AS/0666/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0666/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: O-25-25-S

Partes: Asociación de Mecánicos y Ramas Afines Zona Este representada por Eloy Mendoza Ayala c/ Ciro Heredia Peña, Luis Alberto Chávez Mollo, Carlos Morales Juaniquina, Osvaldo Venegas Salinas, Raúl Mamani López, Cristina Cardozo Mencía, Leonardo Choque Poma y Zenón Mamani Tarqui.

Proceso: Inoponibilidad de transferencias, nulidad de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 4701 a 4710 vta., interpuesto por Asociación de Mecánicos y Ramas Afines Zona Este, representada por Eloy Mendoza Ayala contra el Auto de Vista Nº 80/2025 de 25 de febrero, corriente de fs. 4679 a 4693 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso ordinario de Inoponibilidad de transferencias, nulidad de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios seguida por la Asociación recurrente contra Ciro Heredia Peña Luis Alberto Chávez Mollo, Carlos Morales Juaniquina, Osvaldo Venegas Salinas, Raúl Mamani López, Cristina Cardozo Mencía, Leonardo Choque Poma y Zenón Mamani Tarqui; contestaciones de Ciro Heredia Peña de fs. 4719 a 4723 vta., de Luis Alberto Chávez Mollo de fs. 4724 a 4727 y de Carlos Morales Juaniquina de fs. 4728 a 4732 vta.; el Auto de concesión N° 43/2025 de 04 de abril, visible a fs. 4733 y vta., el Auto Supremo de admisión N° 0362/2025-RA, de 24 de abril, obrante de fs. 4744 a 4746 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Asociación de Mecánicos y Ramas Afines Zona Este por memorial de fs. 25 a 28, modificado por memorial de fs. 208, ampliado de fs. 212 a 214 vta., y modificado de fs. 318 a 322 vta., y de fs. 769 a 775 de obrados, y subsanado a fs. 3078 y vta., promovieron el proceso ordinario de inoponibilidad de transferencias, nulidad de contrato más resarcimiento de daños y perjuicios contra Ciro Heredia Peña, Luis Alberto Chávez Mollo, Carlos Morales Juaniquina, Osvaldo Venegas Salinas, Raúl Mamani López, Cristina Cardozo Mencía, Leonardo Choque Poma, Zenón Mamani Tarqui, Fermín Catari Ortega y Eduardo Alberto Méndez Cabo, quienes una vez citados, por memoriales de fs. 902 a 910, 919 a 929, 962 a 967 vta., 1763 a 1765, 2056 a 2061 vta., y 2136 a 2144, Ciro Heredia Peña, Luis Alberto Chávez Mollo y Cristina Cardozo Mencía, de forma coincidente y compartiendo argumentos de defensa opusieron excepciones de cosa juzgada, falta de legitimación y demanda defectuosamente propuesta que fueron resueltas en audiencia preliminar por Auto de fecha 06 de febrero de 2019, corriente de fs. 2483 a 2490, mismas que fueron declaradas improbadas, asimismo contestaron en forma negativa. Por su parte, según memoriales de fs. 1396 a 1403 y 2107 a 2117 Carlos Morales Juaniquina y Osvaldo Venegas Salinas contestaron la demanda en forma negativa y el último demandó reivindicación dirigida contra Javier Zola Cardozo por escrito de fs. 1107 a 1111 vta.; Fermín Catari Ortega por escritos de fs. 3134 a 3138 y de fs. 3200 a 3204 vta., formuló incidente de improponibilidad de la demanda, opuso excepciones y contestó a la demanda negativamente; Gregoria Requena Condori de Flores contesta a la demanda e incidenta extinción por memorial de fs. 3737 y vta., y Ruffo Elvis Flores Requena de fs. 3935 a 3936 y de fs. 3980 a 3983 suscita incidente de improponibilidad y contesta a la demanda; Gustavo Tito y Dionicia Calderón Flores se apersonan a fs. 3737 y vta., desarrollándose de esta manera la causa hasta dictarse la Sentencia Nº 123/2024 de 24 de octubre, cursante de fs. 4510 a 4531, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Oruro, declaró: PROBADA en parte la demanda de inoponibilidad, nulidad de contrato contenida en el memorial de fs. 25 a 28, modificada por memorial a fs. 208, ampliada por memorial de fs. 212 a 214 vta., y modificada posteriormente por memorial de fs. 318 a 322 vta., de obrados, en contra de Raúl Mamani López, Leonardo Choque Poma, Luis Alberto Chávez Mollo y Ciro Heredia Poma e IMPROBADA con respecto a la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios; PROBADA la demanda contenida en el memorial de fs. 769 a 775 de obrados, en contra de Luis Alberto Chávez Mollo, Ciro Heredia Peña, Cristina Cardozo Mencía y Zenón Mamani Tarqui únicamente en cuanto a las pretensiones de inoponibilidad de contrato de transferencia y nulidad de contratos y cancelación de escrituras públicas e IMPROBADA en cuanto a la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios; IMPROBADA la demanda de reivindicación contenida en el memorial de fs. 1107 a 1111 vta., de obrados, formalizada por Osvaldo Venegas Salinas contra Javier Zola Cardozo e IMPROBADA la demanda de nulidad contenida en el memorial de fs. 1121 a 1123 en vía reconvencional formalizada por Javier Zola Cardozo; PROBADA las pretensiones de inoponibilidad y nulidad de contratos de transferencia contenida en el memorial de fs. 1563 a 1567 contra Luis Alberto Chávez Mollo, Ciro Heredia Peña y Carlos Morales Juaniquina, e IMPROBADA en cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios; PROBADA las pretensiones de inoponibilidad y nulidad de contratos de transferencias contenida en el memorial de fs. 1959 a 1964 de obrados, demanda dirigida contra Luis Alberto Chávez Mollo, Ciro Heredia Peña y Osvaldo Venegas Salinas e IMPROBADA en cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios. Disponiendo la notificación de las Notarías de Fe Pública correspondientes y la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de Oruro, a objeto de que cancelen las Escrituras Públicas y Matrículas Computarizadas identificadas en Sentencia.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Luis Alberto Chávez Mollo por escrito visible de fs. 4546 a 4553 vta.; Osvaldo Venegas Salinas de fs. 4555 a 4557 vta.; Ciro Heredia Peña de fs. 4559 a 4566; Ronald Álvaro Mamani Santos de fs. 4577 a 4580 y Carlos Morales Juaniquina de fs. 4594 a 4598; originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 80/2025 de 25 de febrero, cursante de fs. 4679 a 4693 vta., por el cual REVOCÓ totalmente la Sentencia apelada, declarando IMPROBADA la demanda de inoponibilidad de nulidad de contrato, IMPROBADA la demanda de fs. 769 a 775, PROBADA la demanda de reivindicación e IMPROBADA la demanda de nulidad al igual que declara IMPROBADA la demanda de nulidad, e IMPROBADA en cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios, Improbada la pretensión de fs. 1959 a 1964, en base a los siguientes argumentos:

