AS/0766/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0766/2025

Fecha: 23 de julio de 2025

Expediente: SC-42-25-S

Partes: Carlos Marcelo Lino Guevara, Demetrio Roberto Lino Guevara y Gary

Fernando Lino Guevara c/ David Armando Lino Castro.

Proceso: Nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 317 a 327 vta., interpuesto por David Armando Lino Castro contra el Auto de Vista Nº 51/2025, de 13 de febrero, corriente de fs. 304 a 312, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales, seguido por Carlos Marcelo Lino Guevara, Demetrio Roberto Lino Guevara y Gary Fernando Lino Guevara, representados por José Miguel Soto Castellón, contra el recurrente, el Auto de concesión de 30 de abril de 2025, visible a fs. 336, el Auto Supremo de admisión N° 474/2025-RA, de 27 de mayo, obrante de fs. 342 a 344 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Carlos Marcelo Lino Guevara, Demetrio Roberto Lino Guevara y Gary Fernando Lino Guevara, representados por José Miguel Soto Castellón por memorial de demanda que discurre de fs. 52 a 58 vta., ratificación de fs. 66 a 72 vta. y de fs. 89, promovieron el proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales, contra David Armando Lino Castro, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 100 a 112 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, interpuso incidente de nulidad de citación, incidente de extinción por inactividad procesal, opuso excepciones de falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda y de caducidad, medios de defensa que merecieron los Autos interlocutorios Nº 32/2024 y 33/2024, ambos de 15 de enero de 2024, obrantes de fs. 122 a 123 y de fs. 124 a 127 vta., respectivamente, que rechazaron los incidentes de extinción por inactividad procesal y nulidad de citación, asimismo, por Auto interlocutorio Nº 277/2024 de 05 de marzo, corriente de fs. 141 a 143, se declaró improbada la excepción de caducidad, la excepción de falta de legitimación fue retirada durante la Audiencia Preliminar, visible a fs. 137; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 257/2024, de 14 de agosto, corriente de fs. 253 vta. a 259, en la que la Juez Público Civil y Comercial 20º de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda, disponiendo en consecuencia la nulidad de las minutas de transferencia de fecha 30 de junio de 2008 y de 11 de mayo de 2008, protocolizadas mediante los Instrumentos Públicos Nº 97/2008 de 29 de mayo de 2008 y Nº 248/2008, otorgados ante las Notarías de Fe Pública Nº 3 y Nº 45 respectivamente; asimismo, se ordenó la cancelación de las Matrículas Nº 7081010001288 y Nº 7080000000478, registradas a nombre de David Armando Lino Castro, condenando en costas y costos a la parte demandada.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por David Armando Lino Castro, según escrito de fs. 267 a 281 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 51/2025, de 13 de febrero, corriente de fs. 304 a 312, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas en base a los siguientes argumentos:

El apelante aludió la vulneración de su derecho al debido proceso, sin detallar en qué sentido o de qué forma se le hubiera vulnerado dicho derecho, además de no considerar que de la revisión del proceso el mismo se desarrolló de forma secuencial y ordenada, respetando las distintas fases o etapas que deben desarrollarse otorgando a las partes la máxima garantía de igualdad y defensa de sus derechos en resguardo del debido proceso.

Los reclamos sobre la errónea valoración de la prueba no tendían sustento; toda vez que, bajo los parámetros del art. 145 del Código Procesal Civil, se hubiera valorado la prueba testifical de cargo, siendo esta uniforme con los documentos presentados, que en relación a la inspección judicial esta fuera de conocimiento del demandado conforme diligencia de fs. 143 vta., conforme al art. 84 del Código Procesal Civil; por lo que, no puede alegar su desconocimiento; por otro lado, respecto conforme al art. 125 del mismo compilado procesal civil, el demandado no aportó prueba documental alguna en su contestación y que si bien ofreció prueba testifical esta no se produjo en el plazo establecido siendo que no existió vulneración a sus derechos sobre la valoración de la prueba.

En relación a la acusación de falta de motivación y fundamentación el recurrente no consideró que esta no debe ser necesariamente ampulosa sino también puede ser clara y concreta; aspecto cumplido por la sentencia siendo que está cumple con los antecedentes de la causa, señalamiento de las pruebas de cargo y de descargo la fundamentación y motivación de los hechos en los que basó su fallo los preceptos aplicables y su parte dispositiva, no siendo ciertos los reclamos del apelante.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por David Armando Lino Castro según escrito visible de fs. 317 a 327 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación manifestó:

