Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 751/2019
Fecha: 02 de agosto de 2019
Expediente: LP-50-17-A.
Partes: Rosario Hernández Aliaga c/ Banco Central de Bolivia (Banco Sur en
liquidación).
Proceso: Nulidad de escritura pública y minuta de transferencia.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 324 a 332, interpuesto por el Banco Central de Bolivia BCB representado legalmente por Jorge Adalberto Vásquez Choque y Roger Omar Mancilla Campero contra el Auto de Vista Nº 72/2017 de 9 de febrero, cursante de fs. 312 a 314, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de escritura pública y minuta de transferencia seguido por Rosario Hernández Aliaga contra el recurrente, la contestación cursante de fs. 334 a 338; la concesión cursante a fs. 339, el Auto de admisión Nº 608/2017-RA cursante de fs. 343 a 344, Resolución Constitucional Nº 10/2019 cursante de fs. 395 a 399, los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz emitió el Auto definitivo N° 311 “A”/2013 de 24 de diciembre, cursante de fs. 127 a 128 vta., declarando PROBADA la excepción de INCOMPETENCIA deducida de fs. 110 a 114 por Rosario V. Sánchez Sánchez y de fs. 103 a 107 por Eliana Verónica Ramos Severich apoderada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en su condición de sindico liquidador y sustituto procesal del Banco Sur en Liquidación.
Contra el referido Auto Rosario Hernández Aliaga, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 131 a 13 vta., en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció Auto de Vista Nº 72/2017 de 09 de febrero, cursante de fs. 312 a 314, donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:
En relación a la excepción de incompetencia o falta de competencia señaló que no cabe duda que una Autoridad jurisdiccional tiene competencia para conocer un asunto en razón de naturaleza, materia o cuantía, en ese entendido coligió que lo que se pretende esclarecer en la causa es si se cumplió o no con las formalidades legales para la Constitución de la Escritura Pública como requisito de validez, cosa distinta al cuestionar la legalidad de los actuados judiciales (proceso ejecutivo), en ese entendido la demandante presenta características de ser contenciosa y conforme el art. 69 num. 3) de la Ley Nº 025 corresponde el conocimiento de este tipo de procesos a los jueces en materia Civil y Comercial, aspecto por el cual no acogió a la excepción mencionada.
En relación a que se debió plantear la declinatoria o inhibitoria, la falta de firma del secretario y retardación de justicia aclaró que la interposición de excepción de incompetencia es una forma de hacer valer la declinatoria, además que la falta de firma del secretario no afecta algún derecho de la parte recurrente además que dicha omisión no afecta el fondo del asunto y respecto a la retardación de justicia manifestó que no adjuntó prueba idónea por lo que cae en desestimación.
Sobre la excepción de cosa juzgada en la causa señala que conforme lo establecido por la parte que interpuso esta excepción en ambos procesos contarían con las mismas partes, objeto y causa, empero lo que las diferencia de forma sustancial es precisamente que ambas no se sustancian por la misma causa ya que, como el ente excepcionista observa en su escrito, el proceso tramitado en el Juzgado Nº 13 de Partido en lo Civil y Comercial, tenía como causa la falta de objeto en el contrato, los requisitos señalados por ley, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a una de las partes, que a diferencia del presente caso donde la causa es falta de forma prevista por ley como requisito de validez, por cuanto no es evidente que tenga la misma causa, en ese entendido manifiesta que no se evidencia la existencia de cosa juzgada por cuanto el proceso resuelto en el Juzgado Nº 13 de Partido en lo Civil y el presente difieren, pues actualmente se persigue la nulidad por faltar en el contrato la forma prevista por ley como requisito de validez y eso en base a que según la demandante en el Auto de Vista N° 523/92 de 21 de diciembre se determinó la inexistencia del protocolo en la notaria y además que se extendió una segunda minuta de transferencia judicial de 10 de enero de 2010 de la cual no se sabe si fue o no protocolizada por cuanto señaló que no acogió excepción planteada. Por último, sobre la excepción de incapacidad de la parte demandada, considera que los argumentos expuestos por Rosario V. Sánchez Sánchez son coherentes, por lo cual corresponde ser acogidos, pues ella no puede ser considerada con legitimación procesal pasiva, pues todo cuanto efectuó fue en virtud a sus funciones jurisdiccionales y en caso de observación debieron hacerlas valer en su momento, en la causa correspondiente. Fundamentos por los cuales en mérito al art. 238.II num. 3) el Tribunal de alzada REVOCÓ la resolución N° 311 “A” /2013 de 24 de diciembre cursante de fs. 127 a 128 vta., declarando PROBADA la excepción de incapacidad de la parte demandada, en consecuencia, se dispuso la exclusión de Rosario V. Sánchez Sánchez como parte codemandada, al no tener legitimación, debiendo proseguirse el proceso en contra del Banco Sur S.A. en liquidación y como consecuencia no consideró las demás excepciones opuestas; asimismo declaró IMPROBADA la excepción de incompetencia (falta de competencia) y cosa juzgada interpuesta por el Banco Sur en liquidación en consecuencia dispuso que el conocimiento de la causa siga a favor del Juez Nº 3 de Partido en lo Civil actual Juez Público Civil y Comercial Nº 3 de la Capital, finalmente señaló que la Juez de instancia proceda al trámite de la causa de acuerdo al Código Procesal Civil.
Contra el Auto de Vista el Banco Central de Bolivia BCB, representado legalmente por Jorge Adalberto Vásquez Choque y Roger Omar Mancilla Campero interpuso recurso de casación, mediante memorial cursante de fs. 324 a 332, mismo que fue resuelto por , en el que se declaró “INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en cuanto al recurso de casación en el fondo, en aplicación del art. 220-IV del Adjetivo Civil, se CASÓ parcialmente el Auto de Vista de fs. 312-313, y en su mérito se declaró Probada la excepción de cosa juzgada disponiéndose el correspondiente archivo”.
Emitido el Auto Supremo descrito supra la parte demandante vale decir Rosario Hernández Aliaga interpuso Acción de Amparo Constitucional en el cual el Juez Público Civil y Comercial N° 11 de La Paz constituido en Tribunal de Garantías emitió la Resolución N° 010/2019 de 11 de enero que en su parte dispositiva expresó: “Conceder en parte la tutela de Amparo Constitucional en consecuencia anulo en parte el con relación únicamente a la cosa juzgada debiendo pronunciarse dicho Tribunal sobre la totalidad de las pretensiones formuladas de la demanda en trámite de conformidad al art. 38 del Código Procesal Constitucional”
En ese entendido con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución ya señalada emitida por el Tribunal de Garantías se pasa a realizar el siguiente análisis.
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