AS/0672/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0672/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: LP-79-25-S

Partes: Betty Cuellar Añez Vda. de Barrenechea c/ Gloria Nelly Murillo Sánchez.

Proceso: Nulidad de matrimonio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 616 a 618 vta., interpuesto por María Renee Gutiérrez Cuellar, Carlos Andrés Gutiérrez Cuellar, Juan Mauro Gutiérrez Cuellar y Beatriz Baldiviezo Cuellar representados por Ericka Mariscal Carrasco, contra el Auto de Vista N° 65/2025 de 10 de enero, corriente de fs. 594 a 597 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de matrimonio, seguido por Betty Cuellar Añez Vda. de Barrenechea contra Gloria Nelly Murillo Sánchez, la contestación de fs. 622 a 623 vta.; el Auto de concesión de 31 de marzo de 2025, visible a fs. 626; el Auto Supremo de admisión N° 0364/2025-RA, de 28 de abril, saliente de fs. 633 a 636 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Betty Cuellar Añez Vda. de Barrenechea por memorial de demanda que discurre de fs. 15 a 16 vta., ratificado a fs. 24 y de fs. 39 a 40 vta., subsanados a fs. 60 y fs. 64 y vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de matrimonio, contra Gloria Nelly Murillo Sánchez, quien una vez citada según escrito visible de fs. 140 a 144 vta., contestó de forma negativa a la demanda y opuso demanda reconvencional de nulidad de segundo matrimonio, subsanado de fs. 148 a 153 vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 600/2023, de 29 de junio, cursante de fs. 451 a 460 vta., que declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de matrimonio, quedando firme y subsistente la partida matrimonial registrada en la Oficialía N° 249, Libro N° 27, Partida N° 74, Folio N° 4 del departamento de Cochabamba, provincia Cercado, localidad de Cochabamba, con fecha de partida 30 de junio de 1968, celebrado ente Ramiro Buby Barrenechea Zambrana y Gloria Nelly Murillo Sánchez; PROBADA la demanda reconvencional de nulidad de matrimonio y se declara la nulidad de la partida matrimonial inscrita en la Oficialía de Registro Civil N° COL-RAMADA, del Libro N° 7, Partida 31, Folio N° 31 del departamento de Santa Cruz, provincia Andrés Ibáñez, localidad Santa Cruz de la Sierra, con fecha de Partida 11 de noviembre de 2006 y fecha de matrimonio 01 de noviembre de 2006 que corresponde a Ramiro Buby Barrenechea Zambrana y Betty Cuellar Añez; además se ratifica la buena fe con la que actuó Betty Cuellar Añez, a momento de contraer matrimonio con Ramiro Buby Barrenechea Zambrana en fecha 01 de noviembre de 2006 y declara la mala fe con la que actuó el cónyuge fallecido Ramiro Buby Barrenechea Zambrana, aspecto que debe ser tomado en cuenta a los efectos del art. 172 de la Ley 603, debiendo en ejecución de fallos procederse a la anulación de la citada partida ante el SERECI, misma que mereció solicitud de complementación por la demandante, mediante escrito de fs. 464 a 465 y por la cual se emitió el Auto de 14 de agosto de 2023 cursante a fs. 466, que declaró NO HA LUGAR a dicha solicitud.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Betty Cuellar Añez Vda. de Barrenechea, según escrito de fs. 501 a 503 vta., y por Gloria Nelly Murillo Vda. de Barrenechea representado por Alejandro Rafael Barrenechea Murillo, mediante memorial de fs. 505 a 509; luego habiéndose sucedido el fallecimiento de la demandante Betty Cuellar Añez, emitiéndose el Auto de 19 de enero de 2024 de fs. 551, que suspende la tramitación de la causa para la citación de los posibles herederos, cumplido lo dispuesto, por Auto de 01 de Julio de 2024 cursante a fs. 572, se dispuso la prosecución del trámite teniéndose por apersonados a María Renee Gutiérrez Cuellar, Juan Mauro Gutiérrez Cuellar, Carlos Andrés Gutiérrez Cuellar y Beatriz Baldivieso Cuellar en calidad de sucesores procesales de Betty Cuellar Añez; prosiguiendo con el trámite, la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 65/2025, de 10 de enero, corriente de fs. 594 a 597 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

- La Sentencia N° 600/2023 de 29 de junio, cumplió a cabalidad lo ordenado por Auto de Vista N° 137/2023 de 21 de marzo (que anuló la primera Sentencia), determinando la buena fe de la demandante Betty Cuellar de Añez Vda. de Barrenechea al haber contraído matrimonio con Ramiro Buby Barrenechea Zambrana, quien a la vez no contaba con libertad de estado al estar casado aún con Gloria Nelly Murillo Sánchez.

