Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 749/2019
Fecha: 02 de agosto de 2019.
Expediente: CB-3-18-S.
Partes: Emilio Zenteno Zurita y María Sonia Balderrama de Zenteno. c/
Crecencio Torrico Delgadillo y Emiliana Zenteno de Torrico.
Proceso: Nulidad de documento de transferencia y reivindicación.
Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación saliente de fs. 1448 a 1463 vta., planteado por Emilio Zenteno Zurita y María Sonia Balderrama de Zenteno mediante su representante legal Jorge Marcelo Terán Lizarazu, contra el Auto de Vista N° 17/2017 de 3 de julio, visible de fs. 1433 a 1438, y su Auto Complementario de 13 de noviembre de 2017 cursante de fs. 1442 a 1443 vta., resoluciones pronunciadas por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de documento de transferencia y reivindicación, más pago de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra Crecencio Torrico Delgadillo y Emiliana Zenteno de Torrico; la contestación al recurso de casación que cursa de fs. 1466 a 1467, la concesión de 4 de enero de 2018 a fs. 1468, Auto Supremo de Admisión N° 38/2018-RA de 1 de febrero de fs. 1474 a 1477 vta., la ; y todo lo inherente:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Emilio Zenteno Zurita y María Sonia Balderrama de Zenteno, mediante memorial saliente de fs. 215 a 223 plantearon demanda ordinaria de nulidad de contrato de transferencia contra Crecencio Torrico Delgadillo y Emiliana Zenteno Zurita de Torrico, estos una vez citados contestaron a la demanda por escrito de fs. 340 a 348, planteando simultáneamente reconvención por la restitución de la suma de $us. 284.675,55.- más el pago de daños y perjuicios y excepciones previas de incompetencia, incapacidad o impersonería de los demandantes y sus apoderados, oscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda, pago documentado, falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda, falta de acción y derecho, prescripción.
Tramitada la causa hasta la emisión de la Sentencia pronunciada por la Juez Primero de Partido en lo Civil de Quillacollo, el 4 de agosto de 2015 saliente de fs. 1230 a 1241, que declaró IMPROBADA la demanda principal de nulidad de documento de transferencia del 50% de acciones del inmueble, suscrito el 29 de julio de 1997, con reconocimiento judicial de 16 de septiembre de 1999, inscrito en Derechos Reales el 9 de julio de 2000, bajo la Ptda. 2199, Libro 1º de Propiedad de la provincia Quillacollo, y el Protocolo y Testimonio Nº 30 otorgado por el Notario de Fe Pública Dr. Luis Antezana, e IMPROBADA la reivindicación solicitada por los actores. IMPROBADAS las excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho, falta de personería en los reconventores y prescripción, opuesta contra la acción reconvencional. IMPROBADA la demanda reconvencional de pago de la suma de $us. 284.675,55.- de 13 de febrero de 2004. IMPROBADAS las excepciones de prescripción de nulidad, de falta de acción y derecho, planteadas contra la demanda principal de 13 de febrero de 2004, por la imprescriptibilidad de la acción de nulidad y la legitimación demostrada por los actores, sin embargo, aclara que la nulidad no fue demostrada. PROBADA las excepciones perentorias de pago documentado, por compensación, falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda principal de 13 de febrero de 2004, manteniendo la transferencia de 29 de julio de 1997 del 50% de acciones y derechos sobre los lotes designados con las letras “C” de 7.289,37 m2, “B” con 621 m2, “C” con 421 m2, “D” con acciones y derechos sobre una arrobada de terrenos y “E” con 937 m2, con registro en Derechos Reales sobre el actual Complejo Turístico y Hotelero “El Carmen” ubicado en Rumi Mayu, cuya extensión global es de 10.984,37 m2, por el precio de Bs.500.000.- por no existir ningún vicio de nulidad previsto en el art. 549 del Código Civil, por no haber demostrado una simulación y ser una venta correcta y perfecta de conformidad al art. 584 del Código Civil. IMPROBADA las pretensiones de ambas partes al pago de daños y perjuicios. Sin costas por ser el proceso doble.
2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por María Sonia Balderrama de Zenteno por medio de su representante de fs. 1247 a 1258, que mereció la adhesión al recurso de Crecencio Torrico Delgadillo y Emiliana Zenteno de Torrico a través de su representante por memorial de fs. 1266 a 1275, al margen de la adhesión estos formularon recurso de apelación con el escrito que cursa de fs. 1280 a 1282; impugnaciones que fueron absueltas con el Auto de Vista de 3 de julio de 2017 saliente en folios de 1433 a 1438, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que REVOCÓ parcialmente la sentencia apelada respecto a las excepciones de pago documentado por compensación, falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda, que fueron planteadas por los reconventores, manteniendo incólume el resto de las determinaciones asumidas en sentencia.