En la forma:

a) Acusó que la resolución de segunda instancia, no respondió a todos sus reclamos de apelación vulnerando el art. 265 del Código Procesal Civil; puesto que, en relación a la prueba testifical de cargo no justificó de qué manera y bajo que preceptos legales estas se vinculaban a las pruebas documentales, vulnerando el art. 145 del Código Procesal Civil; en el mismo sentido, en cuando a la inspección judicial, no se estableció cual la importancia o trascendencia de la referida prueba testifical para acreditar una supuesta simulación de contrato, conculcando el art. 1286 del Código Civil; por otro lado, sobre las pruebas de descargo, se limitó a señalar que no se hubiera ofrecido ninguna documental, sin considerar que conforme acta de audiencia de fs. 248 a 249 se solicitó que en aplicación del principio de comunidad de la prueba, toda la documental presentada por la parte demandante también sea suya; aspecto relevante, en consideración que a partir de las Escrituras Públicas de fs. 51 a 53 y de fs. 19 a 20 se acredita su derecho propietario y contradice lo pretendido por la parte demandante sobre la simulación de los mismos; por último, respecto a la prueba testifical de descargo no consideró que fue notificado con el señalamiento de la producción de la misma un día antes de la audiencia vulnerando el art. 175 del Código Procesal Civil.

b) Señaló que, el Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre los reclamos establecidos en apelación, ingresando en una resolución citra petita; por su silencio respecto a los reclamos de apelación; puesto que, entre sus reclamos se encuentra la de falta de motivación y fundamentación de la Sentencia siendo que el A quo estaba obligado a explicar los motivos y fundamentos que determinaron adoptar una u otra solución para resolver la causa; por lo que, tanto la Sentencia como el Auto de Vista han incurrido en vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia y sobre todo del derecho al debido proceso en su componente derecho a la defensa del apelante.

En el fondo:

a) Manifestó que, el Tribunal de alzada incurrió en errónea interpretación y aplicación de los arts. 450, 452, 438, 485, 489, 490, 491 todos del Código Civil; considerado que la acción de nulidad y la acción de simulación absoluta son incompatibles, pues una pretende declarar la invalidez de un acto con faltas estructurales en su formación y que por consecuencia no nació a la vida jurídica; en contrario la otra nace a la vida jurídica empero de un acto fingido; por lo que al interponerse de forma conjunta son improponibles; siendo que la Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, se sustentó en el art. 438 del Código Civil, que no tiene relación con la regulación de la nulidad o la simulación; así también determinó su decisión en la causa ilícita regulada en el art. 485 del mismo sustantivo civil, sin considerar que la transferencia entre padres e hijos respecto a sus bienes es totalmente legal e licita.

b) Refirió que, existió errónea valoración de la prueba respecto a error de hecho y error de derecho; puesto que en relación al error de hecho no se consideró que las pruebas documentales consistentes en Instrumentos Públicos N° 97/2008 y N° 248/2008, prueba testifical y prueba pericial consideradas por la sentencia no son suficientes para establecer los requisitos de viabilidad de la pretensión de simulación; en cuanto al error de derecho manifiesta que en la Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, se negó el valor probatorio a las documentales Escrituras Públicas N° 97/2008 y N° 248/2008; por el cual se acredita que canceló la suma de Bs. 15.000 por la transferencia del bien inmueble, dineros que provinieron de la donación de sus abuelos por los que no existió la simulación aludida en la demanda.

Aspectos por los que solicitó se anule el Auto de Vista impugnado y en caso de considerarse el fondo se case el mismo, declarando improbada la demanda en todas sus partes.

2. Contestación al recurso de casación:

José Miguel Soto Castellón en representación de Carlos Marcelo Lino Guevara, Demetrio Roberto Lino Guevara y Gary Fernando Lino Guevara, respondió al recurso de casación mediante memorial de fs. 331 a 335 señalando en lo principal que:

- El Tribunal de alzada dio respuesta y fundamento de manera adecuada a todos los agravios expuestos por el recurrente, realizando una errónea aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil; además de que por la falta de técnica recursiva incumple la regulación establecida en el art. 274 del Código Procesal Civil.

- En cuanto al fondo, señala que el recurrente cuestiona aspectos que no fueron reclamados en su recurso de apelación generando per saltum.

Por lo que, solicitó que se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014, de 12 de febrero y Nº 0704/2014, de 10 de abril.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante citra petita; en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, de 06 de abril, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de 16 de febrero, señala: “… todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (Las negrillas nos corresponden).

III.3. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el particular el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas…”. (Las negrillas son nuestras).

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto; considerando que, conforme a lo desarrollado en el considerando III.1 ha de procederse a contestar a los reclamos de forma; toda vez que, los mismos tienden a la nulidad de obrados y de no ser evidentes los mismos, recién ha de ingresarse al análisis de los argumentos de fondo del recurso de casación.

En la forma:

En cuanto a los reclamos insertos en los incs. a) y b) el recurrente acusó que, la resolución de segunda instancia, no respondió a todos sus reclamos de apelación vulnerando el art. 265 del Código Procesal Civil; puesto que, en relación a la prueba testifical de cargo no justificó de qué manera y bajo que preceptos legales estas se vinculaban a las pruebas documentales, vulnerando el art. 145 del Código Procesal Civil; en el mismo sentido, en cuanto a la inspección judicial, no se estableció cual la importancia o trascendencia de la referida prueba, conculcando el art. 1286 del Código Civil; por otro lado, sobre las pruebas de descargo, se limitó a señalar que no se hubiera ofrecido ninguna documental, sin considerar que conforme al acta de audiencia de fs. 248 a 249 se solicitó que en aplicación del principio de comunidad de la prueba, toda la documental presentada por la parte demandante también sea suya; por último, respecto a la prueba testifical de descargo no consideró que fue notificado con el señalamiento de la producción de la misma un día antes de la audiencia vulnerando el art. 175 del Código Procesal Civil; por lo que, tanto la sentencia como la resolución de segunda instancia no justificaron los motivos de su decisión vulnerando los principios de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia y sobre todo del derecho al debido proceso en su componente derecho a la defensa del apelante.