- El precitado Auto de Vista anulatorio no ordenó que la Sentencia se pronuncie sobre los bienes que pudieron adquirirse en la vigencia del matrimonio o los consecuentes a la muerte del de cujus, ya que los mismos deben ser determinados por cuerda separada y determinar su ganancialidad en virtud de los efectos de la nulidad declarada en el presente proceso, tal como la A quo lo hizo conocer mediante el auto de 14 de agosto de 2023 visible a fs. 466, quedando salvaguardados los derechos de la recurrente para hacerlos valer por la vía legal correspondiente. Además, deberá tomarse en cuenta que, la parte actora únicamente demandó la nulidad de la partida de matrimonio de Gloria Nelly Murillo Vda. de Barrenechea y no así la determinación de bienes gananciales, no existiendo agravio alguno que reparar.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Renee Gutiérrez Cuellar, Carlos Andrés Gutiérrez Cuellar, Juan Mauro Gutiérrez Cuellar y Beatriz Baldivieso Cuellar representados por Ericka Mariscal Carrasco, según escrito visibles de fs. 616 a 618 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, los recurrentes acusaron:

a) Interpretación y aplicación indebida del art. 172 del Código de la Familias y del Proceso Familiar, porque no definió cuales son los efectos o cuales son los derechos, que como cónyuge tuvo Betty Cuellar Añez, en relación a la buena fe de la misma, en función al principio de unidad que debe contar toda resolución judicial y no debe ser tratado por cuerda separada y en otro proceso como razona el Auto de Vista.

b) Incurre en disposiciones contradictorias con relación al primer Auto de Vista de 21 de marzo de 2023 al señalar que nunca se ordenó nada acerca de los bienes de la pensión de jubilación, olvidando que el primer Auto de Vista ordenó establecer los efectos del art. 172 del Código de la Familias y del Proceso Familiar.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron casar el Auto de Vista y aplicar a cabalidad lo determinado en el art. 172 del Código de la Familias y del Proceso Familiar.

2. De la contestación al recurso de casación:

La demandada Gloria Nelly Murillo Vda. de Barrenechea, a través del memorial que sale de fs. 622 a 625, se limitó a manifestar que los herederos de la demandante carecerían de interés legítimo en la causa por ostentar un simple grado de afinidad, pues la sucesión en materia familiar aplica únicamente en favor del cónyuge supérstite; sin materializar petitorio expreso con respecto al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica ‘la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley’ que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad. Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico…”.

III.2. De la congruencia en las resoluciones judiciales.

Sobre la congruencia de las resoluciones este Tribunal a través de la Sala Civil en el Auto Supremo N° 766/2023, de 08 de agosto, reiterando lo expuesto en el Auto Supremo Nº 1115/2016, de 23 de septiembre, indicó lo siguiente: “Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010–R de 5 de julio, donde ha razonado que: ‘El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…’. Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: ‘La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…’

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa…”. (Las negrillas nos corresponden).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo procesal judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

a) El primer motivo de casación en el fondo, a ser considerado en la presente resolución, sostiene que el Tribunal de alzada a momento de pronunciar el Auto de Vista N° 65/2025, de 10 de enero, interpretó y aplicó de forma indebida el art. 172 del Código de la Familias y del Proceso Familiar, habiéndose determinado en Sentencia la buena fe de la actora al contraer matrimonio con una persona que no ostentaba libertad de estado, no definió adecuadamente los efectos de esta decisión en cuanto a los derechos subyacentes o emergentes, entre ellos el de contar con una renta de viudedad; no siendo permisible su determinación por cuerda separada como estimo el Ad quem, en función al principio de unidad que debe contar toda resolución judicial.

Ahora bien, conforme orienta la doctrina legal invocada en el Considerando III.1 del presente fallo, se entiende por errónea interpretación de la ley, cuando la autoridad judicial en ejercicio de su competencia a momento de analizar una norma jurídica, no ejerce de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia; asimismo, la indebida aplicación de la ley, opera cuando la autoridad no aplica la norma jurídica correcta o en su defecto emplea un precepto normativo errado; es decir, la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico.

Precisión que, resulta necesaria para fines de una adecuada motivación, pues los recurrentes utilizan indistintamente ambos escenarios a momento de exponer su agravio, que de todas formas se orienta a cuestionar la indebida o errónea “aplicación” del art. 172 de la Ley N° 603, precisamente esta norma legal sustantiva establece, para el caso específico, que: “El matrimonio o la unión libre declarados nulos no surten efectos, excepto con relación a: Los bienes de las personas involucradas con los mismos efectos previstos para el divorcio no beneficiarán a la o al causante de la nulidad o quien actúe de mala fe”. Es decir, que si bien el matrimonio de la actora Betty Cuellar Añez con Ramiro Buby Barrenechea Zambrana, fue declarado nulo, no obstante y reiterando que se estableció expresamente en Sentencia la buena fe de la ex cónyuge; por lo que, concierne aplicar la normativa general del régimen de gananciales hasta la declaración de nulidad del matrimonio, puesto que la nulidad no opera retroactivamente al momento de la celebración del acto, sino que el matrimonio producirá sus efectos hasta el momento de la ejecutoria de la Sentencia que decrete la nulidad del mismo; por ello, desde la celebración del matrimonio (11 de noviembre de 2006 hasta el momento en que se dicta la nulidad), los efectos del mismo se aplican como un matrimonio válido, entre los cuales -lógicamente- se encuentran los derechos patrimoniales.

