Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0692/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO
Proceso : Tarija 291/2024 Parte acusadora : Ministerio Público y Gobierno Autónomo Departamental de
Tarija Parte acusada :Normando Leónido Romero Condori y José Manuel Lipez
Tordoya Delitos : Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, arts.
154 y 224 del Código de Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 1081 a 1091, José Manuel Lipez Tordoya, impugna el Auto de Vista 595/2023-SP1 de 1 de diciembre de fs. 876 a 881 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra y Normando Leónido Romero Condori por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP.
II. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN lI.1. SENTENCIA Por Sentencia 25/2016 de 21 de septiembre de fs. 693 a 700 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declaró a José Manuel Lipez Todoya, culpable por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP, imponiendo pena de tres años de reclusión; con costas en favor del Estado en la suma de Bs1.000 (un mil 00/100 bolivianos) e inhabilitación especial de cinco años para ejercer cualquier cargo en
la Administración Pública del Estado; Normando Leonido Romero Condori, culpable por la comisión de los citados delitos en grado de complicidad, imponiendo pena de tres años de reclusión; con costas en favor del Estado en la suma de Bs1.000 (un mil 00/100 bolivianos) e inhabilitación especial de cinco años de celebrar contratos con la Administración Pública del Estado; fallo basado en los siguientes hechos probados:
La prueba testifical de Alfredo Calvimontes, refirió sobre la ejecución de la construcción del Centro Cultural de San Antonio, empero indicó no recordar detalles por el tiempo transcurrido; asimismo, la atestación de River Padilla Ríos y Jaime Ruiz Sánchez, como parte de la comisión de recepción, confirmaron que la obra presentaba múltiples fallas técnicas (filtraciones, rajaduras, deficiencias estructurales, problemas eléctricos y de diseño), por lo que no podía ser recibida;
ya que que el contratista incumplió con una adecuada ejecución de la obra y no existió una supervisión eficiente por parte del Sr. Lipez. Posteriormente, los testigos Denis Arteaga, Eloy Choque y nuevamente Jaime Ruiz Sánchez, coincidieron en que la estructura se desplomó debido a su mala construcción, hecho verificado en inspecciones realizadas. Finalmente, el testigo Carlos Aguilar señaló que, como Jefe Técnico, solo recibía informes, siendo la supervisión directa responsabilidad de José Manuel Lipez y la ejecución de la obra del contratista Normando Romero.
Con relación a la MP1, consistente en la denuncia, se tiene demostrado que la víctima, se constituyó en parte civil, la MP2 y MP5, acta de recepción provisional, demuestra que al margen de lo que establece el Decreto Supremo (DS) 0181, se procedió a recepcionar la obra de forma provisional, realizando el supervisor algunas observaciones de forma, y no de fondo, por lo que existió complicidad por parte del constructor, quien cooperó al no haber ejecutado correctamente la ejecución de la obra. En cuanto a la MP3, MP8 y MP9, se tiene demostrado que el supervisor de la obra es José Lipez Tordoya, y por la minuta adjunta a la MP9 se tiene demostrado que Normando Romero, se adjudicó la construcción de la obra, que no fue entregada de forma definitiva; debido a que se desplomó, tal como se tiene demostrado por el acta de inspección MP17. La MP8, ratifica la audiencia de inspección de la comisión de recepción; la MP6, acta de inspección y donde se plasma las observaciones realizadas a la obra; motivo por el cual no se recepcionó la obra en su momento. La MP7, MP10 y MP11, se trata de informes de planilla de avance en donde se demuestra que existió la cancelación de la primera y tercera planilla de la obra. La MP12, se trata de una solicitud de ampliación de plazo, pero no se encuentra firmada por el Supervisor de Obra. La MP13, consistente en una certificación presupuestaria, que demuestra que la obra
licitada y adjudicada tenía presupuesto aprobado, con relación a la MP14 DBC, se tiene que se trata de un documento donde se encuentran las especificaciones técnicas de la obra, la MP15 demuestra que Alfredo Calvimontes fue designado como Responsable de Proceso de Contratación (RPC), quien poco aportó con su atestación sobre los hechos.
Bajo esos antecedentes los miembros del Tribunal de forma unánime y por toda la prueba valorada, concluyeron que hay certeza que los imputados José Manuel Lipez Tordoya y Normando Leonido Romero Condori, cometieron los delitos acusados tanto por el acusador fiscal y particular.
Hechos no probados.
No se tienen hechos no demostrados.
IMPOSICIÓN DE LA PENA
En cuanto se refiere a la pena, por voto unánime, y teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los Arts. 37 y sgtes., del Código Penal, se ha considerado las circunstancias del hecho y la condición personal de los imputados, de conformidad al art. 38 del mencionado Código, de donde se tiene:
- a)En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que este hecho antijurídico, afecta la función pública, a la fe del Estado y al patrimonio y los intereses del Estado, tampoco tienen antecedentes penales ni policiales no existe prueba en contrario, por lo que se puede decir que han llevado una vida adecuada y digna, tienen familia, trabajo y U oficio, por lo que tienen un arraigo natural y sobre todo familia que le exige en el fuero interno reencauzar su conducta a favor de la sociedad, por tanto siendo la finalidad de la pena la readaptación de los encartados, este Tribunal considera que se debe aplicar el quantum de la pena en la escala mínima, que por sí solo es elevada, al no tener ningún tipo de beneficios ya que fueron modificados por la Ley 004, y estos hechos acontecieron después que se puso vigente la referida Ley anticorrupción, y con la inhabilitación especial señalada en el Art. 36 núm. 2 y 3) del Código Penal, porque el Sr. Lipez Tordoya es un profesional, y no tiene ningún pretexto de desconocimiento de la norma legal, ya que es su obligación conocerla, de igual forma para el Sr. Normando Romero, porque sabe leer y escribir y porque es Estado exige un comportamiento distinto que a los demás máxime si está en juego la fe que deposita el estado cuando otorga la construcción de una referida obra que es beneficiosa de la comunidad (sic).
ll.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, el recurrente José Manuel Lipez Tordoya formuló el recurso de apelación restringida de fs. 717 a 724, reclamando lo siguiente:
El Tribunal de Sentencia, al emitir la Sentencia, incurrió en defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a una incorrecta calificación jurídica de los hechos y falta de adecuada subsunción de la conducta a los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, establecidos en los arts. 154 y 224 del CP, ya que el juicio oral, público y contradictorio, se debe comprobar el hecho y la responsabilidad penal mediante una valoración objetiva de la prueba y el respeto al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la Sentencia no describe ni fundamenta adecuadamente cómo la conducta del encausado encaja en todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, generando duda razonable que debió resolverse aplicando el principio in dubio pro reo.
Mostrando 19 de 95 parrafos.