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TSJ

AS/0720/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
9 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Uso de instrumento falsificado

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

AO A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0720/2026-F Sucre 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO

Proceso : La Paz 75/2025 Parte acusadora : Ministerio Público, Víctor Erik Arteaga Onofre y Germán

Dorado Bustamante Parte acusada : Jaime Iván Morales Ortiz, Virma Mira Morales Ortiz y

Ricardo Rafael Morales Ortiz Delito : Uso de Instrumento Falsificado, art. 203 del Código Penal

(CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 15 de noviembre de 2024, cursante de fs. 1740 a 1745 vta., el Ministerio Público impugna el Auto de Vista 25/2024 de 3 de junio, de fs. 1697 a 1707 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue con Germán Dorado Bustamante y Victor Erik Arteaga Onofre contra Jaime Iván, Ricardo Rafael y Virma Mira todos Morales Ortiz, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 1.1. SENTENCIA Por Sentencia 62/2022 de 29 de agosto, de fs. 1431 a 1434 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Décimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la absolución de los acusados Jaime Iván, Ricardo Rafael y Virma Mira todos Morales Ortíz, del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, en base a los siguientes fundamentos:

La Sentencia delimitó que el hecho acusado consistía en el uso de un testimonio judicial de 20 de junio de 2014, emergente de una declaratoria de herederos, que

contendría información falsa al sostener que María Elba Ortiz García era propietaria de un inmueble ubicado en la calle Emilio Calderón, cuyo registro en Derechos Reales (DDRR) derivaría de la Escritura Pública 44/84 de 9 de enero de 1984, reputada materialmente falsa; señalando la acusación que dicho Testimonio habría sido posteriormente utilizado en un proceso civil voluntario de expropiación seguido por el Ministerio de Obras Públicas. A partir de ello, el juzgador precisó que el tipo penal atribuido, previsto en el art. 203 del CP, es de naturaleza dolosa, exigiendo la concurrencia de los elementos cognitivo y volitivo, con especial énfasis en que el uso del documento falso debe realizarse a sabiendas.

Fundamentó que, no quedó acreditado el elemento subjetivo del tipo, esto es, que los acusados hubieran conocido la supuesta falsedad del documento ni que lo hubieran utilizado. Señaló que los tres imputados, en ejercicio de su defensa material, negaron conocer el Testimonio 44/84 y afirmaron no haberlo utilizado jamás; y que esa línea defensiva atacaba directamente el elemento cognitivo del dolo. Añadió que los testigos de cargo tampoco demostraron ese conocimiento:

Víctor Arteaga describió por qué consideraba falso el documento, pero no aportó elementos que permitan establecer que los acusados conocían esa falsedad;

Cinthia Martínez, en su condición de Notaria, solo se refirió al acta de inventariación y a los requisitos documentales, sin vincular a los acusados con el conocimiento o uso del instrumento; y Freddy Ticona no aportó nada relativo al elemento cognitivo.

Finalmente, únicamente Germán Dorado sostuvo que los acusados sabían de la falsedad y que siguieron utilizando la Escritura Pública; sin embargo, consideró que dicha afirmación era superflua, puesto que no explicó de qué manera conocía ese extremo ni se demostró en juicio que los acusados hubieran utilizado el Testimonio 44/84, ya sea en la declaratoria de herederos, en el registro en DDRR o en el proceso de expropiación. Bajo ese razonamiento, concluyó que no se acreditó ni el conocimiento de la falsedad tampoco el uso del documento, por lo que no concurría el elemento subjetivo del tipo y, al no quedar demostrada la tipicidad de la conducta, no correspondía ingresar al análisis de antijuridicidad ni culpabilidad, disponiendo en consecuencia la absolución de los acusados.

ll.2. DE LOS RECURSOS DE APELACION RESTRINGIDA ll.2.1 Recurso de apelación restringida del Ministerio Público Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida de fs. 1614 a 1618 vta., alegando:

  1. a)Inobservancia y errónea aplicación del art. 203 del CP, sosteniendo que la absolución fue incorrecta porque en juicio se demostró que Jaime Iván, Ricardo

AA Rafael y Virma Mira todos Morales Ortiz incurrieron en el delito de Uso de Instrumento Falsificado, dado que los prenombrados habrían utilizado y presentado, el 1 de septiembre de 2014, un documento público, concretamente la Escritura Pública 44/84 de 9 de enero de 1984, dentro de un proceso civil voluntario seguido por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sobre pago y suscripción de minuta por expropiación, tramitado ante el Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimo primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sostuvo que la Sentencia no valoró correctamente esos extremos, pese a que habrían sido demostrados en el desarrollo del juicio oral, razón por la cual consideró indebida la absolución de los imputados.

