AS/0657/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0657/2025

Fecha: 27 de junio de 2025

Expediente: CH-30-25-S

Partes: Rosmery Judith Arroyo Valda de Cava, Honorato Balderrama Avalos, Carlos Caballero Coronado, Cesar Gutiérrez Alcón, Rafael Vacaflores Velásquez, Miguel Ángel Campana Pardo, Percy Salgueiro Vargas, Coseta Ferrufino, David Arroyo Valda, Dorysdey Arroyo Valda, Marilin Olga Arroyo Valda y Agapito Vargas Villalba c/ Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representada por Enrique Leaño Palenque.

Proceso: Mejor derecho propietario.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 817 a 821 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Sergio Fernando Colque Vela y Daniela Martínez Ordoñez, contra el Auto de Vista N° 60/2025, de 10 de febrero, corriente de fs. 781 a 784 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, seguido por Rosmery Judith Arroyo Valda de Cava, Honorato Balderrama Avalos, Carlos Caballero Coronado, Cesar Gutiérrez Alcón, Rafael Vacaflores Velásquez, Miguel Ángel Campana Pardo, Percy Salgueiro Vargas, Coseta Ferrufino, David Arroyo Valda, Dorysdey Arroyo Valda, Marilin Olga Arroyo Valda y Agapito Vargas Villalba contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 826 a 834; el Auto de concesión de 19 de marzo de 2025, visible a fs. 835, el Auto Supremo de admisión N° 0293/2025-RA de 02 de abril, saliente de fs. 841 a 843, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rosmery Judith Arroyo Valda de Cava, Honorato Balderrama Avalos, Carlos Caballero Coronado, Cesar Gutiérrez Alcón, Rafael Vacaflores Velásquez, Miguel Ángel Campana Pardo, Percy Salgueiro Vargas, Coseta Ferrufino, David Arroyo Valda, Dorysdey Arroyo Valda, Marilin Olga Arroyo Valda y Agapito Vargas Villalba por memorial de demanda que discurre de fs. 323 a 332, promovieron el proceso ordinario de mejor derecho propietario, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 337 a 341 vía buzón judicial, presentado físicamente de fs. 360 a 364, se apersonó y contestó de manera negativa a la demanda principal; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 21 de octubre de 2024, que cursa de fs. 712 vta. a 721, en la que el Juez Público, Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda disponiendo, determinar, reconocer y establecer el mejor derecho propietario de los nombrados demandantes sobre los bienes inmuebles y lotes de terreno objeto de la litis.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representada por Daniela Martínez Ordoñez, según escrito vía buzón judicial de fs. 731 a 741, presentado físicamente de fs. 742 a 747, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 60/2025, de 10 de febrero, corriente de fs. 781 a 784 vta., que REVOCÓ en parte la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

- La acción de mejor derecho propietario, constituye una acción real que persigue que el derecho sea contrastado y declarado de forma precedente, acción que le corresponde al propietario frente a la propiedad de cualquiera que la niegue o discuta; al respecto, el Auto Supremo N° 588/2014, de 17 de octubre, identificó tres requisitos para su procedencia: 1. Que, el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien inmueble que ostenta su derecho propietario; 2. Que, los títulos del actor y del demandado provengan del mismo origen o propietario; 3. La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad. En el presente caso, solo importa establecer uno de los requisitos de admisibilidad efecto del art. 1545 del Código Civil, es la acreditación del derecho de titularidad que, en la especie los demandantes tienen su titularidad, se observa que sus títulos de propiedad registrados en Derechos Reales al tenor del art. 1538 del Código Civil, hacen fuerza probatoria y son oponibles a terceros. En el presente caso, no se reconoce su derecho propietario de los siguientes demandantes: Cesar Gutiérrez Alcon, Carlos Caballero Coronado, Miguel Ángel Campana y Honorato Balderrama Ávalos todos únicamente con anotación preventiva y otros cuyas anotaciones definitivas son posteriores a las del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

- Solo se observa un efecto acreditativo sobre el mejor derecho propietario, más no así la ineficacia de la documentación con la cual se hubieren adquirido derecho propietario.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Sergio Fernando Colque Vela y Daniela Martínez Ordoñez, según escrito visible de fs. 817 a 821 vta., recurso que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, la entidad recurrente acusó:

En la forma.

- Falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista impugnado, si bien el Ad quem en el Considerando II realiza una relación breve de los 3 agravios denunciados, empero en el Considerando IV se pronuncia solo a uno y de manera muy breve, considerando que se habría cumplido con los presupuestos esenciales de la acción de mejor derecho propietario respecto a los 34 lotes; sin embargo, no se ha realizado una compulsa individual respecto a la pretensión de la demanda. Asimismo, el Ad quem incumplió con lo establecido en el art. 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, al determinar la eficacia jurídica a una propiedad que carece de planos legalmente aprobados; además de que no realizó ningún pronunciamiento sobre la valoración arbitraria de las pruebas en la resolución impugnada, vulnerando de esta manera el debido proceso en la presente causa.

