Texto del fallo
OA AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 670/2026-F Sucre, 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 1000/2024 Parte acusadora : Luís Ernesto Velásquez Sainz Parte acusada : José Prudencio Irigoyen Nava Delitos : Despojo y Abuso de Confianza, arts. 351 y 346 del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 9 de octubre de 2024 de fs. 190 a 194, José Prudencio Irigoyen Nava impugna el Auto de Vista 473/2023 de 28 de diciembre de fs. 180 a 183 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por Luís Ernesto Velásquez Sainz, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 351 y 346 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES MINEOLADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 11.1, SENTENCIA Por Sentencia de 5 de septiembre de 2022 de fs. 142 a 148, el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del Tribuna Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a José Prudencio Irigoyen Nava, autor de la comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 351 y 346 del CP, imponiendo la pena de dos años y cinco meses de reclusión; con costas, más daños y perjuicios; al establecer como hechos probados que el inmueble ubicado en la zona Tacata de Quillacollo fue adquirido por Ernesto Velásquez Maldonado; derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales (DDRR), del cual su hijo Luis Ernesto Velásquez Sainz adquirió una fracción y ostenta además la calidad de heredero. En dicho inmueble, el querellante permitió de manera gratuita que su hija Martha Antonieta Velásquez Enríquez habite junto a sus hijos y su concubino José Prudencio Irigoyen Nava. Posteriormente, debido a nea familiares y malos tratos atribuidos al acusado, el propietario solicitó formalmente en diciembre de 2018 el desalojo mediante carta ¡
notariada; sin embargo, no fue obedecida a pesar de la ruptura de la relación de pareja y la salida de Martha Antonieta Velásquez del inmueble, el acusado continuó ocupándolo sin consentimiento del titular.
Asimismo, se estableció que la permanencia del acusado carece de respaldo legal, no habiendo demostrado derecho propietario ni posesorio, siendo insuficiente la prueba de descargo presentada. En consecuencia, se evidenció que el acusado aprovechando la confianza inicial, se mantuvo indebidamente en el inmueble contra la voluntad del propietario, constituyendo su conducta en los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, con responsabilidad penal.
IE.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 151 a 154, reclamando lo siguiente:
1. Errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que, a decir del recurrente, la Juez de Sentencia incurrió en incorrecta subsunción de los hechos al tipo penal, vulnerando los principios de legalidad y taxatividad, además, no se habría realizado un adecuado análisis del elemento subjetivo del dolo ni de los elementos constitutivos del delito, lo que derivó en una aplicación indebida de la norma penal. Asimismo, cuestiona la valoración probatoria efectuada en el marco del art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que fue efectuada de manera contraria ala Ley.
2. Defecto absoluto por falta de fundamentación y motivación de la Sentencia que vulnera el debido proceso, conforme a los arts. 115.11, 117.1 y 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 124 del CPP, ya que el Tribunal se limitó a declarar los hechos como no probados sin desarrollar un razonamiento lógico, claro, completo y congruente, tampoco efectuó un análisis integral de los elementos constitutivos de ambos delitos, ni aplicaron correctamente las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia y psicología), generando una decisión arbitraria y contradictoria.
11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió la apelación planteada, mediante el Auto de Vista 473/2023 de 28 de diciembre de fs. 180 a 183 vta., declarando improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada conforme los siguientes fundamentos:
Con relación al primer agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva (art.
370. inc. 1) del CPP), el Tribunal señaló que estos defectos requieren una adecuada carga argumentativa, puesto que el apelante no cumplió con la misma, no explicó de qué manera se produjo una incorrecta subsunción, ni identificó errores en la tipicidad o en la aplicación de la norma penal, limitándose a cuestionar la valoración probatoria.
NO AA Con relación al segundo agravio, de falta de fundamentación de la Sentencia (art. 370 inc. 5) del CPP), señaló que toda sentencia debe contener fundamentación fáctica, probatoria, intelectiva y jurídica, onforme al art. 124 del CPP y la jurisprudencia constitucional; sin embargo, el opelante formuló una denuncia genérica, sin precisar de qué manera la Sentencia carece de motivación o resulta contradictoria, pretendiendo en realidad una nueva valoración de la prueba, que no es competencia del Tribunal de Alzada. III. DEL RECURSO DE CASACIÓN 1.1. MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN El recurrente José Prudencio Irigoyen Nava, formula recurso de casación que fue admitido mediante el , de fs. 202 a 206, para el análisis del siguiente motivo:
La parte recurrente, previa referencia a los antecedentes del caso, denuncia que de la revisión del Auto de Vista impugnado, se evidencia una flagrante contradicción por parte del Tribunal de alzada pues, si bien al inicio de la resolución se declaró admisible el recurso de apelación restringida, cumpliendo los requisitos del art. 406 del CPP, más adelante, en un apartado de análisis, señaló que el mismo recurso presentaba defectos al no citar ni explicar la aplicación pretendida de las normas, tal como lo exige el art. 408 del CPP. Esta ambigúedad, lejos de ser un simple error, vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la impugnación de la parte recurrente, por cuanto la Sala de Apelación, al constatar la supuesta deficiencia formal, tenía la obligación legal establecida en el art. 399 del referido Código, de otorgar un plazo de tres días para que el recurrente subsane las omisiones; al omitir esta disposición, se privó así mismo de los elementos necesarios para un análisis de fondo y, al mismo tiempo, impidió al recurrente el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.
En este caso, la falta de una observación clara y la negativa a conceder la subsanación, se constituyen en un defecto absoluto, ya que el Tribunal de Alzada no garantizó los mecanismos legales para que la parte recurrente pudiera corregir su escrito y obtener una respuesta de fondo a sus agravios.
Por lo tanto, se hace necesario anular la resolución y que el Tribunal de alzada proceda a emitir una nueva, en la que, previamente, se pronuncie sobre la subsanación del recurso, garantizando así el derecho a la defensa y a la impugnación del recurrente.
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