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TSJ

AS/0698/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
30 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Estafa

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0698/2026 - F ANALISIS DE FONDO Proceso: Tarija 289/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Carlos Gutiérrez Linares Parte imputada: Fabiana Altamirano Bustos, Andrés Abel Mamani Quiquinta y Gonzalo Javier Zeballos Cortez Delitos: Estafa y Estelionato, arts. 335 y 337 del CP Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 22 de agosto de 2024, de fs. 2064 a 2068, Gonzalo Javier Zeballos Cortez y Fabiana Altamirano Bustos, impugnan el Auto de Vista 13/2024-SP1 de 2 de abril de fs. 2049 a 2052, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Carlos Gutiérrez Linares, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

DE LA SENTENCIA Por Sentencia 23/2023 de 24 de abril, de fs. 1952 a 1963, el Juzgado de Sentencia Cuarto en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Fabiana Altamirano Bustos y Gonzalo Javier Zeballos Cortez, autores de la comisión de los ilícitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, imponiendo la pena de cinco años de privación de libertad, más imposición de costas, con base a los siguientes argumentos:

  1. a)Se demostró que los adusados Gonzalo Javier Zeballos Cortez y Fabiana Altamirano Bubtos, a través de la Constructora HELIOS,

ofertaron viviendas del condominio Da Vinci durante la Expo Sur Tarija 2018, convenciendo a las víctimas Wilson Chambilla Quispe y Olimpia Rojas Lima de adquirir la vivienda tipo 29-A, aparentando solvencia económica y capacidad para cumplir con la construcción y entrega del inmueble.

  1. b)Se acreditó que las víctimas realizaron múltiples depósitos bancarios a cuentas de titularidad de los acusados en el Banco Unión y Banco Nacional de Bolivia, además de entregar materiales de construcción como parte de pago y cancelar expensas del condominio, cumpliendo integramente con las obligaciones económicas asumidas en el contrato de preventa.
  1. c)Se probó mediante el contrato de preventa y demás prueba documental, que los acusados se comprometieron a construir y entregar la vivienda libre de gravámenes, así como gestionar el levantamiento de la hipoteca existente sobre el inmueble, lo cual no cumplieron.
  1. d)Se demostró que, pese a haber recibido el pago total convenido y tener conocimiento que el inmueble ya habia sido vendido en preventa a las víctimas, los acusados otorgaron posteriormente la vivienda tipo 29-A en garantía hipotecaria a favor de Martha del Rosario Daroca Molina por un préstamo de us. 53.000.
  1. e)Se acreditó que, ante el incumplimiento de pago de los acusados, Martha del Rosario Daroca Molina inició un proceso ejecutivo que concluyó con el embargo, remate y adjudicación definitiva del inmueble objeto de la preventa.
  1. f)Se probó que las víctimas realizaron reiterados reclamos y requerimientos notariales exigiendo el cumplimiento de lo pactado, sin obtener respuesta favorable de los acusados, quedando finalmente desposeidas del dinero entregado y sin acceso al inmueble adquirido.
  1. g)Se demostró mediante informes 1 bancarios, extractos, documentación de Derechos Reales y el proceso ejecutivo civil, que las víctimas realizaron una disposición patrimonial efectiva en beneficio de los acusados de la suma de us. 120,000, quienes incumplieron las obligaciones asumidas y dispusieron fraudulentamente del inmueble comprometido en venta.
  1. h)Se estableció que las declaraciones testificales de descargo no

fueron respaldadas con prueba documental idónea, por lo que no

resultaron suficientes para desvirtuar los hechos acreditados por

la prueba de cargo.

I.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, los imputados Fabiana Altamirano Bustos y Gonzalo Javier Zeballos Cortez, interpusieron recursos de apelación restringida de fs. 1973 a 1978, alegando los siguientes agravios, vinculados al motivo de casación:

Los recurrentes, denunciaron vulneración al principio de inocencia, incurriendo en una incorrecta interpretación del actuar de los encausados, al afirmar el Juez que en el 2018 eran insolventes y que sabian con antelación que iban a incumplir con lo pactado con las víctimas, siendo que se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato de preventa, por lo que no se demuestra que haya existido dolo y se haya fortalecido en error a la victima, debiendo dictarse Sentencia absolutoria como en el caso de Estelionato.

1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 13/2024-SP1 de 2 de abril, de fs. 2049 a 2052, resuelve Sin Lugar el recurso de apelación restringida, en base a los siguientes argumentos, respecto a los agravios vinculados a los motivos casacionales.

En el caso en concreto, el Tribunal de alzada refiere: Sobre lo manifestado por la parte recurrente que no haya existido dolo, de la lectura de la sentencia en el punto IV. FUNDAMENTACION JURIDICA se señala: (...) De todo desfile probatorio detallado y valorado precedentemente, la suscrita llega a la convicción de que el Ministerio Público y los acusadores particulares han demostrado de forma fehaciente el hecho de que los acusadores Gonzalo Javier Zeballos Cortez y Fabiana Altamirano Bustos lograron crear error en las victimas con la finalidad de que las mismas depositaran la suma de dinero pactada en el contrato de preventa de la casa signada como 29-A que era parte del condominio DA VINCT, al haberles hecho creer de que los mismos al ser los dueños del terreno donde se construyó la casa, a través de la empresa denominada HELIOS también de propiedad de estos, tenían la suficiente solvencia económica para llevar adelante el proyecto de vivienda denominado condominio DA VINCI cuando en realidad ocurría lo contrario, prueba de ello es que los acusados para

solventar ese proyecto acudían a préstamos bancarios e incluso de particulares como es el que se hizo de Martha del Rosario Daroca Molina dando como garantía las casas que fueron pagadas en su totalidad vendida en preventa. Se tiene demostrado la participación de ambos acusados ya que en todos los documentos firmados tanto con las Victimas por la venta del inmueble como aquel firmado con la señora Martha Daroca de préstamo de dinero con garantía hipotecaria del bien inmueble objeto de la presente litis, de igual forma se tiene demostrado que el dinero que fue depositado por las victimas a las Cuentas bancarias del Banco Nacional o Bolivia y del BANCO UNION S. A estaban también a nombre de ambos acusados, lo que implica que ambos recibieron las sumas de dinero que a la fecha no se devuelven a las víctimas. En conclusión, se tiene que Gonzalo Javier Zeballos Cortez y Fabiana Altamirano Bustos han subsumido su conducta en primero lugar al delito de Estafa tipificado en el Art. 335 del Código Penal, a la letra dice, El que con intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercer, será sancionado... Esta formulación precisa la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa.: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial. Se precisa conseguir el sonsacamiento de dineros o ventajas ilegitimas en beneficio propio o de un tercer, mediante engaños o induciendo a error al sujeto pasivo que es la persona engañada;

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Datos del proceso

Demandante
Nerio Amed Caballero Ramirez, Franz Carlos Gutierrez Linares y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Fabiana Altamirano Bustos, Andres Abel Mamani Quiquinta y Gonzalo Javier Zeballos Cortez
Proceso
Estafa
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia30 de julio de 2026AS/0698/2026-FFuente oficial