Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0678/2026-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso :La Paz 364/2024 Parte acusadora :Ministerio Público y Gobierno Autónomo Municipal de Coro Coro Parte imputada :Simeón Paredes Salluco, Melvi Arminda Tarqui Valeriano y Cruz Carlos Parisaca Parisaca Delitos :Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 221, 154, 146 y 224 del Código Penal (CP) Sucre, 10 de abril de 2026 Por memorial de casación presentado el 10 de julio de 2024, de fs. 1563 a 1566 vta, Melvi Arminda Tarqui Valeriano impugna el Auto de Vista 503/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 1503 a 1522, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra y de Simeón Paredes Salluco y Cruz Carlos Parisaca Parisaca por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Coro Coro, por la presunta comisión de los delito de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por los arts. 221, 154, 146 y 224 del CP.
l ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Por Sentencia 20/2018 de 22 de mayo de fs. 1288 a 1305, el Tribunal de Sentencia
Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Simeón Paredes Salluco autor de la comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado e Incumplimiento de Deberes, previstos en los arts. 221 y 154 del CP, condenándole a sufrir la pena de reclusión de tres años, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y le absuelve de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 146 y 224 del CP; a Melvi Arminda Tarqui Valerino autora de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión a cumplir en el Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz; y a Cruz Carlos Parisaca Parisaca autor de la comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto enelart. 221 del CP, imponiendo la pena de tres años, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y le absuelven de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 146 y 224 del CP, al quedar acreditados los siguientes hechos:
Los acusados Simeón Paredes Salluco como Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Coro Coro y Melvi Arminda Tarqui Valeriano como Oficial Mayor Administrativo, eran funcionarios públicos al momento de la comisión de los hechos ocurridos, sometidos a la Ley 2298 y Ley 1178. La elaboración y supervisión en la confección del POA 2008 y el Reformulado, estaban a cargo de Melvi Arminda Tarqui Valeriano y al haber programado en ese POA la compra de una Antena Parabólica para la recepción y transmisión de Televisión en la suma de Bs195.000 (ciento noventa y cinco mil 00/100 bolivianos), incumplió su deber de funcionaria, la que en los dos contratos de compra de 10 y 17 de mayo de 2008, se establecía un monto total de Bs139.203,25 (ciento treinta y nueve mil doscientos tres 25/100 bolivianos). De donde se establece que en los hechos se programó un monto más po del que se necesitaba para esa compra, incumpliendo dicha funcionaria lo previsto enel art. 18 del Decreto Supremo (DS) 29190. Igualmente legalizó los dos contratos de provisión de Antena Parabólica para la ecepción y transmisión de Televisión VHF 4 Canales; el primero, de 10 de mayo de boos y el segundo, de 17 del mismo mes y año, suscrito junto a Simeón Paredes alluco como Alcalde y Cruz Carlos Parisaca Parisaca como representante de la mpresa Unipersonal Supertel PP Comunicaciones y la Empresa Unipersonal Ecosat Bolivia.
or lo que, la conducta de dicha funcionaria se adecúa al tipo penal de neumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, pues en esa condición y n el cargo que ocupaba, era funcionaria jerárquica y tenía como Unidad :
Administrativa en cada proceso de contratación el art. 18 del DS 29190, y al no haber observado, incurrió en dicho delito.
1.2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Melvi Arminda Tarqui Valeriano, impugna la Sentencia por memorial de fs. 1340 a 1347, a través del recurso de apelación restringida, denunciando como agravios los defectos de sentencia establecidos en el art. 370 incs. 11) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y nulidad de la Sentencia por violación al principio de continuidad, sosteniendo los siguientes argumentos:
1.Inobservancia a las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la Acusación, art. 370 inc. 11) del CPP.