Que, un requisito sine quanon para la viabilidad de la oponibilidad es que debe advertirse conducta dirigida a causar un daño, elemento que no se acredita en el presente caso en particular, sino más bien, la conducta asumida por los demandados obedece, a que el objeto de la asociación de hecho, al obtener los predios es precisamente proceder a la distribución de fracciones, en ese contexto resulta inviable la pretensión incoada de inoponibilidad por no advertir conducta dirigida a causar daño.

Que, en relación a la nulidad declarada por carecer de objeto, es ineludible considerar que la referida pretensión procede cuando este carece de un objeto definido, posible, licito y determinado o determinable, dicho de otro modo, si no se puede identificar claramente que se está acordando o cual es el propósito del acto, este puede ser declarado nulo, en esa inteligencia, el objeto del contrato se encuentra definido, es posible y licito, pues la misma se halla inserto en nuestro ordenamiento jurídico, pues, es viable la venta de la cosa ajena; por lo que corresponde tutelar el agravio declarando improbadas las demandas.

Que, respecto al recurso interpuesto por Osvaldo Venegas Salinas, al determinarse la inviabilidad de las pretensiones de inoponibilidad y nulidad respectivamente, se acreditó la concurrencia de los presupuestos la procedencia de la acción reivindicatoria; toda vez que el recurrente acreditó titularidad sobre el bien inmueble a través de Folio Real N° 4.01.1.01.0010909, la individualidad a través de la ubicación establecida en Huajara Amachuma dentro de las coordenadas Noreste, Lote N° 8 Manzana “A”, con una superficie de 569,88 metros 2 conforme documentales cursantes a fs. 1090 y 1093; así también acreditó la posesión por el demandado Javier Zola Cardozo mediante inspección judicial corriente a fs. 4441 de obrados.