Este razonamiento, es conforme y coincidente con la decisión asumida en alzada, que reconoce la buena fe de la demandante al no ser ella la causante de la nulidad y mantiene subsistentes los efectos jurídicos del matrimonio por el periodo comprendido entre el momento de su celebración y su disolución, conforme se explicó supra, entonces mal podría aseverarse que se aplicó o interpretó indebidamente el contenido del art. 172 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, pues, el Auto de Vista recurrido analizó adecuadamente los antecedentes del caso; sin embargo, la real dimensión del reclamo formulado en el recurso, está orientada más bien a que el Juez de primera instancia debió emitir un pronunciamiento de fondo que determine la ganancialidad de los bienes generados en este periodo excepcional, entre ellos el derecho a gozar una renta de viudedad, todo ello amparado en la simple invocación del principio de unidad del que están revestidas las decisiones judiciales; lo cual resulta inverosímil, pues, efectivamente como razonaron los de alzada, estos bienes no han sido determinados aún y menos siquiera fueron objeto de pretensión en la demanda principal, asumir una decisión en contrario implica una lesión flagrante al principio dispositivo, obrando adecuadamente al salvar su derecho a la vía idónea llamada por ley. Fundamentos por los cuales el motivo venido en casación resulta inatendible.

b) Los recurrentes sostienen que el Auto de Vista impugnado, contiene decisiones contradictorias con relación al Auto de Vista de 21 de marzo de 2023 (anulatorio de la primera Sentencia); por el contexto de esta acusación corresponde identificarla como incongruencia externa pues conforme razonó el precedente jurisprudencial citado en el Considerando III.2 de la presente resolución, la congruencia externa, exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; atacando por ello el contenido de la Sentencia de primera grado, en relación a lo dispuesto en el Auto de Vista anulatorio.

Ahora bien, precisamente rememorando la decisión asumida en el Auto de Vista N° 137/2023, de 21 de marzo, el Tribunal de alzada a momento de anular obrados hasta fs. 394 ordenó a la Juez A quo, “pronunciar un nuevo fallo tomando en cuenta los alcances del art. 172 II del Código de las Familias y del Proceso Familiar”, específicamente en cuanto a la obligación de determinar y pronunciarse sobre la buena o mala fe de los contrayentes. Decisión que fue debidamente ejecutoriada al no haber sido objeto de recurso de casación por ninguna de las partes, que ameritó la emisión de la Sentencia N° 600/2023, de fs. 451 a fs. 460 vta., que en su parte dispositiva ratificó la buena fe con la que actuó la demandante Betty Cuellar Añez a momento de contraer matrimonio con Ramiro Buby Barrenechea Zambrana en fecha 1 de noviembre de 2006 (fecha de celebración), y por el contrario la mala fe del esposo; todo ello, a los fines previstos en el art. 172 de la Ley N° 603; decisión que en efecto, no contiene pronunciamiento expreso alguno sobre la ganancialidad de bienes. Aspecto adecuada y razonablemente explicado en el Auto de Vista impugnado que concluye que la Sentencia N° 600/2023, de 29 de junio, cumplió a cabalidad lo ordenado por Auto de Vista N° 137/2023, de 21 de marzo determinando la buena fe de la demandante Betty Cuellar Añez Vda. de Barrenechea al haber contraído matrimonio con Ramiro Buby Barrenechea Zambrana, quien a la vez no contaba con libertad de estado al estar casado aún con Gloria Nelly Murillo Sánchez; además que, el Auto de Vista anulatorio no ordenó que la Sentencia se pronuncie sobre los bienes que pudieron adquirirse en la vigencia del matrimonio o los consecuentes a la muerte del de cujus, ya que los mismos deben ser determinados por cuerda separada y determinar su ganancialidad en virtud de los efectos de la nulidad declarada en el presente proceso.

Existiendo en todos estos pronunciamientos judiciales la debida congruencia externa entre lo solicitado y lo otorgado en Sentencia, motivo por el cual el argumento sostenido por los recurrentes sobre la existencia de presuntas disposiciones contradictorias no ha sido debidamente justificado; deviniendo por ello, en infundado dicho motivo de impugnación.

Por las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 401.I inc. b) de la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 401.I inc. b) de la Ley N° 603 Código de las Familias y del Proceso Familiar, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 616 a 618 vta., interpuesto por María Renee Gutiérrez Cuellar, Carlos Andrés Gutiérrez Cuellar, Juan Mauro Gutiérrez Cuellar y Beatriz Baldiviezo Cuellar representados por Ericka Mariscal Carrasco contra el Auto de Vista N° 65/2025, de 10 de enero, corriente de fs. 594 a 597 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs.- 500.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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