En el fondo.

- Errónea interpretación e indebida aplicación del art. 1545 del Código Civil y la jurisprudencia establecida respecto al mejor derecho propietario, que estableció que quien quiera registrar su derecho propietario, debe acreditarlo con documento idóneo sobre el inmueble, lo cual no sucedió dentro la presente causa, aspecto elemental que fue obviado por el Juez de primera instancia y el Tribunal Ad quem.

- Error de hecho en la valoración de la prueba, donde el Juez y Tribunal Ad quem no valoraron la prueba cursante en el proceso, conllevando su valor probatorio simplemente en la inspección judicial y el informe pericial para determinar los predios objeto de la litis.

Fundamentos por los cuales la entidad recurrente solicitó se anule el Auto de Vista y en caso de ingresar al fondo se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal, sea con condenación de costas y costos.

2. De la contestación al recurso de casación:

El recurso de casación precedentemente descrito, ha sido respondido por los demandantes Rosmery Judith Arroyo Valda de Cava, Coseta Ferrufino, David Arroyo Valda, Dorysdey Arroyo Valda y Marilin Olga Arroyo Valda, por memorial visible de fs. 826 a 834, bajo los siguientes argumentos:

- Ninguno de los tres motivos del recurso de casación en la forma, expresa de manera específica cual sería la norma civil o la infracción procesal que hubieran sido violadas o erróneamente aplicadas, conforme exige el art. 271.I del Código Procesal Civil.

- El Tribunal de alzada, no puede ingresar a resolver, cuestiones, que previamente nunca se pusieron en consideración y consiguiente resolución, por parte de los Jueces y Vocales a su turno.

Argumentos por los cuales solicitó se declare improcedente el recurso, con costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto, se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma cómo es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo Tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014, de 10 de junio, donde ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso”.

El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar en sentido que de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascendente.

III.2. Respecto al mejor derecho propietario.

El Auto Supremo Nº 995/2019, de 26 de septiembre, recopiló los siguientes criterios: “La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo Nº 588/2014 de 17 de octubre que: ‘…para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad’ (…). Asimismo, en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que: ‘…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: ‘…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…’, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)’. (…). Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial’.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no provengan de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos, si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación en la forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la forma.

a) A manera de introducción, por utilidad estructural es necesario identificar con precisión las acusaciones que contiene el recurso de casación de la parte demandada; pues en lo principal, la entidad recurrente acusa ausencia de la debida fundamentación y motivación del Auto de Vista recurrido, en cuanto a los agravios formulados en su recurso de apelación, que en efecto constituye defecto de forma de una resolución judicial; es así que, se advierte que el Auto de Vista visible de fs. 781 a 784 vta., en su Considerando II, asume la concurrencia de los tres agravios propuestos por la entidad apelante, siendo ellos: la falta de motivación y especificidad en la Sentencia acerca de haber asumido de manera generalizada que todos los demandantes hubieren registrado su derecho propietario en la gestión 2006 y 2007, afirmación errónea pues, no se llegó a identificar de manera individualizada e inequívoca cuales de los demandados registraron su derecho propietario antes de ese contexto temporal.

El segundo agravio identificado en el Auto de Vista, refiere: que por incumplir lo dispuesto en el art. 6 de la Ley de Inscripción en Derechos Reales, estas serían imperfectas ya que no contarían con planos debidamente aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, único documento que puede acreditar la ubicación de determinado bien inmueble, requisito imprescindible para su inscripción; tampoco existiría prueba documental, pericial o inspección judicial que establezca la superficie de cada uno de los 34 lotes de terreno, existiendo –al respecto- omisión en la Sentencia de primer grado.

Por último, que la demanda se formuló sin identificar la ubicación precisa de los inmuebles, pues tratándose de una demanda colectiva impide que haya certeza y claridad respecto a la otorgación de derechos. Argumentos en los que sostiene su pretensión de revocarse de forma total la Sentencia de primera instancia.

