Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velazco Mosquera Magistrada Relator AUTO SUPREMO N 0676/2026-F Sucre, 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 1021/2024 Parte acusadora : Ministerio Público f Parte acusado : Vicente Ramos Flores Delito : Tráfico, art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) I. VISTOS: Por memorial de casación de 22 de octubre de 2024, de fs. 140 a 144, Vicente Ramos Flores impugna el Auto de Vista 206/2023 de 25 de octubre de fs.
116 a 123, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Tráfico, previsto en el art. 48 de la Ley 1008.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. DE LA SENTENCIA Se tiene a la vista la Sentencia 27/2017 de 14 junio, de fs. 85 a 94, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró a Vicente Ramos Flores, autor del delito de Tráfico previsto en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio en el Centro Penitenciario San Sebastián de Cochabamba más multa de 200 días a razón de Bs2 por día, con costas.
En previsión del art. 71 inc. b) de la Ley 1008, dispuso la confiscación definitiva de las sustancias controladas que se detallan en las pruebas MP-7 y MP-12 a favor de Estado, su registro en el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico llícito de
Drogas (CONALTID) y posterior entrega a Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).
La Sentencia tiene como probados los siguientes hechos:
7 El 5 de agosto de 2015 a horas 10:30 a.m., en cumplimiento a una orden de allanamiento emanado por Sarina Marañón Revollo, Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Dimitri Marañón Cornejo Fiscal de Aduanas, junto a personal de COA y de la FELCN GISUQ - VALLE, se procedió a allanar un inmueble ubicado en el mercado Campesino calle Pedro Toledo y Juan de la Cruz Monje s/n, inmueble de tres plantas, donde se hallaron varios motorizados indocumentados, que fueron secuestrados por el personal del COA.
7 Enel ambiente 2 de la planta baja de dicho inmueble, se encontró varios recipientes conteniendo sustancias controladas sólidas como líquidas identificando y cuantificando las mismas como: FENATICINA 20 KILOS, MANITOL 80 KILOS, HIDRÓXIDO DE POTACIO 2 KILOS, ACIDO CLORHIDRICO 3 LITROS, ACETONA 190 LITROS, ACETATO DE ETILO 406 LITROS Y ALCOHOL ETÍLICO 36 LITROS; TOTALIZANDO 102 KILOS SUSTANCIA SOLIDA Y 635 LITROS DE SUSTANCIA LIQUIDA.
7 Sometidas a prueba de campo, esas sustancias controladas tanto sólidas como líquidas, dieron resultado positivo para ácidos.
7 Debido al descubrimiento del delito en flagrancia se procedió a la aprehensión de Vicente Ramos Flores, previa advertencia de sus derechos y garantías constitucionales.
7 Enotro ambiente habilitado como depósito y signado como 3, se encontró un motorizado marca Toyota Noah, con placa 1025-LUF y una camioneta Toyota, modelo Tacoma sin placa de control.
11.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
El recurrente Vicente Ramos Flores interpone recurso de apelación restringida de fs. 98 a 100 vta., denunciando los defectos previstos en los arts. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), sosteniendo esencialmente que la condena por el delito de Tráfico carece de suficiente respaldo probatorio y se encuentra fundada en una valoración defectuosa de la prueba.
Sostiene que durante el juicio oral el Ministerio Público únicamente acreditó la existencia material de sustancias controladas encontradas en el inmueble allanado; sin embargo, no demostró su participación en actividades de tráfico de dichas sustancias. Al momento del operativo no se encontraba en el inmueble, pues se hallaba en la localidad de Sacaba, y acudió al lugar únicamente después
ZA ZA de recibir una llamada telefónica, debido a que cumplía funciones de cuidador del predio. En consecuencia, no se acreditó su conocimiento ni dominio sobre las sustancias secuestradas. Asimismo, cuestiona la valoración otorgada a las pruebas MP-5, MP-6 y MP-7, (actas de requisa de inmueble, aprehensión y secuestro de sustancias controladas), alegando que dichas actuaciones carecerían de validez, porque no contaron con la intervención del Fiscal de Sustancias Controladas, circunstancia que, a su criterio, constituye defecto absoluto conforme a los arts. 167, 169 inc.
- 1)y 172 del CPP. Asimismo, denuncia contradicción entre el contenido de dichas actuaciones y la declaración del testigo de cargo Fredy Valda Tapia respecto a la presencia Fiscal durante el operativo, y no consideró adecuadamente el contenido de la prueba MP-11 (acta de requisa personal), del cual no emergió ningún elemento que lo vincule con actividades de comercialización o tráfico de sustancias controladas.
