Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0701/2026 - F ANALISIS DE FONDO Proceso: Potosi 53/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Consejo de la Magistratura Parte imputada: Wilfredo Ramos Quispe y Nelson Arciénega Torres Delitos: Incumplimiento de Deberes y Nombramientos Ilegales, arts.
154 y 157 del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 9 de agosto de 2024 de fs.
1603 a 1616, Nelson Arciénega Torres, impugna el Auto de Vista 31/2024, de 1 de agosto, de fs. 1533 a 1545, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido en su contra y de Wilfredo Ramos Quispe por el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Nombramientos llegales, previstos y sancionados por los arts. 154 y 157 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Por Sentencia 9/2017 de 6 de julio de fs. 1283 a 1290, el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Potosi, declaró a Wilfredo Ramos Quispe, autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Nombramientos Ilegales, previstos y sancionados por los arts. 154 y 157 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión; y, Nelson Arciénega Torres, absuelto del segundo delito, con base a los siguientes argumentos:
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1. La Sentencia tuvo por acreditado que Wilfredo Ramos Quispe y los demás acusados desempeñaban funciones dentro de la estructura administrativa y judicial vinculada al Consejo de la Magistratura Distrito Judicial de Potosí, ejerciendo atribuciones relacionadas con administración institucional, manejo de personal y actuaciones administrativas concernientes al funcionamiento de dependencias Judiciales.
2. Durante la gestión 2012, se realizaron diversos actos administrativos vinculados con la contratación e incorporación de personal destinado a cumplir labores de apoyo jurídico, funciones administrativas y servicios auxiliares dentro del sistema judicial de Potosi, mediante contratos y documentación administrativa emitida desde la institución.
3. Varias de esas designaciones o contrataciones no observaron integramente las condiciones normativas, administrativas y requisitos exigidos para el acceso o ejercicio de determinadas funciones públicas, situación que generó cuestionamiento sobre la legalidad de los actos administrativos ejecutados.
4. Wilfredo Ramos Quispe no fue un tercero ajeno a los hechos investigados, sino que tuvo participación derivada de su cargo y de las atribuciones que ejercía, vinculándolo con la elaboración, validación, suscripción, autorización o intervención administrativa en actos relacionados con la contratación o incorporación del personal observado.
5. El Tribunal basó su convicción principalmente en los contratos administrativos, informes institucionales, documentación interna, antecedentes administrativos y declaraciones testificales, de cuya valoración conjunta concluyó que existieron actos concretos de contratación o incorporación de personal asociados funcionalmente a los acusados.
6. La conducta desarrollada por los acusados se vinculó al delito de Nombramientos Ilegales previsto en el art. 157 del CP, bajo la
consideración de que participaron en actos relacionados con la incorporación, contratación o designación de personas para
funciones públicas sin verificarse plenamente el cumplimiento de
- las condiciones legales requeridas.
7. El Tribunal de mérito concluyó que el comportamiento atribuido
revelaba incumplimiento de obligaciones propias de la función
- pública, al considerar que los acusados omitieron observar y hacer
cumplirlas disposiciones legales y administrativas inherentes a sus
cargos respecto a los procedimientos de contratación y control del
Yue JA personal incorporado.
L2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, el Consejo de la Magistratura interpuso recursos de apelación restringida de fs. 1299 a 1302, alegando los siguientes agravios, vinculados al motivo de casación:
Denuncia el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por insuficiente fundamentación de la Sentencia respecto a la absolución del coacusado Nelson Arciénega Torres, alegando que el Tribunal de mérito invocó genéricamente la existencia de duda razonable e insuficiencia probatoria para absolverlo del delito de Nombramientos Ilegales, sin explicar de manera clara, lógica y suficiente cuáles fueron las pruebas o razones jurídicas que generaron dicha duda; más aún, cuando sobre los mismos hechos y elementos probatorios particularmente la suscripción de contratos consideró prueba suficiente para condenar a Wilfredo Ramos Quispe y no asi para Nelson Arciénega Torres, incurriendo en falta de fundamentación fáctica, probatoria e intelectiva, vulnerando los arts. 124 del CPP y 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
L.3.
DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Por Auto de Vista 31/2024 de 26 de julio, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró procedente en parte el recurso de apelación restringida planteado por el Consejo de la Magistratura; y, en consecuencia, revocó en parte la Sentencia y declaró al imputado Nelson Arciénega Torres, autor del delito Nombramientos llegales previsto y sancionado en el art. 157 del CP, imponiendo dos años de reclusión, con el siguiente argumento vinculado al motivo de casación:
Con referencia al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5 del CPP, el Tribunal de alzada refiere: En la Sentencia objeto de apelación Restringida su fundamento para ABSOLVER al co acusado Nelson Arciénega, radica en que se ha creado la duda razonable así señala:
Con relación al Acusado Nelson Arciénega Torres a quien se le acusa por el delito de Nombramientos llegales. Previsto y sancionado en el Art.