Indicó que en la Acusación versan los siguientes hechos:
- a)Que la adquisición de la antena parabólica no estaba inscrita en el POA 2008;
- b)Que no verificó el supuesto sobreprecio de Bs50.000 en la adquisición de la antena parabólica;
- c)En su calidad de Técnico del Área Administrativa, no procedió a realizar los actos necesarios e inherentes al proceso de contratación, toda vez que no hubo un proceso de contratación;
- d)En ese cargo, no verificó las especificaciones técnicas para la compra de una antena parabólica de 4 canales;
- e)Que no dio cumplimiento a las condiciones y plazos establecidos en el contrato de 10 de mayo de 2018 y tampoco cabal cumplimiento al mismo; y,
- f)No cumplió con su deber por la falta de un archivo del proceso de contratación, Pero en juicio se demostró que esta adquisición estaba inscrita en el POA reformulado de 2008 prueba MP-19, pero que el Tribunal adicionó nuevos hechos, pues refirió que en la elaboración y supervisión del POA 2008 y el reformulado era su responsabilidad y al existir observaciones en cuanto a los montos incumplió su deber; que dichas observaciones no fueron objeto del juicio ni de la acusación fiscal.
En relación a no verificar el sobreprecio de Bs50.000, en juicio no se probó este hecho, pero el Tribunal adiciona nuevos hechos, señalando que no estaba inscrito en el SICOES, ni fue objeto del juicio.
La supuesta existencia de dos contratos de provisión de dicha antena, con diferentes fechas, no fue objeto del juicio.
Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 137/2017-RRC de 21 de febrero, 239/2012-RRC de 3 de octubre, 166/2012-RRC de 20 de julio y
044/2014-RRC de 20 de febrero.
2.Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP.
Refirió en relación a los dos contratos supuestos, que no esta en la acusación, en la Sentencia en el punto Quinto, refieren: La acusada Melvi Tarqui Valerino como funcionaria pública de manera voluntaria ha legalizado los contratos de provisión de antena parabólica para la recepción y transmisión de televisión VHF 4 canales; el primero de 10 de mayo de 2008 y el segundo de 17 de mayo de 2008, suscrito entre Simeón Paredes Salluco Alcalde Municipal de Coro Coro y Cruz Carlos Parisaca representante de la Empresa Unipersonal Supertel P/P Comunicaciones y la Empresa Unipersonal Ecosat Bolivia, con dicho actuar omite su deber de cuidar los caudales económicos del Municipio de Coro Coro, ya que hasta la fecha no se ha dejado sin efecto uno de los contratos de provisión de la antena parabólica (sic). No siendo valorada la prueba PD-10, la declaración de Cruz Carlos Parisaca Parisaca, quien en relación a esos dos contratos, aclara y señala: Ha existido un error en el nombre que figura el contrato con Supertel P 8 P que se dio cuenta el Alcalde después que me factura el monto del cheque y después se arregló con otro contrato con ECOSAT (sic), esta prueba no fue valorada por el Tribunal, pues señalan: Que no se valora, puesto que no es una prueba, sino un medio de defensa (sic).
Cita como precedente contradictorio los , RRC de 27 de diciembre, 214 de 28 de marzo de 2007 y 353/2013-RRC de 27 de diciembre.
3.Nulidad de la sentencia por violación al principio de continuidad en el juicio.
Siendo un principio que rige el juicio el de continuidad, en el caso presente, los jueces conforme a los datos del proceso, el Auto de apertura de juicio es de 30 de septiembre de 2015, el registro del juicio de 27 de octubre de 2015, la lectura y fundamentación de la acusación de 8 de enero de 2016, los incidentes se resolvieron el 10 de marzo de 2016, la declaración de los acusados el 28 de abril de 2016, las pruebas el 26 de agosto de 2016 y hasta la emisión de la Sentencia de 22 de mayo de 2018, pasó un año y nueve meses entre la producción de prueba y Sentencia, plazo irracional para valorar la prueba, causando agravio en esta retardación de justicia.
1.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de
Vista 503/2023 de 29 de diciembre de fs. 1503 a 1522, resuelve el recurso de apelación restringida, en relación a dicha acusada admitiendo dicho recurso, en el fondo determinan la Improcedencia, CONFIRMANDO la Sentencia, con base a los siguientes fundamentos:
1.Inobservancia a las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la Acusación, art. 370 inc. 11) del CPP.