  1. b)Errónea aplicación de los arts. 171, 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que el Juez de Sentencia no realizó una valoración y análisis adecuados de la prueba de cargo producida en juicio. A partir de esa incorrecta apreciación probatoria, la autoridad judicial arribó a la conclusión de que no se acreditó la comisión del delito atribuido a Jaime Iván, Ricardo Rafael y Virma Mira todos Morales Ortíz, extremo que a criterio del apelante, evidenciaba una aplicación errónea e inobservancia de las normas que regulan la valoración de la prueba. Añadiendo que en juicio se demostró la realización y consumación del hecho acusado, que los imputados exteriorizaron su voluntad delictiva; por lo que, no correspondía concluir que no se cometió delito o que la conducta imputada carecía de tipicidad. En consecuencia, denunció que la absolución se fundó en una defectuosa aplicación de las reglas legales de apreciación probatoria.
  1. c)Falta de fundamentación, o que ésta era insuficiente o contradictoria, al amparo del art. 370 inc. 5) del CPP. Sostuvo que la Sentencia no era clara, racional ni lógica, porque se limitó a realizar una simple mención de la prueba documental ofrecida por el Ministerio Público y la acusación particular, sin desarrollar una fundamentación suficiente sobre los extremos acusados. Alegó que al referirse a las declaraciones de los testigos de cargo, no consignó de manera adecuada lo manifestado por éstos en juicio oral, realizando solo referencias escuetas a hechos y circunstancias que terminaron favoreciendo a los acusados. Añadió que pese a descalificar la prueba testifical de cargo, tenía escaso valor probatorio, no aportaba elementos de convicción, no era convincente ni útil; la Sentencia no exteriorizó una fundamentación clara, lógica y racional que justificara esa conclusión. Fundamentó que la resolución lesionó el debido proceso y la tutela judicial efectiva, invocando como sustento jurisprudencial los Autos Supremos (AASS) 99 de 24 de marzo de 2005 y 14 de

26 de enero de 2007, en cuanto exigen que las resoluciones judiciales se encuentren debidamente motivadas.

  1. d)La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, además, de valoración defectuosa de la prueba, al amparo del art. 370 inc. 6) del CPP. El Juez de Sentencia dictó Sentencia absolutoria sobre la base de apreciaciones subjetivas, sin que existiera un solo elemento probatorio que respaldara dicha absolución. En ese sentido, la resolución impugnada no expresó en ninguna de sus partes los motivos de hecho y de derecho en los que sustentó su decisión, ni el valor otorgado a los medios de prueba judicializados, incumpliendo las exigencias de los arts. 124 y 173 del CPP. Añadió que la Sentencia no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ni justificó de manera adecuada las razones por las que asignó determinado valor a los elementos producidos en juicio, a partir de una apreciación conjunta y armónica del acervo probatorio.

Finalmente, en lugar de sustentarse en la prueba objetivamente producida, la absolución se apoyó en lo alegado por los imputados Jaime Iván, Ricardo Rafael y Virma Mira todos Morales Ortíz, así como en las conclusiones formuladas por su defensa técnica, pero sin respaldo probatorio suficiente.

  1. e)La valoración probatoria realizada en la Sentencia no se ajustó a las reglas de la sana crítica, pues se desconoció sus componentes, tales como la experiencia, el conocimiento y la lógica jurídica, sin exteriorizar en la resolución el razonamiento correspondiente. En ese marco, esta deficiencia constituía una razón adicional para anular la Sentencia. Señaló que la resolución concluyó que no se demostró quién utilizó el Testimonio 44/84 para registrarlo en DDRR, ni si dicho documento fue efectivamente utilizado por los acusados a efectos de establecer responsabilidad penal; sin embargo, esa conclusión resultaba incompatible con la prueba producida por el Ministerio Público y con la propia

estructura de la Sentencia. Finalmente, al absolver a los acusados bajo tales razonamientos, el juzgador vulneró el art. 363 incs. 1), 2) y 4) del CPP, pues la absolución sólo procede cuando no se prueba la acusación o concurre causa eximente de responsabilidad, extremo que en el caso no habría acontecido.

I1.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

Por Auto de Vista 25/2024 de 3 de junio, de fs. 1697 a 1707 vta., la Sala Penal

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró improcedentes

los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con los

siguientes argumentos:

Respecto al agravio referido a la inobservancia y errónea aplicación del art. 203

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Datos del proceso

Demandante
Victor Erik Arteaga Onofre, German Dorado Bustamante y Ministerio Público
Demandado
Jaime Ivan Morales Ortiz, Virma Mira Morales Ortiz y Ricardo Rafael Morales Ortiz
Proceso
Uso de instrumento falsificado
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia9 de julio de 2026AS/0720/2026-FFuente oficial