Que, en relación al recurso de apelación interpuesto por Ronald Álvaro Mamani Santos, al haberse determinado la inviabilidad de la pretensión de inoponibilidad y nulidad por falta de objeto, no corresponde ingresar al análisis del mismo al no existir perjuicio alguno al recurrente.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la Asociación de Mecánicos y Ramas Afines Zona Este representada por Eloy Mendoza Ayala, según escrito visible de fs. 4701 a 4710 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La asociación recurrente en el recurso de casación manifestó que:

a) El Tribunal de alzada, cometió infracción de los arts. 469 y 821 del Código Civil, en relación al art. 265.I del Código Procesal Civil, al emitir una resolución con evidente incongruencia interna y externa; por cuanto, en el análisis de su pretensión de inoponibilidad no contemplaron que la misma se sustenta en el art. 523 del Código Civil, respecto a los efectos de los contratos y los arts. 809, 810 del mismo compilado sustantivo civil, que regulan las facultades de los mandatos; deviniendo la determinación del Auto de Vista en una indebida fundamentación, arbitraria e incorrecta motivación y aplicación de la ley.

b) La resolución de segunda instancia vulneró la regulación establecida en el art. 549 num. 1, en relación al art. 584 ambos del Código Civil; toda vez que, se emitió en base a una errónea fundamentación, arbitraria e incorrecta motivación por aplicación indebida del art. 595 del Código Civil; puesto que, el Tribunal de apelación no contempló que al no ser propietarios los demandados de los predios objeto de la litis, sino al contrario la entidad denominada asociación de mecánicos, las transferencias que se hubieron realizado entre sí y a terceras personas, carecían de objeto y no cumplía con la regulación establecida en el art. 485 del Código Civil; considerando que el objeto es legalmente imposible y que también es ilícito; por lo que, no podría sustentarse en la venta de cosa ajena al no existir clausula expresa sobre dicho aspecto en las transferencias realizadas.

c) El Tribunal Ad quem, generó errónea valoración probatoria, conculcando el art. 145 del Código Procesal Civil; puesto que, no consideraron prueba determinante, señalada en la Sentencia, respecto a las confesiones espontaneas y provocadas de los demandados donde reconocieron que nunca se pagó dinero alguno por los inmuebles en disputa y que el acta de sorteo de los mismos no existe; por lo que en realidad nunca éxito venta onerosa; realizando únicamente actos de presuntas ventas para acomodar los terrenos a sus familiares u allegados.

d) En relación a la pretensión de reivindicación instaurada por Osvaldo Venegas Salinas, conforme se señaló en Sentencia tendría un ilegal derecho propietario que se pretende sea declarado en casación; por último, en cuando a la intervención de Ronald Álvaro Mamani Santos, deberá estar a las resultas del recurso de casación e iniciar acciones legales por estafa contra su padre y suegra que fueron parte de la presente causa, además de tenerse presente actos de colusión entre los mismos, puesto que la transferencia realizada a su favor fue realizada de mala fe y a sabiendas de la presente causa; debiéndose aplicarse en todo sentido la regulación establecida en el art. 1544 del Código Civil.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

a) Ciro Heredia Peña, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 4719 a 4723 vta., señalando en lo principal que:

- La entidad recurrente al señalar vulneración del art. 265 del Código Procesal Civil, debió realizarlo en la forma y no así en el fondo y al peticionar que se case el Auto de Vista, incumplió con una adecuada “técnica recursiva” deviniendo en improcedente su recurso de casación.

- Señaló indebida fundamentación y arbitraria motivación, sin establecer en qué sentido se hubiera cometido tal vulneración por el Tribunal Ad quem.

- Por otro lado, manifiestan que los demandantes no tendrían legitimación; toda vez que, ya hubieran intentado la ineficacia de los documentos vía anulabilidad, la cual concluyo con el archivo de obrado al carecer de legitimación los ahora demandantes, aspecto que debe ser considerado por el Tribunal de casación.

- Señala vulneración de la valoración probatoria sin sustentar que prueba hubiera sido erróneamente valorada.

Motivos por los que solicitó se declare infundado el recurso de casación.

b) Luis Alberto Chávez Mollo, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 4724 a 4727 vta., señalando en lo principal que:

-La entidad recurrente no determinó bajo que premisa interpone su recurso de casación, sea en la forma o en el fondo incumpliendo la regulación establecida en el art. 274 num. 3 del Código Procesal Civil.

- Manifestó que, en relación a la falta de fundamentación, arbitraria motivación e incongruencia interna y externa, la entidad recurrente no explica como incurrido en las mismas ya que no se encuentran identificados y no coinciden con la jurisprudencia citada.

Motivos por los que solicitó se declare improcedente el recurso de casación.

c) Carlos Morales Juaniquina, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 4728 a 4732 vta., señalando en lo principal que:

- La entidad recurrente al señalar vulneración del art. 265 del Código Procesal Civil, debió realizarlo en la forma y no así en el fondo y al peticionar que se case el Auto de Vista, incumplió con una adecuada técnica recursiva deviniendo en improcedente su recurso de casación.

