AS/0706/2021-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 706/2021-RA

Sucre, 16 de agosto de 2021

Expediente : La Paz 115/2021

Parte Acusadora : Ministerio Público y Patricia Villena

Parte Imputada : Roberto Gutiérrez Larrea

Delito : Robo Agravado

RESULTANDO

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2020, Patricia Villena, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista Nº 122/2019 de 26 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Patricia Villena contra Roberto Gutiérrez Larrea, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, tipificado y sancionado por el art. 332 inc. 4), con las circunstancias del art. 326 núm. 6, ambos del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Mediante Sentencia Nº S-187/2017 de 8 de septiembre, el Tribunal de Sentencia Nº 4 de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, declaró a Roberto Gutiérrez Larrea, autor del delito de Robo Agravado, imponiendo la pena privativa de libertad de 5 (cinco) años, más pago de costas a favor del Estado y parte querellante, y resarcimiento de daño civil; y, absuelto con relación a los incs. 1), 2) y 3) del art. 332 del CP, más costas a su favor (fs. 1755 a 1768 vta.).

El acusado formula recurso de apelación restringida cursante de fs. 2055 a 2077; y, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncia el Auto de Vista Nº 122/2019 de 26 de agosto, que declara admisible y, procedente el recurso y anula totalmente la Sentencia impugnada, ordenando el reenvío del proceso (fs. 2361 a 2369). Solicitada la Explicación, Complementación y Enmienda por la querellante Patricia Villena (fs. 2371 y vta.) el Tribunal de apelación, mediante Auto de 7 de noviembre de 2019, dispone la corrección y complementación, y declara no ha lugar la enmienda, manteniendo firmes y subsistentes los fundamentos de la Sentencia (fs. 2373 y vta.).

Mediante diligencia de fs. 2379, el 26 de octubre de 2020, se notificó a la querellante con el Auto de 7 de noviembre de 2019, que resuelve su solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda; y, el 3 de noviembre de 2020, presentó el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad (fs. 2374 a 2377).

II. REQUISITOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, constituyendo a su vez en garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico del Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Plazo.- Interposición del recurso dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación con el Auto de Vista, o en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió el Auto de Vista que se pretende impugnar; y,

ii) Precedente.- Invocación del precedente a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; este requisito constituye la carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Eso significa que no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que, a partir de ello, este Tribunal Supremo de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.