Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 656/2019
Fecha: 05 de julio de 2019
Expediente: CB-31-19-S
Partes: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba c/herederos de Daniel García Camacho, Felipe Jaimes Sánchez y otros.
Proceso: Acción negatoria y mejor derecho propietario.
Distrito: Cochabamba.
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 441 a 444 y de fs. 448 a 453 vta., interpuestos por Victor Hugo García López, Maria Jacinta Jaimes García, Fernando Arancibia Rodríguez, Patricia Arancibia Rodríguez y Daniel Vargas Arancibia, contra el Auto de Vista N° 6/2019 de 4 de enero, cursante de fs. 432 a 438, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de acción negatoria, mejor derecho propietario y otros, seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en contra de los herederos de Daniel García Camacho y otros, el Auto de Concesión de fs. 458, Auto Supremo de Admisión N° 372/2019-RA de fs. 464 a 466, los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
El Juez Público Civil y Comercial Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia N° 04/2017 de 7 de febrero, cursante de fs. 349 a 352 vta., declarando PROBADA la demanda y su ampliación, IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, imprecisión e improcedencia, opuestas por los demandados, IMPROBADAS las acciones reconvencionales interpuestas por Daniel Vargas Arancibia, Felipe Jaimes Sanchez, los herederos de Daniel García Camacho y los herederos de Josefa Rodríguez Arias, declarando el mejor derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre el bien inmueble denominado “Parque del Arquitecto”, ubicado en la zona Tupuraya registrado en Derechos Reales a fs. 1051, Ptda. 2088 del libro 1° “A” de propiedad de Cercado de 5 de noviembre de 1976, sin lugar a los daños y perjuicios ni costas y disponiendo la cancelación en Derechos Reales de los registros realizados.
Contra la referida Resolución Daniel Vargas Arancibia, Víctor Hugo García López heredero de Daniel García Camacho, María Jacinta Jaimes García apoderada de Felipe Jaimes Sánchez, Fernando y Patricia Arancibia Rodríguez herederos de Josefa Rodríguez Arias interpusieron recursos de apelación por memoriales de fs. 354 a 358 y fs. 361 a 365, resueltos por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que pronunció el Auto de Vista de 4 de enero de 2019 de fs. 432 a 438, por el cual CONFIRMÓ la Sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos:
El titulo de los apelantes se fundaría en los fallos judiciales por los que adquieren la propiedad mediante acción de prescripción adquisitiva y no por compra, donde no intervino Julio Vargas, afirmando que el término de terrazgo, no tendría relación con la adquisición de una propiedad urbana mediante usucapión treintañal, pues no se aplicará a los terrenos rurales o agrícolas, argumento que el Ad quem consideró de poco sustento jurídico, más aun si los apelantes que indican que adquirieron los lotes de Walter Saavedra y los hermanos Siles Coronel de Asteria Saavedra sin que esas propiedades contaran con superficie determinada, imposibilitando su ubicación exacta, aspecto que fortalecería el Informe Técnico emitido por la Dirección de Planteamiento del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y los datos consignados en los planos demostrativos 1 y 5, por lo que establece la ubicación del área expropiada a los hermanos Siles Coronel de 8.024 m2, para formación del parque público y su emplazamiento de dicha área sobre imagen proporcionada por la Dirección de Información Geográfica y Catastro, que establece que los demandados se hallan en el área expropiada por la H. Municipalidad.
Afirmó respecto al art. 376 del Código de Procedimiento Civil abrogado, vigente al momento de tramitarse la causa, establece: “Las pruebas deberán ceñirse a los puntos de hecho fijados por el juez. Las que no fueron pertinentes serán rechazadas de oficio”, por su parte, el art. 1296 del CC, estatuye que las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración legal, pudiendo hacerlo, en caso de que la norma no determinare otra cosa según su prudente criterio, puntualizando sobre el particular que en los hechos probados del Considerando III de la Sentencia, se señala que el GAMC es propietario de una parcela de terreno de 8.024 m2, destinados a área verde hoy Parque del Arquitecto, ubicado en la zona de Tupuraya adquirida por expropiación efectuada a los hermanos Reynaldo, Hugo y Olga Siles Coronel mediante Escritura Publica No. 226 de 27 de octubre de 1976, registrada en Derechos Reales a fs. 1051, Ptda. 2088 del Libro 1º “A” de propiedad del Cercado, en fecha 5 de noviembre de 1976, acreditado por el Testimonio de fs. 5-12 con fe probatoria prevista por los arts. 1289 y 1523 del Código Civil.