Refiere que la Acusación Fiscal de fs. 524 a 537, acápite IV Fundamento de Hecho, la autoridad fiscal señala en la relación de hechos...Que luego de la revisión de la documentación se pudo establecer que:
- 1)la adquisición de la antena parabólica no está inscrita en el POA 2008, entonces no se advierte que el Tribunal a quo haya incorporado, pues se encuentra dentro de la exposición que realiza el Fiscal, por ello el Tribunal a quo emite su resolución en el acápite refiere: Con respecto a la adquisición de la Antena Parabólica para la Recepción y Trasmisión de Televisión VHF 4 canales no estaba inscrita en el POA 2008, el Tribunal está convencido más allá de la duda razonable de que evidentemente no está inscrita en el POA 2008, pero sí está inscrita en la prueba MP-59.. (sic) .
De la segunda incoherencia, respecto al sobreprecio de Bs50.000, en la Acusación Fiscal acápite IV Fundamentos para enjuiciamiento público, refirió: quien en lo fundamental señala que Simeón Paredes Salluco, ha incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, pues como Alcalde era responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta la conclusión, para lo cual debería haber dispuesto que el proceso de contratación para la provisión de instalación de antena repetidora de televisión VHF se enmarque en los principios y disposiciones en las Normas Básicas de Contratación; sin embargo, de acuerdo a la carta de 13 de agosto de 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se informa a la Fiscalía Anticorrupción que respecto en el SICOES de la compra de antena parabólica repetidora para la Municipalidad de Coro Coro en la gestión de 2008, no se tiene registro del proceso de contratación, incumpliéndose con el Art. 28 del DS 29190 (sic). Y el Tribunal a quo en Sentencia se refiere a este hecho que es emergente de la Acusación Fiscal, por lo que no puede ser catalogado como nuevo hecho.
De la tercera incongruencia, en la misma Acusación Fiscal de fs. 524 a 537, acápite Ill Fundamentos de Derecho, señala: Que Cruz Carlos Parisaca Parisaca ha incurrido en el delito de haber suscrito como particular dos contratos el 10 de mayo de 2008 con el Municipio de Coro para la provisión de una antena parabólica. Por lo que, lo manifestado por la recurrente no es evidente, pues el Tribunal de Alzada destaca que la Acusación no solo constituye la relación fáctica contenida en el
encabezamiento, sino el contenido íntegro de la misma, por ello se advierte que este hecho, si bien es emergente del hecho principal, se encuentra contemplado en la Acusación Fiscal, por lo que el Tribunal de Alzada no advierte que el Tribunal Aquo haya incorporado nuevos hechos ajenos a la Acusación Fiscal y que sean objeto de valoración, base y sustento de la Sentencia.
2.Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP.
Relacionado a los dos contratos, el Tribunal de alzada fundamentando en relación a este agravio, que tiene tres vertientes a) que la Sentencia se base en hechos falsos,
- b)que la Sentencia se base en fundamentos que jamás fueron acreditados y
- c)que la Sentencia se base en mala valoración de la prueba, se basa en la tercera vertiente;
por otra parte, sostiene que el , refirió: Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida;
empero, están sujetos al control de logicidad a cargo del tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. Por otra parte, verifica si la recurrente cumplió los requisitos y condiciones de procedencia, es decir, la carga procesal a quien invoca este agravio, citando el , señaló: 111.2 Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria.
El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente e el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubiera infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es reci que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a u hecho que sea contrario a la experiencia común sobre pruebas que demuestre cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Consiguientemente, cuando se invoca este agravio, debe estar !
vinculado íntimamente al art. 173 del CPP, es decir, debe existir la vulneración a la sana crítica, brindando información necesaria como indica dicha jurisprudencia.
En el caso presente, conforme a los argumentos de la recurrente, el Tribunal Aquo en la Sentencia acápite Voto de los miembros del Tribunal exposición de motivos de hecho y probatorios, en el punto séptimo refirió: DF-10 acta de declaración de Cruz Parisaca Parisaca, el mismo no se la considera porque la declaración del imputado no es prueba es un medio de defensa (sic).
Mostrando 35 de 174 parrafos.