Ahora bien, el Considerando IV de la resolución impugnada, se limita –en primer orden- a citar el precedente jurisprudencial contenido en el Auto Supremo N° 588/2014, de 17 de octubre; que describe con precisión, los tres requisitos que hacen a la procedencia de la acción de mejor derecho de propiedad; para luego concluir que, en el caso presente, la ausencia de uno solo de aquellos requisitos de admisibilidad previstos en el art. 1545 del Código Civil, como es la acreditación del derecho de titularidad, importa condición sine quanom para la procedencia de la referida acción; bajo tal consideración, a continuación y sin efectuar un análisis exhaustivo y pertinente, se limita a concluir que los títulos de propiedad registrados en Derechos Reales al tenor del art. 1538 del Código Civil, hacen fe probatoria contra terceros, siendo –ellos- la base para determinar un mejor derecho propietario. Finalizando la argumentación, asumiendo que no se reconoce el derecho propietario de los siguientes demandantes: Cesar Gutiérrez Alcón, Carlos Caballero Coronado, Miguel Ángel Campana y Honorato Balderrama Ávalos; por haber sido registradas las matrículas a su nombre a consecuencia de anotaciones preventivas y que las anotaciones definitivas son posteriores a las del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Con relación al segundo agravio consideró que solo se está observando el efecto acreditativo y de probanza de mejor derecho propietario, más no así, la eficacia de la documentación con la cual se habrían adquirido; argumentos por los cuales, la decisión de fondo determina revocar en parte la Sentencia apelada.

La expresión de agravios formulada por la entidad recurrente, en los tres argumentos que postula, contiene un grado de pertinencia vinculado a desacreditar la decisión de primera instancia, con un enfático cuestionamiento orientado a la totalidad de los 34 lotes litigados, expresamente en la diversidad de momentos en que estos fueron registrados; la falta de identificación precisa e individualización de las referidas fracciones de terreno, por no contar con un requisito inexcusable para tal fin, como es el plano individual de cada propiedad, debidamente legalizado por autoridad competente dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento a la exigencia del art. 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales; y a la falta de prueba idónea y pertinente (documental, inspección y pericial), que acredite plenamente la individualización de los bienes inmuebles; como se advierte, la pretensión impugnatoria, no se restringe a reclamar únicamente el contexto temporal de las inscripciones, como erróneamente ha asumido el Tribunal de alzada, sino a cuestionar la inconcurrencia del tercer requisito que hace procedente la acción de mejor derecho propietario; es decir, la identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad; cuya determinación es inexcusable, como el propio Auto de Vista reconoció al transcribir el desarrollo jurisprudencial contenido en el Auto Supremo N° 588/2014, de 17 de octubre, que es uniforme y concordante con la doctrina legal invocada en el Considerando III.2 del presente fallo.

En función a la naturaleza jurídica del instituto sustantivo del mejor derecho de propiedad, el análisis de cada uno de sus elementos de procedibilidad, debe ser integral, exhaustivo y pertinente; así, si lo que se pretende es analizar el componente “prioridad de inscripción” el estudio deberá ser de orden comparativo entre los registros en conflicto; el “antecedente registral” no debe limitarse a la simple verificación de la fecha de inscripción en el registro público, sino el origen común o individual de cada uno de los que se encuentran en oposición; y para establecer el elemento “singularización” del inmueble, en casos como el presente, que cuenta con pluralidad de demandantes, el análisis debe ser individual y obedecer a la pertinencia y utilidad del acervo probatorio; el resultado de ese análisis es precisamente el que debe plasmarse en una decisión judicial que absuelva los reclamos vertidos en relación a una acción de mejor derecho, para asumir que esta es respetuosa del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación.

En el caso presente; se advierte que –a contrario de lo que el Tribunal Ad quem considera- el reclamo de la entidad recurrente, no se satisface con una aislada conclusión en sentido de que la falta de uno de los requisitos previstos en la jurisprudencia ordinaria, implique la improcedencia de la acción; por el contrario, lo que se pretende, es que el pronunciamiento absuelva los reclamos sobre la diversidad de fechas en los que cada lote se registró, la falta de individualización debida de los 34 lotes de terreno, que provenga de los datos técnicos que necesariamente deben ser acreditados con planos individuales aprobados por la instancia técnico-administrativa del municipio, como exige el art. 6 de la Ley de Inscripción en Derechos Reales; por lo cual, también denuncia la arbitraria valoración de la prueba; contraste necesario e inexcusable vinculado estrictamente al desarrollo jurisprudencial sobre este instituto del derecho civil, explanado en el Considerando III.2 del presente fallo; que resulta ausente en el fallo judicial en análisis, pues estos esenciales reclamos planteados por la entidad edil recurrente, no han merecido el pronunciamiento debido.

De las conclusiones anteriormente descritas, se advierte que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva descrita con precisión en la doctrina legal plasmada en el Considerando III.1 del presente fallo; lesionando, por ello el debido proceso como garantía jurisdiccional del justiciable, resultando evidentes las acusaciones expuestas en el recurso de casación en la forma y como consecuencia del efecto anulatorio que esta lesión genera, no resulta pertinente ni necesario, pronunciarse sobre las acusaciones de fondo; correspondiendo a este Tribunal Supremo de Justicia, emitir resolución conforme prevé el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° 60/2025 de 10 de febrero, corriente de fs. 781 a 784 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en tal mérito se dispone que el Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución de acuerdo a los razonamientos contenidos en el presente fallo.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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