Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0681/2026-EA EXCEPCION DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR
PRESCRIPCION Proceso: Cochabamba 83/2025 Parte acusadora: Gastón Martín Osorio Oporto Parte imputada: Marcelo Pavel Quinteros Alvarado Delitos: Calumnia e Injuria, arts. 283 y 287 del Código Penal (CP)
Sucre, uno de junio de dos mil veintiséis Mediante memorial presentado el 21 de abril de 2026, de fs. 841 a 850 vta., Marcelo Pavel Quinteros Alvarado, promueve la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro de la causa penal seguida en su contra por Gastón Martin Osorio Oporto, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP.
I 7d ARGUMENTO DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
El recurrente invocando el art. 27 inc. 8) del CP, refiere que interpone su pretensión como incidente, pidiendo la prescripción de los delitos acusados de Injuria y Calumnia, describiendo que según la querella la supuesta víctima refiere que las aseveraciones negativas contra su dignidad, se hubieran materializado el 15 de junio de 2015, consolidándose en la interposición de su denuncia al Ministerio Público el 13 de noviembre de mismo año.
Asimismo, revisando el proceso penal en la que se describe el inicio del proceso a partir de la acusación particular, auto de radicatoria, objeción de la querella, y otros actuados que el excepcionista resalta hasta el que declaró la admisibilidad de su recurso de casación, descrita como una auditoria (sic) procesal, resalta que, según el acta de juicio, fue declarado rebelde el 12 de marzo de 2021, aspecto que no revestiría de importancia, ya que si bien dicha declaratoria de rebeldía el Tribunal de alzada decidió mantenerla el 24 de septiembre de misma gestión, recién conforme al acta de 27 de mayo de 2022, se decidió proseguir el juicio, demora que escapa de su voluntad en razón que el
abogado de la acusación particular, no pudo conectarse a la audiencia virtual, ocasionando una suspensión de audiencia hasta los días 14, 22 y 28 de junio; y, 5 y 6 de julio en la que concluyó el proceso con su condena por el delito de Injuria, considerado como instantáneo efectuado el 15 de junio de 2015 y con la interposición de la denuncia penal el 13 de noviembre de mismo año.
Sobre la temática, invoco la aplicación del art. 29 del CPP, que determina que la acción penal para el delito de Injuria, prescribe a los tres años, término que en el presente caso ya hubiera sido vencido, y que conforme a los arts. 31 y 32 del CPP, solo puede ser interrumpido por la declaratoria de rebeldia y otras previsiones signadas en este último acápite legal que en el caso concreto, no concurrirían. Por otro lado, se debe analizar la suspensión procesal por pandemia que acumulan tres meses, que haciendo el descuento respectivo el presente caso han transcurrido cuatro años, nueve meses y cuatro días.
Por último, como elemento probatorio detallado en su otrosi segundo adjunta como prueba copias de todo el expediente y certificados REJAP y CENVI.
H MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LAS EXCEPCIONES IL.1.
De la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal La Sentencia Constitucional (SC) 1061/2015-S2 de 26 de octubre,
estableció el siguiente entendimiento:
Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la , no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas; en este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o tribunal donde radica la causa
A (A
principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa
de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas
penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los
entendimientos plasmados precedentemente, pero
fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no
admiten impugnación...
IIL.2.
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