Texto del fallo
A (A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0703/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO
Proceso : La Paz 95/2024 Parte acusadora : Ministerio Público, Carlos Eduardo Monroy Bustamante
y la Asociación de Protección a la Salud PROSALUD
Regional La Paz Parte acusada : Mónica Patricia Balderrama Barbaito y Brigida Lidia
Mamani Quispe Delito : Homicidio Culposo, art. 260 del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 28 de marzo de 2024, cursante de fs. 754 a 782, Mónica Patricia Balderrama Barbaito, impugna el Auto de Vista 181/2023 de 5 de octubre de fs. 592 a 600 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Carlos Eduardo Monroy Bustamante y la Asociación de Protección a la Salud PROSALUD Regional La Paz, por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP.
Il. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN
Ne 1.1. SENTENCIA
Por Sentencia 11/2020 de 10 de noviembre, de fs. 526 a 534 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Patricia Balderrama Barbaito y Brigida Lidia Mamani Quispe autoras y culpables del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art, 260 del CP, imponiendo tres años y dos años de reclusión, ambas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz,
más el pago de costas en favor del Estado, con base a los siguientes hechos probados:
El Tribunal de mérito estableció que la parte acusadora demostró, más allá de la duda razonable, que las acusadas incurrieron en una grave violación culpable de los deberes inherentes a la profesión médica y de asistencia en enfermería, ocasionando con su conducta culposa la lesión del bien jurídico protegido relativo a la vida e integridad corporal del menor, quien falleció el 16 de diciembre de 2010, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica PROSALUD La Paz.
Bajo ese razonamiento, se concluyó que ambas acusadas tenían un deber especial de protección y resguardo respecto del neonato, en razón a las funciones que desempeñaban dentro del referido centro médico, siendo Mónica Patricia Balderrama Barbaito profesional médico desde el 2008 y Brígida Lidia Mamani Quispe auxiliar de enfermería con más de siete años de experiencia.
En la fundamentación jurídica, el Tribunal desarrolló los alcances dogmáticos del delito de Homicidio Culposo, precisando que el tipo penal sanciona la muerte causada sin intención dolosa, pero producida como consecuencia de un actuar imprudente, negligente o contrario a los deberes objetivos de cuidado, destacando que tratándose de delitos cometidos en el ejercicio de una profesión, el deber especial de garante adquiere relevancia cuando el sujeto tiene bajo su protección bienes jurídicos vinculados a la vida y a la salud de terceros. Asimismo, en los delitos de comisión por omisión el deber jurídico de actuar puede emerger de la ley, del contrato, del ejercicio profesional o de la vigilancia de una fuente de peligro, generándose una obligación positiva de protección dentro de la esfera de competencia del obligado.
En cuanto a la valoración probatoria, el Tribunal señaló que las pruebas documentales MP-2 y MP-3, conjuntamente con las declaraciones testificales de Carlos Eduardo Monroy Bustamante, Jesica Natalie Brunner Jaldín, Víctor Hugo Urquieta Clavel, Carmen Grace Ocampo Barba y Jhonny Mamani Mita, acreditaron el nacimiento y posterior fallecimiento del menor Monroy Brunner, constituyendo ello el primer elemento configurativo del tipo penal referido a la muerte de una persona.
Respecto al segundo elemento relativo a la grave violación culpable de los deberes (sic), el Tribunal valoró las pruebas MP-1, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, MP-9, MP-11, MP-12, MP-13, MP-14 y MP-15, además de las declaraciones testificales producidas en juicio, concluyendo que las acusadas,
Y encontrándose de turno el día de los hechos en la Clínica PROSALUD La Paz, incumplieron los deberes inherentes a sus funciones profesionales frente al estado crítico del neonato internado en terapia intensiva.
Asimismo, en relación con el elemento concerniente a la infracción de deberes propios de una profesión u oficio, el Tribunal destacó los informes médicos de 20 de diciembre de 2010, suscritos por Mónica Patricia Balderrama Barbaito y Brígida Lidia Mamani Quispe, así como, el resto de la prueba documental y testifical incorporada a juicio, concluyendo que ambas ejercían funciones directamente vinculadas al cuidado y atención médica del menor al momento del hecho, aspecto que consolidaba su posición de garantes y la relevancia penal de la omisión e infracción de sus deberes funcionales.
Finalmente, al momento de individualizar la pena, el Tribunal aplicó los arts. 37, 38 y 40 del CP, considerando la edad, personalidad, ocupación, situación familiar, económica y social de las acusadas, así como el principio de culpabilidad previsto en el art. 13 del mismo cuerpo normativo, concluyendo que correspondía imponer las sanciones antes descritas conforme alo dispuesto por el art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
ll.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DE LA ACUSADA
Contra la referida Sentencia, Mónica Patricia Balderrama Barbaito, de fs. 547 a 556 vta., formuló recurso de apelación restringida, alegando en lo sustancial, la errónea aplicación de la ley sustantiva y la defectuosa valoración de la prueba, previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP.
Como primer agravio, sostuvo que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva al atribuirle responsabilidad penal por el delito de Homicidio Culposo bajo la figura de comisión por omisión, atribuyéndole indebidamente un deber especial de protección y custodia respecto del recién nacido fallecido.
Alegó que el Tribunal de mérito modificó los hechos acusados y construyó una responsabilidad basada únicamente en el cargo que desempeñaba como médico de guardia, sin demostrar de manera concreta la concurrencia de los elementos previstos por el art. 13 Bis del CP, argumentó que la Sentencia no identificó cuál habría sido el deber específico incumplido ni la conducta omisiva atribuible a su persona, limitándose a realizar referencias genéricas a la posición de garante y a una grave violación culpable de deberes inherentes a la profesión, sin desarrollar una fundamentación individualizada respecto a su actuar profesional.
En ese contexto, la responsabilidad directa sobre el cuidado permanente del recién nacido correspondía a la coacusada Brígida Lidia Mamani Quispe, auxiliar de enfermería, encargada exclusivamente de la atención del menor durante el turno nocturno, quien sostuvo y admitió haberse dormido y no advertir la interrupción del suministro de oxígeno; situación que habría derivado en la asfixia y posterior fallecimiento del neonato.
Señaló que su labor como médico de guardia consistía en realizar visitas periódicas a los pacientes internados y atender eventuales emergencias comunicadas por el personal de enfermería, habiendo efectuado controles regulares al menor durante la noche de los hechos, sin que se le hubiese alertado oportunamente sobre alguna complicación.
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