Texto del fallo
__ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0759/2026 Fecha: 02 de junio de 2026 Expediente: SC-46-26-5 Partes: Cornelio Beltrán Céspedes c/ Ángela Saavedra Surubí y Gobierno Autónomo Municipal de Montero representado por Regys Medina Paz.
Proceso: Reivindicación, mejor derecho cpropietario, acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble, cancelación de inscripción en Derechos Reales, más pago de daños y perjuicios.
Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 494 a 496, interpuesto por Cornelio Beltrán Céspedes contra el Auto de Vista N 358/2025 de 24 de julio, corriente de fs. 488 a 491, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de reivindicación, mejor derecho propietario, acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble, cancelación de inscripción en Derechos Reales, más pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Ángela Saavedra Surubí y el Gobierno Autónomo Municipal de Montero representado por Regys Medina Paz; el Auto de concesión de 10 de marzo de 2026, visible a fs. 577, el Auto Supremo de admisión N 0281 /2026-RA de 11 de marzo, corriente de fs. 500; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO 1:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Cornelio Beltrán Céspedes por memorial de demanda que cursa de fs. 46 a 47 vta., subsanada por escrito a fs. 54 y vta., ampliada y ratificada por memorial de fs. 237 a 239 vta., promovió el proceso ordinario de reivindicación, mejor derecho propietario, acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble, cancelación de inscripción en Derechos Reales, más pago de daños y perjuicios contra Ángela Saavedra Pérez y el Gobierno Autónomo Municipal de Montero representado por Regys Medina Paz, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 265 a 270, el Gobierno Autónomo Municipal de Montero representado por Fabricio Vaca Flores, se apersonó, contestó de manera negativa y reconvino por nulidad de escritura pública notarial; mediante Auto de 24 de junio de 2024
cursante a fs. 386 se declaró la rebeldía de Ángela Pérez Surubí; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 12/2025 de 25 de febrero, que cursa de fs. 456 a 462 vta., por la que el Juez Público Civil y Comercial 19 de la ciudad de Montero - Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda principal e IMPROBADA la demanda reconvencional, sin costas y costos por doble juicio.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Cornelio Beltrán Céspedes, según escrito de fs. 469 a 472 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N 358/2025 de 24 de julio, corriente de fs. 488 a 491, que CONFIRMÓ la resolución apelada, bajo los siguientes argumentos:
- En relación al agravio formulado sobre el principio de valoración de la prueba, de antecedentes se advierte que el Gobierno Autónomo Municipal de Montero, arrimó de fs. 244 a 264 prueba documental consistente en acta de juramento y posesión del Alcalde Regys Medina Paz, poder de representación, plano de ubicación y mensura del bien inmueble objeto de litis emitido por la Dirección del Plan Regulador, folio real del inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N 7.10.1.01.0035246 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, la Ley Municipal N 62 de 05 de mayo de 2016, el certificado catastral del predio y la certificación municipal que acredita al bien inmueble como área de equipamiento y forma parte del patrimonio municipal, sumando a ello la prueba de oficio dispuesta por el juzgador consistente en el informe cursante a fs. 413 emitido por el Comando Regional Norte de la Policía Boliviana, donde se señala que el ejecutivo municipal entregó la superficie litigada en coordinación con los vecinos del Barrio 25 de enero del Distrito N 2, para el funcionamiento de un Módulo Policial.
Documentos valorados por el Juez de instancia que permitieron establecer la naturaleza pública del bien inmueble pretendido por el actor, que si bien, el mismo tiene registrado su derecho propietario al igual que la entidad gubernamental, contando con doble matrícula en Derechos Reales, resulta imperante el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Montero al tratarse de un bien de carácter público protegido por normas de orden institucional.
- En cuanto al análisis jurídico el A quo interpretó correctamente el art. 1538 del Código Civil, y si bien, el actor demostró la existencia de un registro anterior, no acreditó la nulidad de la Ley Municipal N 62 ni la ilegalidad del procedimiento mediante el cual el bien fue incorporado al patrimonio municipal, omitiendo además demostrar que dicha norma haya sido objeto de control de
- constitucionalidad, cuya competencia le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Ley N 254 Código Procesal Constitucional, careciendo el Juez ordinario de competencia para declarar la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de una norma de carácter general.
- La Sentencia recurrida aplicó acertadamente el art. 339.II de la Constitución Política del Estado que establece que los bienes públicos constituyen propiedad del pueblo boliviano, siendo inviolables, inembargables, imprescriptibles e inexpropiables, no pudiendo ser empleados en provecho particular alguno por lo que no resulta viable que a través de un proceso ordinario se pretenda la cancelación de la Matrícula de un bien patrimonial del Estado, o que se declare mejor derecho propietario sobre un bien declarado de dominio público mediante ley municipal vigente.
- El Juez de primera instancia valoró correctamente la falta de diligencia del actor respecto a la regularización de su derecho propietario hasta la promulgación de la ley municipal citada, evidenciando la inexistencia de gestión alguna por para la conversión de su fundo rústico a área urbana en el marco de la Ley N 482 de Gobiernos Autónomos Municipales que exige que toda urbanización respete las áreas de equipamiento destinadas a educación, salud, recreación y servicios públicos, siendo contradictorio que mediante una acción ordinaria pretenda desconocer la declaratoria municipal de área de equipamiento, así como la nulidad de actos administrativos plenamente válidos y ejecutoriados.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Cornelio Beltrán Céspedes, según escrito visible de fs. 494 a 496, recurso que es objeto de análisis.
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