Texto del fallo
O AE AI TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0656/2026-F Sucre 10 de abril de 2026
ANÁLISIS DE FONDO Proceso : La Paz 464/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Parte acusada : Daniel Wilson Fernández Encinas Delitos : Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, arts.
154 y 224 del Código Penal (CP)
Il. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 5 de septiembre de 2024, cursante de fs. 874 a 893 vta., Daniel Wilson Fernández Encinas impugna el Auto de Vista 287/2023 de 8 de diciembre, de fs. 830 a 842, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN N.1. SENTENCIA Por Sentencia 16/2022 de 29 de julio, de fs. 712 a 722, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Daniel Wilson Fernández Encinas, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP; imponiendo la pena de 8 años de reclusión, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, más el pago de costas, daños y perjuicios; fallo basado en los siguientes hechos probados:
1. El Ministerio Público y la acusación particular probaron que en la gestión 2010 y 2011, estaban en vigencia los programas para evitar la deserción estudiantil
denominados Wawanakasataki Nayruru Sartañataqui y Programa de Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar El Alto, la misma que contaba con resoluciones administrativas, su reglamento y los desembolsos para el pago de Bs200 (doscientos 00/100 bolivianos) a los estudiantes en las diferentes Unidades Educativas. Según se tiene de las pruebas MP-1, MP-6, MP-7, MP-12, PD-4, PD-5 y PD-6.
2. Daniel Wilson Fernández Encinas, en la gestión 2010 era servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y que la gestión 2010 fungía como Oficial Mayor de Desarrollo Humano y Social, según se tiene de las pruebas APD-4, APD- 6, PD-1, PD-7, PD-8, PD-9, PD-12 y PD-13.
3. La existencia de una auditoría y producto de ella, se estableció responsabilidad por la función pública en contra del acusado, según se tiene de las pruebas MP-2, MP-9, MP-10, APD-1, PD-15 y PD-16. 4. De igual forma, se tiene probado que el encausado como Oficial Mayor de Desarrollo Humano y Social tenía bajo su supervisión y control a la Dirección de Educación y al Responsable del Programa del Pago del Bono Wawanakasataki Nayruru Sartañataqui y Programa de Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar El Alto, y en tal condición participó en la gestión de los recursos y fue designado como custodio de fondos en avance destinados al referido Bono, según se tiene de las pruebas MP-11, PD-2, PD-3 y PD-5.
5. También se tiene probado que ciertos paralelos de las Unidades Educativas beneficiadas con el pago del bono no se encontraban en funcionamiento en la gestión 2010 y los pagos fueron efectuados de forma irregular, según se tiene de las pruebas MP-7, MP-8 y MP-13 y corroborado por las testificales de Sonia Baltazar, Marina Yampa Tambo y Germán lIhoshi Ramírez.
Hechos no probados:
En la presente causa no se tuvieron hechos que no hubieran sido probados en juicio, oral público y contradictorio.
Determinación de la pena.- De acuerdo a la norma penal en el tiempo, la ley penal vigente en aplicación del principio de legalidad, el Tribunal debe imponer la pena, con la ley penal vigente amomento de la comisión de ilícito, es decir la ley penal que estaba vigente a momento del hecho esto es el año 2010, la pena privativa de libertad de Incumplimiento de Deberes es de uno a cuatro años y la pena de la Conducta Antieconómica es de tres a ocho años, al tratarse de un acusado con una vida ordenada, con dos hijos, sin antecedentes penales anteriores al hecho, hacen a que la vida del acusado tiene un orden y responsabilidad, sin embargo el mismo tiene una educación superior a nivel Licenciatura es decir que tiene un nivel formativo alto, más
O AO AA aun siendo que el mismo tiene un entendido amplio en el área financiera por lo que tenía conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y de las consecuencias del desobedecimiento a las mismas, situación que se agrava en consideración al cargo que venía cumpliendo ha momento de los hechos como Oficial Mayor de Desarrollo Humano y Social del G.A.M.E.A., por lo que no puede alegar el desconocimiento de la norma, existiendo más agravantes que atenuantes en el presente hecho suscitado y juzgado. Por el fundamento expuesto se fija la pena privativa de libertad para el acusado Daniel Wilson Fernández Encinas, la pena privativa de libertad de ocho (8) años, como autor por los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ANTIECONÓMICA, tipificados en los arts. 154 y 224 del Código Penal y modificado por la Ley N 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Sant Cruz, vigente a momento de los hechos (sic).
l.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DEL ACUSADO Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 785 a 814 vta., reclamando lo siguiente:
- a)Errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos, alegando que la Sentencia no habría subsumido correctamente su conducta en los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica; ni explicado su condición especial de servidor público y su vínculo funcional con los hechos; tampoco precisado si su conducta se adecuaba a omitir, rehusar o retardar; menos se habría establecido de manera suficiente su intervención en la producción del daño económico atribuido.
- b)Errónea fijación de la pena, sosteniendo que la Sentencia no habría observado las pautas de dosimetría penal previstas por los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; no se habría explicado el mínimo y máximo aplicable, el concurso de delitos, el grado de participación, las atenuantes, agravantes, personalidad del autor, circunstancias del hecho, conducta precedente y posterior, situación familiar, económica y social;
y, pese a existir atenuantes, se le impuso la pena máxima del delito de Conducta Antieconómica.
- c)Valoración defectuosa de la prueba, denunciando que la Sentencia se habría basado en hechos inexistentes o no acreditados, o en una valoración defectuosa de prueba documental y testifical relativa a su condición de servidor público, su designación como custodio de fondos, las auditorías, los descargos y la responsabilidad por la función pública, alegando que las pruebas MP2, MP9, APD- 1, PD15 y PD16 fueron erróneamente valoradas.
Mostrando 19 de 92 parrafos.