- Señaló vulneración de la valoración probatoria sin sustentar que prueba hubiera sido erróneamente valorada.

Motivos por los que solicitó se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

III.DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Eficacia del contrato.

En cuanto a los efectos que produce la celebración de un contrato, se establecieron un conjunto de disposiciones generales como orientación a los compromisos asumidos dentro de una relación jurídica, estando entre ellas la eficacia contractual, prevista en el art. 519 del Código Civil y señala que “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por causas autorizadas por la ley”.

Por consiguiente, es pertinente prestar atención en el Auto Supremo N° 1110/2016, 23 de septiembre, debido a que señaló sobre el artículo en análisis que: “…Del contexto del mencionado artículo se establece que el mismo está referido a la eficacia del contrato. Carlos Morales Guillén en su libro Código Civil Concordado y anotado Tomo I Editorial Gisbert y Cia S.A. explica que existen dos reglas en el mencionado artículo, las cuales se explican por sí solas en ese sentido indica: ‘Los contratos formalizados legalmente tienen fuerza de ley para aquellos que los han celebrado. El contrato es para las partes contratantes una Ley, con la misma fuerza y autoridad que cualquier norma, aunque su alcance sea limitado y único: obliga exclusivamente a los contratantes (art. 523) porque el negocio jurídico da nacimiento a normas jurídicas solamente individuales no generales (Kelsen, cit. por R. Villegas). El sentido verdadero del precepto, intenta significar que todo contrato debe cumplirse como se cumple la misma Ley. Su equiparación a la Ley en cuanto a su eficacia respecto a las partes, observa Messineo se concreta a destacar que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato, según las estipulaciones del mismo.

‘La segunda regla precisa que solo la voluntad de las mismas partes, que dieron vida y eficacia al contrato, puede convenir su disolución de la relación jurídica constituida en éste, considerando la autonomía de la voluntad de las partes, no hay nada más natural que un acuerdo contractual de dos partes se disuelva del mismo modo, esto es por acuerdo de ellas. Esta segunda regla deriva de la contenida en la primera fase del art. y sanciona la intangibilidad (Messineo) del contrato por voluntad unilateral a menos que resulte modificada por la misma excepción que ella expresa que permite disolver el contrato por la sola voluntad de una de las partes cuando así se ha pactado en el contrato (art. 525) y segundo cuando una disposición de la ley concede a una o ambas partes esta facultad”. (Las negrillas nos corresponden).

III.2. Nulidad por falta de objeto.

Sobre el tema el Tribunal Supremo de Justicia emitió criterio a través del Auto Supremo Nº 47/2021, de fecha 26 de enero, que estableció: “Ahora el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien’.

Walter Kaune Arteaga indica: ‘La persona que transmite el derecho debe ser su titular. Esto significa que la parte contratante que transfiere el derecho debe tener el poder de disposición sobre el mismo.’, María Pizza Bilbao mantiene: ‘La persona que transmite un derecho real debe ser titular del bien, solo se puede transferir lo que está dentro de su patrimonio, en contra sensu las cosas ajenas no pueden transferirse’.

Todo contrato, debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable, el Tribunal Supremo de Justicia, prescribió que el objeto del contrato para ser posible debe encontrarse dentro de la propiedad del transferente o vendedor, es decir que el objeto indefectiblemente tiene que pertenecer a la persona que transmite el derecho propietario a favor de otra persona, ello responde, a que la ley manda a los contratantes actuar de buena fe, sin que situaciones sesgadas u oscuras sorprendan posteriormente a la persona que adquiere la cosa, más si la transferencia es patrimonial.

(…).

La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC, acción que procede cuando en el contrato u acto jurídico del cual emergen obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, de tal manera que impiden que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica; pues la nulidad reviste en ser una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación, de ahí que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente; característica esencial para diferenciar la nulidad de otras acciones como la resolución.

Ahora bien, del análisis del referido art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por las cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico; causales que resultan necesarias analizar, en sentido de comprender la manera en la que estas deben adecuarse a los hechos que sustentan una acción de nulidad; en ese entendido diremos que la nulidad procede:

Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez (num. 1), supuesto aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto; debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, y el objeto de la obligación es la prestación debida de dar, hacer o no hacer, en cuyo entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. (…)

Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley (num. 2); esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: ‘Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.’, sobre el cual el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: ‘…el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”. (Las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 37/2017, de 04 de enero, se ha desarrollado la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señaló lo siguiente: “José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia expresó: ‘…producida la prueba, el Juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental -Couture- llama ‘la prueba como convicción’…”. (Las negrillas nos pertenecen).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021, de 14 de junio, refirió que: “…nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

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