra jurisprudencia también ha efectuado un análisis del art. 347 del Código Civil señalando que: ‘…el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento sólo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos’.

Con relación a la citada disposición Carlos Morales Guillén en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Segunda Edición, señala: 'En las obligaciones pecuniarias, o sea en aquellas que tienen por objeto entregar una suma de dinero, el retardo en el cumplimiento da lugar al pago de intereses, llamados precisamente por eso moratorios, que la ley fija como medida de resarcimiento y que deben desde el día de la mora, aun cuando el acreedor no haya demostrado haber sufrido daño alguno’. La tasa de esta medida fija la ley: (art. 414) o el moratorio-bancario para los créditos especiales sometidos a legislación especial (c. com. Art. 798 y c.c. art. 415)”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la forma.

Respecto a los agravios de forma vertidos por el recurrente en los incs. a) y b) descritos en el considerando II de esta resolución, corresponde señalar que estos fueron declarados improcedentes por Auto Supremo de Admisión N° 0298/2025-RA, de 02 de abril; toda vez que, dichos reclamos fueron resueltos mediante Auto interlocutorio de 23 de julio de 2023, por el Juez de la causa, mismo que fue confirmado por Auto de Vista N° 171/2024, de 15 de noviembre; en ese entendido, no corresponde emitir pronunciamiento alguno al respecto.

En el fondo.

La parte recurrente refiere el desconocimiento por el Tribunal de alzada sobre lo previsto por el art. 347 del Código Civil, ante la ilegal determinación de daños y perjuicios a ser cancelados por el demandado en la suma de $us. 5.000, por incumplimiento de pago, cuando la normativa señalada establece que el resarcimiento por el retraso de incumplimiento, sólo consiste en el pago de intereses legales desde el día de la mora.

Sobre este punto, conforme se observa en la parte dispositiva, num.2 de la Sentencia N° 196/2023, de 06 de diciembre, la Juez de primera instancia, dispone que el ahora recurrente realice el pago de $us 10.500, más intereses legales que correspondan conforme dispone el art. 414 del Código Civil y el pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 5.000, al tercer día de ejecutoriada la misma, esto en estricta aplicación de la previsibilidad contenida en el art. 568 del Código Civil.

Ahora bien; en atención a lo dispuesto en el acápite III. 2 de la presente resolución se advierte que, el art. 568 del Código Civil, hace referencia a la posibilidad de que, en los contratos con prestaciones reciprocas, la parte que ha cumplido con su prestación puede exigir a la otra cumpla con la prestación debida o en su defecto puede solicitar la resolución del contrato; sin embargo, esta norma se aplica a los contratos con prestaciones recíprocas, en los que se debe analizar el sinalagma funcional, para determinar si concurre la pretensión del actor; de dicho entendimiento se tiene que en los contratos con prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes que ha cumplido con su obligación podrá exigir a la otra que cumpla con la suya. En el caso de autos, se tiene demostrado el incumplimiento por parte del recurrente en la obligación pactada en la cláusula segunda del documento privado de 12 de agosto de 2016, referida al pago del monto acordado de $us. 10,500, por concepto de la compra de dos tanques cisternas de transporte de G.L.P., tal como reconocen la Sentencia de primera instancia y Auto de Vista, razón fundada por la que corresponde en derecho a la parte demandante exigir el pago de daños y perjuicios.

Sobre este punto; el art. 347 del Código Civil, de forma textual establece “En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento sólo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos”, precepto normativo que establece que el resarcimiento por retraso en el cumplimiento se limita al pago de intereses legales desde el día de la mora. Esta regla se aplica incluso cuando no se habían establecido intereses previamente y el acreedor no demuestra haber sufrido daños.

En el análisis del presente caso, es crucial abordar las alegaciones del recurrente en cuanto a la omisión en la aplicación de los arts. 347 y 414 del Código Civil, que constituyen la base normativa para la resolución de la controversia relacionada con el interés legal en caso de mora.

En ese contexto, se evidenció una deficiencia en la interpretación y aplicación de la normativa legal vigente; pues, la autoridad de primera instancia, al evaluar la pretensión del demandante, asumió erróneamente que de forma conjunta con la condena del interés legal previsto en el art. 414 del Código Civil, corresponde la imposición del pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 5.000, interpretación que resulta incompatible con los preceptos del Código Civil.