Asimismo, advierte que los demandados no han demostrado que tengan el mejor derecho propietario sobre los lotes adquiridos por demanda de prescripción adquisitiva con respecto a la parcela de terreno de 8.024 m2, adquirida por la Alcaldía Municipal de Cercado a título de expropiación en virtud a que la fecha de su inscripción de dicha entidad edil es anterior a la inscripción de los demandados.
Añade que la demanda de reivindicación iniciada en el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil, obtuvo la sentencia que declaró Improbada la demanda y válido el derecho propietario de Daniel García Camacho, Felipe Jaimes Sánchez y Josefa Rodríguez Arias de los inmuebles de 600 m2, 500 y 300 m2, confirmada por Auto de Vista de 16 de febrero de 2006, al no haber demandado la alcaldía municipal la reivindicación por mejor derecho, como también fue determinado por , no es menos cierto que en base a esas observaciones la entidad edil, adjunto prueba pertinente que ha promovido la demanda de acción negatoria y declaratoria de mejor derecho que nos ocupa, conforme de fs. 33 a 35 y 136 a 137, por lo que los demandados no habrían cumplido con la carga de probatoria de acuerdo al art. 1283.II del Código Civil.
En cuanto a la prueba consistente en recibos de pago de impuestos y servicios de fs. 215 a 216, que no habría sido considerada y que los títulos de propiedad de Walter Saavedra probarían que fue propietario de una extensión cuya superficie no estaría determinada, pero que vendió a varios propietarios como a sus padres y que mediante la acción de prescripción adquisitiva se obtuvo el título de propiedad respectivo que según la sentencia de ese proceso su derecho propietario se hallaría en otra manzana y le separa una calle de las viviendas de los otros demandados, se dirá que en la resolución impugnada se hizo constar como prueba de cargo aportada, que de fs. 18 a 22 se encontraría el Informe Técnico CITE DOT 1185/2011 sobre informe técnico y diagrama de ubicación exacta del área que fue expropiado a los hermanos Siles Coronel de una extensión de 8.024 m2, para formación de parque público denominado Parque del Arquitecto en el que mediante planos demostrativos se estableció que los asentados en el área verde se encontrarían en predios expropiados a los hermanos Siles Coronel y Rafael Saavedra, informe que habría sido corroborado por la certificación y plano demostrativo glosados a fs. 45 a 49, emitida por el departamento de bienes municipales, con el valor probatorio asignado por el art. 1296 del Código Civil, que hacen plena fe probatoria al haber sido extendido por entidades técnicas especializadas, sin que los demandados las hayan desvirtuado mediante prueba idónea.
Por último, reitera que dada la naturaleza de la demanda de mejor derecho y acción negatoria, la prueba referida, no resulta conducente ni idónea sino que se requiere contar para una correcta valoración con medios probatorios técnicos como son los informes emitidos por entidades públicas autorizadas y la prueba pericial especializada que no fueron aportados por los demandados, sin que constituya motivo de invalidez procesal el demandar mediante acción negatoria el desconocimiento del eventual derecho propietario de un tercero, además que en el caso no constaría que emitido el auto de relación procesal de 26 de junio de 2014, los demandados hubieran objetado los puntos de hecho a probar de acuerdo al art. 371 del Código de Procedimiento Civil abrogado, tampoco consta que se hubiera interpuesto recurso de alzada en su contra respecto al inc d) de la relación procesal por lo que dicha objeción resultaría tardía.
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