157 del C.P. no existe suficiente prueba documental, testifical para crear convicción en el juzgador, que lo acusado es cierto que la insuficiencia de la prueba da lugar a la duda razonable, situación que merece la
aplicación del principio INDUBIO PRO REO. La prueba plena despeja la duda razonable y genera convicción al juzgador con este antecedente se deja claro que uno de los componentes de la presunción de inocencia es la duda razonable que necesariamente va a favor del acusado Nelson Arciénega Torres, resultando estos fundamentos la base de su resolución empero no fundamenta que elementos de convicción ingresados a juicio bajo la sana critica, cumpliendo la logicidad le habría establecido que se ha creado esa duda razonable estableciendo la definición de duda razonable que no es una duda basada en compasión o prejuicio; en cambio, está basada en la razón y el sentido común, de lo que se establece que la duda razonable está lógicamente conectada a la evidencia o ausencia de evidencia, por lo que la autoridad judicial A Quo debió en el momento de fundamentar esta resolución establecer cuál de los elementos le ha creado esta duda razonable, en el momento de formular la valoración de la prueba y que con este párrafo establece que se le ha creado esa convicción, se ha establecido por el Tribunal Constitucional que la fundamentación establecida en el Art. 124 del CPP, no debe ser ampulosa o establecer una estructura concreta sino que la misma debe dar seguridad y certeza sobre la decisión, empero en la presente resolución se establece que la fundamentación no cumple, es así que el A.S. Nro. 025 Sucre, 4 de febrero de 2010 establece 3).- La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que asegura la publicidad de las razones que tuvieron los jueces para pronunciar sus sentencias, permitiendo el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarnas de los jueces, la motivación también responde a otros fines, que deberán ser conocidas por los interesados, o sea las diferentes razones que justificaron el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley le concede, al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer el control como para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales, por tal circunstancia, la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser:
- a)Expresa: En razón que el Tribunal no puede suplirla por una remisión a otros actos o a las constancias del proceso o reemplazarlas por una alusión de la prueba, en ese sentido la ley exige que el juzgador consigne las razones que determinaron su decisorio, expresando sus argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión definitiva
- b)Clara: En toda resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún de los legos.
- c)Completa: Esta exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas
O AN ANA por las partes en diferentes recursos que se analizan ya cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión, por tal razón, el Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinaron el fallo, en ese sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar, por tal circunstancia la motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a los que se arribó luego del examen de la veracidad de las denuncias formuladas.
- d)Legitima: La legitimación de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, Como a la obligación de revisar de oficio la legitimación del proceso, por tal circunstancia, el fallo que se funda en consideraciones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.
- e)Lógica, que exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, en ese sentido, el Tribunal valorara las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión, sustentado en las reglas de la lógica, psicología y experiencia, en ese contexto, no fueron cumplidos esos presupuestos por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (Tribunal de alzada), en el Auto de Vista A.V/A.R 47/2007 de 27 de septiembre de 2007, constituyéndose en un defecto de sentencia (artículo 370 numeral 5) del Código de Procedimiento Penal).
Por lo que se ha establecido que la fundamentación debe dejar certeza a las partes que esa decisión es imparcial y sobre todo basada en todos los elementos de convicción que se hubieran producido en juicio, y en el caso de autos no se ha establecido en ninguno de los CONSIDERANDOS que prueba, declaración de testigo, documental le ha llevado a esa convicción, siendo incongruente porque con la misma documentación y declaraciones se ha condenado al otro co imputado siendo que los contratos administrativos que han servido para la designación de funciones judiciales han sido firmados por ambos imputados, por lo que se evidencia que el agravio es evidente.
HI DEL RECURSO DE CASACIÓN IL.1.
MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN
Nelson Arciénega Torrez, formuló recurso de casación admitido mediante de fs.
1754 a 1765, para el análisis del siguiente motivo:
Previa relación de antecedentes procesales y jurisprudenciales, el recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado, cuenta con una indebida y contradictoria fundamentación; puesto que, no analizó los elementos constitutivos del tipo penal de Nombramientos llegales, limitándose simplemente a determinar que la Sentencia es incongruente, que con la misma documentación y declaraciones se condenó al otro coimputado, que la designación de funciones judiciales sirvieron para realizar contratos administrativos que fueron firmados por ambos imputados; sin establecer o precisar cuál o qué pruebas acreditan y demuestran que efectivamente el recurrente procedió a proponer en terna o nombrar para un cargo público a personas que no reúnan las condiciones legales para su desempeño;
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