Finalmente, denuncia que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, debido a que el Tribunal de mérito concluyó que concurrieron los subtipos de transporte y transacción de sustancias controladas sin que exista prueba objetiva que respalde tales afirmaciones; siendo que la Sentencia incurre en contradicción interna al descartar que los vehículos secuestrados hubieran sido utilizados para la comisión del delito y, simultáneamente, sostener la existencia de actos de transporte; cuestionando que el Tribunal hubiera considerado antecedentes policiales antiguos como elemento de valoración, pese a reconocer que no existían antecedentes judiciales condenatorios. Por ello, la Sentencia contiene fundamentación contradictoria, valoración defectuosa de la prueba y afirmaciones carentes de respaldo probatorio, solicitando la anulación del fallo.
11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 206/2023 de 25 de octubre, de fs. 116 a 123, resolvió el recurso de apelación restringida declarando su improcedencia, con base a los siguientes fundamentos:
En relación con el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, referido a la inexistencia, insuficiencia o contradicción de la fundamentación, el Tribunal de Alzada verificó previamente la estructura de la Sentencia impugnada, que ésta contenía fundamentación fáctica, probatoria descriptiva e intelectiva, determinación de hechos probados y no probados, fundamentación jurídica y determinación de la pena. Asimismo, el apelante no identificó de manera concreta cuáles serían los aspectos de la fundamentación que resultarían insuficientes o contradictorios, limitándose a formular observaciones genéricas respecto de
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determinadas pruebas. Sobre la supuesta contradicción entre las pruebas MP5, MP6 y MP7 y la declaración del testigo Fredy Valda Tapia, explicó que dicho cuestionamiento no evidenciaba una contradicción interna de la Sentencia, sino una discrepancia relativa al contenido de determinados elementos probatorios, cuya revisión implicaría una revalorización de la prueba, actividad vedada al Tribunal.
Respecto al defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a la valoración defectuosa de la prueba y a la existencia de hechos inexistentes o no acreditados, el Auto de Vista desarrolló una fundamentación específica recordando los límites funcionales del Tribunal de Alzada y la doctrina legal aplicable contenida en el , precisando que quien denuncia vulneración de las reglas de la sana crítica tiene la carga de identificar concretamente qué principios de la lógica, experiencia o psicología habrían sido infringidos, señalando además la incidencia de tales infracciones en la decisión asumida. Sobre esa base el recurrente no cumplió con dicha carga argumentativa.
Asimismo, el Tribunal de Apelación analizó de manera concreta la alegación referida a que el acusado no se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento; que la prueba MP1 consignaba expresamente que el recurrente se hizo presente durante la intervención policial y permaneció en el lugar, siendo que no existía elemento probatorio alguno que acreditara la afirmación defensiva relativa a que se encontraba en la localidad de Sacaba.
De igual forma, el Auto de Vista respondió al agravio relacionado con la supuesta inexistencia de prueba sobre actos de transporte o transacción de sustancias controladas, estableciendo que la Sentencia arribó a sus conclusiones a partir de una valoración integral y armónica de todo el acervo probatorio, conforme a las reglas previstas por el art. 173 del CPP, verificando que las conclusiones asumidas por el Tribunal de mérito respondían a criterios de razonabilidad y sana crítica.
El recurrente denunció que la Sentencia se sustentó en hechos inexistentes o no acreditados, al concluir que las sustancias controladas habrían sido transportadas desde otro lugar y destinadas a transacciones ilícitas, sin que exista prueba directa que respalde tales afirmaciones. Asimismo, la prueba MP11 y la declaración del testigo Fredy Valda Tapia demostrarían que no se encontraron elementos que acrediten actos de comercialización o transacción de sustancias controladas. Al respecto, el Tribunal de Alzada estableció que la Sentencia delimitó adecuadamente los hechos probados y realizó una valoración integral y armónica de todo el acervo probatorio conforme al art. 173 del CPP, puesto que las inferencias asumidas se sustentan en criterios de lógica y sana crítica. Precisó que .
UL ACOCANIA la prueba MP11 sí fue objeto de valoración, asignándosele escasa relevancia probatoria al no haberse encontrado documentación o elementos vinculados directamente a actividades de tráfico, destacando que la determinación del valor otorgado a cada medio probatorio constituye una facultad privativa del Tribunal de Sentencia dentro del marco de la valoración conjunta de la prueba producida.
Del mismo modo, el Auto de Vista se pronunció sobre la alegada inexistencia de dolo, explicando que la Sentencia desarrolló las razones por las cuales consideró acreditado el elemento subjetivo del tipo penal, valorando para ello el conjunto de circunstancias acreditadas en juicio, entre ellas, la vinculación del acusado con el inmueble donde fueron halladas las sustancias controladas y otros elementos concurrentes examinados por el Tribunal de Sentencia.
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