Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora -F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO
Proceso : La Paz 176/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Salvador Diego Salazar Luizaga Delito : Tenencia y Porte o Portación llícita, art. 141 Quinter del
Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 26 de febrero de 2024, Salvador Diego Salazar Luizaga de fs. 311 a 327 vta., impugna el Auto de Vista 109/2022 de 18 de noviembre de fs. 275 a 277 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tenencia y Porte o Portación llicita, previsto y sancionado por el art. 141 Quinter del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA
Por Sentencia 16/2019 de 2 de julio de fs. 239 a 248 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Salvador Diego Salazar Luizaga, autor del delito de Tenencia y Porte o Portación llícita, previsto y sancionado por el art. 141 Quinter del CP, imponiendo pena de tres años de privación de libertad; en razón alos siguientes argumentos:
El Tribunal de mérito estableció que el Ministerio Público acreditó que el acusado se encontraba portando un arma de fuego calibre 22 al interior de una mochila, juntamente con municiones, sin contar con autorización legal; concluyendo que dicha conducta adecuaba su accionar al tipo penal acusado, al haberse puesto en
peligro la seguridad pública como bien jurídico protegido.
Asimismo, la prueba testifical y documental judicializada resultaba suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, calificando su conducta como dolosa, antijurídica y punible.
No obstante, la Sentencia también señaló como hechos no probados que el Ministerio Público no acreditó que el arma fuera de propiedad del imputado, ni que éste hubiera hecho uso de ella, tampoco que el arma no estuviera registrada o careciera de documentación legal.
En cuanto a la imposición de la pena, el Tribunal consideró las circunstancias personales del acusado, entre ellas, su grado de formación académica y la inexistencia de antecedentes penales, imponiendo la sanción bajo los principios de legalidad y proporcionalidad.
1.2. DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, Salvador Diego Salazar Luizaga formuló recurso de apelación restringida de fs. 253 a 256, alegando lo siguiente:
Errónea aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva penal, así como defectuosa valoración de la prueba; siendo que la Sentencia condenatoria fue emitida vulnerando el debido proceso y las reglas de la sana crítica, al no existir prueba suficiente que acreditara su responsabilidad penal por el delito de Tenencia y Porte o Portación llícita de arma de fuego.
Argumentó que el Tribunal de mérito no valoró adecuadamente las declaraciones testificales de cargo, las cuales resultaban contradictorias respecto a la cantidad de proyectiles y a la custodia del arma de fuego, además, el arma supuestamente incautada nunca fue presentada en juicio para acreditar su existencia, funcionalidad o legalidad; extremo que habría quebrantado la cadena de custodia.
Asimismo, no se valoró la prueba documental y testifical de descargo, referida a la inexistencia de antecedentes penales, su formación académica, la documentación vinculada al trámite de registro del arma y otros elementos que, -a su criterio-, desvirtuaban la acusación fiscal; también denunció irregularidades procesales en la requisa y aprehensión, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia.
Con base en dichos argumentos, solicitó la anulación de la Sentencia condenatoria y la emisión de una nueva resolución absolutoria.
ZA (PA 11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Por Auto de Vista 109/2022 de 18 de noviembre, de fs. 275 a 277 vta., la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó RECHAZAR el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con los siguientes argumentos:
Que Salvador Diego Salazar Luizaga interpuso recurso de apelación restringida denunciando entre otros aspectos, errónea valoración de la prueba testifical y documental, vulneración al debido proceso y defectos absolutos en la sustanciación del juicio oral; principalmente que el arma de fuego supuestamente incautada nunca fue presentada en juicio, que existían contradicciones en las declaraciones de los investigadores policiales respecto a la cantidad de proyectiles y la custodia del arma, así como, ausencia de valoración de la prueba de descargo y de los hechos no probados reconocidos en la propia Sentencia.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante decreto de 24 de mayo de 2021, observó el recurso de apelación restringida por incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 407 y 408 del CPP, al no haberse identificado de manera clara y separada las disposiciones legales presuntamente vulneradas, ni precisado la aplicación pretendida; otorgándose al recurrente el plazo de tres días para subsanar dichas observaciones conforme al art. 399 del CPP, bajo apercibimiento de rechazo e inadmisibilidad del recurso.
Posteriormente, mediante Auto de Vista 109/2022 de 18 de noviembre, la Sala Penal Segunda rechazó el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia condenatoria; señalando inicialmente que el recurso de apelación restringida constituye un medio legal destinado exclusivamente a impugnar errores de procedimiento o de aplicación de la ley sustantiva, no siendo una instancia de revalorización probatoria, debiendo el recurrente observar las exigencias técnicas de fundamentación previstas por los arts. 407 y 408 del CPP.
En ese contexto, estableció que pese a haber sido legalmente notificado con el decreto de observación, el apelante no presentó memorial alguno de subsanación dentro del plazo concedido, omitiendo cumplir la orden expresa de ese Tribunal.
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