Con relación al recurso de apelación de los demandantes Emilio Zenteno Zurita y María Sonia Balderrama de Zenteno, expresó que no consta prueba que demuestre la causa ni el motivo ilícito del contrato impugnado, tampoco que se haya generado error esencial en el objeto del contrato del 29 de julio de 2009, éste fue suscrito con plena convicción de las partes de que se trataba de una venta, sin que el argumento de los demandantes en sentido que la transferencia fue para precautelar el bien de un posible remate se constituya en causa ilícita, ya que pretenden la nulidad del contrato por causa ilícita cuando los mismos generaron el negocio jurídico. Describe la cronología de los documentos estableciendo que el contrato impugnado data de 29 de julio de 1997 reconocido judicialmente el 16 de septiembre de 1999, y las literales que se pretenden hacer valer para la ficción del contrato tiene como fecha de suscripción el 26 de agosto de 1998 reconocido el 27 de agosto de 1998, uno de ellos protocolizado el 7 de septiembre de 1998, y un tercer documento de 10 de septiembre de 1998. El primer documento reconocido sin efectuar observación alguna, demuestra que los actores conocían de la existencia de los documentos de reconocimiento de deuda y de arrendamiento, ratifican la transferencia del 50%, luego de un año de haber suscrito el contrato impugnado y ahora los actores pretenden dejar sin efecto el mismo. Establece que de acuerdo al art. 1545.II del Código Civil, para acreditar la simulación del contrato, se exige un contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley, señala que el contradocumento no existe y los otros documentos que se pretende analizarlos como prueba de la simulación carecen de efectividad por el efecto del reconocimiento de firmas y rúbricas realizado el 16 de septiembre de 1999; concluyó señalando que no concurren los vicios de nulidad por causa y motivo ilícitos, ni la simulación fue acreditada.
Con relación a la apelación de los actores y de los reconvencionistas que coinciden en sostener que la juez actuó con exceso al declarar la compensación entre la deuda reclamada por los demandados y la falta de pago del precio o la falta de equivalencia entre el precio consignado en la cláusula tercera, arguyendo que ninguna de las partes solicitó compensación, los demandantes no solicitaron cobro de montos.
En lo pertinente a la apelación de la acción reivindicatoria, expone que siendo inviable la nulidad, no corresponde analizar la acción reivindicatoria, al no existir título de propiedad de los actores.
En lo concerniente a la adhesión al recurso de apelación de los reconventores, aludiendo que la pretensión reconvencional expone que los testimonios de las Escrituras Públicas N° 169/98 y 170/98 no reflejan la existencia de pagos indebidos o enriquecimiento ilegítimo, en contrario dichos documentos constituyen reconocimientos de obligación, los que tienen abierta la vía para su cobro.
Finalmente, respecto a las excepciones sostuvo que la causa fue iniciada como nulidad y no anulabilidad en cuanto a la excepción de prescripción; expresó en cuanto a la acción que los demandantes son parte del contrato de 29 de julio de 1997.
3. Notificados con la citada resolución de alzada, los actores plantearon recurso de casación de fs. 1448 a 1463 vta., que fue resuelto mediante el saliente de fs. 1489 a 1500 vta.
4. El Auto Supremo señalado fue objeto de impugnación mediante acción de Amparo Constitucional, que concluyó con la , que concedió la tutela solicitada en cuanto al elemento de la debida fundamentación y congruencia de las resoluciones.
El fundamento de la resolución constitucional describe en el acápite III.5, que se accionó acusando que el Auto Supremo impugnado se pronunció con base en la figura de la simulación del contrato que no hubiese sido demandado, respecto el decisorio constitucional refirió que los accionantes contestaron la demanda ordinaria e incluso interpusieron demanda reconvencional. habiendo tenido la oportunidad de presentar pruebas e impugnar las resoluciones y en su caso contestar las de contrario, por lo que concluye que no se observa que se los hubiese colocado en estado de indefensión.
Respecto a la valoración de las pruebas, expresó que la normativa procesal establece las instancias y etapas de revisión que en el caso fueron efectuadas, no se observa vulneración al derecho a la defensa.
En cuanto a la denuncia de lesión al derecho al acceso a la justicia, vinculado con la valoración de la prueba, no tiene relación con el acceso a la justicia, ya que, si consideraron que la valoración probatoria desarrollada en el Auto Supremo, en relación a los contratos de préstamo y arrendamiento, se basó solo en presunciones, estos debieron cumplir con la carga argumentativa, en el sentido de que existió omisión en la valoración probatoria o pese de haberse valorado el criterio judicial se apartó de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, supuestos que no concurren en la acción constitucional.
En lo pertinente al goce de la propiedad privada, expone que la determinación de la demanda de nulidad asumida en el proceso deviene de un proceso sustanciado con la participación activa de las partes, por lo que no concurre dicha acusación.
En cuanto al cargo de debida fundamentación y congruencia, el decisorio constitucional estima que concurre incongruencia interna, en sentido de que por una parte el Auto Supremo establece que lo dispuesto en el Auto de Vista no constituye una determinación ultra petita al referirse que el Ad quem respecto al reconocimiento de firmas de 16 de septiembre de 1999, no hubiera actuado al margen de la ley; no obstante, en forma posterior en el desarrollo del Auto Supremo expresa que el reconocimiento no es un acto que convalide el documento objeto de litis; con dichas afirmaciones se apartan de lo pretendido por los recurrentes –terceros interesados- quienes expresan que el fallo de segunda instancia fuera ultra petita al haber considerado el referido reconocimiento de firmas que sería ajeno a la relación procesal, y concluye que la resolución sería incongruente al no existir congruencia entre lo planteado y haberse otorgado más de lo solicitado por los recurrentes en casación; sostiene que no concurre correspondencia entre lo planteado por los recurrentes en la impugnación respecto a lo resuelto por las autoridades judiciales.
Asimismo, describe que el Auto Supremo se aleja de los cánones de fundamentación que explique de manera razonable los motivos por los que se emitió la decisión en un determinado sentido, cuestiona que se ingresó a realizar una revalorización de la prueba, más allá de lo solicitado por los recurrentes, sin establecer las razones por las que realiza dicha valoración, omitiendo aplicar el .
Mostrando 28 de 139 parrafos.