En ese marco, debe entenderse que el art. 347 del Código Civil establece que, en el contexto de obligaciones pecuniarias, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones se limita al pago de los intereses legales desde el momento en que ocurre la mora, disposición que no requiere que el acreedor demuestre la existencia de daños adicionales, sino que simplemente establece que el interés debe ser calculado desde la fecha en que la obligación se vuelve exigible.

Ahora bien, el art. 414 del Código Civil, de manera específica establece que, en ausencia de un acuerdo contractual sobre el interés, se aplicará el interés legal del 6% anual, computable desde el día de la mora, precepto normativo que debió ser correctamente interpretado y aplicado tanto por la Juez de primera instancia, como por el Tribunal de alzada; es más, cuando de la revisión del documento privado de 12 de agosto de 2016 en su cláusula tercera no pactan un interés convencional en caso de incumplimiento.

Bajo esos antecedentes se advierte que, la Autoridad Ad quem no abordó adecuadamente las alegaciones del recurrente mucho menos proporcionó una argumentación satisfactoria sobre la aplicación de los arts. 347 y 414 del Código Civil, limitándose a señalar “…se evidencia que de igual forma la Juez A Quo, al haber condenado al demandado al pago de intereses y además al pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 5.000, lo ha dispuesto de forma correcta y en aplicación precisamente a lo establecido por el Art. 347 con relación al Art. 414 del Código Civil, respecto al resarcimiento de las obligaciones pecuniarias, como también tomando en cuenta que el incumplimiento que ha sido confesado por el propio demandado…”,(sic); en consecuencia, esta falta de pronunciamiento respecto a la normativa aplicable derivó en una incorrecta aplicación de la ley.

En virtud de lo expuesto, se concluye que tanto la Autoridad Ad quem como la de primera instancia, incurrieron en errores significativos en la interpretación y aplicación de los arts. 347 y 414 del Código Civil, deficiencias en la valoración de la normativa legal que impiden el reconocimiento y cálculo adecuado del daño y perjuicio ocasionado, mismo que debió ser establecido según el interés legal aplicable y desde el momento en que se produjo la mora.

Por lo expuesto, este Tribunal se encuentra en la obligación de corregir esta omisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a la norma legal vigente; más aún, cuando de la revisión de la resolución impugnada no se aprecia que ésta contemple la correcta aplicación de la normativa establecida, asegurando así que el cálculo del interés legal sea conforme a lo dispuesto por el Código Civil.

Por lo tanto, en el presente caso, el interés legal aplicable es del 6% anual, por concepto de daños y perjuicios, de conformidad con la normativa vigente y la jurisprudencia establecida. Este interés comenzará a contarse desde el día en que se produjo la mora, en ausencia de un acuerdo específico sobre el interés convencional entre las partes.

Sobre la repuesta al recurso de casación, cursante de fs. 382 a 384.

Conforme lo relacionado en el apartado III.2 de la presente resolución, los demandantes Wilfredo Rojas Veizaga y Lily Magdalena Ustariz de Rojas, alegan que el recurso de casación debiera ser declarado improcedente por incumplir con lo determinado en el art. 274 num. 2 del Código Procesal Civil, extremo que fue considerado ampliamente en el Auto Supremo de admisión N° 0298/2025-RA de 02 de abril, obrante de fs. 391 a 395 vta., por lo cual, no corresponde hacer mayor análisis.

En lo demás, la parte actora deberá estarse a los fundamentos desarrollados en la presente resolución donde se tiene explicado ampliamente, a cuyo contenido corresponde remitirse.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución, en las formas previstas por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la atribución conferida por los arts. 41 y 42. I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.IV de la referida norma procesal, CASA parcialmente el Auto de Vista N° 171/2024, de 15 de noviembre, corriente de fs. 366 a 373, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y deliberando en el fondo, dispone que la parte demandada pague el interés legal reclamado en la demanda de cumplimiento de contrato, dejando sin efecto el pago de $us. 5.000 concedido como pago de daños y perjuicios, quedando firmes e incólumes las demás determinaciones del Auto de Vista recurrido. Con costas y costos.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator. Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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