Al respecto y conforme a los lineamientos desarrollados en el considerando III.2 y III.3 de la presente resolución el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, comprende el hecho que la autoridad jurisdiccional tiene el deber de otorgar una adecuada respuesta a los argumentos vertidos por el recurrente; en tal sentido, si bien las resoluciones no necesariamente deben ser ampulosas, sino también pueden ser concisas o concretas; empero, deberán satisfacer todos los reclamos traídos por los recurrentes; por lo que, de no ser así se emite una determinación citra petita u omisiva, aspecto que quebranta al principio de congruencia y al derecho al debido proceso del justiciable.

Consecuentemente, en el caso presente de los reclamos traídos en casación y de la revisión de la resolución de segunda instancia, se acredita que esta última no otorgó una debida respuesta a los reclamos generados por el demandado en su recurso de apelación, en cuanto a la correcta valoración de la prueba; toda vez que, en relación a la prueba testifical el Tribunal Ad quem, se limitó a señalar que esta fuera uniforme con relación a los documentos presentados por la parte demandante; sin establecer el valor de la misma o la trascendencia de las declaraciones para acreditar la pretensión de simulación de la parte demandante; aspecto de similar análisis en cuanto a la prueba de inspección judicial; puesto que, en relación a la misma el Tribunal de alzada se limitó a señalar que la misma fuera de conocimiento de la parte demandante conforme diligencia de fs. 143 vta., por lo que, no podría aludir desconocimiento en aplicación del art. 84 del Código Procesal Civil, sin establecer la carga o valor de dicha prueba para sostener que los documentos demandados hubieran sido simulados por el demandado; por otro lado, genera extrañeza que tanto el Juez de grado, como el Tribunal de apelación afirmen que el demandado hoy recurrente no hubiera aportado documental alguna al proceso, cuando de la revisión de la audiencia complementaria de fs. 248 vta., puede constatarse la intervención del abogado del demandado; siendo que, respecto a la prueba documental ofrecida por la parte demandante señalo: “Señora, juez al principio de comunidad de la prueba, de unidad de la prueba la parte demandada va solicitar que toda la prueba que ha sido presentada por la parte demandante en virtud a los principios antes mencionados sea también nuestra…” (sic); en tal sentido, se entiende que tanto la Juez de origen, como el Tribunal de segunda instancia, omitieron pronunciarse sobre el valor probatorio de las documentales Escrituras Públicas N° 97/2008 y N° 248/2008 cursantes de fs. 19 a 20 vta., y de fs. 6 a 7 vta., de obrados; por los cuales señala el recurrente que se tiene por acreditado su derecho propietario y el cumplimiento de todos los requisitos para la formación de un contrato sinalagmático; es decir, el pago del precio y el origen del mismo.

Por otro lado, en relación a los reclamos generados en apelación respecto a la carencia de motivación y fundamentación de la sentencia, se acredita que el Tribunal de alzada se limitó a señalar que la misma cumplió con su estructura, refiriendo que esta generó los antecedentes de la causa, estableciendo los hechos a probar y los medios de prueba que sirvieron para establecer su determinación, además de establecer sus motivos y fundamentos, culminado con la parte dispositiva, sin generar un análisis sobre los reclamos establecidos por el recurrente sobre la ausencia de la valoración probatoria en sentencia, aspecto que evidentemente conculcó los derechos del demandado a una resolución debidamente motivada y fundamentada; puesto que, tanto el Juez de grado, como el Tribunal de segunda instancia, vulneraron el principio de congruencia referentes a la emisión de una determinación citra petita u omisiva; al no otorgar una debida respuesta a los reclamos generados por el recurrente sobre la errónea valoración de la prueba, contemplado en los arts. 145 y 265 del Código Procesal Civil; fundamentos por los que corresponde acoger los argumentos vertidos por el recurrente respecto a los reclamos de forma de su recurso de casación.

Consecuentemente, siendo evidente la vulneración de los derechos del recurrente en cuanto a la omisión de pronunciamiento del Tribunal de segunda instancia, sobre la valoración probatoria aportada en la causa, lo que infringe sus derechos al debido proceso; corresponderá emitir resolución bajo los parámetros establecidos en el art. 220.III num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil, no siendo posible ingresar al análisis de los demás argumentos traídos por el recurrente en casación.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el art. 42.I num. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 51/2025 de 13 de febrero, corriente de fs. 304 a 312, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y dispone que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva resolución bajo los fundamentos desarrollados en el presente fallo, otorgando respuesta a todos los agravios explanados en el recurso de apelación cursante de fs. 267 a 281 vta., específicamente sobre la falta de valoración de la prueba en sujeción a lo previsto en el art. 265 del Código Procesal Civil.

Sin multa por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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